edición: 2825 , Martes, 15 octubre 2019
19/07/2014
Tras una sentencia del TJUE

Críticas al Gobierno tras el varapalo de la justicia europea a la `Ley Antidesahucios´ de 2013

Los interautas aseguran sentir `vengüenza´ y `miedo´ ante un legislador que sólo se preocupa por proteger a la banca y no a los ciudadanos
ICNr

El drama de las ejecuciones hipotecarias y las familias sin vivienda por impago de sus préstamos sigue dando mucho que hablar en la red. Si los jueces llevan meses criticando que las reformas operadas por el Ejecutivo en esta materia –que datan de 2013- no han sido suficientes para paliar el problema, ahora una nueva sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha vuelto a desatar todas las alarmas sobre la falta de protección al consumidor bancario en España. 

La sentencia, del pasado 17 de julio, arremete duramente contra la legislación hipotecaria nacional y eleva el tono con respecto a fallos anteriores, tal vez como reprimenda al legislador por no hacer los deberes y `escurrir el bulto´ precisamente en un momento en que el grueso de ejecuciones ya se ha producido. Los ciudadanos, por su parte, acusan directamente al Gobierno de proteger a la banca `descaradamente´ a través de reformas tibias y de cara a la galería que no garantizan los derechos de los ciudadanos.

Así, mientras en España se abordan las reformas que exige Europa `tarde y mal´, la justicia comunitaria sigue apretando las tuercas al legislador nacional. Quedan, además, muchas cuestiones en el aire sobre las que tendrá que pronunciarse el TJUE: son varios los jueces que, ante la dudas legales que plantea la reforma de la `Ley Antidesahucios´ de 2013, han elevado cuestiones prejudiciales al tribunal europeo para que éste arroje luz donde el Derecho interno no logra hacerlo. De momento, la primera sentencia europea tras la reforma no ha sido precisamente favorable para el legislador. El fallo del pasado jueves supuso un nuevo espaldarazo a los consumidores y un nuevo `tirón de orejas´ a la Ley Hipotecaria.

En concreto, la llamada popularmente `Ley Antidesahucios´ amplió los casos en que el deudor puede oponerse a la ejecución iniciada por el acreedor -normalmente la banca-, introduciendo la posibilidad de que éstos aleguen la existencia de cláusulas abusivas durante ese proceso. Hasta entonces, la pérdida de la vivienda durante un procedimiento de ejecución era prácticamente automática, por lo que el objetivo de la reforma era paralizar el proceso y permitir que se debata el fondo el contrato antes de que sea demasiado tarde y el deudor pierda su inmueble.

Este cambio se introdujo, precisamente, atendiendo a las exigencias de otra sentencia del TJUE, de 14 de marzo de 2013, que consideró que el procedimiento de ejecución hipotecaria español desprotegía al consumidor, al abocarle a una ejecución directa sin el necesario análisis de su contrato. 

Sin embargo, aquella reforma tampoco ha logrado contentar al Tribunal europeo: en su sentencia el TJUE asegura que va contra el derecho comunitario que, tal y como prevé ahora la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), el deudor ejecutado no pueda recurrir la resolución por la que se desestime su oposición a la ejecución, mientras que el profesional ejecutante sí puede interponer recurso contra la resolución que acuerde la paralización de la ejecución o declare la inaplicación de una cláusula abusiva. Tal situación provoca que la protección al consumidor sea, en estos casos `incompleta e insuficiente´, por lo que el proceso `disminuye la efectividad de la protección al consumidor´. Por este y por otros motivos, el TJUE concluye que la norma `pone en peligro´ el objetivo de la Directiva.

El fallo es contundente al asegurar que el sistema procesal español, en caso de que se desestime la oposición formulada por el consumidor contra la ejecución hipotecaria, `expone al consumidor, o incluso a su familia, al riesgo de perder su vivienda como consecuencia de la venta forzosa de ésta, siendo así que el juez que tramita la ejecución, en su caso, habrá llevado a cabo, a lo sumo, un examen somero de la validez de las cláusulas contractuales en las que el profesional fundamentó su demanda´.

UN LEGISLADOR `DE VERGÜENZA´

La sentencia del Tribunal europeo se convirtió en un nuevo motivo para censurar la actividad del legislador nacional y exigirle medidas a favor de los ciudadanos, en lugar de en protección a lobbies como la banca. Según aseguraron los lectores, da `vergüenza´ y `miedo´ a partes iguales que `familias honradas, y humildes, tengan que salir de España, a pedir auxilio, y justicia efectiva, al tribunal de la Unión Europea, por que aquí se violan sus derechos inalienables y fundamentales´. Y es que lo que se exige no es caridad, sino justicia: a nadie puede parecerle normal que `si un ciudadano no puede pagar su hipoteca, el banco venda la vivienda por el 60 por ciento y el ciudadano que no pudo pagar se quede con una hipoteca de casi por vida´.

Las denuncias se centran en un sistema de ejecución hipotecaria que beneficia de manera evidente al sector financiero, y que provoca que éste tenga en cartera una ingente cantidad de viviendas totalmente amortizadas a la par que inutilizadas, a la espera de que alguien se lance a su compra. Mientras, los lectores apuntan cómo aumentan los casos de ocupación ilegal de estas viviendas y cómo existen incluso pactos privados de compraventa con quienes las habitan ilegalmente por cantidades `ridículas´. Ello sólo puede responder al hecho de que el negocio ya está hecho: si la banca puede permitirse ceder inmuebles a modo `low cost´ es precisamente porque ya ha ganado con ellos todo lo que esperaba y más. 

En este marco, los internautas aseguran que el desalojo sólo crea la imposibilidad de que el banco pueda seguir cobrando nada. `Hay miles de posibilidades más rentables y humanas, que no creen un stock infinito de pisos invendibles y de deudas impagables´. Así, con este sistema sólo se crea una cartera de `pisos y deudas que acaban en manos de fondos buitres, acción que acabaremos todos pagando caro´. Por eso se pidió a los políticos hacer `un esfuerzo de comprensión y compasión´. `Es triste tener que salir de España para encontrar algo, aunque sean migajas de justicia. Seguimos a años luz de Europa´, censuró un lector.

El caso del rescate bancario volvió a salir a relucir: `Con impuestos de todos hemos pagado el rescate a los bancos, sobre todo a Bankia, manejada por gente política. Yo creo que sería mejor que, con los impuestos de todos, ayudáramos a familias con todos sus miembros en paro y niños pequeños que no tienen ni para comer, pero lamentablemente con gente con pensamiento como el que impera, retrocedemos a las cavernas para que cada uno se las apañe como pueda´, resumió un lector. 

En definitiva, para los internautas, el hecho de que tengan que defender a los ciudadanos españoles desde la Unión Europea es `lo más denigrante que puede haber para un Gobierno español que sólo busca favorecer a sus amigos los empresarios y a los banqueros´.
Tal y como aseguró un lector,
los políticos en España `quedan retratados como lo que son: una casta que sólo persigue su propio beneficio a costa de los más desfavorecidos para hacerse ricos cuanto antes y perpetuarse en el poder para dominarlo todo´.


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