edición: 2843 , Lunes, 11 noviembre 2019
09/07/2009

De la Vega, sin valedores para ‘contagiar’ a las autonómicas la financiación de RTVE

Engendró la ley de reforma de Financiación de la Corporación RTVE  a toda prisa, en las ascuas de las televisiones privadas y las chispas de las operadoras de telefonía,  por la vía de urgencia y la puerta de atrás del estío parlamentario. Y tejió la Ley General Audiovisual casi de espaldas a las cadenas autonómicas, que aún no le perdonan el ‘olvido’. Primero, en abril, le prometió a la Forta la intocabilidad del sudoku de sus miembros; después, quiso -por otras voces- sumarlas al debate sobre la financiación televisiva. Pero en tres meses no ha encontrado ni sitio en la Ley General Audiovisual ni eco en las latitudes de las competencias autonómicas para exportar la ‘revolución’ de RTVE a los canales regionales y dejar abierto un debate que ni Zapatero ni Salgado, ni Chaves -en plena tormenta presupuestaria- han querido tocar. Se conforma con colarles -en el título IV de la Ley General- algunas coordenadas de administración y contabilidad similares a RTVE.

Ha subido hasta el 6% el porcentaje de sus ingresos que deben destinar a contenidos audiovisuales europeos y no recibirán nada de las telecos ni de pagadores alternativos como hará RTVE desde octubre. El nuevo modelo de RTVE no es exportable, ni siquiera como lanza de la discordia. Ni Baleares, ni Cataluña, ni Galicia, ni País Vasco ni Aragón lo seguirán. Hasta ahora de la Vega sólo ha conseguido poner al vicepresidente Chaves entre la espada y la pared. Y es que -amén de los guiños de Patxi López a Rodríguez Zapatero- es Griñán el único presidente que  no le da la espalda de pleno a la posibilidad para la tv andaluza, aunque no cuente con el beneplácito de Canal Sur para buscarle nuevos apellidos al 26,9% de la financiación que obtiene de la publicidad.

María Teresa Fernández de la Vega siembra las semillas del desencuentro, pero en sus propios jardines. Con las telecos regionales, Euskaltel, R y Telecable -como arietes involuntarios- trató de hacer cuña en la división entre las operadoras de telecomunicaciones y colarse por las grietas de las zozobras financieras autonómicas, pero se ha disparado el tiro de la confrontación en los pies. Ni las operadoras autonómicas pagarán el 0,9% de sus ingresos para financiar RTVE, ni a las latitudes autonómicas ha llegado la ‘guerra de las tasas’ para financiar las cadenas públicas.

La vicepresidenta quiso creer en el optimismo de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA), que espera hacer ‘cuestión de tiempo’ el traslado del modelo sin publicidad de TVE a las autonómicas. Les duele el 10% de tarta publicitaria que se llevan al año las autonómicas (10,7%) y les sabe a poco el 20% de ese ‘pastel’ -un 20% que TVE dejará de digerir desde el año que viene.  Todo con la esperanza de que les sirva e colchón para atenuar en sus balances la caída de la publicidad, que puede llegar al 15% en el conjunto de 2009. El sector de la publicidad le recuerda que en caso de salir adelante, perjudicaría a más de 2.500 empresas que se anuncian a día de hoy a través de espacios autonómicos. Pero sobre todo, que ni las competencias de cada gobierno regional sobre el tema, ni la tormenta por el sudoku de la financiación autonómica le ponen a De la Vega a la mano ni la oportunidad, ni la ocasión para el ‘contagio’ de un modelo que las autonómicas agrupadas en la federación Forta ven inviable.

Fernández de la Vega se ha atrincherado, hasta el último minuto, a solas con la Ley de Financiación de RTVE, de espaldas al sector de las telecomunicaciones y las grandes operadoras, pero no menos que a la Sepi, el minsterio de Economía y a Miguel Sebastián, muy poco contentos con el puzzle fiscal que habrá que armar en otoño y la erosión en un sector que ha visto mermados sus ingresos por la crisis –sólo ha crecido un 0,5% este trimestre- y que puede repercutir en la rebaja de la política de inversiones.  No ha tenido que sentar a la misma mesa a los presidentes regionales, ni siquiera a los miembros de la Forta para convencerse de que su modelo de financiación de RTVE no tendrá muchos herederos más allá de los muros de Moncloa, a pesar de que un informe encargado por las televisiones privadas a Deloitte revelaba que las cadenas autonómicas cuestan de media un total de 119 euros al año a los hogares, el doble que la televisión estatal y que la publicidad supone una cuarta parte de sus ingresos, frente a la mitad de la RTVE estatal.

Con un presupuesto de 1.900 millones y una deuda superior a 1.500 millones, las cadenas de las CCAA están en el punto de mira de Moncloa otra vez. Todas, sin excepción, arrojan perdidas millonarias. Un déficit que se acrecentará con la recesión económica y la consiguiente caída en los ingresos por publicidad. La televisión pública podrá complementar sus ingresos con el dinero que salga -aunque sea tarde y a regañadientes- de los operadores de telecomunicaciones y de las televisiones privadas, pero el modelo no es exportable a las comunidades autónomas, obligadas a buscar otras vías de financiación si quieren ponerle coto a la publicidad.  Y, aunque la rebaja de la publicidad lleva meses sobre las mesas de más de un presidente autonómico, en sus comunidades, ninguna televisión regional quiere mirar tampoco ni a Moncloa ni al Elíseo.

Ni Euskal Telebista -que prioriza ahora la digitalización total y en la integración de todos sus soportes- ni la Televisión del Principado -que el gobierno regional considera ya de gasto contenido y publicidad casi testimonial- ni la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión están abiertas a cambios de financiación, menos aún si pasan por la ausencia de publicidad y cagas fiscales para los operadores regionales (donde los hay). Menos aún en Baleares, donde el Gobierno está trabajando en un anteproyecto de ley de la Radio y la Televisión Públicas que definirá el modelo y las bases de un contrato programa entre el Ejecutivo regional y el ente público. La  Ley Audiovisual de Cataluña contempla expresamente la doble financiación (pública y por ingresos publicitarios). Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) pretende blindar las televisiones autonómicas para que no puedan ver afectadas, ni siquiera en un futuro por un cambio de regulación similar al de RTVE. Y en Galicia el único cambio previsto por Alberto Núñez Feijoo, era que el presidente de la corporación pública gallega fuera elegido por el Parlamento regional.

El anteproyecto de la Ley General Audiovisual obliga a todos los medios públicos a recoger por norma los objetivos generales de la función de servicio público que presten para un periodo de nueve años, algo similar al mandato-marco aprobado para RTVE. Deberán identificar de manera expresa los contenidos de servicio público y concretar los porcentajes que se emitirán por géneros de programación. Y, aunque Moncloa y Ferraz no tienen más remedio que asumir que comunidades autónomas y ayuntamientos fijen el modelo de contenidos y financiación que consideren oportuno, la Ley deja claro que el dinero público no podrá sostener actividades o contenidos distintos a los que tienen carácter de servicio público. Para ello, obliga a la contabilidad analítica detallada: los canales autonómicos tendrán que determinar el coste neto de este servicio para calcular qué compensación pública podrán recibir y cuánto tendrán que devolver en caso de que sea excesiva. Eso es todo, al menos por ahora.

Noticias Relacionadas

Director
Alfonso Pajuelo ( director@icnr.es )

Esta web no utiliza cookies y no incorpora información personal en sus ficheros

Redacción (redaccion@icnr.es)

  • Juan José González
  • Javier Ardalán
  • Carlos Schwartz
  • Rafael Vidal

Intelligence and Capital News Report ®
es una publicación de Capital News Ediciones S.L.
Editor: Alfonso Pajuelo
C/ Joaquín María López, 30. 28015 Madrid
Teléfono: 92 118 33 20
© 2019 Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción sin permiso expreso de la empresa editora.

Optimizado para Chrome, Firefox e IE9+

loading
Cargando...