edición: 2824 , Lunes, 14 octubre 2019
22/07/2014
Tras su última sentencia

Críticas al Constitucional por validar puntos clave de la reforma laboral, como el `despido libre´

Los internautas hablan de un órgano politizado e inservible que desatiende la ley para proteger intereses privados
ICNr

La reforma laboral de 2012 sigue dando que hablar, esta vez después de que el Tribunal Constitucional haya hecho público su polémico segundo fallo sobre la llamada Ley 3/2012, dictado hace pocos días. Con esta sentencia, el Alto Tribunal valida tres de los puntos más polémicos del texto aprobado por el PP hace más de dos años. Si se suma este fallo al dictado el pasado mes de febrero, las cinco claves que más recelos han despertado entre juristas y magistrados por su dudosa legalidad ya cuentan con el visto bueno del órgano, por lo que la reforma quedaría definitivamente validada. Ante esta realidad, duramente criticada por un voto particular firmado por tres magistrados, se da a la crisis y al objetivo de acabar con el desempleo categoría de `carta blanca´ para recortar temporalmente algunos derechos de los trabajadores, una práctica que ha desatado una contundente censura por parte de la opinión pública. 

Los medios apuntaron cómo, con esta sentencia, el debate sobre la constitucionalidad de la reforma ha quedado reducido a una cuestión clave: dilucidar si es más relevante proteger los derechos de los trabajadores, o si, por el contrario, el objetivo de empleo y desarrollo empresarial ha de traducirse en un paréntesis temporal de estos derechos, a favor de los empresarios.

Para el Constitucional, el balance entre estos dos derechos tiene un claro ganador: el sector empresarial, todo ello gracias a la necesidad de `mantener la estabilidad de la empresa y, con ello, del empleo´, según reza literalmente la sentencia. Basándose en este argumento, con más o menos matices, el fallo legaliza nada menos que el polémico periodo de prueba de un año en los contratos indefinidos de apoyo al emprendedor, el sometimiento de los descuelgues de convenio a una autoridad arbitral pública, y la prioridad del convenio empresarial sobre el sectorial. Es decir, los tres pilares de la reforma que faltaban por validar definitivamente. El mismo Tribunal ya dio su visto bueno en febrero al régimen transitorio aplicable a la reducción de los días de indemnización por despido, así como a los retoques en materia de salarios de tramitación. 

Sin embargo, la sentencia no está exenta de polémica: cuenta con un extenso voto particular (tan argumentado y extenso como el propio fallo) suscrito por tres de los doce magistrados que componen la Sala, en el que se asegura, entre otras cosas, que el razonamiento de la mayoría `carece de la menor consistencia constitucional y legal´, y que el objetivo de reducir el desempleo no puede convertirse en `pasaporte para paralizar, bloquear e invalidar el ejercicio de la mayor parte de los derechos laborales´. 

El voto particular, con el que se sienten infinitamente más identificados los internautas, considera también que el Constitucional da `naturaleza de intereses constitucionalmente protegidos a intereses de matriz exquisitamente privada, como son la competitividad y al viavilidad de cada empresa´, de modo que resulta `de todo punto inaceptable´ que la elección por cada empresa de las medidas que puedan beneficiarles económicamente `puedan terminar erigiéndose en legítima restricción al ejercicio de derechos constitucionales, al pretendido amparo de la libertad de empresa´.

En sentido opuesto, el fallo se apoya en el cumplimiento de las exigencias de proporcionalidad y razonabilidad de estas medidas, que es fruto de una ponderación adecuada entre `el sacrificio que supone para la estabilidad en el trabajo (...) y los beneficios que pueden representar para el interés individual y colectivo del fomento y creación de empleo estable´.

EL CONSTITUCIONAL, AL SERVICIO DE LA BANCA

A los internautas no les tembló el pulso a la hora de asegurar que el Tribunal Constitucional no es más que un órgano vendido a los partidos políticos mayoritarios y, en última instancia, a la banca y al capitalismo. Sólo así se explica la validación de la reforma laboral, que se basa en argumentos que, tal y como reconoce el propio voto particular, poco tienen de derechos constitucionalmente protegibles. Sí lo son los derechos de los trabajadores, que quedan en este caso en un segundo plano por razones coyunturales. Son muchos los párrafos en que la sentencia hace referencia a la excepcionalidad de la situación, como si ella fuese un argumento jurídicamente válido para `derogar´ ciertos derechos o, como poco, adelgazarlos, durante el tiempo que el legislador considere necesario. 

Los ciudadanos no lo tienen tan claro y aseguran que si la crisis vale como excusa `para todo´, también debería ser válida para `evitar los desahucios´ o para `anular hipotecas´ por imposibilidad de hacer frente a su pago, así como para ` robar carros de comida sin que los detenga la policía´. Muy al contrario, esa excepcionalidad se aplica sólo a los lobbies; nunca al ciudadano. Banca y empresarios son el paradigma de ello, como si su caída pudiera destruir la estructura económica, pero la de los ciudadanos fuera menos relevantes a efectos de la estabilidad del Estado. La prueba de esta política, aplicada a lo largo de toda la crisis, es el empobrecimiento extremo de una capa cada vez más importante de la población y la tan comentada destrucción de la clase media. Mientras, las entidades financieras se recuperan y los empresarios encuentran medidas –al menos laborales-  muy a su favor para despedir más barato o contratar sin riesgo a tener que indemnizar.  

En medio de todo este debate, el reproche a la justicia o, más bien, a la falta de ella, es generalizado. Al Constitucional `se le ve demasiado el plumero´ y es evidente que existe una `fluida comunicación´ entre Gobierno y magistrados, tal y como señalan los lectores. Prueba de ello es que su sistema de nombramiento se encuentra `completamente politizado´. Siendo así, no es de extrañar que se produzcan casos como el del fallo dictado hace pocos días, o como el dictado en febrero de este año. `Si se va a ignorar la Constitución constantemente a través de argumentos creativos para pasar por encima de ella, ¿para qué la crearon?´, sentenció un lector. Los ciudadanos se mostraron convencidos de que el Constitucional, tal y como está configurado actualmente, `avalará todo lo que le diga el PP, que para algo lo nombra´.

Pero, por encima de ello, existe un problema más profundo: el hecho de que `lo privado marque constantemente el camino de lo público´, tal y como argumentó un lector. Así está quedando demostrado `desde que empezamos con la dichosa crisis, por lo que no es de extrañar que esta práctica la desarrollen en el ámbito administrativo funcionarial´. La conclusión es que, llevando a una síntesis escueta la argumentación del Constitucional, `las leyes y la justicia no tienen que ver con los derechos humanos, sino con la coyuntura económica´. 

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