edición: 3102 , Viernes, 4 diciembre 2020
16/02/2010

De corruptos griegos y corruptores alemanes

Pedro González
Fue Rodrigo Rato, en su calidad entonces de vicepresidente económico del Gobierno español, quien salió al paso de la extendida falacia de que eran los alemanes quienes habían pagado el grueso de la modernización de las redes españolas de transporte. Es una reiterada cantinela, que ha terminado calando entre los medios de información y la opinión pública de Alemania y de la mayor parte de los países que conforman la parte norte de la Unión Europea. Rato admitió la evidencia de que la mayor parte de los fondos de cohesión que iban a los países mediterráneos e Irlanda procedían de Alemania, pero la complementó con la realidad de que buena parte de los trenes y automóviles que circulaban por ferrocarril o carretera eran alemanes, al igual que muchos otros productos de alta tecnología que exportaban a España mientras al sur de los Pirineos nos conformábamos con modernizar e impulsar la agricultura, la construcción  y los servicios. Las empresas germanas habían invadido el mercado español tanto por la calidad de sus manufacturas como por las comisiones adecuadas a los decisores apropiados, o sea a través de los famosos convolutos de que hablaba el castizo embajador Guido Brunner.

Aquellas reflexiones del hoy presidente de Caja Madrid no han aplacado el sentimiento de los trabajadores alemanes de que son ellos los que se esfuerzan y ahorran para que luego ese dinero vaya a parar a los manirrotos del sur. Esa convicción, atizada especialmente, claro está, por los liberales, es la que ha impedido a la canciller Angela Merkel facilitar ayudas más tajantes a una Grecia al borde la bancarrota.
 
Es una amarga certeza que el país helénico ha creado una burbuja de falsa prosperidad a partir de su entrada en la segunda fase del euro. Hoy se acusa a las instituciones europeas de haber sido demasiado laxas al permitir aquella incorporación a pesar de las muchas dudas que se tenían ya entonces sobre el maquillaje de las cifras que el Gobierno de Atenas enviaba a Bruselas. Sin embargo, no todo fue vagancia en la vigilancia porque fue precisamente la Alemania del canciller socialdemócrata Gerhard Schröder la que dio el visto bueno final. ¿Por qué? Entre otras razones, porque lo contrario habría impedido la irrupción de las empresas alemanas en el mercado griego. Corporaciones germanas construyeron las redes telefónicas y de distribución energética, lo mismo que los nuevos trenes de cercanías.

Gran parte de las obras acometidas con motivo de los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004 fueron realizadas también por firmas alemanas.
Además de por su acreditada calidad ‘made in Germany’, los concursos no fueron siempre un modelo de limpieza. El Parlamento griego tiene en marcha un comité de investigación para saber el montante y los beneficiarios de los sobornos  y cohechos realizados por Siemens. Según algunos comparecientes, la multinacional germana habría destinado el 2% de sus beneficios anuales a untar debidamente a funcionarios y políticos griegos a cambio de los correspondientes contratos públicos. Entre las muchas partidas consignadas estuvo un contrato de seguridad para los Juegos Olímpicos, a cambio de diez millones de euros.

Las revelaciones del caso Siemens no hacen sino añadir un punto más de hastío a una población que, a semejanza de la italiana, se ha ido acostumbrando a convivir con un paisaje político pestilente. En ese marco, el 22% de la población activa es funcionario de alguna administración, un porcentaje superior al de Extremadura, que en los círculos de la UE se presenta como el paradigma de la antítesis de la eficacia y del acicate para fabricar emprendedores y creadores de riqueza. Por cierto, fue el padre del actual primer ministro griego el que abrió la puerta a una burocracia descomunal al convertir en permanentes a todos los funcionarios, institucionalizando el tradicional intercambio de favores por votos, lo que en España se conoce por caciquismo y en Grecia por ‘rousfeti’. Giorgos Papandreu tendrá ahora que reducir tan abultada nómina e incluso suprimir una paga de las catorce anuales que perciben los funcionarios si quiere que el resto de la UE, es decir Alemania y Francia sobre todo, le sostengan en el rescate de un país con una deuda del 125% de su PIB, un déficit del 12,7% y una evasión fiscal incalculable.

Meter el bisturí en un cuerpo social impregnado todo él de corrupción tendrá un coste enorme, no sólo para los políticos griegos sino para toda su sociedad, que habrá de acostumbrarse a trabajar mucho más para vivir peor. La Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional evaluarán la marcha del plan de choque mes a mes. El primer informe de este inédito sistema de vigilancia reforzada lo emitirán en marzo, apenas unos días antes de que venzan en abril 23.000 millones de los 51.000 millones de euros de deuda total de Grecia. Para entonces, el primer experimento de la UE para impedir la bancarrota de un país de la zona euro deberá también haber aclarado importantes extremos, en especial en lo que atañe a las herramientas de coacción, vulgo castigos o sanciones, si un miembro no respeta los acuerdos y compromisos. En plata, algo más que un borrador de la necesaria gobernanza económica de toda la UE.

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