edición: 2861 , Jueves, 5 diciembre 2019
18/04/2013
LA OREJA DE LARRAZ

Competencia pide al Gobierno que aclare si la Ley de Unidad de Mercado defiende el interés general o el de las empresas

Javier Ardalán

La Comisión Nacional de Competencia (CNC) valora de forma positiva el propósito de la futura Ley de Unidad de Mercado de acabar con las barreras y el coste que supone la fragmentación normativa en España, pero aprecia que existe una gran falta de claridad sobre si el objetivo que persigue la Ley es proteger el interés general o los derechos de las empresas.

Competencia interpreta que esta iniciativa debe estar destinada a proteger el interés general. De hecho, su cumplimiento se dirige tanto a las Administraciones Públicas y autoridades competentes en el ejercicio de sus distintas potestades públicas como del acceso y ejercicio de las actividades económicas.

"Una confusión de este ámbito con la garantía de los derechos de los particulares puede originar que los mecanismos previstos no estén adecuadamente diseñados para los fines a que deben servir y no resulten efectivos", explica el informe.

Considera también que ese debería ser el enfoque que vertebre la totalidad de la norma y que todos los instrumentos presentes en ella se adecuen al mismo. Una confusión de este ámbito con la garantía de los derechos de los particulares puede originar que los mecanismos previstos no estén adecuadamente diseñados para los fines a que deben servir y no resulten efectivos.

Finalmente, dentro de esta protección del interés general consistente en la garantía de la unidad de mercado, los instrumentos previstos en esta norma no deben interferir con la aplicación de otros destinados al mismo fin como pueden ser, precisamente, los destinados a la defensa y promoción de la competencia consignados en la Ley de Defensa de la Competencia.

La exposición de motivos, el anteproyecto de ley buscaría “hacer efectivo el principio de unidad de mercado en el territorio nacional”, para eliminar el coste que para los operadores económicos supone la fragmentación del mercado nacional, que “dificulta la competencia efectiva e impide aprovechar las economías de escala derivadas de operar en un mayor mercado”.

Con ello, la norma indica pretender, con pleno respeto a las competencias de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, un entorno más favorable a la competencia y a la inversión, facilitando que los agentes económicos puedan beneficiarse de las ganancias de una mayor dimensión en términos de productividad y costes, en favor de la creación de empleo y de crecimiento, y en beneficio último de los consumidores y usuarios.

El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia ha aprobado un informe, sobre el Anteproyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, que trata de desarrollaren el artículo 139 de la Constitución española (CE), que indica que ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.

La CNC valora positivamente el propósito del APL, destinado a eliminar restricciones, barreras o trabas a la circulación de productos, prestación de servicios y movimientos de los factores productivos en territorio nacional.

Estas restricciones pueden originar cargas innecesarias o desproporcionadas para los operadores, erigiendo barreras a la actividad económica, desincentivando el acceso de los operadores o su permanencia en el mercado, concediendo ventajas irreplicables o asimétricas, generalmente a los incumbentes, o limitando ineficientemente las decisiones económicas o comerciales de los agentes.

Desde el Informe Cecchini de 1988  al reciente `Europa puede progresar´ viene poniendo de manifiesto los costes de una regulación ineficiente para el desarrollo de actividades económicas. Los estudios indicados concluyen que estas restricciones desincentivan el desarrollo de las actividades económicas, el aprovechamiento de las economías de escala, ralentizan la inversión y dificultan las decisiones económicas racionales de los operadores.

En opinión de la CNC, los efectos dinámicos más importantes de la norma deberían ser un cambio estructural en la aproximación a la "mejor regulación" y a la práctica administrativa de todas las instancias públicas en España y la posibilidad de compaginar la diversidad regulatoria consecuencia de la pluralidad de esferas territoriales que tienen constitucionalmente reconocida la potestad normativa con el principio de la confianza mutua.

La CNC recomienda incluir expresamente la decisión de considerar un servicio como público, el desarrollo de actividades económicas por parte de las Administraciones, en competencia con otros operadores, bien de forma directa, a través de entidades instrumentales o de corporaciones públicas.

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