edición: 2494 , Viernes, 22 junio 2018
08/03/2011
OBSERVATORIO FISCAL

Cómputo en la plantilla media de las personas empleadas por sustituciones de bajas maternales

DATADIAR

La Disposición Adicional Vigésimo Séptima de la Ley del IRPF regula un beneficio fiscal que supone una reducción en el rendimiento neto de las actividades económicas por mantenimiento o creación de empleo, asociado al mantenimiento o aumento de la plantilla media. Para el cálculo de la plantilla media de la entidad se tomarán las personas empleadas, en los términos que disponga la legislación laboral, teniendo en cuenta la jornada contratada en relación con la jornada completa. Se computará que la plantilla media de los doce meses anteriores al inicio del primer período impositivo que comience a partir de 1 de enero de 2009 es cero cuando la entidad se haya constituido a partir de esa fecha.

Como vemos, habrá que acudir a la legislación laboral para determinar qué se entiende por persona empleada. En este sentido, la legislación laboral equipara el término persona empleada al concepto de trabajador por cuenta ajena. Así, el art. 1 del Estatuto de los Trabajadores establece que dicho Estatuto será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario.

Teniendo en cuenta la literalidad de la norma, ambas personas (tanto la que se encuentra con el contrato en suspenso por maternidad o incapacidad, como el sustituto) cumplen los requisitos como para ser computados en el cálculo de la plantilla media.

La norma solo alude a "personas empleadas en los términos que disponga la legislación laboral, teniendo en cuenta jornada contratada en relación con jornada completa". Por lo tanto, debemos acudir a la doctrina.

La consulta vinculante de la Dirección General de Tributos de 26 de abril de 2010 señala:

"La cuestión planteada por la consultante en su escrito se centra en la forma de cómputo de la plantilla media en el ejercicio 2008 en el que el contrato de trabajo de una de las empleadas estuvo suspendido por causa de maternidad (artículo 45.1. d) del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores) y se firmó con otra trabajadora un contrato de duración determinada al objeto de sustituir temporalmente a aquélla (artículo 15.1.c) del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo).
Para el cálculo de la plantilla media es indiferente la modalidad del contrato que regule la relación laboral del trabajador con la empresa. En consecuencia, se tendrán en cuenta tanto los trabajadores que formen parte de la plantilla fija de la empresa como los contratados con carácter temporal, siempre que se trate de personas empleadas en los términos previstos por la legislación laboral, por lo que los empleados con baja temporal por maternidad, enfermedad o situaciones similares se computarán a efectos de determinar la plantilla media en cuanto tengan la consideración de empleados a efectos de la legislación laboral".

Por lo tanto, en cuanto a la figura del sustituto, en tanto que se trata de una persona con contrato laboral y por lo tanto, calificada como "empleada" no vemos inconveniente alguno en computarla igualmente.

Nos parece interesante analizar, a mero título informativo, qué sucede con la persona que se encuentra en baja de maternidad una vez se reincorpore a su puesto de trabajo. En este sentido, la Resolución del TEAC de 27 de enero de 2000 entiende lo siguiente:

"En el presente caso y según consta en diligencia de fecha 18 de marzo de 1993, el personal acogido a la deducción por creación de empleo considerado no admisible por la Inspección a estos efectos proviene según relación entregada por la propia empresa de otras entidades del sector en las que estuvieron contratados hasta la fecha inmediata anterior a su entrada en XX incumpliendo con el fin perseguido a través del procedimiento de oferta de empleo, por el Estatuto de los Trabajadores, dada la proximidad cuando no la coincidencia entre las fechas de la oferta de empleo, baja en el anterior empleo y alta en XX, lo que lleva a considerar la formulación oficial ante la Oficina de Empleo, de la correspondiente oferta de empleo, como un mero acto de trámite sin contenido real alguno, o bien se trata en otros casos de personal reincorporado XX tras un período de tiempo derivado, bien del disfrute por parte del empleado de excedencia, o bien del cumplimiento por parte de éste, de una sanción, no pudiendo en este caso ni tan siquiera hablarse de nueva contratación, ya que la relación laboral de estos empleados no estaba extinguida sino en suspenso, suspensión a la que hace expresa referencia el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 48, por lo que la reincorporación XX de los empleados a su empleo con contrato indefinido, en suspenso, por estas causas no puede considerarse en modo alguno como nueva contratación, sino como reanudación de la anterior.
En consecuencia y en base a todo lo anteriormente expuesto, este Tribunal llega a la conclusión de que en el presente supuesto en un caso se ha incumplido el requisito legal y reglamentario de contratación a través de las Oficinas de Empleo y en otro caso no puede entenderse que haya existido".

Teniendo en cuenta lo anterior, si la "reanudación" del trabajo por parte de la trabajadora de baja por maternidad no supone una nueva contratación, debemos entender que nunca dejó de estar contratada y por tanto de ser empleada, con lo que siempre se tuvo que tener en cuenta a la hora de calcular la plantilla media.

Equipo jurídico de Datadiar.com

Consultas Vinculantes

El acaecimiento de la contingencia (en este caso, el fallecimiento) no determina por si solo el momento de tributación de la prestación, sino que habrá que estar al momento de la exigibilidad de la misma atendiendo a la fecha de percepción fijada. D.G.T. C, (19/10/2010).
La consultante es beneficiaria de un plan de pensiones del que era titular su marido fallecido. Si está sujeta y exenta en el Impuesto sobre Sucesiones la prestación correspondiente. Cuándo se puede cobrar dicha prestación. Imputación temporal de la misma en el IRPF. En cuanto a la imputación temporal en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de la prestación derivada del referido plan de pensiones, como ya se ha señalado esta prestación tiene la consideración fiscal de rendimiento del trabajo. En este sentido, el artículo 14.1.a) de la citada Ley 35/2006 determina una regla general de imputación temporal según la cual “los rendimientos del trabajo se imputarán al período impositivo en que sean exigibles por su perceptor”. De acuerdo con lo anterior, el acaecimiento de la contingencia (en este caso, el fallecimiento) no determina por si solo el momento de tributación de la prestación, sino que habrá que estar al momento de la exigibilidad de la misma atendiendo a la fecha de percepción fijada para la prestación correspondiente.

Personas al servicio del empresario o profesional en el desarrollo de su actividad económica que deben computarse a efectos del cálculo de la plantilla media. D.G.T. C, (20/10/2010).
La consultante desarrolla una actividad económica en la que trabaja su hermana, y debido a convivir con ella no celebró en el momento de contratarla un contrato laboral, cotizando su hermana a la Seguridad Social como autónoma colaboradora. Si a efectos de la reducción prevista en la disposición adicional vigésima séptima de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el cómputo de la plantilla media la consultante puede incluir a su hermana. La naturaleza laboral o no de la relación entre el empresario o profesional y sus empleados o auxiliares va a depender de las relaciones existentes entre ambas partes y de las circunstancias específicas que concurren en los servicios prestados en cada caso concreto, de acuerdo con la legislación laboral, por lo que dicha determinación es ajena a las competencias de este Centro Directivo. En todo caso, al tratarse de una circunstancia que constituye uno de los requisitos para la aplicación de un beneficio fiscal, el contribuyente deberá poder efectuar su acreditación por medios de prueba válidos en derecho, (artículos 105 y 106 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria -BOE de 18 de diciembre-), correspondiendo su valoración a los órganos de gestión e inspección de los tributos.

Tribunales

No es correcta la correcta calificación de los terrenos rústicos agrícolas vendidos como elementos integrantes del inmovilizado material pues no existe dato alguno que considere que el destino de las fincas fuera otro distinto al de su venta. Audiencia Nacional. Sentencia 21 de octubre de 2010.
Según tiene establecido la Ley 43/1995 no se integrarán en la base imponible las rentas obtenidas, una vez corregidas en el importe de la depreciación monetaria, en la transmisión onerosa de elementos patrimoniales del inmovilizado, material o inmaterial, y de valores representativos de la participación en el capital o en fondos propios de toda clase de entidades que otorguen una participación no inferior al 5 por 100 sobre el capital social de las mismas y que se hubieren poseído, al menos, con un año de antelación, siempre que el importe de las citadas transmisiones se reinvierta en cualquiera de los elementos patrimoniales antes mencionados, dentro del plazo comprendido entre el año anterior a la fecha de la entrega o puesta a disposición del elemento patrimonial y los tres años posteriores. La reinversión se entenderá efectuada en la fecha en que se produzca la puesta a disposición de los elementos patrimoniales en que se materialice. Según el Plan General Contable, la inclusión de un elemento en el activo fijo o circulante de la contabilidad de la empresa depende del destino del bien en la empresa que, además, puede ser objeto de modificación en el periodo de su permanencia en la empresa. De esta forma, los inmuebles destinados a ubicar los servicios de la empresa a través de los cuales desarrolla su actividad y los destinados al arrendamiento son bienes del inmovilizado material, por tanto, acogibles a los beneficios fiscales controvertidos, mientras que los destinados a la venta, tanto construidos como adquiridos por la empresa, son bienes del circulante, en concepto de existencias y, por tanto, no pueden acogerse a los referidos beneficios fiscales. No es correcta la correcta calificación de los terrenos rústicos agrícolas vendidos como elementos integrantes del inmovilizado material, según establece la recurrente, pues dicha consideración no depende del mayor o menor tiempo en que los bienes de que se trate figuren en el patrimonio de la empresa, sino de la finalidad o destino que cumplan en relación con la actividad económica o empresarial. En consecuencia, no existe dato sólido alguno que permita considerar que el destino de las fincas controvertidas fuera otro distinto del de su venta, por lo que dada la calificación fiscal que ha de darse a los referidos bienes, resulta patente la no aplicación de los beneficios fiscales enjuiciados pues se aplican respecto de las rentas generadas en la transmisión de elementos patrimoniales del inmovilizado, requisito no concurrente en el supuesto enjuiciado.

No es procedente la imputación de bases imponibles negativas pues la aportación de unas declaraciones-liquidaciones no equivale a la prueba plena de que la entidad recurrente debió ser considerada como transparente. Audiencia Nacional. Sentencia 28 de octubre de 2010.
No es procedente la imputación de bases imponibles negativas pues la aportación de unas declaraciones-liquidaciones correspondientes a los ejercicios no equivale a la prueba plena de que la entidad recurrente debió ser considerada como transparente. En el caso de autos, es correcta la imputación sin que la prescripción relativa al derecho a practicar liquidación, impida trasladar a los ejercicios siguientes no prescritos la base imponible generada en el ejercicio prescrito, siempre que tal base o los demás elementos propios de la deuda tributaria no sean objeto de modificación.

Tribunales Económico-Administrativos

Solicitudes de devoluciones a empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del IVA cuando el no establecido tiene varios establecimientos permanentes en Estados miembros o no miembros de la CE. TEAC R, (16-11-2010).
Tanto el artículo 119 LIVA como el 31 RIVA, cuando regulan el derecho a la devolución, distinguen entre establecidos en cada Estado miembro distinto de España, exigiendo la aportación específica de documentación acreditativa de su condición de sujeto pasivo del IVA en el Estado miembro correspondiente y el cumplimiento de los requisitos del derecho a deducir conforme a la normativa española y del concreto Estado miembro de establecimiento. Si el solicitante es un establecimiento permanente ubicado fuera de la Comunidad, se exige un requisito específico del Estado en que se encuentre establecido el solicitante: el cumplimiento del principio de reciprocidad de trato. Por ello, si una entidad tiene diversos establecimientos permanentes ya sea en diferentes Estados miembros, ya sea en Estados no miembros de la Comunidad Europea, cada uno de ellos tiene, a efectos del Impuesto, la condición de empresario o profesional y deben solicitar separadamente cada uno de ellos la devolución de las cuotas soportadas en facturas en las que se identifique al establecimiento permanente en cuestión.

Si una liquidación anual de IVA es anulada porque deberían haberse practicado tantas liquidaciones como periodos de liquidación objeto de comprobación, será procedente la práctica de nuevas liquidaciones. TEAC R, (24-11-2010).
La Sala especial de Unificación de Doctrina en el recurso interpuesto por el Director General de Tributos del Ministerio de Economía y Hacienda contra la Resolución del Pleno del Tribunal Económico-Administrativo Central de fecha 29 de Junio de 2010, ACUERDA: Estimarlo parcialmente acordando unificar la doctrina con los efectos establecidos en el art 243.5 de la Ley General Tributaría, en los términos expuestos en los fundamentos de la presente resolución, en el sentido siguiente: En el caso de que se anule una liquidación anual del impuesto sobre el Valor Añadido por considerarse que hubieran debido practicarse tantas liquidaciones como períodos de liquidación fueron objeto de comprobación, procederá la práctica de las nuevas liquidaciones con aplicación de lo dispuesto en el artículo 66.3 del Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa. El defecto de liquidación consistente en practicar liquidaciones anuales en lugar de trimestrales comporta un defecto de naturaleza material. En caso de previa anulación de liquidación por los órganos de revisión, la Administración tributaria conserva la acción para practicar liquidación tributaria y para realizar cuantas actuaciones sean necesarias para ello en cumplimiento de sus fines con los límites a su actuación derivados de la prescripción y de la prohibición de reformatio in peius.

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