edición: 2843 , Lunes, 11 noviembre 2019
03/02/2012
Guante blanco con MAFO

De Guindos utiliza el argumento del Banco de España para intervenir en las remuneraciones bancarias

El informe del banco que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez ponía de manifiesto que el seguimiento de las recomendaciones de retribución contenido en el FROB por parte de la banca era medio o bajo
Fernando Romero

De Guindos insistió en que el Banco de España era responsable de la vigilancia de las remuneraciones de los directivos así como de la directiva comunitaria que debaría haber sido aplicada con carácter obligatorio, al tiempo que criticó al instituto emisor pues está facultado para limitar el total de emolumentos.

Se trata de una decisión que en este contexto parece lógica, que se ha adoptado sin demagogia pero con responsabilidad, según de Guindos, quien reconoció que es una medida que se aplica de cara al futuro, ya que no se puede hacer nada ante las retribuciones devengadas con anterioridad.

De Guindos sostuvo que el Ejecutivo ha tomado esta decisión tras recibir el informe del Banco de España sobre dichas remuneraciones y a la luz de la situación económica tanto a escala internacional como en España, e incidió en que el techo máximo establecido a los emolumentos es "razonable".

El Gobierno está convencido de que su misión no es fijar los sueldos del sector privado, pero tanto el Ejecutivo como el Banco de España consideran adecuado que las entidades de crédito que han recibido respaldo público garanticen el cumplimiento de los objetivos para los que se concedió éste, y sirvan de ejemplo a la sociedad en un momento de dificultad, argumentó el ministro.

Han recibido apoyo público a través de créditos (FROB 1) Bankia, Banca Cívica, Unicaja Caja Duero-España, y Banco Mare Nostrum (BMN) con el fin de llevar a cabo su integración, mientras que han sido nacionalizadas con capital público (FROB 2) por problemas de solvencia Novacaixagalicia, Catalunya Caixa, Unnim y Banco de Valencia.

En el caso de las entidades con créditos públicos, queda suspendida la retribución variable y en un plazo de tres años se valorará si se han cumplido determinados objetivos de negocio de cara a restituirla, en su caso. Los derechos de pensión deberán incluirse en el tope de emolumentos establecido.

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