edición: 3094 , Martes, 24 noviembre 2020
14/02/2017
Sostenibilidad en entredicho

Consenso político para negar el problema futuro de las pensiones

Ojos que no ven... el Gobierno se dispone a pagar pensiones -gastos corrientes- con más deuda, y aplazar, de nuevo, la solución
Juan José González
Sabido que la sostenibilidad del actual sistema de pensiones es de tal fragilidad que no puede garantizar el cobro de futuras pensiones, lo que constituye todo un problema social de notable alcance, su resolución es, sin embargo, un asunto aplazado de forma constante. Parece haberse instalado en las conciencias de los representantes políticos la creencia sobre su existencia, en la medida en que la ignorancia de un problema equivale a su inexistencia. Sucede con las pensiones futuras que, lejos de ocupar un lugar preferente en las preocupaciones presentes de las fuerzas políticas y, por supuesto, de las autoridades, se contempla como una de esas situaciones del muy largo plazo pendientes de un acuerdo político o de un consenso social amplio. Otro asunto bien diferente es el problema de las pensiones actuales, de los pagos de este ejercicio y del siguiente, de las extras de verano (para cuyo devengo puntual ya habrá que proveer fondos) y de fin de año. De nuevo el corto plazo se impone al largo, la inmediatez obliga a actuar en forma de urgencia en tanto que para el futuro -Dios proveerá- ya se llegará a algún consenso, acuerdo o pacto. En el corto plazo, figura la emisión de deuda pública: habrá extra de verano para los jubilados -un parche-. En el largo plazo, consenso para negar la existencia del problema.
Sí parece haber acuerdo entre los partidos políticos sobre la forma de abordar el pago de la paga extra del próximo verano, el primer obstáculo a superar tras el agotamiento de esa caja de resistencia o excedente que es (era) el Fondo de Reserva de las Pensiones. Acuerdo porque no se conoce que en las últimas semanas algún partido político, tampoco el departamento responsable del asunto, Trabajo y Seguridad Social, haya aportado alguna solución o propuesta diferente a la ya conocida de emitir deuda, que equivale a pedir dinero a los inversores para pagar unas prestaciones (de jubilación) de la Seguridad Social, que en la práctica equivale a aplazar para el futuro (ya bien cargado) el pago de gastos corrientes.

La solución elegida, un parche en toda regla, va a permitir que el Gobierno continúe sin proponer una estrategia de medio y largo plazo sobre las pensiones y que, por contra, aplique soluciones de urgencia con cargo al recurso a mayor endeudamiento. Este sería por tanto el método para resolver lo urgente, el corto plazo, mientras que para el largo parece cada vez más clara la existencia de un amplio consenso parlamentario, no para ocultar, sino para no reconocer que las pensiones futuras son a día de hoy un problema. El acuerdo puede estar motivado en el interés, también general, de todas las fuerzas políticas, de cambiar el sistema, es decir, añadir al actual sistema de reparto otra parte de capitalización mediante aportaciones individuales y garantizar así la sostenibilidad de las futuras pensiones.

El cambio de sistema, sin embargo, no es un asunto que se pueda improvisar ni implantar en el corto plazo, sino que exige por un lado el consenso de las fuerzas políticas y sociales y después el desarrollo legislativo correspondiente. Es una solución de medio y largo plazo también para un problema de largo plazo. En este sentido, habría que recordar las numerosas críticas, muchas desmesuradas, que tuvo que escuchar el Gobernador del Banco de España hace dos años a propósito de una comparecencia en el Congreso (Comisión de Economía) cuando señaló al sistema de pensiones como un problema actual y de futuro, de los problemas en aumento relativos a su financiación y de su necesaria y urgente reforma del sistema. Como recogió en aquella ocasión el diario de sesiones, la propuesta del Gobernador registró varios improperios.

El sistema de financiación de las pensiones continua, a día de hoy, huérfano de soluciones y alternativas de largo plazo, y el consenso político sobre el no reconocimiento del problema, conlleva el aumento de la gravedad. Quizá el único punto en el que parece haber alguna coincidencia es en la naturaleza demográfica del modelo, base de su actual sostenibilidad. La forma de ver los problemas con mayor claridad es analizar la pirámide que define la población, de modo que en la actualidad, mientras la base no deja de disminuir (los aportadores) la parte superior de la misma tampoco deja de aumentar (los pensionistas) y teniendo en cuenta que las pensiones están originadas por las contribuciones de los trabajadores en activo, el problema puede decirse que avanza a gran velocidad. 

Sirva como ejemplo de esa relación (o proporción entre activos y jubilados) que si en 2008 había tres trabajadores en activo por cada jubilado, dentro de 15 años es probable que esos tres trabajadores tendrán que soportar dos jubilados, por tanto, los problemas no se resuelven por el consenso de su ignorancia, sino afrontando y proponiendo soluciones. Quizá no sea suficiente con esperar a que se cumplan las expectativas de crecimiento del empleo futuro, habida cuenta de este sería el camino mejor, pero no el más corto, para lograr el equilibrio en las cuentas de la Seguridad Social. Como tampoco parece que vaya a ser la emisión de deuda el remedio para una enfermedad que, más que de corto plazo, ya se ha convertido en crónica, y que tampoco se puede tratar con la negación del problema.

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