edición: 2682 , Viernes, 22 marzo 2019
22/07/2010
OBSERVATORIO JURIDICO

Contrato complejo de concesión de crédito para la realización de operaciones de compra y venta de valores

DATADIAR
La Sala Primera del Tribunal Supremo, en Sentencia de 11 de Mayo de 2010 resuelve acerca de un asunto en el que se denuncia el incumplimiento de un contrato bancario, calificado de complejo, y mediante el que por la entidad financiera, a cambio de un interés y comisiones, se concede un crédito para que la parte acreditada pudiera realizar operaciones de compra y venta de valores y beneficiarse con el lucro obtenido.

Por la parte acreditada se afirmó el no cumplimiento por la entidad bancaria de una orden de venta, de modo que el retraso le produjo la pérdida cuya indemnización reclamó ante el Juzgado de Primera Instancia. Por su parte, la entidad bancaria adujo la existencia de una afectación de los valores en garantía del crédito concedido que le facultaba para limitar o denegar la libre disposición.

Así, se dedujo demanda en primera instancia contra la entidad bancaria en la que se solicitó se declarara el incumplimiento contractual y la responsabilidad de la misma  por el retraso en la ejecución de unas órdenes de venta, condenando por el quebranto económico causado a la demandada al pago a las actoras. La  Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia, desestimó la demanda y absolvió a la entidad bancaria demandada. Por su parte, la  Sentencia de la Audiencia Provincial, estimó el recurso de apelación formulado por las actoras revocando la resolución del Juzgado de 1ª Instancia, estimando la demanda deducida y condenando al Banco. El fundamento de la reclamación de las entidades mercantiles actoras residió en la indemnización de las pérdidas sufridas por los valores gestionados por el banco demandado, por el retraso en el cumplimiento de una orden de venta.

Contra dicha sentencia se interpuso por el Banco recurso de casación articulado en cuatro motivos, sustentándose el fundamento básico del recurso en que el retraso en la venta se debió a la falta de cumplimiento por las actoras de su obligación de reposición de la prenda [garantía del crédito], no admitiéndose que, con arreglo al contrato, pudieran las demandantes disponer libremente de los valores.

El tema clave del litigio se centra en que, a juicio del Banco recurrente, podía impedir, con base en lo pactado, la disposición, es decir, no cumplir las órdenes de venta de valores dadas por los acreditados si éstos no cumplían con la obligación de reposición de la prenda.

No hay cuestión, y así se reconoce en la sentencia recurrida, acerca de que los valores que se adquirían en las sucesivas operaciones estaban "afectos" como garantía del crédito y para responder del mismo, aunque, salvo respecto de los primeros adquiridos, no existiera pignoración formal. Por otro lado, se admite, como sostiene el Banco recurrente, que, conforme a lo pactado, los acreditados estaban obligados a reponer la garantía si se producía una baja en todas o algunas de las "participaciones pignoradas" en los términos previstos, de modo que, si no se efectuaba la reposición, el pignorante no podía disponer en todo o en parte de las participaciones", pues así se establece en el contrato para cuando "estuviese pendiente de cumplimiento cualquier obligación garantizada".

Hasta aquí, señala nuestro más alto Tribunal tiene toda la razón el Banco, pero sucede, que para la operatividad de la reposición era preciso un requerimiento del Banco a los acreditados.

La sentencia impugnada se limita a razonar que no hubo una negativa expresa del banco, sino simplemente una excusa de que [la orden de venta] debía de ser estudiada por la comisión de riesgos, y posteriormente, y ante el requerimiento ya notarial efectuado por los demandantes, proceder [el Banco] a la venta (con la consiguiente pérdida para los actores). Sobre el requerimiento de reposición y sobre la aceptación por los demandantes de la reducción del límite de cada una de las pólizas de crédito, no hay consideración alguna en la sentencia recurrida, y a ello resulta oportuno añadir que la primera alegación (la del requerimiento) es expresamente rechazada en el escrito de oposición y respecto de la segunda (reducción del crédito) se da por el recurrido una versión sobre el porqué de su realización que discrepa notoriamente de la efectuada en el recurso.

Por todo lo anterior el TS rechaza el recurso de casación, sin que obste que se añadan razones que no se recogen, o no coinciden totalmente con las expresadas en la sentencia recurrida, por ser en todo caso de aplicación la doctrina de la equivalencia de resultados o del resultado útil, que opera cuando los motivos del recurso deban ser desestimados aunque sea por argumentos distintos de los de la resolución impugnada.

Equipo jurídico de Datadiar.com

LEGISLACIÓN

Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros. (BOE nº 169 de 13 de julio de 2010).
Las Cajas de Ahorros españolas cumplen con una función esencial dentro de nuestro sistema financiero y de nuestro entramado social. Desde un punto de vista económico han sido a lo largo de nuestra historia motor del crecimiento impulsando el fomento del ahorro, la movilización de recursos y la inclusión financiera del conjunto de los ciudadanos. Asimismo se han configurado como un elemento determinante en el acceso al crédito de familias y empresas. Por otra han actuado en beneficio del interés general a través del cumplimiento de su función social. La dedicación de sus excedentes a la dotación de bienes y servicios sociales en los territorios en los que actúan resulta un complemento indispensable dentro de nuestro Estado de bienestar. Resulta imprescindible reformar el modelo de Cajas para garantizar su permanencia y las considerables ventajas que aporta a nuestro sistema financiero. Se trata de introducir las modificaciones imprescindibles para fortalecer a las Cajas de Ahorros, al conjunto del sector financiero español y al conjunto de la economía productiva facilitando el flujo de crédito. Como en otros países de nuestro entorno europeo en los que el modelo de Cajas se ha flexibilizado, la reforma aumentará la solidez y competitividad de nuestro sistema financiero y generará una mayor contribución al conjunto de la sociedad.

JURISPRUDENCIA

Penal

Delito de simulación de delito. Delito de estafa en grado de tentativa cometida contra entidad aseguradora. Tribunal Supremo. Sentencia 5 de abril de 2010.
El acusado, en su condición de socio y administrador único de una mercantil que tenía contratada una póliza con una Compañía de Seguros, entre otros riesgos, por robo hasta 600.000 euros; aparentando haber sufrido una sustracción, denunció en la comisaría de policía haber sufrido un robo con violencia e intimidación, lo que comunicó a la entidad aseguradora a fin de percibir la indemnización correspondiente. Ante la negativa por supuesto fraude, el acusado presentó demanda civil contra la aseguradora. Caso de autos: la mercancía sustraída se trataba de un pedido anormal por la cuantía, tratándose de una pequeña y deficitaria empresa, con escaso capital social, que sólo recibía cuatro o cinco pedidos en año y medio, ninguno de ese importe. Además, el precio de la mercancía era superior al de mercado por lo que la compradora bien pudo acudir a otros proveedores más baratos. La operación no contaba con ningún tipo de garantía, aval o provisión de fondos. Además, el pago de la mercancía adquirida por el acusado lo fue a un tercero amigo suyo, que además difirió el pago. La empresa suministradora había sido objeto de un robo en circunstancias similares. El proveedor del proveedor es una empresa dedicada a muebles y decoración, sin relación alguna con el suministro de material informático. Se desestima el motivo: Prueba indiciaria apta para enervar el derecho a la presunción de inocencia al concurrir varios indicios concordantes, unidireccionales, racionales y convergentes.

Mercantil

La Marca aspirante es compatible con las marcas registradas prioritariamente  al ser suficientemente diferentes las denominaciones contrapuestas para inducir a confusión a los consumidores. Tribunal Supremo. Sentencia 4 de mayo de 2010.
El grado de disimilitud denominativa, fonética y conceptual entre los signos enfrentados compensa el elevado grado de relación de los productos ofrecidos por ambos signos, de modo que resulta determinante para declarar la compatibilidad de las marcas en conflicto, puesto que no existe riesgo de que se suscite evocación respecto del origen empresarial común. De ello se desprende que la sentencia recurrida es coherente con la directriz jurisprudencial formulada en las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 29 de septiembre de 1998 y de 22 de junio de 1999 , que consideramos imprescindible con el objeto de evaluar y determinar el riesgo de confusión que puede crear la convivencia entre signos marcarios, interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión.

El Banco quedaba autorizado para entregar las cantidades requeridas al primer requerimiento por escrito que reciba para ello, sin necesidad de comunicarlo al afianzado. Tribunal Supremo. Sentencia 6 de mayo de 2010.
La interpretación del contrato por el tribunal de instancia debe respetarse en casación salvo que resulte ilógica, arbitraria o irrazonable, por lo que difícilmente puede reprocharse al tribunal sentenciador un desconocimiento de la literalidad del contrato cuando la póliza de prestación de aval, contrato que era el que vinculaba a la hoy recurrente con el Banco, establecía con toda claridad, en su condición general 4ª, que éste quedaba autorizado para entregar las cantidades requeridas al primer requerimiento por escrito que reciba para ello, sin necesidad de comunicarlo al afianzado, quedando exento de la obligación de tener que recurrir contra las resoluciones judiciales, administrativas o de cualquier otro tipo que se adopten como consecuencia del asunto a que se contrae la garantía, y cuando el propio aval entregado al Ayuntamiento, documento que principalmente vinculaba frente a éste al Banco, establecía con no menor claridad que este aval tendrá vigencia hasta el momento en que el Excmo. Ayuntamiento autorice su cancelación; como difícilmente cabe asimismo reprochar al tribunal sentenciador infracción del art. 1288 CC , ya que no se alcanza a comprender por qué una condición general extremadamente clara no ha de vincular a la empresa constructora que negocia con un Banco un aval ante el Ayuntamiento precisamente en garantía de una obra pública, o del art. 1827 CC, ya que el carácter del aval como a primer requerimiento se estableció de forma expresa. Dado el régimen general de los contratos de las Administraciones públicas, dada la condición de la recurrente de empresa constructora y dados los términos de la póliza mediante la cual ella se obligó frente al Banco, resulta insostenible que éste hubiera de resistirse al requerimiento del Ayuntamiento, pues era la recurrente, y no el Banco, precisamente por la naturaleza y especial fortaleza de la garantía concertada, quien debía solventar las diferencias que tuviera con el Ayuntamiento y de las que el Banco, según lo expresamente pactado, quedaba exento, como por demás corresponde a un aval a primer requerimiento.

Civil

Es adecuado presentar la demanda de retracto el primer día hábil siguiente a aquel en el que finalizaba el plazo de ejercicio del derecho de retracto. Tribunal Supremo. Sentencia 30 de abril de 2010.
Es adecuado presentar la demanda de retracto el primer día hábil siguiente a aquel en el que finalizaba el plazo de ejercicio del derecho de retracto porque una interpretación razonable de la norma y de los intereses en juego no puede originar como resultado final un efecto contrario al derecho fundamental a obtener la tutela judicial efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de los derechos e intereses legítimos, desde el momento en que se privaría al titular de un derecho, como el de retracto, a disponer de la totalidad del plazo concedido por la Ley, incluso aunque se arbitraran mecanismos organizativos distintos de acceso a los órganos judiciales (inexistentes en la actualidad, puesto que los juzgados no permanecen abiertos durante las veinticuatro horas del día, y no es posible la presentación de escritos ante el Juzgado que presta servicio de guardia), pues siempre dispondría de la facultad de agotarlo en su integridad, y de esta facultad no puede ser privado por las normas procesales u orgánicas que imposibilitan el pleno ejercicio de la acción ante los órganos judiciales.

Incumplimiento de la vendedora al haberse transmitido el objeto vendido a un tercero por un precio muy superior con incumplimiento de la simultaneidad en el cumplimiento de las obligaciones. Tribunal Supremo. Sentencia 30 de abril de 2010.
La aplicación correcta de los artículos 1124 y 1100, ambos del Código Civil , a un contrato perfeccionado de compraventa, implica poner el incumplimiento a cargo de la vendedora por inaplicación de la doctrina de la «exceptio non adimpleti contractus» y de la simultaneidad en el cumplimiento de las obligaciones en contra de lo señalado en la sentencia de la Audiencia por cuanto no es posible imputar ninguno al comprador, cuando no había surgido el momento en el cual debía haberse producido el pago, habida cuenta que entregó 800.000.000 de pesetas al iniciarse la construcción del cajón hipermercado, anticipando con exceso el pago de las distintas partidas referidas en el calendario; exceso que también se tuvo en cuenta en el calendario. Y si no pagó la cantidad restante de 2.000 millones de pesetas fue porque no había surgido dicha obligación, pues si bien es cierto, y así se declara probado, que el día 29 de noviembre de 1995 el Ayuntamiento de Marbella concedió la licencia de Construcción del Centro Comercial, en ningún momento se produjo el otorgamiento de la escritura pública de compraventa a favor de la recurrente, pese a haber sido requerida notarialmente para ello, ni pudo este producirse al haberse transmitido el objeto vendido a un tercero por un precio muy superior, con evidente infracción de la doctrina de la simultaneidad en el cumplimiento de las obligaciones y consiguiente posibilidad de rehusar el cumplimiento mediante la excepción de contrato no cumplido. Es la vendedora, por tanto, quien ha desatendido de una forma patente y burda la eficacia y seguridad vinculatoria del contrato perfeccionado con compradora para negociar con otra entidad competidora del sector la venta del Hipermercado, tras haberse beneficiado de la posesión y disfrute de parte del dinero, que la demandante pudo recuperar, y hacerse con la plusvalía consiguiente; todo lo cual resulta determinante para imputarle la causa de resolución, al concurrir todos los requisitos exigidos para la efectividad del artículo 1124.

Laboral

Contrato de inserción. No resulta precisa la  especificación de la obra o servicio porque el objeto no es sino la conclusión del programa  subvencionado y su financiación. Tribunal Supremo. Sentencia 17 de mayo de 2010.
La estructura, el objeto y la finalidad del contrato de inserción están alejadas de la figura del contrato de obra o servicio determinado y sus características están definidas en cuanto a las partes contratantes; la necesidad de que se trate de un servicio u obra de interés general enmarcándose en programas que se determinen reglamentariamente; finalidad formativa del trabajador  con la contrapartida de no poder  repetir su participación  en dichos programas hasta transcurridos tres años; y por último, el interés general predominante tan sólo exige que en el contrato se haga constar precisamente esa actividad de interés general, adscrita al correspondiente programa  sin ser necesario que en el contrato figure una obra o servicio determinados suficientemente especificados porque el objeto no es sino la conclusión del programa  subvencionado y su financiación. Ajustando dichas notas a las circunstancias que rodean la contratación del actor se  advierte  en cuanto a las partes, que la contratación se lleva a cabo entre una Administración local y una persona  preseleccionada  por el Servicio  Extremeño Público de Empleo como candidato a puesto de trabajo  de «peón de la construcción», en cuanto al objeto se trata de servicios  en el seno de las obras municipales  y al amparo de un subvención  de la Junta de Extremadura  para el Programa I de Empleo  de Experiencia  de Entidades Locales, sin que resulte precisa la  especificación de la obra o servicio porque, reiterando los términos de la doctrina de referencia, el objeto no es ese sino la conclusión del programa  subvencionado y su financiación.

No existe obligación alguna de la empresa de emplear a un nuevo relevista en el supuesto de que el anterior haya pasado a pertenecer a otra empresa por subrogación empresarial. Tribunal Supremo. Sentencia 18 de mayo de 2010.
La cuestión que se plantea en el presente recurso consiste en determinar si, en interpretación de la DA 2ª del RD1131/2002, regulador de la jubilación parcial y de la S.Social de los trabajadores a tiempo parcial, en el supuesto de cese del trabajador relevista en la empresa en la sigue prestando sus servicios el jubilado parcial, por haber sido traspasado aquél a una tercera empresa que se subroga en los derechos y obligaciones de la anterior, y tras tal cese no contratar la empresa originaria a otro trabajador relevista, puede o no el INSS acordar la devolución contra la empresa originaria del importe de la pensión jubilación correspondiente al tiempo de ausencia de relevista, y durante el que no se cotizó por él. La empresa no había procedido a contratar a otro trabajador relevista cuando el inicialmente contratado en el momento de la jubilación parcial, pasó a formar parte de otra empresa distinta a causa de la transmisión parcial de la concesión del servicio de transportes en el que venía trabajando, entiende que no existe responsabilidad empresarial por no haber efectuado la referida contratación al menos durante el tiempo que mediase hasta que el trabajador sustituido alcanzase la edad que le permitiera acceder a la jubilación ordinaria o anticipada. Argumentándose que no existe obligación alguna de la empresa de emplear a un nuevo relevista, puesto que la contratación del relevista, busca fomentar el empleo y que no se produzca reducción alguna del nivel de empleo ni de ocupación en la empresa y este fin solo se cumple si se mantiene al menos el empleo completo del jubilado parcialmente, lo cual se cumple en el presente caso atendiendo a que el originario trabajador relevista ha consolidado su empleo en la nueva empresa, por lo que efectivamente se ha generado empleo y el puesto de trabajo creado se mantenía en la fecha de los hechos enjuiciados, y  dado que la transmisión de las concesiones de transporte comporta la de los medios materiales adscritos a la misma y debe estarse a la normativa laboral de subrogación de las relaciones de los trabajadores de la anterior, la nueva empresa se ha subrogado en todos los derechos y obligaciones respecto al trabajador relevista subrogado.

Administrativo

Recurso de inconstitucionalidad contra diversos preceptos de la Ley Orgánica 6/2006, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Interpretación restrictiva de la llamada reserva estatutaria. Tribunal Constitucional. Sentencia 28 de junio de 2010.
Se declara inconstitucional en su totalidad el artículo 97, referido al Consejo de Justicia de Cataluña, el órgano destinado a tener el poder judicial en la autonomía. Se declaran parcialmente inconstitucionales el artículo 6, referido a la lengua, el artículo 76, sobre las garantías estatutarias, el artículo 78, referido al defensor del Pueblo catalán, el artículo 98, referido a las atribuciones del Consejo de Justicia de Cataluña,  el artículo 95, relativo al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, los artículos 99, 100, y 101, referidos a la administración de justicia, el artículo 111, sobre las competencias, el artículo 120, sobre las cajas de ahorros, el artículo 126, sobre crédito, banca y seguros, el artículo 206, relativo a la financiación de la Generalidad y por último el artículo 218, referido a las competencias financieras.  Además, el pleno del TC deja sin validez jurídica, pero no toca, el Preámbulo en el que se define a Cataluña como nación.
 
Nulidad del apartado e) de la instrucción primera.1, del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 16 de febrero de 2007 que aprueba el procedimiento para autorizar la entrada, residencia y trabajo en España de extranjeros. Tribunal Supremo. Sentencia 14 de mayo de 2010.
El citado apartado ha de ser declarado nulo porque adolece de indefinición respecto de los casos que comprende y de indeterminación en relación con la regulación que establece. Así es, es indefinido porque el apartado e) de la instrucción primera no acota ni define los supuestos a los que se refiere. No podemos entender que la referencia a la "asimilación" respecto de los apartados anteriores, junto a las razones excepcionales, pueda proporcionar base suficiente para integrar un supuesto cuyo contenido es desconocido y, por tanto, su vinculación con la ley o el reglamento de cobertura resulta, cuando menos, incierta. Resulta, además, indeterminado en cuanto a su regulación porque en la instrucción segunda c.5, cuando se regula el procedimiento y se establece la documentación que se precisa, respecto del apartado e) de la instrucción primera, no se alude a documentación específica alguna que deba presentarse, como se hace en los anteriores apartados respecto de los demás supuestos de la citada instrucción primera. En este caso, se limita a remitirse a lo que determine la Dirección General de Inmigración. Y ello resulta acorde con lo que hemos señalado antes sobre la indefinición, pues si no se conocen los casos para los que se ha previsto mal pueden establecerse los requisitos que se exigen.

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