edición: 2825 , Martes, 15 octubre 2019
03/09/2019
banca 

Complicidad institucional

Algunos aspectos del caso Bankia no dejarán de sorprender incluso a los más expertos juristas y observadores. Y no por una complejidad técnica sino por la gestión de dos instituciones claves en el sistema financiero como son el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. No es habitual que un representante del Estado, en este caso la fiscal Carmen Luna, responsabilice a los dos supervisores citados de una "pesadilla" como la que sufrieron "miles de españoles", calificando la representante del Estado como de inusual el procedimiento, con `contrainformes´ emitidos por los representantes de los dos supervisores. En fin, un auténtico escándalo, vergüenza intelectual y profesional de todos y cada uno de quienes pusieron su nombre y firma en una jugada, demostrada sucia a la postre, para suavizar y afinar conductas con el objetivo final de mitigar y ablandar multas, condenas y sanciones propias de una sentencia.

No es fácil encontrar a alguien libre y limpio de culpa en este desgraciado asunto. Todo habría resultado más sencillo si desde el principio se hubiera seguido la afirmación de los inspectores del Banco de España, que en su prueba pericial señalaban que Bankia y su matriz deberían haber aflorado los deterioros denunciados. Deterioros que obligaban a hacer ajustes en las cuentas por unos 16.000 millones de euros y no de 9.000 millones. En la diferencia (7.000 millones) es donde se encuentra la culpa en cifras de los supervisores en el caso Bankia. Todo habría sido distinto.

Que una causa reúna a las cúpulas del Banco de España y de la CNMV imputadas, 34 acusados por presuntos delitos de falsedad contable y fraude de inversores, dice mucho de la importancia de los hechos y de la trascendencia de los mismos. Como también obliga a los poderes públicos a reflexionar sobre las conductas de los funcionarios del Estado que en el ejercicio de su deber de lealtad y honradez (originados estos en un juramento de cargo) no cumplieron con sus obligaciones. Si es grave que un gestor privado cometa delitos de estafa, engaño, falsedad y fraude a los inversores, la comisión de estos mismos por parte de funcionarios públicos debería tener otra calificación superior, más severa si cabe. La eficacia institucional no puede resultar manchada por actuaciones como las conocidas en el caso Bankia, del que dos instituciones salen salpicadas por una sombra de complicidad.

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