edición: 2612 , Lunes, 10 diciembre 2018
14/10/2010
OBSERVATORIO JURIDICO

Contrato de agencia; calificación e interpretación de cláusulas contractuales

DATADIAR
Se formuló demanda de juicio ordinario contra una sociedad mercantil en la que el actor ejercitó acción de resolución del contrato, que denominaba de agencia, suscrito con la demandada, por incumplimiento de la última, y solicitó el pago de los honorarios fijos y variables pactados, más los intereses legales desde la reclamación extrajudicial; en la fundamentación jurídica hacía referencia tanto al arrendamiento de servicios como al contrato de agencia. La demandada se opuso alegando que el contrato era de agencia pero con un contenido doble, función de dirección comercial del departamento de networking y sistemas de seguridad y función de promoción de estas concretas actividades y contratos, que eran retribuidas con una remuneración fija y otra variable, respectivamente, y que el contrato se había resuelto por incumplimiento del actor, ya que durante la vigencia del mismo no llevó a cabo promoción alguna, ni concluyó contrato en beneficio de la mercantil, y pretendió el pago de comisiones que no eran debidas.

El Juzgado de Primera Instancia estimó parcialmente la demanda calificando el contrato de agencia y considerando que era obligación del actor asumida en el contrato la promoción o promoción y conclusión de los contratos a que se refería el contrato litigioso y que no había incurrido en incumplimiento resolutorio, así como que fue indebidamente resuelto por la demandada antes de la expiración del término contractual. Interpuesto recurso de apelación por la demandada, la Audiencia Provincial de Madrid, dictó sentencia estimando en parte el recurso de apelación interpuesto, con la consecuencia de declarar resuelto el contrato controvertido, que calificó de naturaleza mixta de arrendamiento de servicios y de agencia.

Contra dicha resolución se interpuso por la parte demandante recurso de casación, fundamentado en dos motivos, sobre la base de la infracción del art. 2 de la Ley 12/1992 de 27 de mayo del Contrato de Agencia y del art. 1281 del Código Civil. El recurrente considera errónea la calificación jurídica dada por el Tribunal de Apelación al contrato que liga a las partes, pues en modo alguno puede considerarse como de agencia cuando falta la nota de independencia que caracteriza a ese tipo de contrato, en el que se establecen claramente cuales son las obligaciones del actor, ahora recurrente.

La cuestión jurídica planteada en el recurso de casación de que trae causa la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de junio de 2010 queda delimitada, por tanto, por la naturaleza jurídica del contrato controvertido y la interpretación de las cláusulas del mismo, aspectos sobre los que se hace necesario precisar que la interpretación y la calificación de los contratos es una función encomendada a la Sala de instancia, y no puede ser revisado en casación salvo que resulte ilógico, erróneo o irracional, lo cual no resulta en el presente caso.

Es la misma calificación que la parte actora hizo en su demanda, en coherencia con el nombre que otorgaron las partes al contrato litigioso en su encabezamiento. Los contratos, es cierto, y así lo dice reiterada jurisprudencia de esta Sala, son lo que son y la calificación no depende de las denominaciones que le hayan dado los contratantes (...) pues, para la calificación, que constituye una labor insertada en la interpretación, habrá de estarse al contenido real, es decir, que habrá de realizarse de conformidad con el contenido obligacional convenido y el protagonismo que las partes adquieren (...) con prevalencia de la intención de las mismas sobre el sentido gramatical de las palabras al tener carácter relevante el verdadero fin jurídico que los contratantes pretendían alcanzar con el contrato" (STS 7 de junio 2007, citada en la de 2 de septiembre 2009). Y es evidente que además de lo que las partes expresaron al suscribirlo, aquella calificación es la misma que resulta de los datos fácticos, según la valoración que de todos ellos hizo la sentencia recurrida, ninguno de los cuales ha sido desvirtuado por la recurrente.

El contrato de agencia tiene por objeto la promoción de actos u operaciones de comercio y es básica la independencia del agente y esta independencia, que le permite al agente organizar libremente la actividad empresarial y el tiempo dedicado a la misma, se manifiesta en el contenido propio de las obligaciones asumidas en el contrato, propias de una relación mixta de servicios y de agencia, consistente en dirigir el área de networking y los sistemas de seguridad, como actividad instrumental de la principal que consiste en abrir mercado promocionando dichos sistemas, y, por ello, promoviendo o negociando los contratos correspondientes con nuevos clientes; actividades -instrumental y prevalente- por las que recibiría una contraprestación fija mensual y una variable, esta última en función de los contratos por el promovidos o negociados y finalmente concluidos por la empresa.

El actor era, por tanto, prevalentemente un agente y podía invocarse por las partes la aplicación de la normativa reguladora del contrato de agencia contenido en la Ley de 1992. Otra interpretación, llevaría a considerar que la compensación denominada adicional variable carecía de causa pues habría de percibirse por el mero hecho de dirigir comercialmente el área correspondiente, aun cuando no se promoviese por el actor contrato alguno de comunicación y seguridad, y por aquélla función ya se percibía una retribución final. Es por ello por cuanto el Tribunal Supremo desestima el recurso interpuesto.

Equipo jurídico de Datadiar.com

LEGISLACIÓN

Circular 6/2010, de 28 de septiembre, del Banco de España, a entidades de crédito y entidades de pago, sobre publicidad de los servicios y productos bancarios (BOE nº 246 de 11 de octubre de 2010).
En uso de las habilitaciones que la Orden EHA/1718/2010 le confiere, esta Circular, teniendo en cuenta las normas generales sobre publicidad no engañosa y sobre la base de la experiencia acumulada durante las dos décadas en que ha estado vigente el sistema de autorización administrativa previa de los proyectos publicitarios, aborda en primer término la determinación de los principios generales a los que debe ajustarse la publicidad, y los criterios generales sobre el contenido mínimo y formato del mensaje publicitario, a los que se refiere el apartado 2 del artículo 4 de la citada Orden. Como establece el apartado 4 de ese mismo artículo, la aplicación de este conjunto de criterios deberá hacerse por las entidades de manera proporcionada a la complejidad del producto o servicio bancario ofrecido y a las características del medio de difusión utilizado. La segunda cuestión que se aborda es la referente a los procedimientos y controles internos y a la política de comunicación comercial de las entidades de crédito, a los que se refiere el apartado 3 del artículo 4 de la Orden, con la finalidad, entre otras, de estimular la adhesión de esas entidades a algún organismo de autorregulación de la actividad publicitaria debidamente homologado, tomando como referencia la que figura en la exposición de motivos de la citada Orden y teniendo en cuenta el objetivo de fomento de los códigos de conducta y de los sistemas de autorregulación presente en el artículo 37 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal, tras su reciente reforma por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, que modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad, para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios.

JURISPRUDENCIA

Penal

Acumulación de condenas. Cuando un hecho haya sido realizado tras recaer condena sobre otros hechos, no cabe la acumulación entre la condena que recaiga por aquél y las recaídas por los demás. Tribunal Supremo. Sentencia 22 de junio de 2010.
Delito de robo con intimidación en las personas. Acumulación de condenas. Artículo 76 del CP. El art. 76 CP, establece, limitando la acumulación material de penas que el Código prevé en su art. 75 para los supuestos de concurso real de delitos, reglas de acumulación jurídica. Y la jurisprudencia de esta Sala venía señalando que el requisito de conexidad exigido por aquel art. 76 CP, como por el 988 LECr., habría de quedar centrado en la proximidad temporal de la ejecución de los hechos, más allá de una aplicación estricta del art. 17 CP. Criterio recogido en la actual redacción del art. 76 :  «La limitación se aplicará, aunque las penas se hubieran impuesto en distintos procesos, si los hechos, por su conexión o el momento de su comisión pudieron haberse enjuiciado en uno solo». Mas también señala aquella jurisprudencia que, cuando un hecho haya sido realizado tras recaer condena sobre otros hechos, no cabe la acumulación entre las condena que recaiga por aquél y las recaídas por los demás; invocándose para ello que otra resolución implicaría, que, una vez alcanzados los límites del art. 76.1 CP, los delitos posteriores podrían preverse impunes, lo que sería contrario a cualquier función de la pena. Como explica el auto del Juzgado, para determinadas condenas, las 1ª, 2ª y 8ª, no es procedente la acumulación porque no beneficiaría al reo. Y, en cuanto a la 6ª, tampoco cabe la acumulación a ella de la 9ª al deber ser aplicada la limitación referida en el segundo párrafo del aparto 2. Desestimación de la impugnación.

Mercantil

Procede  fijar el comienzo del devengo de los intereses de demora de la cantidad reconocida en segunda instancia en la fecha del siniestro. Tribunal Supremo. Sentencia 12 de julio de 2010.
De los hechos declarados probados se desprende que la aseguradora tuvo conocimiento del accidente y de sus lesivas consecuencias para el recurrente al poco de ocurrir, que además hizo un seguimiento del curso evolutivo de las lesiones y en ningún momento negó su responsabilidad frente al perjudicado. A pesar de ello, no pagó ni consignó cantidad alguna en el tiempo y forma que la ley exige para obtener el beneficio de la exención del recargo y efectuó su primera consignación transcurrido el plazo de tres meses siguientes al accidente (en concreto, más de un año después), razón más que suficiente para imponerlo desde entonces. Además, ante daños personales con duración superior a tres meses o cuyo exacto alcance, ciertamente, no podía ser determinado en el momento de la consignación, la aseguradora solo podía librarse de pagar intereses si tras consignar dentro de los tres meses siguientes al siniestro solicitaba al órgano judicial un pronunciamiento sobre la suficiencia de la cantidad consignada, a la vista del informe forense que ya obraba en autos, lo que tampoco cumplió. Consta que ya en ese informe aparece contemplada la secuela psíquica como resultado del accidente y carece de justificación la negativa a indemnizar cuanto menos la cantidad en que en ese momento se valoraba ese daño sin perjuicio de cuál fuera el valor que mereciera tras ser finalmente concretado.En conclusión, los hechos probados a los que se ha hecho referencia, y el tenor de las propias manifestaciones de la aseguradora en el trámite de impugnación, demuestran que, desde un primer momento, su negativa se ha fundado exclusivamente en una cuestión de mera disconformidad con la cuantía reclamada, que se dice desproporcionada, cuando se descarta que las diferencias meramente cuantitativas constituyan justa causa para no cumplir con la obligación de indemnizar al perjudicado tan pronto como surge su derecho, esto es, al producirse el siniestro. Por ello procede  fijar el comienzo del devengo de los intereses de demora de la cantidad reconocida en segunda instancia en la fecha del siniestro.

Contrato de subdistribución. Resolución por política comercial del empresario principal. Indemnizaciones por clientela y daños y perjuicios a la subdistribuidora. Tribunal Supremo. Sentencia 12 de julio de 2010.
Debe analizarse si concurren los requisitos exigidos en el Art. 28 LCA que exige unos requisitos que deberán concurrir para la posible reclamación por clientela de acuerdo con la sentencia del pleno de esta Sala, de 15 enero 2008, que mantiene la doctrina de la  «posible procedencia de compensación por clientela al extinguirse los contratos de concesión o distribución», siempre que se demuestre la concurrencia de los presupuestos exigidos por el art. 28 LCA. En este caso, la sentencia recurrida ha considerado probado que dichos requisitos no habían concurrido. Estima el TS que no puede considerarse probado que la recurrente haya aportado una clientela por la que deba ser compensada, por lo que no se han cumplido los requisitos exigidos en el art. 28 LCA. Y no puede considerarse probada esta creación de clientela por un pedido efectuado dos días antes de la efectiva resolución, que ya conocía la recurrente, puesto que la clientela que debe tenerse en cuenta a los efectos de la indemnización según el art. 28.1 LCA es la que se hubiese aportado durante el contrato, o bien el incremento sensible de las operaciones con la clientela preexistente, lo que no ha ocurrido aquí.

Civil

Responsabilidad de la empresa constructora por desajustes entre las calidades ofertadas en una promoción de chales adosados y lo realmente construido. Tribunal Supremo. Sentencia 15 de junio de 2010.
La recurrente quiere señalar que los vicios que se le imputan no son ruinógenos y por ello no se puede aplicar el art. 1591 CC  , pero de la diferencia de calidades no debe responder porque no era parte en el contrato de compraventa. Esta afirmación incurre en el vicio casacional de hacer supuesto de la cuestión. Efectivamente, la sentencia recurrida considera probado que los vicios que afectan a la cubierta tienen la naturaleza de ruinógenos. Y ello de acuerdo con la sentencia de la primera instancia que había considerado probado que en la cubierta no solo se había producido un cambio entre lo ejecutado y lo proyectado, sino que, además, la solución constructiva se había efectuado de forma deficiente, de donde la sentencia recurrida, confirmando la de primera instancia, concluye que la constructora es responsable de los defectos en la ejecución, entre los que integra, según la prueba, los de la cubierta.

Los efectos de cosa juzgada del laudo arbitral firme sólo alcanzan a quienes son parte en el compromiso arbitral. Tribunal Supremo. Sentencia 23 de junio de 2010.
La actuación del árbitro tiene un contenido material similar al ejercicio de la función jurisdiccional y el laudo dictado produce los mismos efectos que una resolución jurisdiccional, entre ellos el efecto de cosa juzgada material que le reconoce el artículo 37 LA 1988. De acuerdo con el artículo 1252 CC, aplicable al litigio por razones temporales, la apreciación de cosa juzgada, en su aspecto negativo o excluyente, exige que entre la controversia resuelta por el laudo arbitral firme y la controversia planteada en este proceso haya identidad entre las cosas, las causas y las personas y calidad con que lo fueron, pues faltando alguna de esas tres identidades no sería posible extender el valor vinculante de la cosa juzgada.

Laboral

Paga de incentivos. La exigencia de vinculación temporal ininterrumpida durante todo el cuatrimestre implica discriminación indirecta por razón de la temporalidad del vínculo. Tribunal Supremo. Sentencia 21 de junio de 2010.
La cuestión planteada en este litigio estriba en si constituye o no discriminación indirecta para los trabajadores temporales la exigencia de un periodo temporal mínimo para generar derecho a la paga de incentivos reclamada. El presente caso no cumple la exigencia que impone el art. 217 LPL, como requisito de viabilidad para el RCUD, de que exista contradicción entre la resolución que se impugna y otra decisión judicial, que ha producirse entre la parte dispositiva de sentencias que contengan pronunciamientos diversos respecto de hechos y pretensiones sustancialmente iguales. Y en forma alguna media la exigible contradicción, porque los hechos son decisivamente diferentes, pues en tanto que en la recurrida estamos en presencia de trabajadores eventuales, en la de contraste, se trata de trabajadores con vinculación fija, hasta el punto de que ni tan siquiera se haya esbozado consideración alguna relativa al único problema que se plantea en este trámite, el relativo a los trabajadores temporales, habida cuenta de que la cuestión relativa al concreto importe de la paga de incentivos fue el único resuelto por la decisión referencia y estaba limitado a los trabajadores fijos, y que el anuncio -en el recurso- del examen de la cuestión, aunque en términos indebidamente amplios, no se materializó en fundamentación alguna relativa al concreto punto litigioso que fue resuelto por nuestra sentencia citada como decisión de contraste.

La conducta empresarial no vulnera la normativa convencional que regula el nuevo sistema de clasificación profesional en la empresa en función de las tareas prevalentes ni ha supuesto un cambio de funciones. Tribunal Supremo. Sentencia 23 de junio de 2010.
El Comité Intercentros de Agencia EFE, SA solicita que se declare nula y no ajustada a Derecho la decisión empresarial consistente en imponer a los trabajadores de Efe (excepto los «reporteros de televisión«), indistintamente de su categoría o puesto, la obligación de utilizar cámara de vídeo para la captación de imágenes y sonido en sus coberturas y en la elaboración de sus informaciones, y proceder después al montaje o edición de ellas.
La conducta empresarial consistente en imponer o, mejor, encomendar a quienes ocupan los tres puesto de trabajo afectados en principio por el presente conflicto (redactores, redactores gráficos y reporteros de televisión) la obligación de tomar imágenes y sonido para su posterior volcado a ordenadores, no entraña, sino todo lo contrario, la vulneración de la normativa convencional invocada en el recurso, que regula el nuevo sistema de clasificación profesional en la empresa en función de las tareas prevalentes (art. 14.4), ni ha supuesto un cambio de funciones distintas a las que igualmente preveía la regulación pactada. No concurre aquí la figura de la polivalencia funcional en los términos que pudieran desprenderse del último párrafo del art.22.5 del ET  porque el uso obligatorio de cámaras de vídeo no añade a las funciones propias de los afectados otras que incumban a otro grupo profesional, pues se enmarcan con evidente naturalidad en las tareas que el apartado h) del art. 15.3.3 del Convenio atribuye a su Grupo profesional, máxime si reparamos en que, como dispone el segundo párrafo de ese mismo art. 15, todos los Grupos no dejan de ser más que ejemplos de referencia a título enunciativo y no limitativo. Podemos concluir diciendo que la decisión empresarial combatida, además de encontrarse respaldada por el acuerdo con los representantes de los trabajadores, no excede en absoluto del ámbito de poder empresarial.

Administrativo

Almacenamiento de vino. Reintegro por subvención indebida. Inexistencia prescripción. Ausencia aplicación norma retroactiva más favorable al no estar en ámbito sancionador. Tribunal Supremo. Sentencia 22 de septiembre de 2010.
El contrato de almacenamiento vedaba la enajenación del vino, aún sin salida física, regulación, en todo caso más precisa y concreta al contener una referencia a la ausencia de traslado, que en nada contradice el Reglamento invocado. Así el art. 15 a) estatuye que durante el período de vigencia del contrato el productor no podrá poner en venta o vender ni comercializar de ninguna otra forma el producto objeto del contrato". Tal regulación atiende a lo argumentado en uno de los Considerandos del Reglamento al establecer que "Considerando que, con objeto de evitar que los productos objeto de un contrato influyan sobre la situación del mercado, es conveniente prohibir su comercialización así como determinadas acciones preparatorias de ésta, durante el período para el que se celebre el contrato". Es, pues, la comercialización lo que la norma comunitaria impide. Y, aquí, ha de admitirse, se produjo comercialización del vino almacenado.
 
Responsabilidad patrimonial. Omisión de vigilancia a enferma interna en hospital psiquiátrico de la que derivan quemaduras que finalmente producen su fallecimiento. Tribunal Supremo. Sentencia 22 de septiembre de 2010.
Constituye el objeto del recurso la insuficiente cuantía de la indemnización reconocida por la Sala de instancia. La cuantía de la indemnización no es revisable en casación. Constituye apreciación de hecho, que, excepcionalmente, debe discutirse invocando infracción de preceptos sobre valoración de prueba o argumentando y acreditando que dicha valoración resulta contraria a la lógica o irrazonable, sin que sea suficiente alegar la aplicación del baremo establecido por los accidentes de tráfico que tiene un valor meramente orientador.

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