Condena a AENA a indemnizar a una mujer por las lesiones
edición: 2534 , Viernes, 17 agosto 2018
28/05/2009
OBSERVATORIO JURIDICO

Condena a AENA a indemnizar a una mujer por las lesiones sufridas al resbalar en un finger cuando se dirigía a embarcar

DATADIAR
La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación, y su inactividad y silencio negativo no deben perjudicar los intereses del ciudadano que reclama. Por ello las normas vigentes, permiten al particular escoger entre interponer el recurso contencioso administrativo contra la ficción que supone el silencio negativo o esperar que se produzca la resolución expresa. Y así se recoge en el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24.1 CE que comporta como contenido esencial y primario el de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial una resolución razonada y fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas por las partes.

A este respecto el Tribunal Constitucional ha contemplado de manera específica la caducidad de la acción en relación con la impugnación en vía contencioso administrativa de las desestimaciones presuntas o por silencio administrativo, elaborando un cuerpo de doctrina, que establece que “el silencio administrativo es una mera ficción legal para que el administrado pueda, previos los recursos pertinentes, llegar a la vía judicial y superar los efectos de la inactividad de la Administración y parte, asimismo, de que no puede calificarse de razonable una interpretación que prime esa inactividad y coloque a la Administración en mejor situación que si hubiera efectuado una notificación con todos los requisitos legales”

Por tanto, ante una desestimación presunta, el ciudadano no puede estar obligado a recurrir en todo caso, so pretexto de convertir su inactividad en consentimiento del acto presunto, imponiéndole un deber de diligencia que no le es exigible a la Administración.

Deducir de este comportamiento pasivo el referido consentimiento con el contenido de un acto administrativo en realidad no producido supone una interpretación absolutamente irrazonable, que choca frontalmente con el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión en su vertiente de acceso a la jurisdicción.

Pues bien, el objeto del proceso que nos ocupa es precisamente la desestimación presunta de una reclamación de indemnización solicitada a la entidad pública empresarial AENA, por las lesiones y secuelas derivadas de la caída sufrida por la recurrente en el Aeropuerto de Madrid-Barajas el día 2 de enero de 1.998, cuando se encontraba embarcando en el vuelo 1001 de la Compañía "Air France", con destino Paris, accidente ocurrido en el "finger" correspondiente y, según se alega, con motivo de encontrarse el suelo resbaladizo.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en su Sentencia de 11 de marzo de 2003, inadmite el recurso por extemporaneidad del mismo, alegando que el artículo 13.3 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo , por el que se aprobó el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, establece que transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento, o el plazo que resulte de añadirles un periodo extraordinario de prueba, sin que haya recaído resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular. Y además, que el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, dispone que el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso, y, si no lo fuera (como es el caso), el plazo será de seis meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.

Pues bien, el Tribunal Supremo resuelve en el recurso de casación a este respecto, que no puede calificarse de interpretación más favorable a la efectividad del derecho fundamental aquélla que computa el plazo para recurrir contra la desestimación presunta del recurso de reposición como si se hubiera producido una resolución expresa notificada con todos los requisitos legales, cuando, como se ha dicho antes, caben otras interpretaciones que, en último término, eviten la contradicción y posición contraria al principio que supone admitir que las notificaciones defectuosas -que implican el cumplimiento por la Administración de su obligación de resolver expresamente- puedan surtir efectos "a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación o resolución, o interponga cualquier recurso que proceda, esto es, sin consideración a plazo alguno Y sin embargo, en los casos en que la Administración ha incumplido total y absolutamente su obligación de resolver, como son los de silencio con efecto desestimatorio, imponer sin otra consideración el cómputo del plazo para acceder a la jurisdicción a partir del día en que, de acuerdo con la normativa específica que resulte aplicable, se entienda presuntamente desestimada la petición o el recurso potestativo de reposición -art. 46, apartados 1 y 4, LJCA”.

Por todo ello, el Tribunal Supremo en su Sentencia de 31 de marzo de 2009 que ahora comentamos, considera que la interpretación de las normas efectuada por la Sala de instancia, no se acomoda a las exigencias del derecho a la tutela judicial, impidiendo el acceso de la parte al proceso y con ello una resolución de fondo sobre la reclamación planteada.   Beneficiándose con ello la Administración causante de la inactividad y apreciando la caducidad de la acción en perjuicio del administrado, que no puede ver cerrada tal vía mientras subsiste el incumplimiento por la Administración del deber de dictar la correspondiente resolución expresa, frente a la cual podría reaccionar el interesado abriendo la vía de impugnación jurisdiccional.

Por su parte, la citada Sentencia, en la línea de la jurisprudencia que viene exigiendo para que resulte viable la reclamación de responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, que el particular sufra una lesión en sus bienes o derechos que no tenga obligación de soportar y que sea imputable a la Administración y consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, finaliza  justificando la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio y la caída de la recurrente. Caída que determinó sin lugar a dudas sus lesiones y secuelas de las que derivan los perjuicios cuya reparación pretende, ya que el hecho de que se justifique que no hubo lluvia en ese día en el aeropuerto (aunque sí la hubo el día anterior) y no había otros elementos que propiciaran la caída, es lo cierto que el propio Jefe de Ingeniería y Mantenimiento, al ser requerido de informe al respecto, justifica la situación señalando que el pavimento existente en alguno de los túneles, adecuado en cuanto a deslizamiento en estado seco, ve disminuida su adherencia si existe agua en el mismo o si en las tareas de limpieza se encera.

Equipo Jurídico de Datadiar.com

LEGISLACIÓN

Ley 3/2009, de 10 de marzo, de regularización y mejora de urbanizaciones con déficits urbanísticos (DOGC núm. 5342, de 19-03-2009)
El objeto de la presente ley, en el marco de la competencia exclusiva de la Generalidad en materia de urbanismo que le confiere el artículo 149.5 del Estatuto de autonomía de Cataluña, es hacer frente a esta problemática y facilitar los procesos de regularización definitiva de las urbanizaciones, entendida, según el caso, en términos de consolidación o de reducción parcial o total de la urbanización.

Real Decreto 2134/2008, de 26 de diciembre, por el que se regula el procedimiento a seguir la para la restitución a particulares de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil (B.O.E. Núm. 10, De 12-01-2009)
El presente real decreto da cumplimiento a la citada disposición adicional, estableciendo el procedimiento mediante el cual dichas comunidades autónomas, previa solicitud de participación en el mismo, podrán llevar a cabo la restitución a las personas naturales o jurídicas de carácter privado, o a sus sucesores legítimos, de aquellos documentos, fondos documentales y otros efectos que les hubieran sido incautados con motivo de la guerra civil.

JURISPRUDENCIA

Penal

Delito de revelación de secretos por funcionario público. Derecho a la presunción de inocencia. Declaraciones de coimputados como prueba de cargo. Doctrina de la Sala. Principio acusatorio. Vulneración inexistente. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 10 de diciembre de 2008.
El deber de confidencialidad no afecta tan solo al desarrollo de las reuniones formales del Tribunal, sino que se extiende a todos los contenidos del expediente administrativo cuya difusión pudiera implicar un menoscabo de los principios de igualdad, mérito y  capacidad. Artículo 53.12 de la Ley 7/2007, 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público.

Mercantil

La retransmisión de la señal televisiva en las habitaciones de los hoteles es comunicación pública a los efectos de la LPI.  TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha 22 de enero de 2009.
Este recurso se ha de considerar formalizado por la vía del interés casacional contemplada en el ordinal tercero del artículo 477.2 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, es decir, por presentar la resolución del recurso interés casacional, conforme al criterio mantenido de forma constante por esta Sala y que ha obtenido el refrendo del Tribunal Constitucional (SSTC 150/2004, de 20 de septiembre, y 164/2004, de 4 de octubre, y AATC 191/2004, de 26 de mayo, y 201/2004, de 27 de mayo).

No se puede establecer como único criterio para el cálculo de la remuneración equitativa la aplicación de las tarifas generales. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 18 de febrero de 2009
Remuneración equitativa en favor de los artistas intérpretes o ejecutantes por comunicación pública de las obras por parte de la empresa de televisión que actúa como productora. Procedencia. Determinación de la remuneración equitativa con arreglo a criterios de equidad bajo control de la autoridad judicial fundados en los principios de utilización efectiva, amplitud del repetorio y comparación con las tarifas fijadas en convenios con otras productoras.

Civil

No obstante la negativa del demandado a someterse a la prueba biológica, la contradicción en cuanto a la fecha de la ruptura sentimental, de la concepción y lugar en que aquéllas tuvieron lugar hacen improsperable la declaración de paternidad. AUDIENCIA PROVINCIAL. Sentencia de fecha: 28 de enero de 2009
Y en orden a su resolución debe tenerse en cuenta que lo que impera en supuestos como el de autos, de determinación de la paternidad, es el principio de la verdad o realidad material por encima de la formal, como se deriva de que la Constitución Española, en su artículo 39 , tras proclamar que "los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia" y que "los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación", dispone que "la ley posibilitará la investigación de la paternidad", que, como señala la doctrina constitucional "en la STC 7/1994, de 17 de enero (RTC 1994\ 7), F. 3 b), al tratar de las pruebas biológicas de determinación de la filiación, a las que prestaba cobertura legal explícita el art. 127 CC (LEG 1889\ 27 ) -actualmente, el art. 767.2 LECiv (RCL 2000\ 34, 962 y RCL 2001, 1892 )-, pusimos el acento en el derecho del hijo a conocer su filiación diciendo que dicho precepto no era más que la instrumentación de un terminante mandato constitucional, añadiendo que el art. 39.2 «declara que "la Ley posibilitará la investigación de la paternidad", e inscribe esta prescripción en la idea de "protección integral de los hijos, iguales éstos ante la Ley con independencia de su filiación" ...

Los 9 y 5 años de los hijos favorecen ampliar el régimen vacacional para fortalecer las relaciones afectivas entre padre e hijos, máxime no consta dato que respalde mantener el reducido cuando aquéllos contaban con 5 y 1 años.  AUDIENCIA PROVINCIAL. Sentencia de fecha: 29 de enero de 2009
La demandada en la actualidad está percibiendo por sus trabajos la cifra de 911 euros por doce pagas al año además de la cifra fijada en el mismo convenio como pensión compensatoria, 800 euros actualizados durante cinco años, por lo que procede acordar una mínima contribución por su parte a los alimentos de los dos hijos comunes, cantidad que esta Sala considera adecuada en la cuantía establecida con buen criterio, en la sentencia recurrida por considerarla como aportación mínima para la cobertura de los gastos alimenticios básicos de una persona, por ser la obligación alimenticia de la madre respecto de sus hijos su principal obligación, por delante de cualquier otra que pueda ostentar u ostente.

Laboral

A efectos de generar una nueva prestación por desempleo, cabe acumular los sucesivos periodos de trabajo anteriores, por tiempo inferior a doce meses, durante los cuales se cotizó. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 28 de enero de 2009.
Desempleo contributivo. Trabajador que, durante la percepción de la prestación correspondiente, vió interrumpido temporalmente su percibo debido al hallazgo de diversos trabajos, ninguno de los cuales llegó a doce meses continuados de duración, pero la suma de todos ellos arroja un total superior a ese período. Tiene derecho a nueva prestación, en interpretación al art. 210.3 LGSS. Resulta extensible a este supuesto la doctrina de la STS 30-III-2000 (rec. 2105/99).

Administrativo

Casación en interés de la Ley Adquisición por silencio positivo de licencias en contra de la legislación y del planeamiento urbanístico. Doctrina legal.  TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 28 de enero de 2009.
El artículo 242.6 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, y el artículo 8.1 b), último párrafo, del Texto Refundido de la Ley de suelo aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio , son normas con rango de leyes básicas estatales, en cuya virtud y conforme a lo dispuesto en el precepto estatal, también básico, contenido en el artículo 43.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por Ley 4/1999, de 13 de enero , no pueden entenderse adquiridas por silencio administrativo licencias en contra de la ordenación territorial o urbanística.

Visado de inspección previo a la dispensación de determinados medicamentos con cargo al Sistema Nacional de Salud. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 24 de febrero de 2009
Se permite a la Administración, por razones objetivas sanitarias, sujetar a reservas singulares la dispensación de un medicamento, tanto en el trámite de autorización como respecto de los ya autorizados, pues con tal medida, lejos de cercenarse o limitarse su prescripción, se garantiza el uso racional del medicamento en favor de los usuarios.

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