edición: 2597 , Viernes, 16 noviembre 2018
10/07/2014
Tras un informe de Bruselas

Críticas al Gobierno por proteger a las empresas eléctricas y no hacer frente a la pobreza energética

El coste de la electricidad se ha incrementado en un 67 por ciento desde el inicio de la crisis
ICNr

Una de las caras más duras de la crisis –también de las menos comentadas desde los círculos de la política- es la falta de recursos básicos para las familias que, a consecuencia de la coyuntura económica, han perdido gran parte de sus recursos. Tal es el caso de la vivienda, incluso de la alimentación y, según acaba de denunciar Bruselas, también de la energía. La Comisión Europea ha publicado recientemente un informe en el que insta a los Estados miembros a proteger a los usuarios más vulnerables de luz y gas y a regular la pobreza energética, es decir, aquellos usuarios que no pueden mantener su hogar por encima de los 18 grados centígrados en invierno o que destinan más de un 10 por ciento de su renta al gasto en energía, sin contar el transporte.

Se trata de un documento que analiza los distintos mecanismos que utilizan los países de la Unión Europea, como la tarifa protegida de España (bono social), que está congelada desde 2009. A pesar de ello, la Comisión considera necesario que los gobiernos se involucren más, especialmente teniendo en cuenta que la pobreza energética ha crecido exponencialmente en los últimos años. De ahí que Bruselas abogue, en su informe, por que los países identifiquen y aborden los factores que contribuyen a la vulnerabilidad de los consumidores, ya que `es responsabilidad de los Estados miembros asegurar una adecuada combinación de políticas para proporcionar el mejor nivel de apoyo a los consumidores en situación de vulnerabilidad´. 

Estas sugerencias contrastan con la reciente aprobación de la reforma energética en España, que no contiene algunas de las sugerencias lanzadas desde la Comisión Europea, como apoyar a los clientes con el pago de sus facturas o adoptar medidas para reducir el consumo y mejorar la eficiencia.

Lo cierto es que la pobreza energética existe, va en aumento y afecta ya a un importante número de ciudadanos en el Estado español: los cortes de luz por impago han aumentado exponencialmente durante los últimos años y, según el informe Pobreza Energética, elaborado por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), unos 3,2 millones de clientes en España se encuentran en una situación vulnerable. Además, según el mismo texto, en los últimos años el porcentaje de los ingresos que los hogares destinan a las facturas de energía se ha incrementado un 25 por ciento, especialmente en comunidades como Castilla-La Mancha, La Rioja, Castilla y León, Aragón y Extremadura. El coste de la electricidad es el principal responsable del aumento: el recibo de la luz se ha convertido en el gasto más importante en las facturas del hogar, por encima del gas, y se ha incrementado un 67 por ciento desde el principio de la crisis.

Mientras, los medios de comunicación critican que en España sigue pendiente del `visto bueno´ final un Real Decreto de Suministro, que se anunció en el marco de la reforma energética, donde se incluyen los nuevos criterios para poder acceder a esta tarifa protegida, denominada bono social. Así, a pesar de tratarse de una reforma de primera necesidad, el Real Decreto lleva un año en tramitación y aún no ha visto la luz definitivamente. A ello se suma que, según recogió una información publicada en elEconomista, el nuevo bono social será menos ventajoso que el actual, porque se fija un descuento tope del 25 por ciento sobre el precio del resto de las tarifas reguladas (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) y se encarece un 3,4 por ciento, en línea con la subida del salario mínimo. Además, el borrador de la nueva norma contempla más trabas para el acceso a la tarifa, al fijarse topes de renta para tener derecho a este descuento sobre la tarifa convencional, aunque se cumpla con cualquiera de los requisitos que hasta ahora permitían su acceso. El Ministerio de Industria establece en 10.841 euros al año la renta máxima del cabeza de familia para tener bono social.

PROTECCIÓN A LAS EMPRESAS ENERGÉTICAS

Este tipo de situaciones sigue enervando a la opinión pública, demasiado acostumbrada a que el Estado haga la vista gorda cuando se trata de proteger a los ciudadanos más afectados por la crisis. En el caso del sector energético, los internautas tienen claro que la influencia de las llamadas `puertas giratorias´ es muy determinante. Se acusa a la clase política de preparar el terreno para ocupar a posteriori un buen puesto en cualquier empresa y, por tanto, de proteger al sector para que éste le haga un hueco en el futuro. Mientras, los ciudadanos deben hacer frente por su cuenta al coste de unos servicios básicos que se pagan `a precio de lujo´. `¿Cómo nos van a proteger aquí en España si luego los ministros que pierden el trabajo se colocan misteriosamente en las eléctricas? Aquí todo es amoral´, sentenció un lector. 

Y es que, para los internautas, no tiene ningún sentido que miles de personas se vean obligadas a gastar `más de un 10 por ciento de su renta en energía, sin contar el transporte´.
Nuevamente, la corrupción en el marco de la política salió a relucir en los comentarios de los lectores, cansados de situaciones intolerables que se convierten en comunes. `Aquí gobierna un sindicato del crimen , no un partido político democrático´, sentenció un lector. Sólo así se explica que `incluso desde Europa nos pidan ajustes´ y `se den cuenta de que lo que se hace en España con la luz es un abuso ´permitido por `traidores como Soria o Rajoy´. 

En definitiva, a los lectores les da la sensación de que toda noticia sobre recuperación, sacada del horno del Gobierno, no tiene nada de cierto. `Una vez aparece una noticia que dice que hay recuperación y se alterna con otra que dice que alcanzamos grados de pobreza que no se conocían hace décadas.

Algo no encaja.

Y personalmente pienso que de recuperación nada, que esto no ha tocado fondo y nos queda que pasar lo peor´. La realidad es que `hasta hace no tanto decían que estábamos en la champions league de la economía mundial, y ahora se pasa hambre´.


Por otro lado, lo que `no se dice´ es que España –y en muchos otros Estados europeos- con altos costes energéticos, tanto domésticos como industriales, `no se puede considerar desarrollada y a la vez estar permanentemente en crisis y no resultar competitiva con respecto a otras economías´, sentenció un lector. Se trata, por tanto, de un problema que afecta al desarrollo económico en su conjunto, y que perjudica el emprendimiento y el crecimiento del tejido empresarial. 

La conclusión es que en España se sigue ahondando en la crisis, sin que se ponga solución a los problemas más básicos y evidentes. El ejemplo más cercano es Grecia: `Van apareciendo en España las mismas noticias que en aquel país, pero con un año de diferencia, y en enero de 2013
los ciudadanos griegos se vieron obligados a quemar madera para calentarse, por no poder permitirse pagar por el gasóleo para calefacción como antes, tras el aumento récord de su precio´.

Según aseguró un lector, los sondeos realizados por el departamento de estadística de la Universidad de Atenas de Economía y Negocios apuntan que casi el 80 por ciento de los encuestados en el norte de Grecia confesaron que no pueden permitirse calentar suficientemente sus hogares.

En contraste con ello, `el otoño pasado, el Gobierno del país multiplicó por cuatro los impuestos sobre el combustible para calefacción´.

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