edición: 2915 , Viernes, 28 febrero 2020
13/10/2015
banca 

Comienza el juicio entre Banco Santander y cuatro empresas portuguesas por contratos de derivados financieros

ICNr
Las diferencias que mantienen Banco Santander y cuatro empresas públicas portuguesas por la contratación de derivados financieros ha llegado a los tribunales, dos años después de estallar el escándalo.
El caso será juzgado por el Tribunal Comercial inglés y pretende dilucidar la legalidad de nueve contratos de gestión de riesgo financiero ("swap") suscritos entre 2005 y 2007 por las empresas Metro de Oporto, Metro de Lisboa, Carris (gestora del autobús y el tranvía lisboeta) y STCP (responsable del servicio de autobús y tranvía de Oporto), según informan medios lusos.

La detección de pérdidas multimillonarias asociadas a estos contratos -se calculaban en cerca de 3.000 millones de euros, casi el 2% del PIB de Portugal- llevó al Gobierno portugués a renegociarlos con todos los bancos implicados para limitar los perjuicios, proceso que sólo no llegó a buen puerto con el Santander Totta.

El juicio fue iniciado a instancias de la entidad financiera, que busca confirmar su validez y desacreditar así una serie de informes publicados por organismos públicos lusos contrarios a estos "swap".

Los llamados contratos "swap" son utilizados habitualmente para proteger a la firma que ha solicitado un crédito a un tipo de interés variable de una posible subida del Euribor.

En la práctica, permiten sustituir ese tipo variable por una penalización fija en caso de que el Euribor suba por encima de una determinada tasa, lo que permite a la compañía saber con mayor exactitud sus costes de financiación y en ocasiones ahorrar dinero.

Este producto, considerado especulativo por algunos analistas y expertos, puede generar elevadas pérdidas si la premisa inicial se incumple, es decir, si el Euribor baja en vez de aumentar, como así ocurrió.

Algunas de las empresas públicas lusas que apostaron por esta clase de operaciones suscribieron contratos complejos en los que la penalización dependía de la evolución del precio del petróleo o la cotización del dólar, lo que disparó su perjuicio económico.

Los nueve contratos firmados con el Santander Totta implican unas pérdidas potenciales superiores a los 1.300 millones de euros, según publican medios lusos.

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