edición: 2351 , Viernes, 24 noviembre 2017
22/04/2010
OBSERVATORIO LATINOAMERICANO

Correa se dispara en los pies con las balas para las multinacionales

En tres años de amenazas y dos de control militar de Petroecuador, sólo consiguió que cuatro empresas se fueran y una rebaja de la producción del 4,6% en 2010
La victoria de Chevron, la jurisdicción del Ciadi, siete juicios pendientes por 7.000 millones de dólares y los acuerdos transitorios con Repsol y Andes le impiden expropiarlas
Rafael Correa, presidente de Ecuador
Ana Zarzuela

Sobreactúa, conjuga de nuevo la negociación de los hidrocarburos ecuatorianos. Y van cuatro en tres años. Rafael Correa mueve las cartas marcadas para revolver una partida que había dejado sellada con Repsol, con Andes Petroleum y Petrobras hace un año y con AGIP y Perenco guardada en la nevera de todos los recelos. El Gobierno de Quito dispara por lo alto la pólvora de su desafío: quiere nuevos contratos sólo de servicios para sus hidrocarburos a más tardar en mayo. Esta vez, el nuevo ‘superministro’ de todas las empresas públicas y mano derecha de Correa, Jorge Glas, amenaza con la expropiación estatal de las concesiones. No es nada que Correa no repita desde que en diciembre de 2007 comenzó la retahíla de cambios fiscales, el recorte del 70% al 1% de los ingresos extraordinarios y las amenazas regulatorias para las multinacionales. No es tampoco nada que hasta sus propios ministros de energía (y van cinco) no hayan dejado caer en saco roto y que las empresas con contratos ya en vigor no descuenten que quedará en otra secuencia de tiros al aire. Ecuador digiere aún la ‘tocata y fuga’ de City, Perenco, Murphy, EDC y Chevron, la rebaja de las expectativas de Petrobrás en latitudes ecuatorianas (que le devolvió el bloque 31 del Amazonas) y el revés del tribunal de arbitraje internacional para Texaco. Hay prisas, pero del lado del Gobierno: tras dos años de declive operativo bajo gestión de la Armada, Petroecuador tiene  que rebautizarse con una nueva piel de empresa pública y gestión civil y busca padrinos, ahora que ya sabe que ni Venezuela, ni China, ni Rusia financiarán la central Coca Codo, ni seguirán la exploración en Puná, ni la refinería de la Costa.

Seguir, las multinacionales seguirán, pero blindan su permanencia con un 14% menos de producción. Después de reducir a la mitad de las inversiones en el primer semestre de 2009, prometían duplicarla  en 2010 a cambio de la paz regulatoria, pero con cada paso hacia los contratos de prestación de servicio (sin derecho a crudo) rebajan la intensidad de la extracción y se piensan dos veces la exploración de nuevos yacimientos. Repsol, de nuevo, fortalece sus trincheras, aún calientes tras la última amenaza de congelación de activos hace un año. Hará valer el acuerdo de 2009 y sus promesas de inversión, pero a cambio de nuevos proyectos de explotación y no cederán en la denuncia ante el Ciadi, sólo congelada a la espera de los contratos definitivos. Su pacto transitorio con el Gobierno hasta 2011 deja otra vez las amenazas de Correa en pólvora mojada y lo convierten en el cazador cazado en sus propias trampas energéticas.

El presidente ecuatoriano trata de conjugar con una nueva Ley recién diseñada a medida el ‘mucho ruido y pocas nueces’ de su segunda revolución energética. Se mira al ombligo de sus recursos: el último país en llegar ejerce la presidencia de la OPEP haciendo valer sus galones de quinto exportador de crudo. Ondea sus sables de espaldas a la tendencia de las grandes petroleras de la región: a la vista de las caídas en producción y reservas, Petrobrás, ECOPETROL y hasta Pdvsa -que le ha abierto la mano del Orinoco a Chevron, el viejo enemigo de Correa- entreabren sus puertas a la participación privada en sus reservas y PEMEX busca una llave regulatoria para poder hacerlo. Rafael Correa pone el puño otra vez en la mesa de Petroecuador, lo justo para sacarles los colores al ex ministro Borja y al ya ex presidente de la compañía, el almirante Luis Jaramillo, por no haber conseguido sellar aún los nuevos acuerdos entre el Gobierno y las multinacionales llamados a superar los pactos provisionales, que vencen en agosto. Sobre su mesa, Borja tenía desde diciembre un modelo de contrato, pero las empresas ni siquiera habían oteado hasta ahora más que el fleco de sus amenazas.

Donde hace un año dijo transición, ahora el Ejecutivo de Quito entona el mantra del ultimátum; donde había promesas de inversión y luz verde hasta 2018 para Petrobras, AGIP, Andes  y Repsol, ahora hacer ver que sólo hay sitio en una mesa con nuevas ‘sillas’, las de un único modelo de contrato de prestación de servicios, sin acceso a reservas, con preferencia para los acuerdos con petroleras estatales, sin concurso obligatorio, con la obligación de asumir los cambios de precios con ‘el margen de soberanía’ y un fondo de soberanía petrolera sobre el  20% del ingreso bruto. Correa amuebla un laberinto energético en el que cada vez busca cobrar más cara la entrada a las multinacionales, lo justo para pagar las zozobras de sus aliados (la de Chávez le costará el sostenimiento del yacimiento de ITT) y las facturas que su gigante petrolero no alcanza. Pero se clava a sí mismo la ‘mano dura’ de su gigante petrolero: no se sostiene, necesita a las empresas a las que espanta y le pesan los fracasos de la diplomacia bolivariana.

El ahijado político de Chávez sacude de nuevo las aguas de su gigante petrolero. Después de dos años con las riendas de su gestión en manos de la Armada Nacional (costosa y poco eficiente según fuentes oficiales), la directiva saliente y los analistas advierten, en contra del balance del nuevo ministro de hidrocarburos (y van cinco desde que Correa llegó al Palacio de Carondelet) que Petroecuador no cumplió con las metas de producción y exploración,  apenas pudo detener la declinación de la producción de hidrocarburos, ha estancado sus expectativas y no ha conseguido zafarse de la sombra de una cadena de denuncias por corrupción, el objetivo prioritario con el que el Presidente le impuso su ‘manu militari’. Se van sin más ‘medallas’ que la rebaja de la penalización en el precio del crudo ecuatoriano por su calidad. El Ejecutivo teje de nuevo la telaraña de sus empresas públicas, una red de más de 2.300 instituciones para la que el propio Rafael Correa lo reconoce- no acaba de encontrar la bitácora de la rentabilidad. Ni siquiera la de una estructura cuya sólo nueva columna administrativa le costará 400 millones de dólares sólo en ajustes. Ahora que viste Petroecuador con la nueva piel de Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador no esconde que su principal objetivo será “mejorar su gestión”. Y ha empezado por dejarla en cuarentena y escindir en una nueva Empresas de Explotación y Exploración de Hidrocarburos a Petroamazonas, con la esperanza de que la ‘vacune’ de las zozobras de Petroecuador la herencia de Oxy y sus técnicos. Aún no h definido el porcentaje de excedentes que serán reinvertidos por Petroecuador y sus filiales, del saldo para el Estado, o el nuevo marco de negociación colectiva, pero con cada nueva vuelta de tuerca, ya ha empezado a definir nuevos ‘peajes’ para las empresas privadas.

SIN TECHO NI SUELO PARA PETROECUADOR

Ecuador ha aumentado su producción en un 8,42% en 2009, pero necesita triplicar la producción de hidrocarburos y un barril cercano a 80 dólares para garantizar la rentabilidad del gigante estatal y unas cuentas públicas que dependen en un 40% del ‘oro negro’. Con cada golpe de mano en la mesa de las petroleras, Quito cincela un mapa más estrecho: de la producción diaria de Petroecuador casi el 50% van a la refinación para atender la demanda nacional de derivados, se comprometen 69.000 diarios para Petrochina y 40.000 que ya estaban comprometidos con Venezuela para la refinación y sólo le quedan al país alrededor de 50.000 para la exportación. Es el propio Ministerio el que reconoce que sólo los precios han compensado la caída en la producción de crudo, de 1,9 millones de barriles (el 4,6%) en el primer trimestre de 2010 y que tras el descenso, no sólo habitan los fallos técnicos y los ecos de la crisis eléctrica, sino la rebaja de las inversiones.

No es el ex consejero de Petroecuador Carlos Shañay el único que le enciende las luces rojas: “la falta de inversión radica en la estrategia gubernamental de la incertidumbre constante”. La menor inversión de las empresas privadas ocasionó  una caída de la producción del 14%, al pasar de un volumen total de 87,15 millones de barriles en 2008 a 74,64 millones de barriles en 2009, pero de sus manos llegó más del 60% de la inversión petrolera total del país. Hasta el presidente de la Asociación  de la Industria Hidrocarburífera de Ecuador, José Luis Ziritt, advierte a Glas que no habría inversiones importantes mientras no haya avances en la renegociación de los contratos y  que den a las empresas estabilidad para recuperar el capital.

Ecuador reproduce, olvido a olvido, la crisis eléctrica de Corpoelec en Venezuela y la ‘maldición’ de la estatalización de YPFB en Bolivia: ni la dimisión del ministro de Energía, Esteban Albornoz, ni las restricciones diarias desde diciembre y el estado de excepción energética nacional que acaba de prorrogar de nuevo opacan una crisis que -a pesar de las explicaciones de Carondelet- las zozobras eléctricas van mucho más allá de la suspensión del 12% de la electricidad nacional procedente de Colombia, o la sequía que ha dejado durante semanas en fuera de juego a la hidroeléctrica de Paute y con ella el 35% de la electricidad ecuatoriana. Cosas de la inversión pasada, repiten en Palacio, pero dos etapas presidenciales después, sólo han ejecutado al completo uno de los 27 proyectos de generación eléctrica de la ‘Revolución Ciudadana’, el de Mazar. Encadena, también, su horizonte eléctrico a la confianza de las multinacionales y el futuro de Coca  Codo Sinclair. Y, con ellos, a las zozobras de los hidrocarburos: en un mercado que consume cerca de 1.600 millones de galones de gasolinas al año, el desabastecimiento de combustibles es ya oficial. Sin nuevas hidroeléctricas, no podrá reducir las enormes cantidades que tiene que destinar a la importación de derivados. Y respira por las heridas de su avidez fiscal, por más que las gasolineras le advierten que el anticipo del Impuesto de la Renta -entre siete y 13 veces mayor- restará liquidez a las comercializadoras y distribuidoras de combustibles y dejará a cientos a las puertas del cierre.

A pesar de que consiguió llevar al redil de sus deseos a las multinacionales de los hidrocarburos, hacerlas pasar por el aro del 99% de carga impositiva sobre ingresos extraordinarios, aceptar la recuperación estatal del 70% de las rentas petroleras (ahora tiene el 29%) y sus decretazos, Correa no acaba de encontrar el techo a sus deseos. La presión es toda una estrategia. En 2007, le sirvió para forzar un reparto de extraordinarios del 99% a favor del Estado y el 1% para las multinacionales; en enero de 2008, para consumar la modificación de contratos petroleros. En noviembre, con la expulsión de Odebrecht y la amenaza a Repsol, domó a Petrobrás, que aceptó subir la participación del Estado del 25,8% al 40%. A Brufau: en agosto de 2008, el 'sí quiero' le costó la renuncia a tres demandas ante el CIADI y la promesa de 316 millones de euros.  A todas, en marzo de 2009 la aceptación de los contratos de transición.  Influido por el viceministro de Hidrocarburos de Venezuela, se ha deslizado a un contrato de prestación de servicios, donde el Estado es dueño del crudo y reconoce los costos de explotación a las compañías. Y unas condiciones diferentes a las que su propio gobierno negociaba y dejó selladas en el acuerdo transitorio hace un año.

Correa necesita que paguen, más y más rápido, que asuman las líneas rojas de la OPEP y hagan el juramento de sus inversiones y sus concesiones fiscales y repudien al sistema jurídico internacional. Es el camino por el que ultima los contratos pendientes. Pero la sentencia de la Corte de Justicia Internacional no sólo le costará al Estado 700 millones de dólares de indemnización a Chevron por 17 años de demoras judiciales: aviso para navegantes, después de dos años en los que Correa se ha esforzado por repudiar el Ciadi, sienta el precedente para las demás petroleras ya presentes en Ecuador. Como el presidente, saben ya, además, que las demandas pendientes en el Tribunal Arbitral Internacional -Repsol YPF tiene la suya desde 2008- las blindan contra las expropiaciones por parte del Estado. Del total de 11 procesos arbitrales en cortes internacionales contra la administración ecuatoriana, siete pertenecen al ámbito petrolero, cuatro de ellos - Murphy, Burlington, Perenco y Repsol- relacionados con el cambio de la normativa jurídica en el país, vinculadas con la expedición de la Ley 42. El Estado tendrá que pagar 5,5 millones de dólares a la argentina Enarsa por abandonar el país y dejar a ciegas el proyecto de generación eléctrica más importante del país. Y las presiones a la gala Perenco no consiguieron en su momento más que suspender sus trabajos y paralizar sus 22.000 barriles diarios como respuesta a un proceso de coactiva que Ecuador mantiene contra ella, por una deuda de 327 millones de dólares -el 50 por ciento de las ganancias extraordinarias obtenidas por la venta del crudo- que el Elíseo reclama ante la justicia internacional.

Negociación con Repsol, haberla hayla para el tránsito de un contrato de participación a uno de prestación de servicios. Pero Repsol amuebla el interés en otras latitudes, con nuevos descubrimientos, la nevera de las reservas ya casi llena y una tasa de reemplazo duplicada. Para la española hay “nubes”, a las que da aire lo que Antonio Brufau no duda en calificar como “falta de formalidad institucional”. Si la exposición en Latinoamérica en 2004 suponía el 52% de su negocio, en 2012 no pasará del 31%. Repsol se refuerza en Perú, reacomoda sus alfiles en Brasil, los pone bajo cubierto en Ecuador y Bolivia, acompasa el ritmo en Argentina y hasta se atreve con las primeras licitaciones para la exploración en la plataforma continental uruguaya, de la mano de la estatal Ancap.

Las presiones, los descubrimientos -en Brasil y Perú-  y su propia partitura le acotan una nueva geografía al sur del Río Grande. Todo con tal de reducir riesgos, diversificar la producción, reponerse de la pérdida de reservas latinoamericanas -un 25% en dos años- y amortiguar los sustos bolivarianos. Es el propio Brufau el que se lo recordaba a Correa, al calor de los nuevos descubrimientos en Santos: Brasil es un oasis de garantías en una región que “carece del entorno adecuado para las inversiones privadas”. Y si se va de Ecuador por el camino de City y Occidental, Repsol perdería menos del 1% de sus reservas, pero Ecuador a uno de sus principales inversores, que extrae 65.000 barriles al día y tiene en la mano la llave de unas inversiones superiores a las prometidas por Petrobrás. El reemplazo, ni está ni se le espera: ni la ‘hermandad bolivariana’ ni los 10 acuerdos energéticos sellados con Caracas opacan que Petróleos de Venezuela ha tenido que congelar los proyectos para Quito. Y que la avidez de Gazprom al sur del Río Grande no pasa por la línea del Ecuador.

A LA CAZA DE INGRESOS E INVERSIONES DE LAS MULTINACIONALES

Sobre la mesa de un mapa energético en el que han saltado las luces rojas del desabastecimiento eléctrico y de los derivados del crudo, Rafael Correa acumula nuevos portazos, las urgencias de la transmisión y la distribución eléctrica y de la construcción de refinerías y empieza a ponerle cifras a un puñado de nuevos planes. Ahoya ya sabe que, si ven la luz, no será con los dólares ni el know how de sus aliados. Después de dos años de intentos por encontrar gas natural en Puna, sin apenas información sísmica y de espaldas a las advertencias de los técnicos ecuatorianos, Petróleos de Venezuela (Pdvsa) abandona con una factura a sus espaldas de 25 millones de dólares, con presiones para que Quito explote la resera de 850 millones del yacimiento ITT del que Caracas esperaba nutrir sus arcas. Y con más que sombras sobre la ejecución del programa de la ‘hermandad bolivariana’ de sus hidrocarburos, que ya tiene a mano el acceso a Sacha, el campo más rentable en la Amazonía, a cambio de gestar la empresa común Río Napo. La refinería y el proyecto petroquímico costero a cuatro manos con Venezuela sólo ha pospuesto sus horizontes: tras la visita esta semana del presidente Chávez a Quito, como pronto no verá sus primeras luces antes de 2014.

Desde hace meses sabía que sólo si Quito consumaba créditos por 5.000 millones de dólares con bancos chinos y alemanes -Deutsche Bank y Eximbank- y si el gobierno de Hugo Chávez cumplía sus promesas podría haber comenzado a construir este año la mega refinería del Pacífico, el proyecto estrella de 12.500 millones de dólares con el que Correa esperaba ‘vacunar’ a Petroecuador de la importación de derivados. Los muros de Pekín y las zozobras caraqueñas le acaban de dejar claro que no será ahora. Correa golpea a la puerta de Nicolas Sarkoxy y EDF a la espera de un acuerdo de inversión de 1.979 millones de dólares para la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair -en la que ha depositado la llave de la recuperación a la emergencia eléctrica, pero sólo un 15% de fondos públicos-. El repudio del chino Eximbank (que le exigía jugosas garantías para su fideicomiso lo han dejado sin ‘padrinos’ para sus planes energéticos. Un desplante que ya Enarsa en agosto de 2009 le aplicó al mismo proyecto y que la mayoría de las multinacionales le acaban de ejercer a la refinería del Pacífico Eloy Alfaro y a los 9.000 millones de dólares de inversión privada que esperaba para sus planes conjuntos con Pdvsa.

Por eso, Correa y su ministro Glas retoman ahora el viejo mantra: todos los caminos de Petroecuador pasan por la inversión extranjera y la ‘pesca’ impositiva. Y ambos tienen el apellido de las multinacionales. Nada nuevo: en los últimos diez años hasta 2009 Petroecuador había invertido 967 millones, menos de la cuarta parte de los 4.600 millones aportados por las multinacionales, a pesar de que en las manos de la estatal están el 80% de las reservas. Y ahora, frente al presupuesto global de la empresa de 3.859 millones -el 44% promete dedicarlos a inversión- le ha puesto números a sus ‘esperanzas’ para las empresas con contratos en vigor: más de 600 millones de dólares sólo en un año para Repsol, Andes Petroleum y Petrobrás. Le saben a poco los planes de las tres mayores petroleras del país, de invertir unos 417 millones de dólares en 2010, casi el doble que en 2009. Sólo -confiesan en su Ministerio- si consigue aplicarle otra ‘vuelta de tuerca’ a las inversiones de las multinacionales que tienen que cerrar sus nuevos contratos este trimestre podrá despejar el horizonte de los más de 3.000 millones que necesita Petroecuador para los próximos tres años y estirar las costuras de su mapa petrolero, ya ha comenzado a buscar socios para aumentar las seis áreas que administra, aunque parte de los nuevos proyectos ya fueron retirados en su momento.

Rafael Correa pasea ahora por medio mundo la “convicción” -o el chantaje, advierte la oposición- de que no firmará el fideicomiso de la iniciativa Yasumi-ITT que pretende mantener bajo tierra 850 millones de barriles de crudo en una zona amazónica si no tiene a mano 3.500 millones de la comunidad internacional. Les bebe los vientos a Sonangol, de Angola, a Moscú y a Chinopec, busca de Pekín una inversión de unos 1.100 millones de dólares para desarrollar un bloque petrolero ubicado en la Amazonia, pero el gigante asiático sólo tiene ojos para Caracas, le inyectará 20.000 millones de dólares para desarrollo a cambio de más petróleo. En un país que bebe del grifo energético -del que depende el 40% de su presupuesto- y en el que la caridad bien entendida siempre empieza por los inversores, las trasnacionales recelan desde que hace ya más de un año el entonces ministro Derliz Palacios llegó con el reto de cambiar los contratos de participación por otros de prestación de servicios con las compañías extranjeras. Y con la consigna de hacer sangre para forzar las inversiones y el aumento de la producción y ponerle fin a un baile  negociador que el Gobierno ha prolongado durante más de dos años. Una coreografía que, hasta ahora, ha disparado, antes de nada, en los pies de la propia Petroecuador con las balas de la dependencia de los dólares ajenos, el repudio a sus planes y las líneas rojas de la justicia internacional.

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