edición: 2784 , Lunes, 19 agosto 2019
15/02/2011

Cuando el ejército es la única solución

Pedro González
Los abrazos de los manifestantes de la plaza Tahrir de El Cairo a los soldados que les vigilaban y luego terminaron por desalojarles se interpretó en un principio como el triunfo incontestable del pueblo y de su correspondiente presión en la calle sobre el presidente-dictador Hosni Mubarak. La realidad se irá modulando una vez asumido el poder por las Fuerzas Armadas, cuyos hombres fuertes no exhiben precisamente una biografía que case con los parámetros democráticos occidentales, en los que se quiere ver la evolución natural de la revolución egipcia.

Ni el ministro de Defensa, mariscal Mohamed Tantawi, ni el máximo responsable del ejército, Sami Hafez Enan, ni el comandante de la Fuerza Aérea, Reda Hafez, ni el responsable de la Marina, vicealmirante Mohab Mamish, responden al perfil de militares respetuosos con la preeminencia del poder civil. Al fin y al cabo, su tradición desde la rebelión de los jóvenes oficiales que derrocaron a la monarquía de Faruk, es justamente la contraria: la de colocar al frente del país a militares, aunque no volvieran a vestir el uniforme –Nasser, Sadat y el propio Mubarak-, secundados por un Parlamento destinado en la práctica a aplaudir y dar forma legislativa a los dictados del poder ejecutivo.

Respaldados por Estados Unidos, esos mismos militares egipcios han sido imbuidos de las doctrinas estratégicas y geopolíticas impartidas por Washington, es decir las que señalan que la seguridad, el desarrollo y la presunta prosperidad futura de Oriente Medio tienen como eje a Egipto y al respeto de éste hacia Israel. Romper esos lazos, sólidamente anudados a partir de los Acuerdos de Camp David, equivaldría a incendiar la inflamable región de Oriente Medio, o sea a desencadenar sin ningún eufemismo una nueva guerra mundial.

Hay que considerar por lo tanto la actuación de las fuerzas armadas egipcias en los dos planos: el más amplio de su desempeño como factor de equilibrio en la región, y el más particular de su futura actuación en Egipto. En el primero, está claro que la Casa Blanca tiene puestas todas sus complacencias en estos militares, tanto para mantener la seguridad de Israel como para contener las tentaciones de Irán de aprovechar los actuales vientos revolucionarios para extender el poder islámico. Respecto de su actuación en el ámbito local, se admiten apuestas a que los militares egipcios no tolerarán evolución alguna que merme su poder y sus privilegios. La derogación de la Constitución, la disolución del Parlamento y la promesa de celebrar elecciones en el plazo de seis meses eran medidas absolutamente cantadas. Otra cosa será la articulación de esos comicios y los diques que imponga a esa legislatura constituyente.

El principal temor tanto en Washington y las capitales europeas como en el interior del ejército egipcio es a que la situación se les descontrole, en cuyo caso es evidente que los mejor emplazados para hacerse con el poder serían los Hermanos Musulmanes, la única organización que puede exhibir una verdadera autoridad moral, forjada a raíz de sus múltiples prohibiciones, encarcelamientos y torturas a sus miembros, que no obstante han proseguido su labor de asistencia social y educacional en un país con casi un 40% de analfabetismo y un ostensible desamparo general en materia de sanidad.

La transición presenta, pues, numerosas incógnitas. Los militares han actuado durante las protestas masivas con una gran ambigüedad, pero sin perder de vista su auténtico norte, que es el de mantener los auténticos resortes del poder. Muchos de sus altos mandos participan y dirigen tanto instituciones financieras como las principales fuentes de riqueza del país, en especial el turismo. Y ello es tanto como decir que es el ejército el que los rige, ya que las decisiones que se toman en ese ámbito civil vienen en gran parte inspiradas por lo que deciden los militares. No es en vano que la Ley de Emergencia Nacional ha perdurado desde el atentado que costó la vida a Anwar El Sadat.

No será en absoluto fácil normalizar la actividad económica. El viento de la revolución ha prendido en los trabajadores del sector financiero, del transporte público y de la industria petrolera, que se han declarado en huelga en demanda de las mejoras salariales que les prometió Mubarak en un postrer intento por mantenerse en la poltrona. El pueblo tendrá también su ración de venganza. Ya son 43 los ex ministros a los que la Fiscalía ha prohibido salir del país, sospechosos de haber amasado fortunas no siempre en base al sueldo derivado de su cargo. Constituyen el muro de contención antes de atacar al propio Mubarak y a su familia, presuntos poseedores de un tesoro que, de ser cierto, les convertiría en los más ricos del mundo. Suiza ya les ha congelado las cuentas bancarias mientras el Reino Unido bascula entre una opinión pública internacional que le exige transparencia y su vieja tradición de amparar el secreto de los activos de sus dictadores aliados.

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