edición: 2703 , Miércoles, 24 abril 2019
07/09/2011
OBSERVATORIO FISCAL

Compraventa de inmueble sujeta a IVA con condición suspensiva

DATADIAR

De conformidad con el art. 4 Uno de la Ley 37/1992, LIVA, "Uno. Estarán sujetas al impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, incluso si se efectúan en favor de los propios socios, asociados, miembros o partícipes de las entidades que las realicen".

Por otro lado, el art. 7 Uno A) del RDL 1/1993, Ley del ITP, establece que "Uno. Son transmisiones patrimoniales sujetas:

A) Las transmisiones onerosas por actos "inter vivos", de toda clase de bienes y derechos que integren el patrimonio de las personas físicas o jurídicas"

El apartado Cinco matiza que "No estarán sujetas al concepto de "transmisiones patrimoniales onerosas", regulado en el presente Título, las operaciones enumeradas anteriormente cuando sean realizadas por empresarios o profesionales en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional y, en cualquier caso, cuando constituyan entregas de bienes o prestaciones de servicios sujetas al impuesto sobre el Valor Añadido.

No obstante, quedarán sujetas a dicho concepto impositivo las entregas o arrendamientos de bienes inmuebles, así como la constitución y transmisión de derechos reales de uso y disfrute que recaigan sobre los mismos, cuando gocen de exención en el Impuesto sobre el Valor Añadido. También quedarán sujetas las entregas de aquellos inmuebles que estén incluidos en la transmisión de la totalidad de un patrimonio empresarial, cuando por las circunstancias concurrentes la transmisión de este patrimonio no quede sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido".

Teniendo en cuenta lo expuesto en los casos de vendedores de inmuebles que son sujetos pasivos del IVA, la compraventa estará sujeta a IVA.

Si bien, en cuanto a la tributación a efectos de ITP y AJD cabe señalar que la Dirección General de Tributos en consulta vinculante de 30-6-2006 establece que "Consecuentemente con lo anterior, una vez determinado que la efectividad de la adquisición derivada del contrato de compraventa analizado se halla suspendida por la concurrencia de una condición, dicha adquisición se entenderá siempre realizada el día en que dicha condición se cumpla. Por tanto, no se liquidará el impuesto hasta ese momento, haciéndose constar el aplazamiento de la liquidación en la inscripción de bienes en el Registro público correspondiente.

No obstante, si la transmisión del terreno se realiza por un empresario o profesional en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional, se origina el hecho imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7-5 del Real Decreto Legislativo 1/1993 y el artículo 4.Cuatro de la Ley 37/1992, quedando la operación no sujeta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas; ahora bien en este caso la escritura de compraventa tributará por la cuota variable del Impuesto por el concepto de actos jurídicos documentados por cumplir los requisitos del artículo 31.2 del Texto Refundido del Impuesto".

Por lo tanto, la operación que estamos analizando estará sujeta a IVA y sujeta a cuota fija de AJD, al estar formalizada la compra venta en escritura pública.

En cuanto a la sujeción a cuota gradual de AJD indicar que estará sujeta si cumple los requisitos del art. 31.2 de la Ley del ITP y AJD, que son los siguientes:

-Tratarse de una primera copia de una escritura o de un acta notarial

-Tener por objeto cantidad o cosa valuable

-Tratarse de actos o contratos inscribibles en los Registros de la Propiedad, Mercantil y de la Propiedad Industrial.

-No estar sujeto al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, o bien a los conceptos de "transmisión patrimonial onerosa" u "operación societaria" del ITP y AJD.

Por lo tanto, atendiendo a todo lo anterior, entendemos que los supuestos que analizamos la escritura estará sujeta a cuota gradual ya que dicha escritura tiene objeto valuable que es el inmueble, es un acto no inscribible en el Registro de la Propiedad y no sujeto a TPO ni a ISD.

El tipo aplicable es el 1% en la Comunidad de Madrid, con carácter general.

En cuanto al devengo de la cuota gradual señalar que se produce el día que se formaliza la escritura.

Por último indicar que el plazo para la presentación de las declaraciones-liquidaciones, junto con el documento o la declaración escrita sustitutiva del documento, será de treinta días hábiles a contar desde el momento en que se cause el acto o contrato.

El sujeto pasivo, dentro del citado plazo de treinta días hábiles a contar desde la formalización de la escritura, practicará la autoliquidación e ingresará su importe en la entidad de depósito que presta el servicio de caja en la Administración tributaria competente o en alguna de sus entidades colaboradoras. Ingresado el importe de las autoliquidaciones, los sujetos pasivos deberán presentar en la oficina gestora el original y copia simple del documento en que conste o se relacione el acto o contrato que origine el tributo, con un ejemplar de cada autoliquidación practicada.


Equipo jurídico de Datadiar.com


Consultas Vinculantes

En caso de producirse la sustitución de ese derecho de crédito por la entrega de una cantidad en metálico como consecuencia de la ejecución del citado aval, se producirá una nueva alteración patrimonial. D.G.T. C, (11/04/2011).
Los copropietarios de un solar entre los que se encontraba la consultante, permutaron éste en 2007 a cambio de pisos, garajes y trasteros a construir por una empresa inmobiliaria en dicho solar, correspondiéndole a la consultante el equivalente a un determinado porcentaje de un piso, de dos plazas de garaje y de un trastero, que no iban a ser destinados a la venta a terceros. La empresa promotora se comprometía a realizar las entregas el 18 de febrero de 2009, constituyendo un aval de favor de los propietarios del solar en garantía del cumplimiento de sus obligaciones. Producido el incumplimiento de dichas obligaciones se procedió a la ejecución del aval, percibiendo la consultante un importe inferior al valor de transmisión atribuido a su parte en el solar. En el momento en que se presenta la consulta, la empresa inmobiliaria se encuentra en suspensión de pagos. Si debe tributarse en el IRPF por la cantidad percibida por la ejecución del aval. En cuanto al valor de adquisición del derecho a recibir la obra futura, al haber sido adquirido en virtud de la permuta, dicho valor será el que resulte de la aplicación de la regla establecida en el artículo 37.1.h) de la LIRPF, por lo que será la cantidad mayor de las dos siguientes: el valor de mercado atribuible a la obra futura en el momento de la permuta o el valor de mercado en dicho momento del terreno entregado. La ganancia o pérdida patrimonial así calculada se imputará al ejercicio en que se produzca la sustitución del derecho a recibir la vivienda futura por el derecho a recibir una cantidad en metálico. Al tratarse de ganancias o pérdidas patrimoniales correspondientes al precio percibido en sustitución del derecho a recibir las viviendas futuras, formarán parte de la base imponible del ahorro (artículo 49 de la LIRPF). Por último, las cantidades percibidas con carácter adicional a la cantidad fijada en sustitución del derecho a recibir las viviendas futuras y que correspondan a las indemnizaciones o penalizaciones previstas en el contrato para caso de incumplimiento no están amparadas por ningún supuesto de exención o no sujeción establecido legalmente, y su calificación a efectos del Impuesto, en cuanto derivan de la responsabilidad contractual, no puede ser otra que la de ganancia patrimonial, procediendo su integración en la base imponible general del Impuesto (artículo 48 de la LIRPF), al ser independientes de las contraprestaciones establecidas por la transmisión de los elementos patrimoniales e indemnizar los incumplimientos producidos.

El requisito de la calificación como habitual, para aplicar la exención, ha de concurrir en ambas viviendas: en la que se transmite y en la que se adquiere. D.G.T. C, (11/04/2011).
El consultante transmitió el 4 de abril de 2008, junto con su entonces cónyuge, su vivienda habitual, manifestando su intención de reinvertir dentro de los dos años siguientes. En ese mismo ejercicio adquirieron un terreno sobre el que edificar su nueva vivienda mediante autopromoción. Debido a su divorcio han vendido el terreno, sin haber podido reinvertir en el plazo requerido. Posibilidad de ampliar el plazo para reinvertir para acogerse a la exención por reinversión en vivienda habitual. Respecto de la asimilación que a la adquisición de vivienda hace de su construcción el artículo 55.1 del RIRPF, siempre que las obras finalicen en un plazo no superior a cuatro años desde el inicio de la inversión, el plazo establecido resulta de aplicación únicamente a efectos de aplicar la deducción por inversión en vivienda habitual. Por la misma circunstancia, tampoco es de aplicación lo dispuesto en el artículo 55.4 del RIRPF, el cual posibilita ampliar el plazo de cuatro años para finalizar las obras de construcción, cuando existan circunstancias excepcionales no imputables al contribuyente que supongan paralización de las obras, impidiendo finalizarlas en el plazo reglamentado. En definitiva, al transmitir el consultante su vivienda habitual el 4 de abril de 2008, para poder acogerse a la exención por reinversión, la adquisición jurídica de su nueva vivienda habitual tendría que producirse dentro de los dos años posteriores a dicha transmisión, a lo más tardar el 4 de abril de 2010, sin que exista regulación de ampliación de plazo alguno. Al no adquirir en plazo, el contribuyente pierde el derecho a exonerar de gravamen la totalidad de la ganancia patrimonial generada, debiendo proceder a regularizar su situación conforme dispone el artículo 41.4 del Reglamento del Impuesto.


Tribunales

Entidad parcialmente exenta por ser una mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la SS. La exención no alcanza a los rendimientos derivados del ejercicio de explotaciones económicas. Audiencia Nacional. Sentencia de 5 de mayo de 2011.
Entidad parcialmente exenta del Impuesto por ser una mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. La exención no alcanza a los rendimientos derivados del ejercicio de explotaciones económicas. No están exentos los ingresos de la Mutua por la prestación del servicio de prevención ajeno, sin que el hecho de que figure en sus Estatutos la previsión de ese servicio permita negar que proceden de una explotación económica, al suponer la ordenación por cuenta propia de los medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. La actividad de prevención ajena desarrollada por la organización separada en el ámbito de las mutuas implicará el ejercicio de una explotación económica, en la medida que suponen por parte de las mismas la ordenación por cuenta propia de los medios materiales y humanos con la finalidad de prestar servicios de prevención a otras entidades. Por tanto, estarán sujetas y no exentas del Impuesto sobre Sociedades las rentas obtenidas por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la seguridad social, por la prestación de los servicios de prevención ajenos, aún cuando dichas actividades se realicen en cumplimiento de su objeto social o finalidad específica y se presten a sus asociados.

Inaplicación del régimen especial de fusiones, adquisiciones y canje pues en el caso de autos lo transmitido por la escisión son una serie de locales que formaban parte de los elementos patrimoniales afectados a la actividad empresarial. Audiencia Nacional. Sentencia de 9 de junio de 2011.
Todo conjunto de elementos patrimoniales susceptibles de constituir una unidad económica autónoma, susceptible de explotación económica autónoma, puede calificarse como rama de actividad, independientemente de que en sede de la entidad transmitente haya o no sido objeto de una actividad autónoma, y siempre que, como explotación económica autónoma, sea desarrollado por la entidad adquirente. En el presente caso, lo transmitido por la escisión son una serie de locales que formaban parte de los elementos patrimoniales afectados a la actividad empresarial. La transmisión de un inmueble, por sí sólo, no puede entenderse como transmisión de una rama de actividad, pues este último concepto conlleva, como se ha declarado, la transmisión de una organización de elementos patrimoniales susceptible de ser explotado autónomamente; elementos patrimoniales que en sede de la entidad transmitente, hayan sido explotados como rama de actividad o no, eran susceptibles de dicha explotación autónoma.


Tribunales Económico-Administrativos

El hecho de afectar la liquidación anual y no trimestral o mensual tendrá la consideración de defecto material que no impide la práctica de nuevas liquidaciones. TEAC R, (18-05-2011).
De acuerdo con el criterio establecido en la unificación de Doctrina por la Sala Especial para la Unificación de Doctrina en su reunión de 24 de noviembre de 2010 en el expediente 1/2010, el defecto consistente en liquidar el Impuesto sobre la Electricidad por períodos anuales en lugar de trimestrales (o mensuales, en su caso), no es un defecto formal, es un defecto material, en el sentido de aplicación incorrecta de la normativa liquidatoria del tributo. No obstante, aún siendo un defecto material, no impide la práctica de nueva liquidación, pues también hay que ponderar la gravedad de los defectos materiales a efectos de determinar sus consecuencias, en función del perjuicio efectivo ocasionado a los sujetos (STS 18-12-2008). Se reitera que las instalaciones de producción de energía eléctrica para su consideración fiscal como «fábricas» deberán estar inscritas en los registros territoriales de las oficinas gestoras correspondientes a su demarcación, y su falta de inscripción determina la imposibilidad de operar en régimen suspensivo y en consecuencia, la salida de electricidad de una fábrica no inscrita en el registro territorial origina el devengo del impuesto. Por lo que respecta a la posible doble imposición habrá que estudiar en cada caso las circunstancias que concurran, y la probanza de que dicho impuesto ha sido satisfecho en España, y su correspondencia con los suministros efectuados. Competencia del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la AEAT para realizar actuaciones de gestión e inspección relativas a incumplimientos del IVA que queden afectados por incumplimientos de los Impuestos Especiales, o en los tributos que graven el comercio exterior. La competencia para inspeccionar y regularizar incumplimientos del IVA que queden afectados por incumplimientos de los Impuestos Especiales, o en los tributos que graven el comercio exterior, por los órganos inspectores de las dependencias de Aduanas e IIEE quedó establecida a partir de la entrada en vigor de la Resolución de 28 de julio de 2005, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Deben ser anuladas definitivamente las liquidaciones consideradas por dos veces como no motivadas, sin que resulte procedente volver a ordenar, por segunda vez, la retroacción de actuaciones a efectos de motivar debidamente. TEAC R, (18-05-2011).
Señala la resolución que: «En el mismo sentido, procede estimar el recurso de alzada en este extremo, procediendo, no la retroacción de actuaciones para que se dicten nuevas liquidaciones debidamente motivadas, sino la práctica de nuevas liquidaciones en las que no se integre la regularización que trae causa de los rendimientos del capital inmobiliario devengados con ocasión de la cesión gratuita de los inmuebles en cuestión a favor de la sociedad ....». La ejecución de los pronunciamientos dictados en esta vía económico-administrativa imponía la anulación de aquellas sanciones y, atendiendo a lo fallado en su día por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., si de las nuevas liquidaciones por el IRPF de los ejercicios 1992 a 1994 que hubieran de practicarse, se apreciase indicios de infracción tributaria, instruir los correspondientes expedientes sancionadores. Frente a ello, la actuación de la Inspección tras el pronunciamiento de este Tribunal de 30 de marzo de 2006, se ha limitado a dictar nuevas resoluciones sancionadoras confirmado aquellas iniciales propuestas de resolución de 24 de febrero de 2000, esto es, ejecutando el pronunciamiento de este Tribunal pero obviando el previo del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... que anulaba aquellas sanciones, lo que impone la anulación de las resoluciones sancionadoras ahora impugnadas (1993 y 1994), en tanto resultaría haberse impuesto tales sanciones sin la previa instrucción y tramitación de expediente sancionador alguno.

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