edición: 3057 , Miércoles, 30 septiembre 2020
04/02/2010
OBSERVATORIO JURIDICO

Corrupción en Andratx: inseguridad jurídica en materia urbanística

DATADIAR
La segunda sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el ‘Caso Andratx’ ha confirmado las condenas por delitos de prevaricación urbanística y delito de falsedad en documento oficial al ex director general de Ordenación del Territorio Jaume Massot y a Juan Carlos Hidalgo, hermano del ex alcalde de esta localidad, impuesta por la Audiencia Provincial de Palma. En cambio, el Supremo ha decidido absolver al ex alcalde de Andratx Eugenio Hidalgo de la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Palma que le inhabilitaba por un periodo de siete años al desempeño del cargo público por un delito de prevaricación urbanística, en relación a la construcción de un restaurante de su hermano en un Área Natural de Especial Interés (ANEI). El Supremo ha absuelto al ex alcalde porque entiende que se ha vulnerado el principio acusatorio.

Los hechos que se relatan en el factum describen que el hermano del alcalde construyó un local en una parcela que había comprado a bajo precio ya que se trataba de una zona ANEI (Área Natural de Especial Interés), por formar parte de una zona húmeda próxima al mar. En la finca había una casa, que Carlos Hidalgo rehabilitó para abrir su negocio, pero las dos sentencias afirman que la protección de la finca impedía ésta reforma y uso. La Matriz de usos del suelo rústico que incorpora el Plan Territorial de la Isla de Mallorca, establece que en suelo clasificado como ANEI no están permitidos los usos de vivienda unifamiliar ni el de restaurante.

La defensa fundamentalmente sostiene que el recurrente obró convencido de que los terrenos eran urbanizables y alega que sus conocimientos eran los del bachillerato básico. Asimismo señala, que la inscripción realizada en el Registro de la Propiedad en el momento de su adquisición era urbana. Asimismo se hace referencia a escrituras y documentos en las que la finca aparecería como urbana. El motivo es desestimado por la Sala. El recurrente conocía (como dice el hecho probado) la calificación urbanística como ANEI que tenían las fincas, desde el momento en que tres días antes de otorgar la escritura de compraventa, el Ayuntamiento de Andratx, con intervención de nuevo del propio acusado y a raíz de una solicitud prestada de su puño y letra, le había certificado que se trataba de suelo rústico protegido ANEI y cuyo uso permitido era el agrario.

El Ayuntamiento de Andratx había certificado que el suelo ocupado por el inmueble adquirido por el recurrente estaba especialmente protegido. Consecuentemente, las acciones de expedir las certificaciones e informes posteriores, que cambiaron la calificación para el otorgamiento de las licencias solicitadas se subsumen bajo el tipo del art. 320 CP (prevaricación específica). Pese a la imposibilidad legal, el acusado decidió proceder a efectuar las obras, construcciones y reformas necesarias para cambiar el uso de la vivienda existente y convertirla en un restaurante.

Finalmente, el Supremo absuelve al ex alcalde porque entiende que se ha vulnerado el principio acusatorio. El recurrente fue acusado por inducir al autor del hecho principal al delito de falsificación del art. 390. 1. 4º CP  y a otro de prevaricación urbanística del art. 320 CP y resultó condenado por un delito de prevaricación administrativa del art. 404 CP, por hechos diferentes a los expuestos en la acusación. El motivo es estimado por la Sala. La Audiencia consideró que no se vulneró el principio acusatorio porque el acusado había sido interrogado sobre estos hechos en el juicio y que cabía la subsunción de estos bajo el tipo del art. 404, que estimó  homogéneo respecto del tipo del art. 320 CP. Es correcto afirmar que los tipos del art. 404 y 320 son homogéneos, dado que el último sólo extiende la autoría a quienes, sin decidir, informan sobre la materia de la resolución administrativa. Pero, la inducción por el delito del art. 320 CP y la autoría del art. 404 CP no son homogéneas. No hay duda que el recurrente no fue acusado por haber informado en un proyecto de edificación, ni por haber dictado una resolución en asunto administrativo, sino sólo por haber inducido a quien informaba en los términos del art. 320 CP, es decir por una acción que no consiste en dictar una resolución administrativa injusta en el sentido del art. 404 CP. Por lo tanto, no pudo haber sido interrogado con sentido acusatorio sobre una cuestión que, de acuerdo con la acusación del Fiscal, no formaba parte del objeto del proceso. Por tal razón el recurrente no pudo conocer la acusación por hechos que, desde el punto de vista de la Audiencia, podrían haber sido calificados como autoría de la acción del tipo del art. 404 CP. Por esta razón, entiende la Sala que se ha vulnerado el principio acusatorio con la consiguiente absolución del acusado del delito del artículo 404 del Código Penal (prevaricación administrativa). 

El Tribunal Supremo califica en la primera sentencia del “caso Andratx”, de «desastrosa» la vigilancia del planeamiento en todo el país, «incluida la destrucción paisajística» y tacha de «inoperante» la vía administrativa. Textualmente afirma que “la desastrosa situación a  que, a pesar de la normativa legal y administrativa, se ha llegado en España respecto a la ordenación del territorio, incluida la destrucción paisajista, justifica que, ante la inoperancia de la disciplina administrativa, se acude al Derecho Penal, como Última Ratio. Sin que quepa desconocer que la profunda  lesión del bien jurídico protegido trae causa en buena parte del efecto acumulativo provocado por transgresiones. No es admisible dudar de que el hecho afecta gravemente al bien jurídico tutelado penalmente”. La importancia de la sentencia que ahora nos ocupa, radica en que se abate la tesis exculpatoria de los "falsos urbanos", solares que, según las defensas, pese a estar protegidos por su valor medioambiental, habían adquirido la condición de urbanizables debido a que habían sido dotados de servicios, como alcantarillado, agua potable y suministro de energía eléctrica,...etc.

Equipo Jurídico de Datadiar.com

LEGISLACIÓN

Orden jus/242/2009, de 10 de febrero, por la que se aprueban los modelos de remisión al Registro Central para la protección de las Víctimas de Violencia Doméstica de la información que debe inscribirse en el mismo (B.O.E. núm. 39, de 14 de febrero de 2009)
El Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el sistema de Registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, establece en su artículo 13.1 que la transmisión de datos a los Registros Centrales se realizará a través de procedimientos electrónicos por el Secretario Judicial en el plazo de veinticuatro horas desde la firmeza de la sentencia o desde que se adopte la medida cautelar o sentencia no firme cuando se trate de inscripciones en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica.

Establece igualmente que cuando las circunstancias técnicas impidan esta transmisión podrá realizarse mediante la remisión al encargado del registro de los modelos aprobados por Orden del Ministro de Justicia. De la misma manera copia de los mismos se remitirán a la Policía Judicial a efectos de su ejecución y seguimiento.

JURISPRUDENCIA

Penal

Delito de amenazas. Delito de coacciones. Prescripción. Principio acusatorio. Diferencia entre el delito de amenazas y el delito de coacciones. Tribunal Supremo. Sentencia de fecha: 19 de junio de 2009
El delito de amenazas, exponente de los de peligro, presenta una nota común a todos los tipos contra la libertad de la persona, cual es la exteriorización de causar un mal al sujeto pasivo o a su familia siendo necesario que ese propósito llegue a conocimiento del amenazado, careciendo de importancia la forma de exteriorización de la amenaza, que puede realizarse a través de diversos medios comisivos. Sin embargo, el delito de coacción encierra en su tipología, como elemento esencial y característico, el de atentado a la libertad de la persona, y exige en sus delineamientos conceptuales la ausencia de toda legítima autorización en el sujeto activo, como elemento condicionante de la antijuricidad, el empleo de la fuerza física o material, presión o constreñimiento moral o intimidación en las personas o fuerza en las cosas como elemento material y, finalmente, que cada uno de esos medios comisitos representativos de la violencia, aislados o agrupados, se empleen para impedir al sujeto pasivo que haga lo que la Ley no prohíbe o le compeliere a hacer lo que no quiera, sea justo o injusto, presentándose este último elemento como presupuesto característico y finalístico de la acción. Tanto en uno como en otro caso, no existe una diferencia cualitativa entre el delito y la falta, puesto que, en última instancia, se distinguen en lo cuantitativo, por cuanto la dinámica, al ser la misma, sólo puede captarse y diagnosticarse a través de la violencia ejercida, tanto en su intensidad como en su gravedad, Por ello desde antiguo mantiene la jurisprudencia la homogeneidad entre los delitos de amenazas y coacciones. En síntesis, dice el Tribunal Supremo, que cuando se anuncia a otro un mal, o de sus actos se infiere tal anuncio, se están desbordando las previsiones típicas del delito de coacciones, cuya verdadera integración comprende un comportamiento que afecta a la libre voluntad, pero en el delito de amenazas la acción ha de llevarse a cabo más que por afectación de la voluntad por el temor que produce al sujeto pasivo el incumplimiento de lo requerido, temiendo por su vida o por la de personas próximas a él, de modo que no se trata ya de forzar su voluntad, sino su tranquilidad, al punto de ponerse en riesgo la vida o la integridad, que ha de integrar el objeto de la imputación.

Mercantil

Reclamación por un endosatario de importe de un pagaré. Libramiento por el administrador único de una sociedad: estampilla de la sociedad junto a la firma de éste.  Tribunal Supremo. Sentencia de fecha: 19 de mayo de 2009
Proceso cambiario. Pagaré. Libramiento por el administrador único de una sociedad con constancia junto a la firma de la estampilla de la entidad con los datos de ésta; innecesariedad de hacer constar las expresiones "por poder" o "p.p.". Infracción de doctrina jurisprudencial.

Según constante y uniforme jurisprudencia no puede impugnar la personalidad quien dentro o fuera del pleito la tuviera reconocida. Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. Sentencia de fecha: 20 de mayo de 2009
La doctrina jurisprudencial sobre la necesidad de acreditar la representación del mandatario no se opone a que pueda admitirse la validez de un protesto levantado a instancia del tenedor de un pagaré en el que constaba una cláusula de aval subordinada al protesto, aunque sólo después del plazo de vigencia del aval se justificasen la condición de presidente de la entidad acreedora que el compareciente había manifestado tener.

Civil

Remuneración equitativa en favor de los artistas intérpretes o ejecutantes por comunicación pública de las obras por parte de la empresa de televisión cesionario de la grabación audiovisual.  Tribunal Supremo. Sentencia de fecha: 7 de abril de 2009
Remuneración equitativa en favor de los artistas intérpretes o ejecutantes por comunicación pública de las obras por parte de la empresa de televisión cesionario de la grabación audiovisual. Procedencia. Determinación de la remuneración equitativa con arreglo a criterios de equidad bajo control de la autoridad judicial teniendo en cuenta la comparación con las tarifas fijadas en convenios con otras productoras.

Reclamación de indemnización por la EGEDA por la retransmisión de las señales de televisión a los aparatos instalados en las habitaciones efectuada en los establecimientos hoteleros.   Tribunal Supremo. Sentencia de fecha: 18 de mayo de 2009
Propiedad intelectual. Retransmisión de las señales de televisión a los aparatos instalados en las habitaciones efectuada en los establecimientos hoteleros. Reclamación de indemnización por la Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales -EGEDA-. Prescripción. Tarifas unilaterales y abusivas.

Laboral

El criterio por el que la Entidad Gestora decida si procede o no reconocer los efectos económicos al nuevo período de IT, no puede ser discrecional.. Tribunal Supremo. Sentencia de Fecha: 13 de julio de 2009
En el supuesto de que el derecho al subsidio se extinga por el transcurso del plazo máximo establecido en el apartado a) del número 1 del arto 128 y el trabajador hubiese sido dado de alta médica sin declaración de incapacidad permanente, sólo podrá generarse un nuevo proceso de incapacidad temporal por la misma o similar patología si media un período de actividad laboral superior a seis meses o si el Instituto Nacional de la Seguridad Social, a través de los órganos competentes para evaluar, calificar y revisar la situación de incapacidad permanente del trabajador, emite la baja a los exclusivos efectos de la prestación económica incapacidad temporal.

No cabe admitir la legitimación activa de la Mutua para impugnar el acto de reconocimiento por el INSS de una pensión de incapacidad permanente por enfermedad profesional. Tribunal Supremo. Sentencia de fecha: 14 de julio de 2009.
Para decidir sobre esta denuncia hay que tener en cuenta que el hecho causante de la prestación controvertida se produjo en el año 2007, antes de que entraran en vigor las modificaciones que en los artículos 68 y 201 de la Ley General de la Seguridad Social tuvieron lugar como consecuencia de la disposición final 8ª de la Ley 51/2007 y de la disposición final 3ª de la Ley 2/2008. De acuerdo con el régimen jurídico vigente, las Mutuas de Accidentes de Trabajo sólo asumían en la enfermedad profesional el coste de las prestaciones del personal al servicio de sus asociados en la incapacidad temporal y en el periodo de observación. Para el resto de las situaciones protegidas se limitaban a realizar “la contribución que se les asigne para hacer frente, en régimen de compensación, a la siniestralidad general derivada de la aludida contingencia” (artículo 68.3.b) de la LGSS).
  
Administrativo

Concentración parcelaria. Comunicación de los acuerdos recaídos en los procedimientos . Tribunal Supremo. Sentencia de fecha: 03 de junio de 2009
La Sentencia pretende poner fin a un doble criterio de la Sala en lo relativo a la comunicación de los acuerdos recaídos en los procedimientos de concentración parcelaria. Para ello, da por superada la doctrina que se conformaba, en línea con lo dispuesto en la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, con la mera comunicación por edictos o mediante publicación oficial a propietarios y afectados, para exigir, en línea con lo dispuesto con carácter general en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones, la notificación individual. En consecuencia, anula el acuerdo de concentración parcelaria a que se contraen las actuaciones, ordenando reponer las actuaciones a fin de que la Administración notifique al recurrente el acuerdo de aprobación de las bases provisionales de la Concentración Parcelaria, a fin de que pueda impugnarlas y formular las peticiones que estime pertinentes.

Ejecución de sentencia firme anulatoria de un Estudio de Detalle. Incongruencia omisiva.  Tribunal Supremo. Sentencia de fecha: 17 de junio de 2009
Estima la casación y revoca los autos del Tribunal Superior de Justicia de Galicia impugnados, dictados en ejecución de sentencia firme anulatoria de un Estudio de Detalle del Ayuntamiento de Vigo. Considera que los autos recurridos incurren en incongruencia omisiva al no resolver las cuestiones planteadas en el incidente ejecutorio por la Administración municipal demandada. Y añade que no es posible pretender en ejecución de la referida sentencia anulatoria de un estudio de detalle el derribo de los edfiicios construidos a su amparo con licencias de obras firmes. Ello en aplicación del principio de conservación de los actos firmes dictados en ejecución de una disposición general anulada judicialmente.

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