edición: 2495 , Lunes, 25 junio 2018
30/07/2015
banca 
Como el modelo catalán

Las Comunidades más endeudadas ven en los `bancos autonómicos´ una vía de salida a sus problemas de déficit

Respuesta política para solucionar el desorden de las cuentas públicas con déficits crónicos e inabordable solución
Juan José González
Está en juego el cumplimiento del compromiso de déficit público, más cerca de su incumplimiento a medida que transcurre el tiempo. Compromiso que cuenta con numerosas amenazas, si bien la más desafiante parece ser la planteada en la propia casa a cargo de las Comunidades autónomas, algunas con claros problemas de ajustes, a pesar de su decidida voluntad de cumplimiento con el ministerio de Hacienda. Otras, también con problemas, pero sin mucha voluntad de ajustar. Finalmente, las menos, cuya situación es poco menos que inabordable, que buscan soluciones alternativas. En medio de la barahúnda presupuestaria, más próxima a la anarquía autonómica que al desorden puntual de las cuentas públicas, la idea del banco público catalán -extensión del ICF- parece ir en esa dirección, por mucho que detrás de la iniciativa se pretendan otros objetivos.
Mientras la Unión Europea (UE) intenta sacudirse las cenizas del incendio griego (daños ocasionados por el 2% del PIB de su economía) con el estudio de un grueso paquete de reformas para los próximos meses, en España las cuentas públicas continuan aportando la principal dósis de dolor de cabeza al Ejecutivo español a la vez que dibujan una cada vez más compleja solución al entuerto. Ni Valencia, Extremadura, Murcia, Baleares y Cataluña terminan de asimilar ni las reglas de la disciplina fiscal del Estado central ni tampoco la misma disciplina. Las cifras del déficit se hacen recurrentes y el Gobierno se muestra incapaz de ganatizar cualquier cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria.

Así las cosas, los objetivos de déficit que propone el Consejo de Política Fiscal y Financiera, parecen proceder poco menos que otro continente, quizás de otro planeta. Y además no parecen que vayan a ser ni siquiera considerados por las Comunidades como posible materia de discusión política, ni por supuesto, técnica. Es probable que las Comunidades con mayores problemas de deuda no lleguen a leer los objetivos propuestos por Hacienda, desde cualquier punto de vista, de imposible cumplimiento. Pero incluso las Comunidades más cercanas a una situación de equilibrio -que alcanzarán en la parte final del año- consideran que los objetivos de déficit para las CC AA son poco o nada realistas.

Es decir, que según los planes y cálculos de la econometría del ministerio de Hacienda, el conjunto de las CC AA debería ser del 0,3% del PIB en 2016, del 0,1% en 2017 y finalmente alcanzar el equilibrio presupuestario en 2018. Con independencia de que existan algunos casos concretos que desbaratan a priori los planes del departamento de Montoro -como que alguna Comunidad que registra en el presente ejercicio su séptimo incumplimiento del objetivo- otros casos como los de la Región de Murcia, la Comunitat Valenciana o el de Cataluña, con déficits que superarán en 2015, según las previsiones oficiales, el 2,3% del PIB, el esfuerzo fiscal extra solicitado por Hacienda avanza, desde su primer enunciado, una clara indisciplina de esas CC AA.

Así las cosas, no extraña que las Comunidades con mayores problemas para el cumplimiento de sus obligaciones presupuestarias, estén buscando posibles soluciones alternativas a un problema al que la Administración del Estado se empeña, una y otra vez, en resolver aplicando la misma terapia que está en la base de su incumplimiento: la falta de realismo político. En este escenario más bien caótico que desordenado, aparece la vieja iniciativa del banco público catalán, extensión de las actividades financieras que desarrolla desde hace años el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), similar al Instituto de Crédito Oficial dependiente del ministerio de Economía.

La iniciativa catalana que, como era de esperar, cuenta ya con la oposición de las autoridades económicas del Estado, si bien puede llegar a ser una solución en parte a los problemas presupuestarios y de financiación de la autonomía catalana, debería haber contado antes con una explicación de por qué ahora y no antes de la iniciativa. La justificación de los problemas del déficit no parece suficiente y pone en duda su credibilidad. Otras Autonomías en apuros presupuestarios, con objetivo de déficit de imposible cumplimiento, se plantean también la puesta en marcha de una entidad financiera pública -con o sin ficha bancaria- para poner remedio al déficit que ya se ha convertido en crónico.

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