edición: 3054 , Viernes, 25 septiembre 2020
30/07/2009
OBSERVATORIO JURIDICO

Contaminación de la costa por el vertido accidental de hidrocarburos en el mar, el ‘caso Erika’

El petrolero Erika en el momento de su hundimiento

DATADIAR
La sociedad italiana ENEL otorgó un contrato a Total Internacional Ltd para suministrar fuelóleo pesado que debía transportarse del puerto de Dunkerque (Francia) al puerto de Milazzo (Italia). Para la ejecución de dicho contrato, Total Raffinage Distribution, que pasó a denominarse Total France SA, vendió dicho fuelóleo pesado a Total Internacional Ltd, la cual fletó el petrolero Erika, que enarbolaba pabellón maltés. El 12 de diciembre de 1999, el Erika se hundió frente a las costas bretonas (Finisterre, Francia) vertiendo al mar una parte de su carga y de su combustible, lo cual dio lugar a la contaminación del litoral atlántico francés. El municipio de Mesquer demandó a las empresas del grupo Total con la pretensión de que se las condenara a reembolsarle los gastos efectuados para las operaciones de limpieza y de descontaminación de su litoral, basándose en la Directiva sobre los residuos. Según el municipio, los hidrocarburos accidentalmente vertidos al mar constituían residuos en el sentido de la Directiva y, por lo tanto, el coste de su eliminación debía imputarse a Total Internacional Ltd y Total France en su condición de «poseedores anteriores» o de «productor del producto generador», respectivamente.

Para poder pronunciarse en el recurso de casación de que conoce, la Cour de Cassation (Francia) plantea al Tribunal de Justicia dos cuestiones sobre la interpretación de las disposiciones de Derecho comunitario aplicables:

1) Sobre si el fuelóleo pesado accidentalmente vertido al mar a raíz de un naufragio debe calificarse de residuo en el sentido de la Directiva 75/442/CEE.

El Tribunal de Justicia considera que el fuelóleo pesado vendido como combustible, no es un residuo, en el sentido de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, relativa a los residuos, toda vez que se explota o se comercializa en condiciones económicamente ventajosas y que puede ser efectivamente utilizada como combustible sin necesidad de una operación previa de transformación.

No obstante, los hidrocarburos vertidos accidentalmente en el mar a raíz de un naufragio, mezclados con agua y con sedimentos, y que se desplazan a la deriva a lo largo de las costas de un Estado miembro hasta quedar depositados en éstas, sí constituyen residuos en el sentido del artículo 1, letra a), de la Directiva 75/442, toda vez que ya no pueden ser explotados ni comercializados sin una operación previa de transformación.

2) Sobre la cuestión de si, en el caso del naufragio de un petrolero, puede obligarse al productor del fuelóleo pesado vertido en el mar y/o al vendedor de ese fuelóleo y fletador del barco que transporta dicha sustancia a cargar con el coste de la eliminación de los vertidos generados, aun cuando la sustancia vertida al mar sea transportada por un tercero, en el presente caso, un transportista marítimo

El Tribunal de Justicia recuerda, en primer lugar, que, en las circunstancias del caso de autos, de conformidad con el principio «quien contamina paga», el juez nacional puede considerar que el vendedor de tales hidrocarburos y fletador del buque que los transporta es el productor de dichos residuos, en el sentido del artículo 1, letra b), de la Directiva 75/442, y, por lo tanto, el «poseedor anterior» a efectos de la aplicación del artículo 15, de dicha Directiva, si dicho juez, teniendo en cuenta los elementos que únicamente él puede apreciar, llega a la conclusión de que ese vendedor-fletador ha contribuido al riesgo de que se produzca la contaminación ocasionada por el naufragio, en particular si no adoptó las medidas adecuadas para evitar tales hechos, como las relativas a la elección del buque;

En segundo lugar, si el Fondo Internacional de Indemnización de Daños Debidos a Contaminación por Hidrocarburos no asume los costes relativos a la eliminación de los residuos generados por un vertido accidental de hidrocarburos en el mar o no puede asumirlos por haberse alcanzado el límite máximo de indemnización previsto para ese siniestro y si, con arreglo a las limitaciones y/o exenciones de responsabilidad establecidas, el Derecho nacional de un Estado miembro, incluido el derivado de convenios internacionales, impide que tales costes recaigan sobre el propietario del buque y/o el fletador de éste, aun cuando éstos deban calificarse de «poseedores» en el sentido del artículo 1, letra c), de la Directiva 75/442,  tal Derecho nacional deberá permitir, para garantizar la correcta adaptación del ordenamiento jurídico interno al artículo 15 de dicha Directiva, que los costes recaigan sobre el productor del producto generador de los residuos así esparcidos. No obstante, de conformidad con el principio «quien contamina paga», sólo puede obligarse a tal productor a hacer frente a los referidos costes si, mediante su actividad, contribuyó al riesgo de que se produjera la contaminación ocasionada por el naufragio del buque.

Conclusión de tribunal:

En virtud del principio 'quien contamina paga', la exigencia del artículo 15 de la Directiva sobre los residuos, puede llevar a que el coste de eliminación de los residuos generados por el vertido accidental de hidrocarburos al mar recaiga sobre el productor del producto generador, si, mediante su actividad, contribuyó al riesgo de que se produjera la contaminación ocasionada por el naufragio del buque.

Equipo Jurídico de Datadiar.com

LEGISLACIÓN

REGLAMENTO (CE) Nº 221/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 11 de marzo de 2009 por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2150/2002, relativo a las estadísticas sobre residuos, en lo que se refiere a las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (DOUE n.º 87, 31-03-2009).
Basándose en las conclusiones de los estudios piloto, la Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo de las posibilidades de recopilar estadísticas sobre las actividades y características cubiertas por dichos estudios sobre importación y exportación de residuos. La Comisión adoptará las medidas de aplicación necesarias. Estas medidas, destinadas a modificar elementos no esenciales del presente Reglamento completándolo, se adoptarán con arreglo al procedimiento de reglamentación con control contemplado en el artículo 7, apartado 3.

REGLAMENTO (CE) Nº 220/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 11 de marzo de 2009 que modifica el Reglamento (CE) nº 999/2001 por el que se establecen disposiciones para la prevención, el control y la erradicación de determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles, por lo que se refiere a las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (DOUE n.º 87, 31-03-2009).
Un Estado miembro podrá aplicar otras medidas que ofrezcan un nivel de protección equivalente basado en una evaluación del riesgo favorable de conformidad con los artículos 24 bis y 25, tomando particularmente en consideración las medidas de control existentes en dicho Estado miembro, si dichas medidas han sido aprobadas por dicho Estado miembro con arreglo al procedimiento de reglamentación contemplado en el artículo 24, apartado 2.

JURISPRUDENCIA

Penal

Delito de inducción de asesinato terrorista. Presunción de inocencia. Doctrina jurisprudencial. Existencia de prueba de cargo. Declaración de quien ha sido condenado con anterioridad por los mismos hechos. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 01 de marzo de 2009
Se admite que la presunción de inocencia quede enervada no solo por lo declarado ante el Tribunal encargado del enjuiciamiento, sino también por lo declarado en la fase sumarial, cuando quien ha declarado en ésta rectifique o se retracte de lo declarado, siempre que la diligencia se haya practicado en condiciones inobjetables, lo que exige la presencia del Juez de instrucción, y que haya sido incorporada al plenario, ordinariamente a través de su lectura, como previene el artículo 714 de la LECrim, o bien mediante el interrogatorio, dando a quien haya declarado la oportunidad de explicar las razones de su retractación. Igualmente es imprescindible que la defensa haya tenido oportunidad de interrogar al testigo (o coimputado), bien cuando hace la declaración inculpatoria o en un momento posterior, (STEDH Caso Ludi contra Suiza, de 15 de junio de 1992). En estos casos, la jurisprudencia ha admitido que el Tribunal pueda optar por una u otra versión, en todo o en parte, en función del resto del cuadro probatorio, motivándolo adecuadamente en la sentencia.

Mercantil

No existe una identidad fonética entre las marcas enfrentadas susceptible de producir confusión en el mercado.  TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 25 de marzo de 2009
Reitera la jurisprudencia de esta Sala que las apreciaciones de hecho respecto a litigios entre marcas no son revisables en casación, a excepción de los errores manifiestos o de la eventual vulneración de las normas sobre valoración tasada de la prueba, lo que no concurre en el presente supuesto (por todas, en esta materia de marcas,    SSTS de 29 de mayo de 2007 RC 1868/2005, 10 de marzo del 2005 RC 4700/2002 y 9 de febrero 2009 RC 4946/2006).

Las marcas en conflicto en modo alguno son idénticas o similares aun cuando los productos designados por las referidas marcas fuesen idénticos. TRIBUNAL JUSTICIA DE LA COMUNIDAD EUROPEA. Sentencia de fecha: 25 de marzo de 2009
Para adecuarse a la sentencia de anulación y dar plena ejecución a ésta, la institución de la que emane el acto anulado está obligada a respetar no sólo el fallo de la sentencia, sino también los motivos que han conducido a aquél y que constituyen su sustento necesario, en el sentido de que son indispensables para determinar el significado exacto de lo que ha sido resuelto en el fallo. Esos motivos, en efecto, identifican por una parte la concreta disposición considerada ilegal y revelan por otra parte las causas precisas de la ilegalidad declarada en el fallo, que la institución afectada habrá de tener en cuenta a la hora de sustituir el acto anulado.

Civil

Diferenciación entre arrendamiento de local de negocio y arrendamiento de industria. Aplicación del Código civil al arrendamiento de industria.  TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 18 de marzo de 2009
Recurso de casación por interés casacional. Arrendamiento de industria. Aplicación del Código Civil para la regulación de este contrato. Inexistencia del derecho de retracto por el arrendatario.

Día inicial o díes a quo para el cómputo del plazo de caducidad previsto por la Ley para el ejercicio de la acción de retracto. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 18 de marzo de 2009
RETRACTO LEGAL DE COMUNEROS: venta en subasta judicial. determinación del dies a quo para el cómputo del plazo de caducidad Doctrina jurisprudencial. El derecho de retracto y el comienzo del plazo para el ejercicio de la acción correspondiente comienzan desde que se consuma la venta, lo que tiene lugar con el auto de adjudicación.

Laboral

Incompatibilidad de la percepción de prestaciones desempleo con la de los salarios de tramitación que la empresa satisfizo al trabajador. Corresponde al empresario, reintegrar a la Gestora las prestaciones de referencia. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de Fecha: 09 de marzo de 2009
Desempleo. Reintegro de prestaciones indebidas. Prestación reconocida a partir del cese en despido que luego es declarado improcedente con opción por la readmisión y posterior declaración de extinción de la relación laboral con reconocimiento de indemnización y sin salarios de tramitación, por haberlos satisfecho ya la empresa. Corresponde a dicha empresa el reintegro al INEM de la prestación correspondiente al periodo coincidente con el débito de salarios de tramitación. Art. 209.5.c), de la LGSS, que se remitía a la letra b) del mismo antes de la modificación operada por la Ley 45/2002._

Reintegro de prestaciones instado por el SPEE contra la empresa por contratación abusiva y fraudulenta. No procede el reintegro cuando el trabajador, aunque hubiese sido contratado correctamente, habría percibido también la prestación de desempleo. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 26 de febrero de 2009.
Desempleo. Reintegro de prestaciones por la empresa a instancia del servicio público de empleo, por contratación temporal abusiva para obra o servicio. No procede cuando el trabajador hubiera percibido también la prestación, de haber sido contratado de manera correcta a tiempo parcial. Reitera doctrina -sentencias de 10/10/07 (rec. 3782/06); 26-12-2007 (rec. 4831/2006); 20/11/08 (rec. 4309/07); y 15-01-2009 (rec. 505/2008)-.
  
Administrativo

Cuestión de inconstitucionalidad del art. 31 c) de la Ley 1/2002, de comercio de Cantabria. Vulneración de las competencias del Estado en materia de defensa de la competencia reconocidas en el art. 24.13 del Estatuto de Autonomía de Cantabria. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia de fecha: 04 de mayo de 2009
La norma contenida en el segundo párrafo del art. 31 c) limita temporalmente las ventas con descuento dirigidas a la promoción de determinados productos. La duración de tales ventas, dispone la norma cuestionada, no podrá ser inferior a un día ni superior a treinta. Aunque dicha limitación temporal también afecta a los consumidores, que pueden verse perjudicados o, como señala el representante del Gobierno autonómico, beneficiados por la misma, por cuanto impide que los precios habituales se presenten permanentemente como de rebajas, su finalidad principal es evitar que la concurrencia entre los empresarios en el mercado quede rota por el abuso de unas ofertas que aspiran a atraer a los consumidores. En la medida, por tanto, en que se trata de una regulación que afecta sobre todo a la relación horizontal entre las empresas en una economía de libre mercado, y no a la situación del consumidor como destinatario de los productos producidos por las mismas, su aprobación corresponde al ente territorial competente para legislar en el ámbito de la defensa de la competencia, esto es, el Estado en virtud del art. 149.1.13 CE.

Recurso de casación para la unificación de doctrina. Cobro de un premio del cuponazo de la ONCE a un jugador que había extraviado el boleto al poder acreditar la compra del mismo, su pérdida y la falta de abono del premio. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 10 de marzo de 2009
Aun cuando es cierto que la normativa de la Once en concreto el artículo 14 del Reglamento del Sorteo del Cupón, aprobado por su Consejo General de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo modificado por el Real Decreto 1200/99 de 9 de julio, expresamente dispone que el premio se cobra tras la oportuna presentación del cupón premiado, no pudiendo sustituirse por ningún otro documento o testimonio, no hay que olvidar que esta Sala en sentencias de 13 de julio de 1990 y 11 de enero de 1994, en relación con la lotería nacional que tiene similar régimen ya había flexibilizado esta doctrina para los supuestos limites en que resultara acreditado la compra del décimo, su extravío y la falta de abono del premio y en caso de autos además de concurrir ese supuesto limite, es lo cierto que ya esta Sala por la sentencia citada de 11 de julio de 2006 había llegado a la misma doctrina en relación con los cupones de la Once, por lo que también el principio de igualdad obliga a mantener esa misma tesis al no concurrir circuntancias que justifiquen su alteración.

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