edición: 2724 , Viernes, 24 mayo 2019
25/06/2012

Competencia exige al Gobierno que elimine periodos de rebajas, venta a pérdidas y trabas para abrir grandes superficies

Xavier Gil Pecharromán
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha vuelto a demandar al Gobierno modifique la regulación estatal sobre horarios comerciales y apertura en festivos que pueda favorecer en mayor medida la efectiva liberalización de tales aspectos. De la misma manera, debería aprovecharse tal modificación para eliminar la regulación de los períodos de rebajas y de la venta a pérdidas de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista.

En el informe sobre su posicionamiento en el Real Decreto-ley 19/2012, de medidas urgentes de impulso del comercio, considera necesario eliminar las trabas injustificadas y desproporcionadas que aún persisten en el ordenamiento legal de las comunidades autónomas para la apertura de grandes establecimientos comerciales.

Este es uno de los ‘peros’ fundamentales que el Pleno de la CNC destaca sobre esta norma, de la que valora muy positivamente el avance en la inexigibilidad de licencias previas de instalación, de funcionamiento o de actividad que sujetan a previa autorización el ejercicio de la actividad comercial minorista y de servicios.

Denuncia que aún existen licencias comerciales que dificultan la apertura de grandes superficies, incluso tras las reformas llevadas a cabo en la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista con motivo de la transposición de la Directiva de Servicios.

Estas licencias son para el Pleno de la CNC trámites administrativos que retrasan el acceso a la actividad de los operadores, sino que en ocasiones podría encubrir la existencia de test económicos, suponen una interpretación excesivamente amplia de las razones de interés general que la normativa valora para la instalación de establecimientos y, en ocasiones, demandan del cumplimiento de requisitos excesivamente indeterminados.

Por ello, en el citado informe proponen, que a nivel estatal se instauren estas licencias que actualmente recoge el artículo 6 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista (cuya modificación no está incluida en el ámbito de aplicación de este Real Decreto-Ley) o en caso de mantenerse la competencia de las comunidades autónomas para instaurar tales licencias, las razones de interés general a que puede acogerse cada instauración.

La Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible habían dado pasos significativos para aligerar las cargas a las que se debían hacer frente para la instalación de establecimientos de comercio minorista.

Sin embargo persistían aún determinadas trabas en la normativa local, e incluso en la normativa autonómica, que dificultaba la apertura de establecimientos y el ejercicio de actividades profesionales, o que generaba cargas excesivas para los interesados que no parecían ni estar justificadas ni ser proporcionales. Por ello, en la medida que los artículos 3 y 4 del Real Decreto-ley establecen en algunos ámbitos la inexigibilidad de licencia, y su sustitución por declaración responsable o comunicación previa, las trabas y cargas a las que deben hacer frente los interesados en iniciar una actividad comercial minorista disminuyen.

Por ello, la CNC considera que el contenido del Real Decreto-ley se considera oportuno y necesario. Sin perjuicio de lo anterior, se considera que habría resultado conveniente que la norma propiciase ulteriores avances en relación con las licencias de apertura o instalación, facilitándose aún en mayor medida la apertura de nuevos establecimientos comerciales y el acceso a la actividad comercial por los operadores interesados.

En otro orden de cosas, la CNC insta a que el legislador adopte un enfoque lo menos restrictivo posible de la entrada en el mercado y de las cargas administrativas, excluyendo sólo de dicho ámbito de aplicación a aquellas, de naturaleza comercial o no, que no resulte justificado someter a control previo.

En el Real Decreto-ley se remite a su anexo, en el que se detallan las actividades económicas a las que se aplica su contenido. A este respecto no parecen claros los criterios por los que se ha optado por la elección de determinadas actividades y la exclusión de otras actividades muy cercanas, que parecen contar con un impacto similar a las incluidas, y a los que posiblemente podría resultar aplicable la inexigibilidad de la licencia, lo que puede crear distorsiones en la producción y en el mercado.

En la misma línea, el informe recomienda proceder lo más rápidamente posible a ampliar el catálogo de actividades y el umbral de superficie aplicable, haciendo uso de las previsiones contenidas en el Real Decreto-ley.

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