edición: 2680 , Miércoles, 20 marzo 2019
26/03/2015
LA OREJA DE LARRAZ

El PP define las operaciones de las comunidades autónomas que estarán sujetas al principio de prudencia financiera

Javier Ardalán
Todas las operaciones financieras que suscriban las comunidades autónomas, estarán sujetas al principio de prudencia financiera, lo que supone una reducción de riesgos y costes, según establece una enmienda presentada por el Grupo Popular del Congreso de los Diputados al Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Justifica el Grupo gubernamental esta generalización en un intento de seguir avanzando en ese resultado positivo y compartir la reducción de los costes financieros entre el conjunto de las Administraciones Públicas.

Esté principio tiene como objetivo que las operaciones financieras de las Administraciones Públicas se formalicen cumpliendo unas condiciones razonables de coste y riesgo, lo que permitirá mejorar su capacidad para atender compromisos de gasto presentes y futuros.

También se somete al principio de prudencia el otorgamiento de garantías públicas, pasivos contingentes y otras medidas de apoyo extrapresupuestario a operaciones de crédito otorgadas por las comunidades autónomas, en cuanto pueden comprometer la sostenibilidad financiera de éstas al introducir incertidumbre sobre las futuras necesidades de financiación de las mismas y producir graves desequilibrios fiscales imprevistos.

La enmienda considera que tanto el principio de estabilidad presupuestaria como el de sostenibilidad financiera se han configurado como un valor estructural para la economía al presidir todas las actuaciones económico-financieras de las Administraciones Públicas y exigen un esfuerzo constante y coordinado de todas las Administraciones Públicas para lograr la consolidación fiscal.

Prueba de ello –justifica el PP-, es que todas las Administraciones están haciendo esfuerzos por cumplir con los objetivos de consolidación fiscal, lo que ha permitido recuperar la senda de crecimiento económico y generar confianza en la economía española, lo que se está traduciendo en una mejora de la solvencia de la economía española y unos menores costes de financiación en los mercados.

La nueva regulación define como financieras todas las operaciones que tengan por objeto los activos financieros, entre los que se incluye en este concepto a los instrumentos de capital o de patrimonio neto de otras entidades, los derechos a recibir efectivo u otro activo financiero de un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente favorables.

Por otra parte, se incluyen los pasivos financieros, entre las que se incluyen las deudas representadas en valores, operaciones de crédito, operaciones de derivados y cualquier otra obligación exigible e incondicional de entregar efectivo u otro activo financiero a un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones desfavorables. Y, además, se consideran incluida la concesión de avales, reavales u otra clase de garantías públicas o medidas de apoyo extrapresupuestario

Las condiciones que deben cumplir las operaciones con pasivos financieros se deberán establecer por Resolución de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y las de activos y avales por Resolución de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local.

Por otra parte, se regula que de la aplicación de dichas condiciones se informará periódicamente al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Las comunidades autónomas estarán obligadas por la aplicación del principio de prudencia financiera en el conjunto de su sector público.

El principio de transparencia, que exige a las Administraciones Públicas suministrar toda la información necesaria para el cumplimiento con los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, se completa a su vez con lo dispuesto en el artículo 27 de Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, relativa los mecanismos adicionales de financiación para las comunidades autónomas y corporaciones locales, al establecer, entre otros aspectos, que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrá publicar información económico-financiera de las Administraciones Públicas con el alcance, metodología y periodicidad aún por determinar.

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