edición: 2844 , Martes, 12 noviembre 2019
10/09/2015
Durante esta semana

La crisis siria y el secesionismo catalán acaparan la atención de la opinión pública

Las implicaciones en clave económica de la entrada de refugiados dividen a los internautas
Los temores ante una posible ruptura catalana con España crecen a medida que se acerca el 27-S
ICNr
La semana que pronto tocará a su fin ha tenido como protagonista indiscutible la situación de los refugiados sirios y el auge sin precedentes de ciudadanos de aquel país que tratan de entrar en Europa en busca de seguridad. Se trata de un debate que, como todos, trae de la mano implicaciones económicas: más allá de la indignación se plantea la pregunta de hasta qué punto es viable destinar grandes partidas a este problema y hay quien asegura que, por loable que sea la ayuda prestada por España, también dentro de nuestras fronteras existen casos de extrema pobreza sin atender.
En otro orden de cosas, también la escalada secesionista catalana ha acaparado titulares durante los últimos días. Se acerca el temido 27-S, fecha en la que tendrán lugar las elecciones catalanas que, para Artur Mas –y para muchísimos ciudadanos- tiene el carácter de consulta sobre la voluntad de los catalanes de salir de España. "Mi voluntad ha sido desde el principio encontrar la mejor forma para que la gente pueda manifestar de forma clara e inequívoca su voluntad sobre el futuro político. Las instituciones del Estado no han querido hacerlo posible. Queda el único instrumento que no nos pueden prohibir: unas elecciones al Parlamento de Cataluña", proclamó Mas esta semana en un discurso.

Así las cosas, el tono de los sectores afectados –empresarios a la cabeza- se eleva y se habla con más crudeza de las posibles consecuencias de una salida de Cataluña de España. Una salida que, por otro lado, estaría muy lejos de producirse, sea cual sea el resultado de las elecciones. Con todo, se trata sin duda de un termómetro clave sobre el clima que se respira en Cataluña, y una prueba de fuego para Mas, dispuesto a demostrar por la vía que sea que tiene razón con respecto al sentir de los catalanes.

De momento, las cifras comienzan a hablar y los medios se hacen eco de ellas: estos días se ha sabido que la Comunidad de Madrid tiene al alcance de la mano convertirse en la primera economía regional de España, por encima de Cataluña. Así, con una tasa de crecimiento interanual del 3,2 al término del segundo trimestre, su PIB se sitúa a tan solo 1.700 millones del de Cataluña, que mantiene la primera posición a duras penas y nota ya los efectos de una leve desaceleración (crece al 3 interanual, dos décimas menos que Madrid). Los medios achacan este ‘bajón’ al proceso soberanista.

De momento, la inversión en ambas comunidades cae, pero las entidades ponen el foco en la desaceleración que sufre y que promete seguir sufriendo Cataluña debido al proceso soberanista. Hace poco fue BBVA quien certificó que la incertidumbre "estaba retrasando decisiones de consumo e inversión". Jorge Sicilia, economista jefe del grupo bancario, se cuidó de no citar expresamente a Cataluña y al proceso comandado por Artur Mas, pero a nadie se le escapó que el 27 de septiembre está lastrando las perspectivas de la economía catalana y sembrando nubarrones sobre la prima de riesgo y sobre la propia recuperación.

Así lo perciben muchos lectores, aunque no faltan quienes aseguran que existe toda una campaña mediática en contra del cambio, a lo que se suma que, para un colectivo de lectores, esa incertidumbre sería sólo momentánea y supondría a la larga sólo un pequeño bache. El debate, en cualquier caso, es largo, complejo y cargado siempre de tensiones de difícil conciliación: los internautas se dividen en dos frentes muy claramente diferenciados sin que exista casi lugar para las posturas neutrales.

AYUDA A LOS REFUGIADOS SIRIOS

Pero el que sin duda ha sido el tema de la semana –tal vez más en clave social que económica- ha sido el de la problemática que atraviesan los refugiados sirios y las fórmulas que desde Europa se preparan para dar asilo a las miles de personas que cruzan hoy sus fronteras en búsqueda de protección. Lo cierto es que durante los últimos días se ha producido una verdadera oleada de solidaridad sin precedentes, que emana no sólo de ciudadanos independientes sino de instituciones públicas y privadas de toda clase y condición: ayuntamientos, organizaciones levantadas en un solo día para aglutinar ayuda y ponerla en bandeja a los afectados, ofrecimientos públicos de alojo en viviendas privadas… Los ejemplos son muchos y la opinión pública los percibe como muy esperanzadores, pero hay quien asegura que se trata de un impulso del momento, casi de una ‘moda solidaria’ tras la que se esconde la cruda realidad: no hay recursos suficientes para atender de forma prolongada a tal número de familias.

Entra aquí en el debate el uso que se hace de los fondos públicos en general y los recortes en ayuda a este tipo de colectivos en particular. La solidaridad institucionalizada parece un valor a la baja que tiene que suplirse de forma privada, o de forma electoralista durante periodos de boom mediático. Pero el trasfondo es mucho más complejo y la realidad es que los recursos no estarían repartiéndose de forma óptima, lo que evita que este tipo de emergencias –y las que tienen lugar cada día entre ciudadanos españoles- obtengan el trato presupuestario que se merecen.

El resultado: los ciudadanos hablan de crisis de valores, con su repercusión en forma de dinero en el reparto presupuestario. Es más, se habla de cómo existe una total desatención hacia infinidad de colectivos muy afectados por la crisis desde hace años, sin que las instituciones públicas hagan lo suficiente para dignificar la situación de miles de familias. Ello supondría que la respuesta actual no sería más que fruto de un lado de imagen, una campaña puntual y barata con la que limpiar el nombre de las instituciones.

En esta crítica se deja entrever la voluntad ciudadana de dar un vuelco al papel que la solidaridad y los derechos básicos deben tener en el orden de prioridades de la vida pública y de la sociedad en general. Se trata de un llamamiento hacia la búsqueda de la felicidad en un sentido básico: cubrir las necesidades más primordiales sin que nadie se quede fuera, eliminando lo que se ha dado a llamar como cuarto mundo.

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