edición: 2575 , Martes, 16 octubre 2018
14/05/2012
Imprericia y tensiones internas

Con Bankia arrojada a los pies de los caballos, el nuevo saneamiento bancario pasa examen

El decreto no define como se financian las sociedades receptoras de los inmuebles de la banca
Mientras, a tenor de lo que se sabe, los consejos de Bankia y de Banco Financiero y de Ahorro siguen tal como estaban, ¿quién va a renunciar buenamente a sueldos de entre 300.000 y 450.000 euros anual
De Guindos y Sáenz de Santamería muestra su satisfacción momentos antes de la reuda de prensa del Consejo de Ministros
Carlos Schwartz

Condicionado por la feroz lucha interna en el Partido Popular y en el seno del Gobierno el proceso de intervención de Bankia se ha hecho de tal suerte que sus accionistas seducidos por dos veces en años consecutivos con cantos de sirena y fuerte responsabilidad administrativa han quedado a los pies de los caballos. El Gobierno ha dejado fuera del proceso al Banco de España y ha manejado entre cinco personas el proceso: el presidente Mariando Rajoy, el ministro de Economía, Luis de Guindos, y los presidentes de Santander, BBVA y Caixabank. Estos últimos porque en tanto entidades sistémicas algo se supone que tienen que decir al respecto. Incluido su explícito interés potencial en trozos de la entidad en fase de rescate. La marginación del Banco de España ha sido un flaco favor a la transparencia del proceso y a su reputación, a la que el Gobierno parece querer hundir definitivamente. La forma en que se han hecho las cosas indican a las claras la soberbia y temeridad del Gobierno. Algunas fuentes financieras, entre ellas unas muy entrenadas en saneamientos bancarios dentro y fuera de España, han calificado de forma benigna al procedimiento como resultado de la “impericia e ingenuidad”. No parece que se trate de eso. Parece más bien que se ha hecho a los empujones y en medio de tensiones internas.

Del grado de improvisación da cuenta también el Real Decreto Ley 18/2012 en lo que respecta a la constitución de las sociedades que deben contener los activos inmobiliarios de las entidades de crédito. Lo primero que deslumbra respecto de este asunto en el texto es que nada se dice de su financiación, salvo que, en el caso de que los activos inmobiliarios que se hayan traspasado a las mismas no hayan sido dotados plenamente por las entidades que los transmiten serán las sociedades receptoras las que lo deberán hacer. De dónde saldrá el dinero para ello queda en la penumbra. A excepción hecha de una vaga frase de sentido difuso según la cual en el artículo 3 punto cinco se dice que “Reglamentariamente podrán establecerse instrumentos de apoyo financiero a las adquisiciones de capital en dichas sociedades”.

¿Se refiere a dinero que se inyectará en las sociedades para que estas a su turno completen las provisiones sobre los activos inmobiliarios que se les traspasen? ¿O se refiere a financiación de potenciales compradores de participaciones en esas sociedades? Las sociedades se constituyen mediante aportaciones en especie. Estas aportaciones son los activos que los bancos traspasen. La valoración de esos activos se hará a “Valor razonable” ¿Qué es el valor razonable? Si no existe el valor razonable se traspasarán a valor en libros menos provisiones ¿Quiere decir que algunos serán traspasados a valor cero? Si se tiene en cuenta la cascada de provisiones habrá activos provisionados al 100%.

Es decir que el capital de las sociedades estará constituido por los inmuebles que se les traspasen, ya que las entidades de crédito formarán parte de su capital por mediación de estas aportaciones en especie. En principio esta es la única vía visible de capitalización que enuncia el decreto. No se sabe de dónde va a salir el dinero con el cual estas sociedades van a operar. Deberán constituir un domicilio social y pagar por el. Deberán tener administradores, que además deben ser profesionales probados, que se supone que cobrarán por su trabajo. Quiere decir que, finalmente, el modelo es que los bancos se saquen de encima los inmuebles adjudicados. Que las entidades que tengan problemas para cubrir las provisiones le pidan el dinero al FROB. O bien que dejen el hueco en el balance y a este lo rellene la sociedad receptora con unos recursos que no tiene, pero que quizá se los dé el Gobierno. O quizá no.

Eso si, han tenido buen cuidado en señalar que el “valor razonable” o el valor en libros menos provisiones, les exime del artículo 67 de la Ley de Sociedades de Capital en lo que respecta a la valoración de las aportaciones en especie que las debe hacer un experto independiente. Es decir que serán los bancos los que razonablemente valoren los activos. Recordar de paso que en opinión de los funcionarios del FMI el proceso de valoración de activos debería ser una fase previa de la constitución de las sociedades, que en el decreto de marras se establece que deberán estar funcionando antes de que las provisiones sean totalmente desembolsadas, quizá por poner un calendario de corto plazo a este problema.

Entretanto, las entidades que han recibido ayudas del Fondo para la Reestructuración Ordenada bancaria (FROB) tienen tres años de plazo para “que la vinculación de la sociedad para la gestión de activos con la entidad sea como máximo la de empresa asociada”. Tal cual... Esto equivale a decir que hasta pasados tres años la sociedad y la entidad con ayudas pueden ser la misma cosa... aunque distinta. También ocurre que en el caso de las entidades participadas mayoritariamente por el FROB podrán o no constituir estas sociedades. Lo mismo para aquellas donde el FROB sea administrador provisional. A saber, Bankia puede o no integrar inmuebles en una sociedad receptora de activos inmobiliarios de los bancos. Lo mismo vale para el largo listado de entidades con ayudas.

De forma muy vergonzante el Gobierno no dice con claridad que para que estas sociedades funcionen en los casos de bancos con problemas el Estado les tendrá que dar financiación de una u otra forma, o de ambas, para cubrir provisiones y para las sociedades. Pero además la posibilidad de dar financiación a dichas sociedades no queda restringida, por lo tanto también la podrán pedir las sociedades receptoras de inmuebles de bancos sanos, ¿por qué no?... ya puestos. Eso si, han dejado a Critóbal Montoro, como ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, la potestad de rechazar los planes del FROB para la constitución de las sociedades aunque sólo le han dado 10 días para alegar. Finalmente las sociedades que han recibido ayuda económica del Gobierno vienen obligados a vender un 5% de sus activos inmobiliarios al año. No parece mucho.

A lo largo de esta semana el Decreto Ley que ha recibido el respaldo de la directora del FMI, Christine Lagarde, pasará examen donde más duele. En el mercado de deuda pública española. Veremos que tal se la recibe. Mientras, a tenor de lo que se sabe, los consejos de Bankia y de Banco Financiero y de Ahorro siguen tal como estaban. ¿Quién va a renunciar buenamente a sueldos de entre 300.000 y 450.000 euros anuales?

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