edición: 2327 , Viernes, 20 octubre 2017
22/01/2016
LA OREJA DE LARRAZ

Competencia reabre la guerra entre las compañías de vehículos de arrendamiento con conductor y los taxistas

Javier Ardalán
El sector del taxi se enfrenta a un nuevo reto tras el requerimiento de anulación al Consejo de varios artículos incorporados en el Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre de 2015 por la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC), que defiende la desaparición de muchas de las limitaciones y cautelas que regulan hoy en día la actividad de los vehículos de arrendamiento con conductor (VTC).
Este Reglamento incluye limitaciones de edad para los vehículos, que no pueden continuar dedicados a la actividad de arrendamiento con conductor a partir de que alcancen una antigüedad superior a diez años,  contados desde su primera matriculación. Además, se establece un número mínimo de 7 vehículos para poder operar en este mercado, una antigüedad máxima de 10 años y otros requisitos injustificados de carácter técnico.

Además, cuando la  oferta de transporte público de viajeros en vehículos de turismo se encuentre sujeta  a limitaciones cuantitativas en una comunidad autónoma o en alguno de los  municipios que la integran, el órgano competente podrá denegar el otorgamiento de  nuevas autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor a fin de  mantener el adecuado equilibrio entre la oferta de ambas modalidades de transporte  en su territorio.

Se entiende en todo caso que se produce una situación de desequilibrio, y en  consecuencia procede denegar el otorgamiento de nuevas autorizaciones de  arrendamiento de vehículos con conductor, cuando la relación entre el número de las  existentes en el territorio de la comunidad autónoma en que pretendan domiciliarse y  el de las de transporte público de viajeros en vehículos de turismo domiciliadas en ese  mismo territorio sea superior a una de aquéllas por cada treinta de éstas.

Esta restricción limita de forma sustancial la entrada en el mercado de transporte urbano de viajeros. Impide que los taxis y los VTC compitan entre sí y que los consumidores puedan beneficiarse de una mayor disponibilidad de vehículos, un menor tiempo de espera, y una mayor competencia en precios, calidad e innovación.

El Real Decreto establece la obligación de contratar previamente los servicios VTC, prohíbe que circulen con pasajeros sin un contrato de arrendamiento, e impide que puedan ofrecer sus servicios circulando en las vías públicas en busca de clientes. Dice la CNMC que estas restricciones injustificadas impiden que los VTC puedan competir con los taxis en varios ámbitos del transporte urbano de pasajeros, en particular en el segmento de contratación directa en la calle.

Por otra parte, el arrendamiento de vehículos con conductor debe ser objeto de un contrato previo al inicio del servicio, llevando a bordo del automóvil una copia del contrato o una hoja de ruta con los datos del trayecto. Así se desprende de la orden ministerial FOM/2799/2015, del 18 de diciembre, por la que se establecen los requisitos que deben cumplir las empresas de alquiler de vehículos con conductor para ejercer su actividad.

Esta orden ministerial desarrolla el Real Decreto que aprobó el Gobierno el pasado 20 de noviembre y que modifica el Reglamento de la Ley de ordenación de los transportes terrestres sobre arrendamiento de los vehículos con conductor.

Entre ellos, la empresa de arrendamiento debe cumplimentar una hoja de ruta por cada servicio, a conservar durante un año, con el nombre y DNI o código de identificación fiscal de arrendador y arrendatario; lugar y fecha de celebración del contrato; lugar, fecha y hora de inicio y fin del servicio y la matrícula del vehículo.

Esta orden, también detalla que el arrendador deberá tener una autorización para ejercer este servicio, para lo que deberá acreditar los requisitos de personalidad jurídica y nacionalidad de la empresa, mediante la presentación de DNI o pasaporte, tarjeta de identidad de extranjero, autorización de residencia y trabajo, En el caso de que el arrendador sea persona jurídica, ha de presentar el documento de constitución y tarjeta de identificación fiscal, así como su inscripción en el registro mercantil.

El arrendador debe contar con un número mínimo de vehículos, acreditando sus correspondientes permisos de circulación, mientras que sus conductores deberán encontrarse encuadrados en su organización empresarial y contar con los permisos de conducción necesarios. La autorización de arrendamiento de vehículos con conductor tiene una validez de dos años, tras los cuales debe ser revisada para constatar que se cumplen los requisitos.

Estas autorizaciones pueden ser transmitidas a otros titulares, pero, en ningún caso, puede suponer su domiciliación en una comunidad autónoma distinta a la que se obtuvo.

Con esta regulación, el Gobierno ha buscado la seguridad jurídica en la prestación de servicios de transporte de viajeros en vehículos turismos y ha tratado de poner fin a las protestas de las organizaciones nacionales de taxistas.

La CNMC está legitimada para impugnar los actos de las Administraciones Públicas y las normas con rango inferior a la ley contrarios a los principios de regulación económica eficiente y competencia efectiva.
Este requerimiento, enviado el 14 de enero, constituye un paso previo que busca evitar la interposición de un recurso contencioso-administrativo en el marco del artículo 27 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (LGUM), en el supuesto de que no se modifiquen las severas restricciones a la competencia y la unidad de mercado establecidas en el Real Decreto 1057/2015.

Todas estas restricciones son para la CNMC contrarias a los principios de regulación económica eficiente establecidos en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, carecen de justificación económica, obstaculizan la competencia efectiva en el transporte urbano de pasajeros en todo el territorio nacional, y reducen el bienestar general. Estos impedimentos a la libre competencia son considerados especialmente gravosos en el momento actual de innovación acelerada en el sector, que se vería frenada por la norma. Por lo tanto, determina que deben ser eliminadas del marco normativo.

En el caso de que no se atienda el requerimiento realizado, la CNMC impugnará ante los tribunales este Real Decreto, para conseguir que estas restricciones puedan ser eliminadas del marco normativo y aumentar el bienestar general.

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