edición: 2578 , Viernes, 19 octubre 2018
19/04/2010
LA OREJA DE LARRAZ

Competencia teme que el Gobierno acabe con su independencia a través de la Ley de Economía Sostenible

Luis Berenguer, presidente de la CNC
Javier Ardalán

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha decidido defender su independencia con dientes y uñas ante las modificaciones que el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible (LES) introduce en su propia estructura y funcionamiento. Los cambios propuestos por el Gobierno no solo tratan de cambiar las cosas que no funcionan, sino también las que hasta el momento ha funcionado muy bien hasta el puinto de que han sido copiadas por otros países de nuestro entorno, como por ejemplo Francia. Por eso no es de extrañar que en el informe de la CNC se ponga de manifiesto “la absoluta discrepancia con la voluntad de incluir a la CNC dentro del catálogo de organismos reguladores afectados por la futura LES”. También resulta extraño que el articulado de la LES haya incluido a la CNC entre los reguladores sectoriales y, sin embargo, no lo haya hecho con la Agencia de Protección de Datos, que es un organismo similar a aquél.

Resulta complicado de entender que, además, se trate de regular con una ley del mismo rango que la Ley de Defensa de la Competencia, lo que o va a crear numerosos problemas, ya que existen muchas contradicciones entre ellas, o un trabajo ingente al Parlamento, por cuanto se hará preciso introducir derogaciones normativas parciales, con el peligro que conlleva hacerlo sobre textos legales que están en vigor.

Aunque las críticas del informe de la CNC son amplias y contundentes, cabe destacar las que se refieren a la dependencia de este organismo del ‘Ministerio competente’, puesto que resulta a todas luces contraria a la naturaleza y fines de la CNC.

La Comisión considera que debe separarse de los reguladores sectoriales, porque “el interés general cuya protección tiene encomendado, la defensa de la libre competencia en los mercados, debe contemplarse, ya desde su formulación constitucional en el art. 38 CE, desde un punto de vista horizontal”, es decir, en relación con todos los sectores de actividad.

Estas funciones las realiza la CNC incluso en sectores en que existen reguladores, tal y como ocurre con energía y telecomunicaciones, tal y como ha defendido la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la delimitación de las funciones entre organismos reguladores y autoridad de competencia.

Otro argumento que sustenta las críticas contenidas en el informe, se refieren a la obligación de dar publicidad a las actas del Consejo, puesto que la publicidad de las actas en procedimientos en marcha, como puede ser una concentración empresarial, puede acarrear graves repercusiones a las empresas e, incluso, mediatizar su cotización.

Tampoco se considera muy acertado, que en una entidad que funciona con entes independientes, se quiera imponer a la Dirección de Investigación las directrices del Consejo. El problema que se plantearía, de seguir adelante el Anteproyecto, tal y como está redactado en estos momentos, es que se uniría la labor del órgano instructor a la del órgano resolutivo, ya que podría privar al primero de la independencia necesaria.

En conclusión, que en el informe se termina denunciando que la superposición de la estructura que propone el Anteproyecto de la LES para los organismos reguladores sobre la norma específica de competencia haría sencillamente inoperable el sistema por entrar en contradicción con los fundamentos del mismo, causando enormes disfunciones en la dinámica funcional e institucional de esta Comisión y en la utilización de los instrumentos que tiene encomendados. Todo un despropósito.

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