edición: 2351 , Viernes, 24 noviembre 2017
17/10/2011

Competencia propone que todos los contratos entre proveedores y comerciantes de alimentación se hagan por escrito

Xavier Gil Pecharromán
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC)  ha propuesto al Gobierno que las condiciones contractuales que rijan la relación comercial entre proveedores y comerciantes se formalicen obligatoriamente por escrito, aunque ello suponga una limitación al principio de libertad de forma que rige en el Derecho Mercantil español.  se considera que esta medida permitiría prevenir en mayor medida situaciones de abuso de la parte con mayor poder negociador contra las que es difícil actuar por la imposibilidad de demostrar el contenido concreto de los pactos, sin que ello constituya en todo caso una carga excesiva para ninguna de las partes a la hora de formalizar su relación.

Esta es una de las conclusiones del Informe sobre las Relaciones entre Fabricantes y Distribuidores en el Sector Alimentario, que además, aboga por la eliminación de barreras regulatorias para limitar el impacto negativo que determinadas prácticas comerciales pueden tener en el actual contexto de poder de negociación de la gran distribución unido a la aparición de barreras adicionales de tipo económico y estratégico a que el aumento de dicho poder ha dado lugar.

El informe propone la eliminación de la regulación estatal la facultad de las comunidades autónomas de condicionar la apertura de establecimientos comerciales a una autorización previa, contenida en el artículo 6 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, con objeto de evitar los riesgos de que una interpretación excesivamente laxa de los objetivos de interés general a que se deben supeditar dichas autorizaciones conlleve el mantenimiento de hecho del régimen de doble autorización.

Aboga también por que inste a los Gobiernos autonómicos a que transpongan de forma correcta y adecuada la Directiva de Servicios, respetando el cumplimiento exacto de las condiciones de necesidad, proporcionalidad y mínima distorsión en cualquier regulación que restrinja la libertad de establecimiento. Y, además, amplía los ayuntamientos para que respeten la regulación y definición de las políticas de planeamiento urbanístico.

Con respecto a las normas que afectan al comercio plantea la liberalización plena de los horarios y la apertura de los domingos y festivos, así como eliminar las restricciones impuestas a los periodos de rebajas y la prohibición de la venta a pérdida del artículo 14 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.  En este último caso, recuerda que los supuestos en que la venta a pérdida puede resultar nociva ya son objeto de prohibición en la Ley de Defensa de la Competencia y en la Ley de Competencia Desleal.

La CNC, no obstante, no se queda en la solicitud de estos cambios legales, sino que los acompaña de una serie de mecanismos, que considera necesarios para facilitar el conocimiento exacto de las características y grado de incidencia de aquellas prácticas comerciales en la distribución que pueden afectar negativamente a la competencia y al funcionamiento eficiente del mercado, tales como las posibilidad de denunciarlas ante las instancias correspondientes, con un mínimo riesgo de represalias contra el denunciante; requerir  a los grandes distribuidores que recojan y conserven la información relevante sobre las prácticas comerciales identificadas como problemáticas para realizar labores de seguimiento de las misma; así como, establecer instrumentos de consulta periódica para obtener información de los proveedores sobre la incidencia de las prácticas comerciales problemáticas.

El informe aconseja la regulación  de los pagos comerciales que los proveedores realizan a los distribuidores deben ser conocidos o previsibles por los proveedores al inicio de la relación comercial. Además, indica que debe indicarse de manera expresa y concreta la contraprestación que suponen para el proveedor, aunque no sea individualizable, a efectos de las indemnizaciones que procedan en caso de terminación de la relación contractual.

También, indican que los cambios, revisiones o modificaciones retroactivas en las condiciones contractuales, salvo fuerza mayor, deben limitarse a circunstancias previstas en los contratos y ser proporcionados a éstas. La información que el distribuidor exija a un fabricante sobre un producto en cuestión deberá circunscribirse a la que esté justificada en el contexto de la relación distribuidor-fabricante. A su vez, el plazo que medie entre la provisión de la información y el lanzamiento final del producto deberá ser proporcionado y justificado en razones objetivas.

Los grandes distribuidores deben tener en cuenta que solicitar a sus proveedores información comercial sensible sobre otros distribuidores, y, en particular, documentos que permitan verificar al distribuidor dicha información comercial, es susceptible de conducir a una infracción de la normativa de competencia con un grado de probabilidad muy elevado, dada la estructura de mercado analizada en el Informe, caracterizada por un elevado grado de concentración y por la existencia de importantes barreras de entrada.

También, determina que los grandes distribuidores deben tener en cuenta que las cláusulas de cliente más favorecido reducen, cuando su uso es generalizado, la intensidad de la competencia entre distribuidores, ya que facilitan un rápido alineamiento de los precios de venta al público, desincentivan determinados modelos de distribución y por ello suponen una barrera de entrada a nuevos distribuidores.

Además, dice que estas cláusulas pueden conllevar el trasvase de información comercialmente sensible y facilitar la coordinación entre proveedores o distribuidores, con los efectos nocivos para la competencia antes descritos. Todo ello sin perjuicio de que un análisis de competencia sobre cláusulas de esta clase deba hacerse atendiendo a las concretas circunstancias del caso y sin perjuicio de la posibilidad de defensa de eficiencias prevista en los artículos 1.3 de la LDC y 101.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Y, finalmente, la CNC considera que la aplicación de las anteriores recomendaciones favorece un entorno competitivo y eficiente que maximice el bienestar de los consumidores finales, pero es consciente de la existencia de múltiples iniciativas para la mejora de las prácticas comerciales a lo largo de la cadena alimentaria.

A este respecto, se considera prioritario evitar la proliferación de diferentes regímenes regulatorios o códigos de conducta de las prácticas comerciales entre proveedores y distribuidores dentro del territorio nacional. Se insta pues a las Administraciones Públicas, y también a las asociaciones sectoriales por lo que respecta a su participación en la elaboración de códigos de conducta, a tener en cuenta las presentes recomendaciones y los criterios de competencia en las iniciativas de cualquier tipo que decidan adoptar respecto a dichas prácticas.

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