edición: 3056 , Martes, 29 septiembre 2020
24/07/2009
OBSERVATORIO DE ECONOMIA

Crisis futura de la seguridad social: la gran amenaza del factor demográfico

CÍRCULO DE EMPESARIOS
España presenta unas tasas de natalidad y fecundidad que se encuentran entre las más bajas de las registradas en Europa y lejos de los niveles de reposición generacional. Asimismo, nuestro país figura entre las naciones no sólo europeas, sino del mundo, con una mayor esperanza de vida. La combinación de estos dos factores conduce inexorablemente a un proceso de fuerte envejecimiento de la población, paliado de manera transitoria por el enorme flujo de inmigrantes jóvenes-adultos llegados a España en los últimos tiempos.

Las proyecciones a largo plazo plantean un escenario preocupante:

• Según las últimas estimaciones de Naciones Unidas (2009), la mediana de edad de la población española, situada hoy cerca de los 40 años, se aproximará a los 50 años en la década de 2040.
• A finales de esa misma década, la población con 80 ó más años se situará en el entorno del 5% de la población total.
• La tasa de dependencia (población de 65 y más años sobre población entre 15 y 64 años) experimentará también un incremento sustancial conforme se produzca la inversión de la pirámide poblacional.

Este proceso de envejecimiento tendrá consecuencias macroeconómicas muy importantes. Algunas de éstas se manifestarán en las tasas de crecimiento de la economía. El Comité de Política Económica de la UE y la Comisión Europea (2006), en un informe dedicado al impacto del envejecimiento sobre las cuentas públicas, anticipan un notable descenso de la tasa media de crecimiento potencial del PIB real en la Unión Monetaria, desde el 2,1% anual (2004-2010), hasta el 1,2% (2031 - 2050). Se trata, además, de proyecciones rodeadas de incertidumbres, entre otras razones porque están basadas en supuestos optimistas sobre el comportamiento del mercado laboral y la evolución de la productividad.

Junto con ese efecto sobre el crecimiento, se observa que el envejecimiento de la población puede tirar hacia arriba del cociente gasto en pensiones/PIB, al reducir la tasa de actividad e incrementar el número de pensiones de jubilación. La evolución demográfica produce, de ese modo, una creciente presión sobre el sistema, al aumentar el número de beneficiarios6 y reducirse el de contribuyentes a su sostenimiento. De acuerdo con las proyecciones de la Comisión Europea (2006) España será uno de los países europeos donde mayor incremento experimente el gasto en pensiones en porcentaje del PIB como resultado del envejecimiento poblacional durante las próximas décadas. Otros estudios apuntan en idéntica dirección, señalando además que, para una presión fiscal dada, el aumento del gasto en pensiones contributivas superará al incremento de los ingresos por cotizaciones.

¿Podría dar la demografía un respiro al sistema de pensiones?

Desgraciadamente, no cabe esperarlo. Es dudoso que la evolución demográfica se aleje de las previsiones tan poco halagüeñas que manejan organismos españoles e internacionales. La fecundidad española está todavía muy lejos de los 2,1 hijos por mujer en que se calcula la tasa de reposición poblacional. Ni siquiera una recuperación rápida de esa ratio mejoraría (reduciría) sustancialmente las tasas de dependencia, ya que las cohortes de mujeres en edad fértil serán progresivamente menos numerosas dada la caída de la natalidad observada en los últimos 30 años. Es decir, el aumento de la fecundidad provocaría un incremento muy limitado del número total de nacimientos. Tampoco hay indicios de que la esperanza de vida vaya a dejar de alargarse. De hecho, las proyecciones sobre esta variable han infraestimado su crecimiento en el pasado, lo que podría volver a suceder, de modo que veríamos exacerbarse el proceso de envejecimiento poblacional (Jimeno, 2000).

Ni siquiera cabe confiar en la inmigración para hacer frente al problema. Es innegable que la población inmigrante ha paliado las consecuencias del envejecimiento a corto plazo, sobre todo por sus mayores tasas de fecundidad y por su distribución por edades. Sin embargo, es un paliativo transitorio.

• De una parte, porque, como la evidencia internacional sugiere, las tasas de fecundidad de los inmigrantes tienden a converger con las del país de acogida (Arango Vila-Belda, 2004).
• De otra, porque el aumento de población debido a la llegada de inmigrantes supone un aumento de la población jubilada en el futuro, máxime cuando la inmigración se concentra por edades en aquellas cohortes en las que ya lo hace la población española -las que supondrán mayor peso sobre el sistema al llegar a su edad de jubilación-. Además, difícilmente podría sostenerse en el tiempo un ritmo de inmigración tan elevado como el de los últimos años.

En definitiva, durante los próximos decenios el sistema de pensiones de reparto se va a enfrentar, por un lado, a la jubilación de las cohortes de españoles nacidos durante el baby boom y de los inmigrantes llegados a nuestro país a comienzos de este siglo con edades en el entorno de los 30 años. Por otro lado, habrá de hacer frente a la prolongación de los periodos de percepción de las pensiones como consecuencia del aumento de la esperanza de vida. Subirá consecuentemente el gasto en pensiones, tanto en términos absolutos como en porcentaje del PIB. Y esto apoyándose en una población activa menguada por las bajas tasas de natalidad actuales. El sistema de pensiones se encuentra así ante la amenaza de serios desequilibrios entre el gasto y los ingresos. Desde el propio Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se reconoce que el sistema podría entrar en déficit ya a partir de 2023, teniendo que recurrir al Fondo de Reserva, el cual se agotaría en 2029 (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2008).

Esa amenaza demográfica, que ya está comenzando a operar y cuyas consecuencias se intensificarán progresivamente en próximos lustros, se ve ahora acompañada por los efectos de una crisis que también daña en el corto plazo a la sostenibilidad de las pensiones.

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