edición: 2363 , Miércoles, 13 diciembre 2017
09/10/2009

De la Vega no puede abrir el melón de la financiación a las televisiones autonómicas

Contraría a las televisiones privadas, que no aplacarán su rebelión judicial y fiscal para RTVE
Sólo Andalucía y ETB están dispuestos a analizar alternativas y calcular opciones a medio plazo
Ana Zarzuela

Acelera la Ley General Audiovisual -órdenes de Zapatero- pero el plato fuerte de la regulación del tejido televisivo llegará sin sitio para exportar la ‘revolución’ de RTVE a los canales regionales. La vicepresidenta se conforma con colar en el Anteproyecto algunas coordenadas de administración y contabilidad similares a RTVE y ha subido hasta el 6% el porcentaje de los ingresos que deben destinar a contenidos audiovisuales europeos. Pero De la Vega no podrá  inaugurar un debate que ni Zapatero ni Elena Salgado, ni Manuel Chaves -en plena tormenta presupuestaria- han querido tocar. Una reforma que ella hubiera querido servir como ofrenda de paz a las televisiones privadas. La Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) quiere las televisiones autonómicas sin publicidad y las quiere ya. Se lo exige de nuevo a Moncloa, con las lanzas listas para pelear a partir de enero el 3% de sus ingresos que deben aportar a RTVE. Les duele el 10,7 % de la tarta publicitaria que se llevan al año las autonómicas (unos 319 millones de euros) y les sabe a poco el 20% de ese ‘pastel’ que TVE dejará de digerir desde el año que viene. El antecedente francés les acaba de recordar que la ‘transfusión’ de la publicidad que tenía hasta ahora el ente público puede no ser ni tan segura ni tan rápida para ellos. Pero la coincidencia con los presupuestos y las leyes de financiación autonómica dejará la ‘guerra’ de las televisiones autonómicas para mejores momentos, no antes de cuatro años según los cálculos de la Forta.

Ahora que Moncloa cocina en los fogones de Presidencia e Industria los últimos hervores de la Ley General Audiovisual, ni los calendarios y las urgencias de la UE y el Congreso español, ni la irritación del sector audiovisual y de los operadores de telecomunicaciones le invitan a más sacudidas del mapa televisivo. Bruselas mira a Madrid, Fernández de la Vega ha tenido que pasearse por los salones de la Comisaria Kroes y jurarle que la financiación de RTVE no salta sus muros y la demora de la Ley Audiovisual luce mal en la UE. El bautismo legislativo de la Ley General, o al menos su ‘génesis’ en el Consejo de Ministros a partir del 16 de octubre será mucho más que unificar la maraña de legislaciones que rigen el sector y aplicarle un ‘tentetieso’ a la CMT, sin sitio ni en la elección del CEMA. Aún no ha digerido la aprobación de la Ley de la TDT -ni los peajes que tendrá que pagar a CiU- pero a la vicepresidenta se le ‘aborota’ la batalla audiovisual de nuevo, ahora que las tv privadas y las operadoras esperan a enero para pelear las tasas de RTVE. Moncloa le dejará, como peaje, el control de la publicidad estatal en las manos de su gabinete.

El anteproyecto de la Ley General Audiovisual obliga a todos los medios públicos a recoger por norma los objetivos generales de la función de servicio público que presten para un periodo de nueve años, algo similar al mandato-marco aprobado para RTVE. Deberán identificar de manera expresa los contenidos de servicio público y concretar los porcentajes que se emitirán por géneros de programación. Y, aunque Moncloa y Ferraz no tienen más remedio que asumir que comunidades autónomas y ayuntamientos fijen el modelo de contenidos y financiación que consideren oportuno, la Ley deja claro que el dinero público no podrá sostener actividades o contenidos distintos a los que tienen carácter de servicio público. Para ello, obliga a la contabilidad analítica detallada: los canales autonómicos tendrán que determinar el coste neto de este servicio para calcular qué compensación pública podrán recibir y cuánto tendrán que devolver en caso de que sea excesiva. Eso es todo.

NO MÁS DESENCUENTROS 

La vicepresidenta quiso creer en el optimismo de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas, que espera hacer ‘cuestión de tiempo’ el traslado del modelo sin publicidad de TVE a las autonómicas. Todo con la esperanza de que les sirva e colchón para atenuar en sus balances la caída de la publicidad, que puede llegar al 15% en el conjunto de 2009. El sector de la publicidad le recuerda que en caso de salir adelante, el trasvase del modelo de financiación de RTVE a las latitudes autonómicas perjudicaría a más de 2.500 empresas que se anuncian a día de hoy a través de espacios autonómicos. Pero sobre todo, que ni las competencias de cada gobierno regional sobre el tema, ni la tormenta por el sudoku de la financiación autonómica le ponen a De la Vega a la mano ni la oportunidad, ni la ocasión para el ‘contagio’ de un modelo que las autonómicas agrupadas en la federación Forta ven inviable. Ni siquiera han fructificado sus semillas del desencuentro. Trató de hacer cuña en la división entre las operadoras de telecomunicacione, con las telecos regionales, Euskaltel, R y Telecable -como arietes involuntarios- y colarse por las grietas de las zozobras financieras autonómicas, pero se ha disparado el tiro de la confrontación en los pies. Ni las operadoras autonómicas pagarán el 0,9% de sus ingresos para financiar RTVE, ni a las latitudes autonómicas ha llegado la ‘guerra de las tasas’ para financiar las cadenas públicas.

De la Vega busca parches de última hora para la financiación de RTVE. Su 'cuádruple financiación' no llega a tiempo, el sudoku de su calendario dejará huérfana a RTVE del 25% de la financiación al menos durante 2010. Las grandes telecos sopesan ya reeditar los pasos que han seguido en su batalla legal con la tasa municipal del 1,5% por el espectro radioeléctrico: les ha permitido, en tanto llegaban las sentencias judiciales -ahora favorables a las operadoras- no pagar durante tres años, sólo consignar esos ingresos en los juzgados a través de avales bancarios. La rebelión judicial que preparan las telecos suma y sigue con la que ahora puede ser la revuelta fiscal de los canales privados de televisión: amenazan con no tributar el último trimestre del año. Acusan a la cadena Pública de aprovechar resquicios legales para contratar publicidad para todo el último trimestre del año y haber pisado la "frontera del fraude de ley. Las noticias de París les nublan aún más las expectativas. La fórmula de una tv sin anuncios, ya ha roto en las manos de Nicolas Sarkozy todas sus supuestas ventajas. Prometía que las televisiones privadas tendrían que sufragar parte de la fiesta pero a cambio toda la tarta publicitaria sería para ellas. La realidad le ha desmantelado sus horizontes: la inversión publicitaria gala bajó un 6% y ningún otro medio salió beneficiado. Aviso para navegantes del sector español.

SIN VALEDORES PARA LA POLÉMICA

Fernández de la Vega se atrincheró hasta el último minuto, a solas con la Ley de Financiación de RTVE, de espaldas al sector de las telecomunicaciones y las grandes operadoras, pero no menos que a la Sepi, el ministerio de Economía y a Miguel Sebastián, muy poco contentos con el puzzle fiscal que habrá que armar en otoño y la erosión en un sector que ha visto mermados sus ingresos por la crisis -sólo ha crecido un 0,5% el segundo trimestre del año- y que puede repercutir en la rebaja de la política de inversiones.  En Presidencia no han tenido que sentar a la misma mesa a los presidentes regionales, ni siquiera a los miembros de la Forta para convencerse de que su modelo de financiación de RTVE no tendrá muchos herederos más allá de los muros de Moncloa, a pesar de que un informe encargado por las televisiones privadas a Deloitte revelaba que las cadenas autonómicas cuestan de media un total de 119 euros al año a los hogares, el doble que la televisión estatal y que la publicidad supone una cuarta parte de sus ingresos, frente a la mitad de la RTVE estatal. 

Con un presupuesto de 1.900 millones y una deuda superior a 1.500 millones, las cadenas de las CCAA pasarán esta vez de largo del punto de mira de Moncloa. Todas, sin excepción, arrojan perdidas millonarias. Un déficit que se acrecentará con la recesión económica y la consiguiente caída en los ingresos por publicidad. La televisión pública podrá complementar sus ingresos con el dinero que salga -aunque sea tarde y a regañadientes- de los operadores de telecomunicaciones y de las televisiones privadas, pero el modelo no es exportable a las comunidades autónomas, obligadas a buscar otras vías de financiación si quieren ponerle coto a la publicidad.  Y, aunque la rebaja de la publicidad lleva meses sobre las mesas de más de un presidente autonómico, en sus comunidades, ninguna televisión regional quiere mirar tampoco ni a Moncloa ni al Elíseo.

Ni Euskal Telebista -que prioriza ahora la digitalización total y en la integración de todos sus soportes- ni la Televisión del Principado -que el gobierno regional considera ya de gasto contenido y publicidad casi testimonial- ni la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión están abiertas a cambios de financiación inmediatos, menos aún si pasan por la ausencia de publicidad y cagas fiscales para los operadores regionales (donde los hay). Menos aún en Baleares, donde el Gobierno está trabajando en un anteproyecto de ley de la Radio y la Televisión Públicas que definirá el modelo y las bases de un contrato programa entre el Ejecutivo regional y el ente público. La  Ley Audiovisual de Cataluña contempla expresamente la doble financiación (pública y por ingresos publicitarios). Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) pretende blindar las televisiones autonómicas para que no puedan ver afectadas, ni siquiera en un futuro por un cambio de regulación similar al de RTVE. Ni está ni se le espera en la nueva ley de TV que el Govern catalán prepara ya y que no aplicará hasta 2011. Cuando llegue, la reestructuración del canal autonómico y la génesis del nuevo Consell Audiovisual lo hará con las mismas líneas rojas de su financiación. Y en Galicia el único cambio previsto por Alberto Núñez Feijoo era que el presidente de la corporación pública gallega fuera elegido por el Parlamento regional.

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