edición: 2940 , Viernes, 3 abril 2020
15/03/2013
Más garantías para el deudor hipotecario

Críticas al proceso de ejecución hipotecaria tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE

La `tara´ del sistema que define el fallo sirvió de gancho para extrapolar la `ilegalidad´ señalada por Europa a la totalidad del sistema
ICNr

La jornada de ayer tuvo como protagonista indiscutible la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) sobre el procedimiento de ejecución hipotecaria español. Se trata de un fallo esperado desde hace meses, de implicaciones diversas, complejas y en muchos casos artificialmente exageradas por los internautas, que lo asocian con una especie de legalización de la dación en pago. Nada más lejos de la realidad: la sentencia sólo permite que el juez pueda paralizar la ejecución -y con ello el desahucio posterior- si el deudor pide que se estudie la posible abusividad de alguna cláusula del contrato. En definitiva, se gana en herramientas legales y en tiempo, de forma que el deudor se encuentra más protegido ante la entidad bancaria. Sin embargo, una vez `ajustadas las cuentas´ entre banco y cliente, lo más probable es que la ejecución por impago siga su curso. Para la opinión pública, esta concreta tara de la ley sirvió de gancho para extrapolar la `ilegalidad´ señalada por Europa a la totalidad del sistema por el que el banco se queda con la vivienda impagada. Un procedimiento que, señalan, ha sido diseñado a la medida exacta de la banca y que, por tanto, vulnera los derechos del consumidor.

La sentencia, que cuenta con el precedente de las conclusiones de la abogado general Kokott dictadas el pasado mes de noviembre, supone en la práctica y en resumidas cuentas que la norma española para los desahucios es contraria a la legislación europea de protección a los consumidores. De acuerdo con la sentencia, `la normativa española, que impide al juez que es competente para declarar abusiva una cláusula de un contrato de préstamo hipotecario suspender el procedimiento de ejecución hipotecaria iniciado por otra vía, es contraria al Derecho de la Unión´.

Así, el eje del debate se centra en la falta de protección al consumidor frente a la entidad bancaria, y en el hecho de que la legislación española no permite paralizar un desahucio invocando cláusulas abusivas en el contrato del préstamo a la compra de una vivienda. La única vía legal con la que cuenta el consumidor, según la letra de la ley actual, es pedir la nulidad de la cláusula o del contrato en su totalidad en otro procedimiento, al margen del proceso de ejecución hipotecaria, y una vez que ya se ha procedido al lanzamiento. En definitiva, la única forma de resarcir al consumidor víctima de una cláusula abusiva sería que ese `segundo juez´ condenara al banco a indemnizarle por daños y perjuicios, pero el mayor daño, la pérdida de la vivienda, ya estaría hecho.

El fallo considera que esta protección a posteriori `resulta incompleta e insuficiente´ ya que `no permite evitar la pérdida definitiva e irreversible de la vivienda´ sino que se limita `al pago de una indemnización por daños y perjuicios´. Así, `basta con que los profesionales inicien un procedimiento de ejecución hipotecaria para privar a los consumidores de la protección que pretende garantizar la directiva´, según denuncia la sentencia. Por todo ello, el Tribunal de Justicia declara que `la normativa española no se ajusta al principio de efectividad, en la medida en que hace imposible o excesivamente difícil, en los procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados a instancia de los profesionales y en los que los consumidores son parte demandada, aplicar la protección que la directiva confiere a estos últimos´.

Como respuesta pública, tanto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, confirmaron ayer que se incluirán en la reforma de la legislación hipotecaria las modificaciones que sean `consecuencia necesaria´ de la sentencia. `Todos los aspectos que ese Tribunal haya declarado contrarios a la legislación europea serán corregidos´, aseguró gallardón. Y lo serán, según explicó el ministro, aprovechando la reforma hipotecaria que se está tramitando en el Congreso de los Diputados, que ahora está ahora en fase de enmiendas. En cualquier caso, el fallo es de aplicación directa: los jueces ya pueden invocarlo para paralizar procedimientos cuando el deudor considere que el contrato debe estudiarse con más detenimiento, paralizándose así, aunque sea temporalmente, la ejecución.

UNA RESPUESTA PARA EL `DEUDOR TÍPICO´

La sentencia supone una respuesta judicial para el deudor hipotecario `típico´. Una respuesta que parte, además, de un órgano más respetado que los españoles. Los ciudadanos tienen la percepción de que Europa siempre `anda corrigiendo a España´ a través de sentencias judiciales, pero también de multas por falta de adaptación a normativas o por incumplimiento de ellas. En este caso, la situación es más grave, si cabe, que en cualquier otro, ya que `hay vidas en juego´, algunas `irrecuperables´. El dramatismo que alcanza el problema de los desahucios provocó que los foros de noticias y las redes sociales se inundaran en comentarios a veces contradictorios, a veces poco fundamentados, y siempre cargados de un fuerte condicionante sentimental. De ahí que muchos lectores extrapolaran el efecto de la sentencia al procedimiento de ejecución hipotecario al completo, o que condenaran al actual Ejecutivo -culpable a medias con el anterior- a la `dimisión´ por haber permitido que este proceso se haya aplicado durante todo lo que va de crisis.

Lo cierto es que la sentencia genera una duda que a muchos lectores le produce escalofríos: ¿Qué hubiera pasado si Europa se hubiera pronunciado en este sentido algunos años atrás? Los lectores censuraron hasta la saciedad que miles de personas se encuentren hoy en la calle y con enormes deudas a sus espaldas sin que se haya podido estudiar con detenimiento los términos de sus contratos, sobre todo porque la realidad es que el margen de negociación con la entidad bancaria es siempre mínimo y se han `colado´ todo tipo de cláusulas abusivas. Aunque esa revisión no va a permitir, en la mayoría de los casos, que el deudor conserve la vivienda, sí serviría para que se ajusten cuentas entre las partes y se anulen los efectos de cláusulas suelo o intereses de demora abusivos, por ejemplo. Con ello, la deuda casi `perpetua´ que acumulan muchos deudores una vez perdidas sus casas podría no ser tal, y el equilibrio entre las partes sería mayor. 

La consecuencia es que `nada podrá reparar tanto sufrimiento´ y la lección que extraen los ciudadanos es que `vivimos en un país en el que no se puede firmar nada porque siempre lleva letra pequeña´. La desconfianza vuelve a centrar el debate, y lo hace porque la realidad es que a la minima de cambio las entidades tratan de introducir cláusulas inapropiadas. `Todos hemos sufrido, aunque sea en pequeña medida, los abusos de la banca española. La letra pequeña, la minimización de riesgos, los intereses abusivos, llamar a las comisiones con otro nombre, la imposición de productos no solicitados, etc. Su estrategia comercial es la ocultación. Su objetivo, el lucro ilimitado´. Y la peor parte es que los sucesivos Gobiernos no han mostrado el interés necesario en este problema ni han intentado darle solución, y ello a pesar de que la crisis ha servido para poner de manifiesto de forma cristalina las taras del sistema. `Toda esta chapuza es el resultado de tener los partidos políticos llenos de mediocres y encima comprados por los bancos´, sentenció un lector. 

Los lectores recordaron, además, que no se trata del único caso: `Se está viendo no sólo en este tema, que es espinosísimo, sino también en todos los demás: escándalo de las preferentes (cómo engañar a una parte importante de la población para que pierdan sus ahorros y enriquezcan a cuatro pusilánimes), escándalos de las cooperativas de construcción de viviendas (si tienes suerte y hay muchas probabilidades, podrás ver cómo un señor se come tus ahorros prometiéndote una casa y luego se fuga con la pasta y aquí no ha pasado nada)... En este país todo está orientado al fraude y la estafa al ciudadano, y esto es sólo la punta del iceberg´.

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