edición: 2327 , Viernes, 20 octubre 2017
17/11/2010
OBSERVATORIO LATINOAMERICANO

Cristina Fernández ‘vampiriza’ la herencia de Kirchner, desata la guerra por las cajas de la financiación y paga cara la continuidad

La Ley Financiera de Heller busca declarar “servicio público” a la banca; la de Presupuestos, acceso discrecional a las reservas del Central
La caja fiscal, en liza, con 60.000 millones de pesos, no será suficiente; ya han dejado casi vacío el Fondo Fiduciario Provincial
Ana Zarzuela

Pasa, sin transición, del ‘modelo K’ al ‘sistema CFK’. Cristina Fernández de Kirchner enseña sus cartas y sus urgencias, trata de hacer valer las ‘llaves’ de la caja fiscal que tutelaba el ex presidente y sus 60.000 millones de pesos. Fue él quien orquestó la estatalización del sistema de pensiones, o el uso de las reservas del Banco Central y la batalla por el Real Decreto de Urgencia para el Banco Central que acabó con Martín Redrado en la calle. Pero el mapa heredado está limitado por sus mismas fronteras: un gasto público en niveles récord que se ha duplicado sobre los presupuestos, la mayor presión tributaria desde que la ‘pareja K’ llegó al poder en 2003 y un déficit fiscal financiado a costa de las reservas del Banco Central. Con las ‘cajas’ saturadas de compromisos, con un Congreso sin mayoría absoluta que amenaza con echar atrás los Presupuestos y sin la rehabilitación plena en los mercados, Fernandez ensaya la huida hacia adelante hasta las elecciones de 2011, obligada a dejar de lado a las provincias en riesgo de quiebra, a vetar el 82% móvil para las jubilaciones mínimas aprobado en el Congreso y a seguir posponiendo emisiones para no empeorar una inflación que -ante la negación del ministro Boudou- supera ya el 25%. 

Devuelve al cajón la reforma del Indec; busca que los bancos se vistan de piel -y control- de servicios públicos y que le den cuerda al motor del gasto y del consumo. Aunque el Gobierno logró en septiembre superávit primario con ayuda del BCRA (que giró al Tesoro 3.000 millones de pesos) y el aumento de ingresos en relación al año pasado fue de 36,6% , de todos modos la caja cerró en rojo. En 2010, la asistencia del BCRA al Tesoro se ubicará en torno al 4% del PBI, frente a un poco más del 2% en 2009. Y, entre las sorpresas de los PGE, el Ejecutivo necesita 33.000 millones más del Banco Nación, el vencimiento de deuda en manos de la Anses y adelantos transitorios del Central. 

Es la propia presidenta, autoinvestida como encarnación del “kirchnerismo sin Kirchner”, la primera en darle una nueva vuelta de tuerca a la ‘fontanería’ -sobre todo la de la liquidez de la administración- que Néstor Kirchner drenaba personalmente en la trastienda de la Casa Rosada. Hoy, la consigna de la Casa Rosada pasa por intentar amarrar los destinos de sus ‘cajas chicas y por cerrar filas con su ‘petit comité’ económico: los ministros Aníbal Fernández, Julio De Vido Juan Carlos Pezoa (secretario de Hacienda), Ricardo Echegaray (titular de la AFIP), Diego Bossio (director ejecutivo de la ANSES), Mercedes Marcó del Pont (presidenta del Banco Central) y Guillermo Moreno. Nada baladí en año electoral. Para quienes se preguntaban por el modelo económico argentino, las prisas por sacar adelante una ley de Presupuestos con barra libre a las reservas del Central y mayor discrecionalidad del Ejecutivo. Cristina Presidenta empuña con más fuerza la batuta de una sinfonía que le ha dejado partituras ya escritas y poca capacidad de maniobra. Para quienes sospechaban que la tramoya del peronismo y hasta de la Casa Rosada se iba a descolocar con la ausencia de Kirchner, la rebelión de los gobernadores y la posibilidad de que la oposición consiga echar atrás el Presupuesto 2011 son sólo una evidencia más de que la paz con la que la Casa Rosada dispuso de sus ‘juegos de cajas’ para financiarse no será la misma.

Si consiguiera sacar adelante su “Presupuesto de Gastos y Recursos”, se debilitaría aún más el rol del Poder Legislativo y de la Auditoría General de la Nación (AGN) en el control de la ejecución presupuestaria, frente al avance de las decisiones administrativas del Jefe de Gabinete de Ministros -Fernández- como la herramienta más utilizada. Un reflejo de la añoranza de la ‘era K’: el manejo discrecional, bien por la delegación de competencias mediante las leyes de presupuesto -los llamados superpoderes- o por la utilización de decretos presidenciales era un mantra recurrente en la administración Kirchner. Nada nuevo, que no haya convertido en costumbre la Administración argentina, también con el Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas (con el que en septiembre colocó deuda por 695 millones de pesos), o el el Fondo Fiduciario de Refinanciación Hipotecaria. Pero nada que vaya a dejar de intensificarse ahora que la letra pequeña se le permite a Fernández.

Lo sabe desde esta semana Walter Rabbia: acaba de asumir como director del Comité Directivo del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP) con sólo 28 millones de pesos disponibles, de los más de 11.800 con los que esperaba contar. Como avanzaba La Nación, según la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) el Gobierno ya reasignó durante este año 11.842 millones de pesos (el 99,7%) de las partidas del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, pensados sobre el papel para infraestructuras y reorganización fiscal de las provincias. Y ya a mediados de septiembre, 2.106 millones de pesos asignados originalmente al FFDP habían terminado en las arcas de Aerolíneas Argentinas y en la cartera de Planificación que dirige De Vido para financiar la crisis energética (deudas con Cammesa por la importación de electricidad). En julio de este año, ese mismo destino había cambiado ya de curso otros 1. 500 millones.

PROYECTOS RESCATADOS

Paradojas peronistas, es justamente ahora, tras las muerte de Néstor Kirchner, cuando han recobrado empuje en el Congreso -y vida entre las bambalinas de la Casa Rosada- el borrador de Ley de Instituciones Financieras que busca investir como “servicio público” a los bancos y fijar un techo a las tasas para pymes. Si el diputado Carlos Heller -presidente del Banco Credicoop- contaba hasta ahora sólo con el apoyo discreto de Kirchner y el respaldo silente del oficialismo, su propuesta de reforma bancaria -una de las tres para la reforma de la ley 21.526 que tendrá que ver la Cámara de Diputados en las próximas semanas- es, tras la muerte del ex presidente la que cuenta con el aval formal de la Presidenta Fernández y con más opciones para salir adelante. Ni el Partido Nuevo Encuentro popular y Solidario, ni el Justicialismo renunciar a su proyecto, por más que las cuatro grandes asociaciones bancarias argentinas (ABAPRA, ADEBA, ABE y ABA) les hayan advertido que lastrará al sistema si los considera un servisio público -otorgado por el Estado, como el suministro energético- más ahora que acaba de conocerse que el Foro Económico Mundial ubica a Argentina entre los cinco peores países en desarrollo financiero, sólo junto a Venezuela, gracias a “el pobre ambiente institucional, la inestabilidad del sistema bancario y el legado de la crisis de la deuda” .

Y que sólo hay que mirar a la evidencia de que las empresas -con mercado de eurobonos a toda máquina, los spreads de riesgo de Brasil por los suelos y en plena guerra de divisas- prefieren financiarse con bonos externos antes que con créditos de bancos (han caído un 40% en 2010) para entender que en el país austral, aunque establezca cupos crediticios para empresas -como busca Marcó- no podrá cambiar la tendencia. No soltarán tampoco los diputados justicialistas ni el apoyo a la propuesta de Héctor Recalde para controlar el reparto de distribución de beneficios de las empresas que operan en el país, ni el proyecto de Ley de tercerización (para impedir que las empresas contraten servicios a terceros), por más que la Unión Industrial advierta que pueden lacerar aún más la competitividad y espantar a las inversiones extranjeras directas (ya cayó un 2% en un año y un 70% el flujo de ingresos de empresas extranjeras), de un mercado que ya consigue una evolución de las inversiones mucho menor que el vecino Uruguay, apenas al mismo nivel en la región que Venezuela o Ecuador. Según el último estudio de SEL Consultores, seis de cada diez empresas que operan en Argentina han reducido sus planes de inversión desde este año, no por la crisis global, sino por “la inseguridad jurídica y la intervención estatal” (en un 55% de los casos).

HUIDA HACIA ADELANTE: DEL ‘MODELO K’ AL ‘CFK’

La herencia económica la obliga a ser, desde ahora, “más kirchnerista” de lo que fue el propio ex presidente, tras los pasos del ministro Boudou y del expresidente del BCRA, Martín Redrado. La presidenta Fernández ha devuelto a los cajones -al menos por ahora- el proyecto de Ley para la reforma del Indec, el Instituto que, entre otras cosas, publica los indicadores de la inflación. A pesar de que la oposición en octubre había logrado emitir un dictamen en la Cámara de Diputados para al menos remover su cúpula actual, ahora en la Casa Rosada no quieren nada de cambios en la que se ha convertido en la piedra de toque -y la llave de sus lastres-de su modelo económico. Por más que el ministro Boudou y las previsiones de los PGE  presentados en el Congreso sostengan la previsión de una inflación del 8,4% en 2011, es la bestia negra de su modelo económico. Con sus muros -superiores al 25% según analistas independientes y en cifras de dos dígitos por séptimo año consecutivo- topan los esfuerzos por promover el consumo y las alegrías de los exportadores, no menos que los objetivos del BCRA de Marcó por sostener el tipo de cambio.

Como advierten los medios y los analistas locales, la lluvia de dólares (por el boom de los mercados financieros y el éxito de los agrícolas, sobre todo la soja) y las urgencias de la Casa Rosada están poniendo además a prueba la política monetaria del Central, obligado a comprar más divisas en el mercado cambiario (no solo para engordar el stock de reservas, sino también para mantener lo más alto posible el precio del dólar) y luego a absorber los pesos tomando deuda al 13% anual, a emitir Lebacs para sacar de circulación una buena parte de los pesos que utilizó para adquirir aquéllos dólares. Un mecanismo que no es inocuo para los de Marcó del Point. Se calcula que por el stock de lebacs, que a fin de año podría superar los 85.000 millones de pesos, el Central asumirá un costo -déficit cuasi fiscal- de unos 7.000 millones de pesos. Aunque lo había negado, ya el Central tuvo que pedir ayuda a Brasil para imprimir billetes de 100 pesos ante la falta de respuestas de la Casa de la Moneda, que tiene tecnología obsoleta y estaría desbordada.

Como detallan los economistas argentinos, el modelo heredado de Néstor Kirchner y de los primeros tres años de su propia gestión está limitado por sus mismas fronteras: un gasto público en niveles récord que se ha duplicado sobre los presupuestos, la mayor presión tributaria desde que Kirchner llegó al poder en 2003 y un déficit fiscal financiado a costa de las reservas del Banco Central. Un sistema que en su momento se pudo acelerar gracias a dos aumentos sucesivos de las retenciones (aún a costa de desatar dos guerras con el campo) y después, en 2008, con la estatalización de las pensiones de la AFJP, pero que se pondría en riesgo con una caída del superávit comercial (que cerrará el año en 14.000 millones de dólares), o la sequía de alguna de las tres cajas de las que hoy se nutre el Tesoro: la Anses (de la que la Casa Rosada tomó desde 2009 36.000 millones), el Banco Central y las emisiones. De hecho ya ahora, una vez agotada la caja de la ANSES, le deja a Cristina Fernández poco margen a los cambios -salvo emitir más pesos y hacerle oídos sordos a la inflación, o reducir gasto- menos aún sin mayoría absoluta desde enero de 2010 y en un año electoral en el que -sea o no candidata- se entrega al mantra de las ‘cajas vacías’. Por más que en la Casa Rosada se empeñen en mirar al crecimiento previsto por encima del 4,3% del PIB, la salida de capitales durante el primer semestre de 2010, la inflación de dos dígitos y el repudio de los inversores, la alejan del Club regional en el que Brasil, Chile, Perú y Uruguay se jactan de haber aprovechado el atractivo emergente, o del perfil de los BRIC, cuyos bancos centrales aprovecharon para aumentar en 2010 sus reservas una media del 500%.

Lo saben, antes de nada, el ministro Amado Boudou y la presidenta del Banco Central de la República Argentina, Mercedes Marcó del Point. La Casa Rosada había blindado primero, desde septiembre, con su renovación en el cargo, a la nueva presidenta de la institución, lo justo para pasar de lado la página de la guerra entre los Kirchner y Martín Redrado, sin tener que reformar su Carta Orgánica (y en particular el art. 3), un órdago para el que no estaban tan claros los apoyos gubernamentales y en el que hubiera tenido que asumir el debate público sobre el cambio de objetivos para el BCRA, menos concentrado al control inflacionario y abrir la puerta a posibles incorporaciones al directorio de la entidad. Después de la guerra del DNU -que permitió al Ejecutivo financiar con reservas del BC la deuda con el FMI, después el BM y el BID y finalmente las necesidades del Tesoro en forma de ‘adelantos transitorios’, esta vez no harán falta Decretos de Necesidad y Urgencia. Si con Marcó ató la sintonía directiva con las necesidades de fondos de la Casa Rosada, ahora, con el sorpresivo avance kirchnerista la semana pasada en la Cámara de Diputados del Presupuesto 2011, busca asegurarse un fondo de 7.509 millones de dólares de reservas del BCRA de libre disponibilidad para pagar obligaciones financieras (frente a los 4.000 que previó en 2010) y hacerlo, además, después de la batalla con Martín Redrado, sin especificaciones ni reformas ad hoc. Por decreto, el Gobierno aumentó sus gastos en 4.613 millones de pesos, después de haberlos incrementado ya en 18.528 millones.

No es casual que en su primer aparición pública oficial como Jefa de Gobierno, Cristina Fernández se preocupara, antes de nada, de airear un excedente de recaudación y que espera cerrar el primer semestre de 2011 con entre 30.000 y 40.000 millones de pesos. Tampoco, que los primeros esfuerzos de la cartera de Boudou y el partido justicialista hayan sido para asegurar los apellidos de sus destinatarios. Aunque el Gobierno logró en septiembre un superávit primario con ayuda del BCRA (que giró al Tesoro 3.000 millones de pesos), el aumento de ingresos en relación al año pasado fue de 36,6%  y ya se sobrepasó por 15.000 millones la meta de 320.000 millones de pesos que se había estipulado en el Presupuesto 2010, de todos modos la caja cerró en rojo. Y seguirá haciéndolo, al menos hasta que la presidenta deje la Casa Rosada en 2011.

La expansión monetaria supera el 30% anual, la economía está plagada de subsidios, el endeudamiento de corto plazo del BCRA llega a los 80.000 millones de pesos y la inflación al alza amueblan su ‘laberinto’. Ya en septiembre el Gobierno tuvo que ampliar el gasto en 5.740 millones de pesos -con cargo a las reservas del BCRA y a las pensiones de la Anses- para poder seguir dándole cuerda a su modelo de subsidios al transporte y la electricidad y pago de asignaciones. Y ahora, entre las sorpresas de los PGE, el Ejecutivo necesita poder contar  con 33.000 millones de pesos provenientes de fuentes intergubernamentales que el Gobierno no incluyó en su pauta de ingresos: el Banco Nación, el vencimiento de deuda en manos de la Anses y adelantos transitorios del Banco Central. En 2010, la asistencia del BCRA al Tesoro, a través de diversos mecanismos, se ubicará en torno al 4% del PBI, contra un poco más del 2% en 2009, con tal de mantener prácticamente congelados precios claves e incrementar o mantener el poder adquisitivo de sectores de la población que de otra manera se verían fuertemente afectados por la inflación. Sólo entre 2006 y 2010 la entidad financió al Tesoro Nacional por 35.770 millones de dólares y le aportaría 15.730 millones durante 2011: nada menos que 51.500 millones de dólares en apenas cinco años, según la consultora LCG.

CRISTINA INTENTA BLINDAR LAS ‘CAJAS’ A CUALQUIER PRECIO

A Fernández se le agota el tiempo. Y las ‘cajas fuertes’ de su liquidez. Sin financiamiento de los mercados internacionales a tasas de un dígito aún -a pesar del canje de la deuda sellado en junio-, al sector público le urgen 65.000 millones de pesos para cerrar un gasto que se ha incrementado un 30% sobre presupuestos en los últimos meses y que sólo bebe de dos cajas, ahora en cuestión: el Banco Central y el sistema de pensiones de la Anses. Pero Cristina Fernández y Boudou se encartan con sus ‘cajas fuertes’. Los blindajes tendrán que ser cada vez más altos y más costosos. Le ha costado ya, para empezar, el veto gubernamental ante la propuesta -avalada en el Congreso-de elevar el 82% móvil a las jubilaciones. Ese ajuste y el cumplimiento con lo dispuesto por la Corte Suprema en el caso Badaro exigirían al menos 23.000 millones de pesos más, lo que elevaría 10 puntos de gasto en el Presupuesto. Si se hubiera consumado la subida del 20% del salario mínimo (ahora que se ha invalidado la Ley de Salarios), podría ascender a 42.000 millones de pesos. Un latigazo a los planes iniciales de Fernández, que quiere triplicar los planes sociales en los meses que le quedan en el poder.

La Presidenta ha tenido que ver cómo su olvido con las provincias ha acabado en una guerra fiscal y desembocará, durante los próximos seis meses en una avalancha de emisiones de deuda para financiarse, aún a costa de arrugar aún más los blindajes monetarios, la estabilidad cambiaria y, de paso, llover sobre mojado en la inflación. Si ya el IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal) había advertido que las provincias tocaron el techo de su déficit en 2009, podrían cerrar 2010 con 12.850 millones de pesos de déficit, un 0,82% del PIB (el doble en términos relativos que en 2008). Buenos Aires no ha dudado en proclamar que su última colocación de bonos (4.000 millones de en un mes junto con las de Córdoba) estaba destinada a “independizarse” del Gobierno Central, además de encarar su déficit financiero provincial, que rondará los 5.300 millones de pesos al cierre del ejercicio para la provincia capitalina. Lo saben en los planes de Marcó del Point, que no está dispuesta a permitir que el tipo de cambio se mueva ni un milímetro, por la avalancha del ‘billete verde’. El Central necesita emitir 4.000 millones de pesos y hacerlo ya para absorber sólo las divisas del último mes llegadas al calor de las emisiones de Córdoba y Buenos Aires y una cantidad al menos del triple para ‘neutralizar’ en sus mapas monetarios las colocaciones que prometen seguir en las próximas semanas en Neuquén, Buenos Aires de nuevo y Chubut, aún en conflicto.

Ahora el problema ya no sólo son las reservas, la guerra es la de la ‘caja’. Boudou tiene de manos de Cristina Fernández ‘licencia para matar’ en esa guerra. Para el Gobierno es tiempo de ‘vacas gordas’, el `propio FMI descuenta que, después de un año al 0,9%, la economía puede crecer un 3,5%, aunque Néstor Kirchner prefería contar con las previsiones de analistas independientes locales que llegan al 6,5% y esperan superávit comercial de 17.000 millones de pesos este año. Pero Redrado se fue del BCRA con la ‘maldición’ de sus predicciones en su libro “Sin reservas”: Hay peligro de desbordamiento monetario en un contexto de alta inflación. Ése mismo horizonte que los Kirchner aún niegan -prefieren llamarlo “tensión de precios”- pero que según tasas oficiales supera el 25% (más de un 30% según analistas independientes locales) y que es no sólo una “grave patología que debe resolver el Estado” según una reciente sentencia de la Corte Suprema, sino una de las murallas que impide que el FMI pueda evaluar con lupa el Indec.  Si se suma el impacto de los decretos para pagar deuda, las utilidades que el Central le va a girar al Tesoro y los adelantos transitorios, calculan una inyección de 60.000 millones de pesos.

La Presidenta ‘vampirizó’ el retorno de Argentina a los mercados internacionales y ahora se le desluce el anuncio oficial del regreso a la mesa del Club de París: la propia Cristina Fernández tenía que admitir que es más que probable un 2011 sin default, pero también sin Presupuesto. Seis meses después del canje de deuda, su rehabilitación sigue a medias, con las resistencias cada vez más altas ante el FMI., a pesar de sus promesas de cerrar un acuerdo con el Club de París en 2011 y solucionar los 6.500 millones de  dólares de deuda pendientes sin pasar bajo la lupa del Fondo. Argentina logró desactivar casi un 70% de las demandas de Ciadi y evitó el desembolso de más de 30.000 millones de dólares, pero ni las fricciones con el FMI ni el empeño de la Casa Rosada en no volver a los mercados de crédito antes de que las tasas que se ofertan a Argentina bajen al 7%- se lo ponen fácil. Si Cristina Fernández pretendía limpiar el escaparate del perfil crediticio de Argentina y retornar al redil de las instituciones internacionales, se ha encontrado con la inquietud que ya no esconden ni el Departamento de Estado norteamericano, ni el FMI, que pronostica dos años de déficit fiscal para Argentina, del 3,8% al menos para 2011.

Y si la Casa Rosada quiso llamar a los inversores con el ‘canto de sirenas’ de su salida de los últimos flecos del default, su percepción en los mercados y los analistas no mejora al ritmo previsto. Más aún, son las propias previsiones de Boudou las que intentan ahora dosificar y demorar esas posibilidades, que pueden desatar aún mayores presiones inflacionarias. Más aún: el informe de un grupo de analistas capitaneados por Moody´s y UBS desaconseja el retorno a los mercados de capital internacionales si no hay cambios en el rumbo político y advierten que sigue siendo arriesgado que los inversores confíen en el país austral. Argentina permanece "al margen de la comunidad de naciones" debido a que es el único miembro del G20 que ha cesado de pagar la deuda a otros integrantes del grupo, se niega a que el FMI  revise sus libros y afronta el mayor número de demandas de inversores en los mecanismos internacionales de resolución de disputas” (…) el Estado ha gastado prácticamente todos los ingresos generados por el "boom" de las exportaciones (una media anual de 60.000 millones de dólares), afronta serias acusaciones de manipulación de las cifras de la inflación y sigue sin resolver el problema causado por el cese de los pagos de la deuda a inversores privados y a los países del Club de París”.
 
ÚLTIMOS INTENTOS INTERVENCIONISTAS

La Presidenta argentina ha topado con todos los muros de su intervencionismo; tanto, que ahora ya sólo busca aprovechar los últimos bocados antes de las elecciones de 2011 y utilizarlos para surtir sus ‘cajas’, aúna costa de quemarse las manos con sus últimos cartuchos. Lo ha hecho en el sector energético. No hace ni una semana, decidía la prórroga de la intervención estatal de la principal distribuidora de gas, Metrogas -participada por BG y por Repsol YPF- y, de nuevo, el aumento de las cuotas que las energéticas deben aportar al regulador Enre, ya el doble que hace apenas dos años, por encima de los 90 millones de pesos. Pero, a cambio, ha revivido la batalla con las energéticas, hasta el punto de que Edesur (Endesa) y Edenor estudian la rebelión fiscal y el impago de esas cuotas, han denunciado que Enre lleva al Tesoro los pesos que no gasta y el ministro De Vido promete revisar el presupuesto del ente regulador. En el sector energético, las avanzadillas del oficialismo ya han ayudado a la caída en un 42% de la inversión energética en el último año y abona la ‘tocata y fuga’ de grandes multinacionales, tras las huellas de las desinversiones en refinados de Petrobrás.

Además, en los despachos del ministro De Vido empiezan a vislumbrar que no será sostenible por mucho más tiempo un espejismo con energía barata para el consumidor tejido con subsidios por más de 32.000 millones de pesos cada año -de ellos 14.000 para energía y transporte de rentas medias y altas-, con volúmenes importados de gas al triple de precio en el mercado local, pero que -paradojas del modelo kirchnerista-  con las reservas más bajas de hidrocarburos en 30 años, ha terminado por ahogar a las multinacionales en un modelo energético fallido jalonado por el intervencionismo, el control de las tarifas, la carga impositiva, los muros de una inflación que el Indec no reconoce y las restricciones regulatorias sorpresa. No es nada que no suceda con el sector eléctrico: Cammesa -la empresa que cobra a las distribuidoras, como Edelap, Edenor y Edesur, y luego lo distribuye entre las generadoras- sigue en una penuria estructural, lo que la corrección política de sus técnicos llama “fuerte desfinanciamiento” de casi 2.000 millones de pesos ya en el primer trimestre del año, que la Casa Rosada y el ministro De Vido intentan salvar a golpe de aportes de las energéticas. Se ha convertido en el epicentro de un triángulo de las Bermudas en el que generadoras y distribuidoras ven cómo desaparece mes a mes su rentabilidad y su libertad operativa. Después de 10 años, las tarifas se mantienen casi sin variantes y sin relación con los costos. La diferencia se cubre con subsidios estatales cada vez más abultados (casi 3% del PBI), que a su vez incentivan un mayor consumo y generan un efecto bola de nieve.

La intervención en Ausol y  las amenazas oficiales de estatalización a Metrogas, ahora revividas, la cancelación del tren bala de Isolux, las tarifas congeladas de OHL, la falta de resolución del ‘affaire’ Aerolíneas (aún pendiente de resolución judicial y con 1.000 millones de dólares de pérdidas desde que comenzó la gestión estatal), las líneas rojas que los Kirchner marcan en público al futuro de YPF, las promesas de mayor intervención en la banca -con Santander y BBVA en cabeza- llueven sobre mojado. Pero el ‘bonapartismo’ de las empresas intervenidas le recuerda -con la sentencia favorable recién emitida para TGN, el respaldo judicial de los tribunales nacionales a la subida de precios de la gasolina de Shell (que en agosto aplicó ajustes entre el 0,2 y el 1,8% enfrenta aún una cincuentena de juicios en el país), la rebelión de la CNMV argentina y el respaldo judicial a Ausol - que el viaje puede ser de ida y vuelta y con peajes caros para la Casa Rosada. El Gobierno esperaba al default y la intervención de Ausol, pero, por más que haya prorrogado de nuevo por otros 90 días la supervisión gubernamental, ya acabó por darle el visto bueno -después de una década- a las tarifas de algunas autopistas, entre ellas las del Acceso Norte a Buenos Aires que gestiona la participada por Abertis y ACS.

Lo han hecho, también, en el sector de las telecomunicaciones. Ni su mayoría absoluta perdida en el Congreso, ni los recelos de sus ‘aliados’ comerciales para un nuevo mapa de Telecom Argentina -los Wertheim con el 50% de Sofora y los Eurnekian con la intención declarada de desembarcar en TA- han acompañado esta vez las intenciones del Gobierno Argentino. Tampoco las resoluciones de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y de la Secretaría de Justicia. Sólo así se entienden los atisbos de cambio en la estrategia de la Casa Rosada. La amenaza durante dos años de nacionalizar Telecom Argentina si no se despejaba a su gusto su composición accionarial y Telecom Italia vendía su 50% en TA han dado a tiempo a Telecom Italia para negociar con sus socios, los Wertheim, antes de que la Casa Blanca aceptara bendecir una ‘nueva’ vieja disposición accionarial, en la que no sólo Telecom Italia sostiene su participación y se hace con las riendas de TA -un 58% de Sofora y sitio más explícito en ellas para Telefónica- sino que los Wertheim aceptan seguir como socios, con un 42%, sólo a cambio de que TI y Movistar “se someten a las leyes argentinas anti monopólicas, con convenios transparentes”, lo que estaban dispuestas a hacer desde el primer día del contencioso.

Cuando desembarcó en la Casa Rosada, Fernández llegó a confesar su voluntad de que sólo el 10% de las empresas de servicios públicos estuvieran en manos de multinacionales privadas y no dudó en hacer del ex presidente Néstor Kirchner el capitán de esas intenciones. Apuntaba maneras desde que en 2004 le quitó a Metropolitano la concesión del ex ferrocarril San Martín. Se dijo, entonces, que se llamaría a licitación. Aún no ha sucedido. Se enfrentó en 2004 con el grupo Macri por el Correo Argentino por una millonaria deuda por el canon y  aunque aseguró que estaría en manos públicas por sólo seis meses, aún sigue. En su último año de gestión, el ex presidente también tomó la decisión de rescindir el contrato a Aguas Argentinas, convertida hoy en la estatal AySA a través de un decreto.

Hoy, la letra del intervencionismo estatal de los Kirchner se ha diluido, sólo sigue la ‘música’, la que Cristina Fernández busca desgranar a solas. Lo dejaba ya caer con su amenaza de “nacionalizar” los medios para que defiendan los intereses del país. Si el grupo Clarín pensaba que la ausencia del ex presidente, la dificultad de los 115 diputados aliados para sumar las fuerzas de Proyecto Sur y el Partido Socialista y las trabas judiciales a la intervención de Papel Prensa -la empresa que suministra a los principales diarios- iba a calmar, ya ha visto que Cristina ‘viuda’ retoma con más bríos el empeño de su marido. A pesar de que la propia presidenta se quejaba de que “la justicia argentina ata de pies y manos al Estado”, los diputados oficialistas han tenido que encajar el apoyo de la Corte Suprema a la suspensión cautelar del artículo 161 de la Ley de Medios (que pretende obligar a los grandes grupos mediáticos a vender parte de sus activos) resucitan también ese proyecto, junto a la propuesta de una nueva operadora estatal de telecomunicaciones. Aunque, tras el Plan “Argentina Conectada” se arriesgue con la nueva empresa pública, que operará a través de Arsat, a volver a reeditar las huellas del fracaso de la antigua ENTEL -privatizada al borde de la quiebra por Alfonsín- y tenga que dedicar a la nueva compañía 1.500 millones de euros de las arcas públicas, para desplegar -primero- cable y fibra óptica y dar servicio en el mercado mayorista y a las administraciones públicas y competir -después- con Movistar (el primer operador, con 22,4 millones de clientes) , Claro de Carlos Slim y Telecom Italia.

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