edición: 2575 , Martes, 16 octubre 2018
01/07/2011

Cumplir con las normas contables de Eurostat puede aumentar la deuda pública española

El Tesoro cubre rigurosamente con swaps todas sus posiciones pero no lleva una contabilidad de acuerdo con las normas de Eurostat
España mantiene no transparentes los volúmenes de swap contratados y por lo tanto no sabemos el volumen de garantías suplementarias
Carlos Schwartz

Los gobiernos europeos se niegan a adoptar las normas contables propuestas por Eurostat para las garantías suplementarias de operaciones de swap y derivados. Las garantías se denominan Credit Support Annex (CSA), en la terminología desarrollada por la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA). La oposición es porque las normas contables pueden suponer un fuerte incremento en las cifras nominales de deuda pública. El criterio alentado por ISDA y por Eurostat es la aplicaócin bilateral de los CSA. Esto quiere decir que en las operaciones de swap entre los departamentos del tesoro de los estados soberanos y sus contrapartes en los bancos, cuando la operación se hace desfavorable para el banco, éste debe aportar colateral para compensar la diferencia. Si el trato no es recíproco, es decir no es bilateral, cuando la cobertura es desfavorable para el estado, éste no aporta colateral para garantizar la diferencia. Los bancos para evitar esta asimetría cubren el riesgo contra otro banco.

Uno de los pocos países de Europa que ha puesto en marcha las garantías suplementarias bilaterales es Suecia. La práctica también la introdujo Portugal en 2010, pero su decisión ha sido un arma de doble filo. Los mercados han visto la decisión portuguesa como un signo de debilidad ante sus dificultades de financiación. La aplicación de las normas de Eurostat ha supuesto para Holanda un incremento en su deuda pública nominal de 2.000 millones de euros en 2008, y Suecia estima que la aplicación de la noma contable le supondrá un aumento de la deuda pública del orden de los 1.700 millones de euros.

El departamento español del Tesoro cubre rigurosamente con swaps todas sus posiciones pero no lleva una contabilidad de acuerdo con las normas de Eurostat ni tiene garantías suplementarias en los dos sentidos. Los intermediarios de las operaciones de deuda pública (dealers) incrementan significativamente sus riesgos y sus costes financieros en periodos de incrementos de tipos de interés, es decir en momento como el actual. El todavía presidente del Banco Central Europeo Jean-Claude Trichet viene de insinuar ayer que puede haber un incremento de tipos de interés en breve. El aumento del rendimiento de las deudas públicas de los países de la periferia del euro forma parte de este panorama.

Las normas contables exigen que el dinero recibido por los estados soberanos como garantía suplementaria sea considerada deuda, por el mero hecho de que hay que devolverla. Por otra parte si las operaciones comienzan a ir en contra del Tesoro de un país, este debería aportar garantías suplementarias para cubrir los riesgos de su swap con lo cual también incrementa su deuda. Los países que no lo hacen, como España, dejan de transparentar los volúmenes de swap contratados. No sólo para la cobertura de deuda pública, sino por ejemplo para la cobertura de inversiones como el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Las variaciones desde luego no tienen porque ser necesariamente deuda real en el sentido estricto. Esto siempre y cuando se trate de operaciones de cobertura real. Es bueno recordar que las normas defendidas por Eurostat tienen que ver con el maquillaje de la deuda pública de Grecia organizada por Goldman Sachs mediante instrumentos derivados. Entretanto, los dealers de deuda pública que están en operaciones de derivados y swaps con los departamentos del tesoro de los países europeos que no aplican las normas CSA bilaterales han visto un sensible incremento de sus costes financieros por la necesidad de cubrir los riesgos de los tipos de interés al alza. En la medida que los estados no aportan garantías suplementarias ellos cubren el riesgo con otros bancos y cada incremento de tipos les supone un desembolso de garantías suplementarias a ellos.

El problema no es sólo el incremento de los costes, sino además de los riesgos. El ejemplo que da un intermediario en un banco es ilustrativo: una cartera de 100.000 millones de euros en bonos a 10 años con un cupón promedio del 3,5% ha sido cubierta a ese tipo de interés con un grupo de bancos mediante swaps. En condiciones mark to market si hay un incremento de 100 puntos básicos en el rendimiento del bono a 10 años el equilibrio se desplazaría en favor de los bancos en unos 8.000 millones de euros. Como el acuerdo no es bilateral el Tesoro correspondiente no paga garantía alguna, y en su lugar los bancos deben pagar una garantía suplementaria a los otros bancos con los que han cubierto ese riesgo. Como es lógico en este escenario los operadores, dealers y bancos están ejerciendo una fuerte presión sobre los departamentos del Tesoro de cada país para reducir el coste de la financiación añadido que les supone mantener en pie estas operaciones son los estados.

La Dirección General del Tesoro de España no está al margen de estas presiones y desde el año pasado considera la posibilidad de elevar los parámetros de riesgo que disparan las garantías suplementarias para ahorrar costes a los bancos con los que cubren riesgos. Esto desde luego incrementa el riesgo para el Tesoro puesto que el abnanico sin cubrir aumenta. El Tesoro sin embargo no considera la posibilidad de hacer que los CSA sean bilaterales. Si se tiene en cuenta que las normas en materia de contratos de derivados y swaps que viene debatiendo la Unión Europea desde el año pasado y recogidos en la directiva denominada EMIR apuntan a hacer este mercado más transparente mediante su contratación a través de Entidades Centrales de Contrapartida (ECC) y con la llevanza de un registro de operaciones OTC, se puede sospechar que la oposición de los estados a contabilizar sus operaciones de swap y derivados, aplicarles el criterio de garantías suplementarias bilaterales, o registrarlas, perfilan una resistencia a que las normas que recogen los criterios de transparencia en los mercados over the counter (OTC) lleguen a tener una vigencia efectiva.

Hay un hilo conductor entre estos criterios, que de hecho se oponen a la norma europea denominada EMIR, con otro incidente registrado este año en torno a una batalla por prohibir las posiciones cortas desnudas en los credit default swaps (CDS), batalla en la cual España se unió al grupo de naciones que se resistía a la propuesta francesa de prohibición lisa y llana que ya había recibido el apoyo de los legisladores europeos. El Tesoro español no está del lado de las transparencia. Quizá porque si lo hace aumente el nominal de la deuda pública del país.

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