edición: 2346 , Viernes, 17 noviembre 2017
23/11/2012
A pesar de incumplir con el objetivo de déficit

Críticas a Extremadura por anunciar que sus funcionarios sí cobrarán la paga extra de Navidad

El debate se centra en hasta qué punto es opcional para las comunidades autónomas cumplir con el mandato de austeridad del Gobierno
Regiones como Galicia, La Rioja o País Vasco barajan si aplicar o no la polémica eliminación de la `paga extra´ navideña, dado su grado de cumplimiento con Bruselas
ICNr

El déficit de las comunidades autónomas y las políticas de ahorro -o la falta de ellas- de cara al cumplimiento con el objetivo de déficit para 2012 dieron lugar a uno de los temas claves para la opinión pública durante la jornada de ayer. El detonante fueron las declaraciones del presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, quien anunció que los empleados públicos de la Comunidad Autónoma extremeña cobrarán finalmente este año la paga extra de Navidad, inaplicando así la medida más polémica de las que el Gobierno central ha impuesto -de forma más o menos laxa según quien lo analice- en el marco del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Esta realidad abre el debate sobre si comunidades como Extremadura estarían desobediendo al Ejecutivo central al ignorar un mandato o si, sencillamente, estarían inaplicando una medida opcional. No se trata del primer anuncio en este sentido y, tal vez, tampoco del último. El pasado mes de agosto el Gobierno de Murcia, que preside Ramón Luis Valcárcel, ya anunció que se saltará la austeridad preconizada por Mariano Rajoy y cobrará la extra de Navidad.

En el caso de Extremadura, el desembolso de la paga extra se llevará a cabo con los fondos que la región percibirá, alrededor de 240 millones, tras una sentencia del Tribunal Constitucional que da la razón al Ejecutivo extremeño en el impuesto que estableció sobre los depósitos de las entidades de crédito. El fallo llega con diez años de retraso, pero supondrá una inyección de liquidez para la comunidad que se aprovechará para inaplicar el recorte en salarios del funcionariado que prevé el Real Decreto de julio, aunque el recorte sí afectará a los altos cargos de la administración autonómica. Se trata, en concreto, de un impuesto que entró en vigor en noviembre de 2001, momento en que el Gobierno de José María Aznar presentó un recurso en contra en marzo, cuando decidió llevarlo al Constitucional. En total, nada menos que 80 millones se utilizarán para pagar la polémica paga navideña. El resto se utilizará, según palabras de Monago, a la dependencia, al empleo, al pago a proveedores, y a aliviar el déficit de la comunidad.

La primera reacción de los internautas fue la indignación, y ello por la falta de `solidaridad´ y `responsabilidad´ del Ejecutivo autonómico, cuyas cuentas no se encuentran precisamente en el mejor de los estados. De acuerdo con los cálculos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), el déficit de Extremadura cerrará el año en el 2,4 por ciento, y ello en caso de cumplir al cien por cien con las medidas anunciadas en sus planes económicos y sin contar con el recorte en la paga extra. Por tanto, no se entiende que la región se exponga a alargar su incumplimiento cuando las previsiones no la acercan precisamente a cumplir con Bruselas. Se habló de una solución `increíble´ para un dinero que debería destinarse íntegramente a sanear las cuentas públicas, máxime cuando `aquí todo el mundo está apretándose el cinturón para ver como se saca esto adelante´. `Mientras, va este señor y se le ocurre saltarse la norma general´, censuró un lector. También hubo calificativos -no precisamente agradables- para Valcárcel: `vergonzoso personaje´, `patético´ y `vividor´ son algunos de los utilizados ayer por los lectores.

No faltaron defensores de la postura contraria: hay quienes aseguran -tanto desde dentro como desde fuera del funcionariado- que resulta a todas luces abusivo que se haga pagar a justos por pecadores y que el Ejecutivo siga ciñéndose a medidas `fáciles´ y de efecto rápido en lugar de llevar a cabo una racionalización del gasto público que retoque `de arriba a abajo´ la estructura de la Administración pública. Por ello, la eliminación de la medida, tal y como se hará en Extremadura o en Murcia, `es lo que tendría que hacer el Gobierno central con los muy denostados funcionarios públicos, cosa que además animaría el consumo en estas próximas fechas navideñas´. En sentido contrario, otra noticia clave del día sirvió de argumento para quienes se posicionan a favor del recorte en la paga extra: el 60 por ciento de los empleados de sector público gana más de 2.000 euros al mes, mientras sólo el 20 por ciento de los de la empresa privada superan esa suma. Con estos márgenes, el recorte puntual al funcionariado no parece tan grave teniendo en cuenta los que se vienen realizando desde el inicio de la crisis en el sector privado. Es, del mismo modo, censurable que una comunidad autónoma den la paga y, a la vez, `soliciten ayuda al Estado para no caer en la quiebra´.

APLICAR O NO LA ELIMINACIÓN DE LA PAGA EXTRA

Las dudas en torno a la claridad de la norma que `obliga´ a suprimir la paga extra de Navidad han surgido desde distintos foros autonómicos, en algunos casos por parte de los que tienen más capacidad de cumplir con el objetivo de déficit. Tal es el caso del País Vasco. Su Ejecutivo ha resaltado esta misma semana que está tratando de llegar a un acuerdo con el Gobierno central para evitar la invasión competencial que, a su juicio, supone la eliminación de la extra de Navidad aprobada por el gabinete de Rajoy. Hay dudas, por tanto, sobre la legalidad de la norma, pero también sobre hasta qué punto resulta contrario al Derecho estatal que las autonomías se salten algunas de las medidas de recorte que propone el Real Decreto.

En éste se deja claro que `parte de las medidas tiene carácter temporal o está prevista su aplicación sólo cuando concurran circunstancias excepcionales, quedando supeditada su vigencia a la subsistencia de la difícil coyuntura económica actual que afecta a la sostenibilidad de las cuentas públicas o a que razones de interés público hicieran necesaria su aplicación en el futuro´. Sin embargo, la norma distingue distintos grados de obligatoriedad.

Así, `en primer lugar, se regula con carácter básico la incompatibilidad de pensiones indemnizatorias, prestaciones compensatorias y percepciones similares que perciben determinados exaltos cargos de carácter básico, con el objeto de que se perciba esta prestación sólo en el supuesto de que el exalto cargo no realice ninguna otra actividad remunerada pública o privada´. La misma obligatoriedad parece desprenderse de la redacción del Real Decreto en cuanto a la paga extra, ya que, sin otro preliminar, se asegura tajantemente que `se suprime durante el año 2012 la paga extraordinaria del mes de diciembre y la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes del mes de diciembre´ y que `las cantidades derivadas de esa supresión podrán destinarse en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la contingencia de jubilación, siempre que se prevea el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y en los términos y con el alcance que se determine en las correspondientes Leyes de presupuestos´. También `se reducen los días de libre disposición. Además, se suprimen los días adicionales por antigüedad tanto en el caso de las vacaciones como en el de los días por asuntos particulares y se suspenden los pactos y acuerdos que contradigan estas disposiciones´ y `se homogeniza, asimismo, el régimen de permisos para todas las Administraciones Públicas´.

No cabe decir lo mismo de otras recetas. `También se posibilita, en este caso con carácter excepcional, la suspensión o modificación de los convenios colectivos y acuerdos que afecten al personal laboral, sólo cuando concurra causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas´.

Partiendo de este mapa, las principales dudas se plantean en el marco de las comunidades autónomas que previsiblemente podrían cumplir con su objetivo de déficit y en las que, por tanto, no concurre esa excepcionalidad que envuelve al Real Decreto. Según las cifras que maneja Fedea, en caso de cumplir al cien por cien con los planes económicos financieros planteados, sólo Galicia y Navarra, con un déficit del 1,2 por ciento en ambos casos, y La Rioja (1,4 por ciento) cumplirían con el objetivo. País Vasco se situaría al borde del 1,5 por ciento y Canarias obtendría un déficit del 1,6% por ciento, bordeando el límite de Bruselas. Son, a su vez, las comunidades que más cuestionan la necesidad de seguir llevando a cabo ajustes cuando el llevado a cabo en lo que va de legislatura ya ha sido bastante duro. 

Galicia, por ejemplo, ha venido asegurando que cumplirá el objetivo de déficit `sin necesidad de rebajar el salario de los funcionarios, sin subir impuestos y sin cerrar hospitales. El País Vasco, por su parte, espera acabar el año sin más ajustes que los contenidos en su Plan de Reequilibrio. 

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