edición: 2363 , Miércoles, 13 diciembre 2017
16/09/2010
La sintonía con el PNV para los PGE le busca sitio a la alianza de Euskaltel, R, Telecable y Ono

De la Vega y Salgado le amargan otra vez la sintonía con las telecos a Sebastián y el aterrizaje a Lorenzo

Salgado presiona por la subasta para el reparto de frecuencias, o una fórmula que ‘caliente’ la recaudación
De la Vega apresura el cobro para RTVE a las telecos: antes de un mes, 160 millones
Ana Zarzuela

Intentó neutralizar el enfado de las operadoras, pero sus dos grandes vías de paz -la defensa de una ‘tasa Google' o cobros Premium y su plan ‘estrella’ del servicio universal de banda ancha- habían pinchado, durante la Secretaría de Francisco Ros, en el hueso de los socios europeos, el primero, y del pragmatismo de su ejecución, el segundo. Por eso. Sebastián buscaba, desde septiembre el estreno de Bernardo Lorenzo como nuevo secretario de Estado con soluciones para los viejos ‘entuertos’. Por primera vez está casi a punto un calendario para la reordenación de las frecuencias móviles pendientes. Pero De la Vega y Salgado envenenan el tiempo muerto. Salgado quiere sitio en la ‘caja’ del espectro radioeléctrico. De la Vega y Oliart buscan asegurar pagadores para RTVE sin esperar por Bruselas. La guerra de las tasas llueve sobre mojado con los retrasos de Moncloa para definir un concurso para el servicio universal de banda ancha y un marco de inversión pública en nuevas redes.  Salgado estrecha el horizonte de incentivos estatales a nuevas redes ultrarrápidas, ahora que Lorenzo desvía balones del debate sobre el final de la ‘barra libre’ en Internet y vincula el fin de las tarifas planas ilimitadas a la inversión de las operadoras.

El ministro no ha podido imponer sus criterios ni en la Ley Sinde y sus obligaciones para las operadoras, ni en la financiación de RTVE con el 0,9% de la facturación de las telecos, ni en la excepción TIC para parte de los Fondos del Plan E 2010. Ni siquiera en el despliegue de las wifi y las redes municipales. Tampoco, evitar que, desencuentro a desencuentro, cristalizara la distancia entre las principales operadoras de telefonía y los planes de Industria. Las lanzas de Moncloa con el sector están de nuevo en alto, como en los momentos de mayor desencuentro, a finales de 2009 y justo antes de la presidencia española de la UE. Las batallas de la financiación con las grandes operadoras de telefonía están más calientes que nunca, ahora que la banda ancha requerirá de 80.000 millones de euros de inversión en España y que, a las puertas de un salto llamado según los analistas a llevar a España a duplicar la penetración de banda ancha en menos de cinco años, la crisis se llevaba ya un 17,3% de la inversión de las operadoras en 2009.

La campaña de banda ancha universal a un mega que lanzó Sebastián y que ahora cuenta ya con el visto bueno del Senado puede enturbiar el despliegue en España del fin de la ‘barra libre’ en internet móvil por el que abogan abiertamente Movistar y Vodafone. Pero antes de nada, deja al aire las ‘zozobras’ de la regulación y la inversión Estatal en nuevas redes. La moción del PP avalada ayer por la Cámara Alta para considerar la banda ancha como “servicio universal”, aprovecha para exigirle a Industria “un mayor apoyo al sector de las telecomunicaciones para estimular el desarrollo de nuevas infraestructuras y servicios que favorezcan a los ciudadanos, así como mantener las ayudas públicas para poder extender las redes a las zonas que no son rentables para las operadoras” y “un marco normativo propicio para favorecer el despliegue de redes de nueva generación”. El nuevo Secretario de Estado promete aprobar en breve el nuevo reglamento de infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT) en edificios. Pero, aún sólo está sobre la mesa de las operadoras un programa de 200 millones de euros en préstamos para financiar despliegue de redes, sobre todo para mejorar la cobertura en zonas rurales. La Setsi y las telecos se tientan los pulsos, los bolsillos y las intenciones. Si las compañías hablan de saturación de redes, Lorenzo les pide más inversiones, si le recuerdan los olvidos del refarming y las redes de nueva generación, enseña los calendarios que prometen en 2011 el reparto de frecuencias.

Si el ministro esperaba hacer del servicio universal un modelo para el resto de la UE, la Comisaria Noeelie Kroes lo ha dejado en fuera de juego con el doble o nada para las redes europeas: será una obligación para toda la UE en tres años y, más aún, en 2020 cada país debe garantizar la cobertura universal como mínimo a 30 megabytes por segundo y en 2015, asegurar que la mitad de los hogares estén abonados a conexiones ultrarrápidas de más de 100 megas. Movistar, Vodafone y Orange confirman más inversiones para mejorar sus redes. Los más de 2,5 millones de clientes de ADSL que tienen contratada con Telefónica una velocidad de 6 Mb en España -el 80% de sus abonados de banda ancha fija- pasarán a tener 10 Mb sin coste adicional antes del final de 2011 y a partir de este mes, en Barcelona y Madrid se duplicará de 21 a 42 Mbps internet móvil y se extenderá a ciudades de más de 250.000 habitantes en el 2011. Vodafone asegura que apuesta además por las pequeñas poblaciones (en total 3.100 poblaciones de menos de 1.000 habitantes hasta marzo de 2012) en las que implementará una solución multitecnológica que soporta 2G, 3G y 4G una vez sea aprobado el refarming. Orange invertirá 500 millones de euros en dos años para garantizar la capacidad de sus redes y sustituir más de 15.000 equipos de acceso móvil por nuevos equipos multiRAN preparados para tecnologías de tercera y cuarta generación.

NUEVOS CHISPAZOS EN EL REPARTO DE FRECUENCIAS MÓVILES

Lorenzo ha tomado las riendas de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones poniéndole fecha al mayor de sus desafíos con el sector: el llamado (al menos según el criterio de su antecesor Ros), a despejar el horizonte de la telefonía móvil española y, con él, a espantar los nubarrones que han seguido enfrentando a la Setsi con las operadoras de telefonía estará concluido en 2011. No es casualidad que su primer anuncio oficial fuera justamente que su Secretaría formulará una propuesta concreta en otoño, una vez analizadas las aportaciones de la consulta pública que finalizó el 16 de julio. Las telecos y los fabricantes se aferran en España a ‘internet para llevar’ (el segmento con más crecimiento en telecos, cinco veces más que el adsl fijo) a la guerra de velocidades de subida y a la de los contenidos y a las redes sociales. Pero exigen una bitácora de inversiones. Y la exigen ya. Hay que colocar 200.000 nuevas antenas. "¿Quién lo va a pagar?”, llegaba a preguntarse el presidente de Redtel, que pide desde hace meses premuras para un proceso de reparto de frecuencias que fijará el perfil y ep peso de los grandes actores del mercado móvil español hasta 2030.

La licitación afectará a 782 megahercios (Mhz), incorpora una propuesta para sacar a licitación una propuesta de 310 Mhz durante el primer semestre de 2011 con un plazo de vigencia de hasta 2030 e incluye el 'refarming' (recalificación) de las bandas de 900 y 1.800 Mhz y la licitación del dividendo digital (800 Mgz) y de 2,6 Ghz. Las urgencias del dividendo digital (parte del espectro en la banda de 790-862 MHz que dejaron libre las televisiones con el apagón analógico), las necesidades de reparto de frecuencias (especialmente las más valiosas, de 900 Mhz) y sobre todo las expectativas del ‘refarming’ de la banda GSM -la recalificación de la banda de 900 Mhz y 1.800 Mhz para poder utilizarlas en 3G- justifican la urgencia de un concurso de frecuencias móviles que tanto la CMT, como Bruselas y Redtel le apremian desde hace semestres. La Comisión presiona a los gobiernos para que potencien la banda ancha móvil y crear un mercado único europeo de servicios de banda ancha móvil.  Industria ha destapado ya desde junio la ‘caja de los truenos’ de las frecuencias móviles. Primero, porque desde hace meses sabe que su ecuación, sobre todo en la banda de 900 Mhz, la más solicitada, no soluciona el status quo de frecuencias móviles entre las tres principales operadoras móviles -Telefónica posee 16 MHz, Vodafone 12 MHz y Orange 6 MHz en la banda de 900 Mhz-, las pretensiones de Yoigo, que exige 5 Mhz en 900 Mhz (y asegura que intentará conseguir alguna licencia para desplegar de forma masiva en España la LTE) y las aspiraciones, por primera vez de operadores de cable y regionales.

Pero, también -y no menos presión para las ecuaciones de Sebastián- porque en Castellana 160 aún sopesan si seguir las indicaciones de Elena Salgado y pisarle los talones al modelo alemán de subasta -que permitió ingresos al Estado de 4.300 millones de euros a cambio de 330 Megahercios de nuevo espectro radioeléctrico- o suscribir sus propios credos técnicos y la preferencia de las principales operadoras agrupadas en Redtel y apostar esta vez por un modelo de concurso, que  prime los compromisos de inversión frente al pago al Tesoro, “menos productivo a medio plazo”. En el entorno de Sebastián no quieren que la ‘fiebre recaudatoria’ pueda frenar las inversiones del sector, como en el año 2000 con las subastas del UMTS. En palabras de Lorenzo, uno de los objetivos de la secretaría de Estado es que “las empresas con deseos de invertir y que ahora no poseen espectro, lo consigan”.

En España, el mecanismo tentativo que presentó en junio el Ministerio de Industria fijaba en las bandas de 900 y 800 Mhz un tope de 20 Mhz por operador y más accesibles, con un límite inicial de 55 Mhz, en las bandas de 1.800 Mhz, 2.100 Mhz y 2,6 Ghz Un techo que, según los analistas desembocaría en el probable horizonte de 10 Mhz en 900 y en 800 para Movistar, Vodafone y Orange -lo justo para mantener a grandes rasgos su status quo en el mercado y 20 Mhz cada una entre ambas-. Las demás querrían, al menos, disponer de frecuencias en el refarming -si lo hay- de la banda de 2100 Mhz (hoy se usa para servicios UMTS/3G), que se repartió entera en el año 2000 y está en manos de los tres grandes y Yoigo. A pesar de la puerta abierta a Yoigo en los 1.800 Mhz, el brazo español de Telia Sonera pelearía con Jazztel, la alianza de los cableros  (Ono, R, Telecable y Euskaltel), o algún’espontáneo’ los otros 5 Mhz en la banda de 900. Pero los sables recaudatorios de Salgado resuenan ya en los oídos de Lorenzo. En Londres la Ofcom sigue de cerca el antecedente germano con una subasta que trata de estimular la competencia en 800 Mhz por el camino de la escasez, con sólo tres licencias para cuatro grandes operadores. Desde Economía verían con buenos ojos fijar un monto inicial para sentarse a la mesa del concurso, establecer un precio mínimo para los bloques de frecuencias más demandados, ampliar él tope que puede acumular cada operador, especialmente en las bandas bajas para ‘calentar’ aún más una potencial puja por el espectro de 800 y 900 Mhz.

En todo caso, la licitación en su primera ‘entrega’ para 2011 incluye 310 MHz de espectro en varias bandas, lo que hace posible que se usen distintas fórmulas: por ejemplo la mixta para el espectro más importante -en las bandas de 800 y 900 MHz- y la subasta en la banda más alta, la de 2,6 Ghz, o en la de 2,1. Al fin y al cabo, Industria ya ha asumido que tendrá que financiar con esos ingresos los ajustes para la segunda transición audiovisual a la TDT y la tv interactiva. Además, Lorenzo tendrá que decidir si hace suya la herencia de su antecesor: Ros era partidario de algún “ajuste monetario megahercio-banda-año” y de ‘hacer caja’ con el refarming: las operadoras tendrían que ceder parte del espectro actual para permitir un concurso en esta banda y, a cambio, se les prologará una parte de sus licencias hasta 2030, pero en este proceso, todas tendrán algo que pagar.

EL DESAFÍO AUTONOMISTA Y EL EMPUJÓN DEL PNV

Como adelantaba en agosto El Confidencial Digital, no es otra que la vicepresidenta Salgado, que habla casi a diario con el responsable de economía peneuvista, uno de los motores de la negociación del Gobierno con el PNV. Y, como ya sucediera en 2008 con el entonces vicepresidente Pedro Solbes, en el ‘menú’ de las filas de Pedro Azpiazu, vuelven a buscarle sitio a mucho más que la transferencia de las políticas activas de empleo. Sobre la mesa de la negociación con Ferraz y Moncloa, de nuevo, a las exigencias en tecnología y telecomunicaciones vascas. Hace dos años,  en octubre de 2008, Sabin Etxea le había despejado a Euskaltel, también a cambio de respaldo en los PGE, la posibilidad de luz verde por primera vez en el mercado español al otorgamiento de licencias de telefonía móvil de ámbito regional.

Hay quien aún ve los apellidos de Josu Erkoreka tras la única posibilidad que Sebastián reconocía al desafío regional en el borrador inicial de reparto de frecuencias: en la reparto de la banda de 2,6 Ghz por autonomías. Una opción que a Euskaltel, Telecable, R y Ono les sabe a poco. Piden que se les faciliten frecuencias tanto en las bandas bajas de 800 (dividendo digital) y 900 Megahercios, las más demandadas, ya que permiten una alta calidad de los servicios y suponen bajos costes. Saben que sólo con ellas, si consiguen cruzar la puerta de la convergencia y prestar servicios tradicionales de voz junto a los nuevos de banda ancha móvil podrán hacer frente a la competencia, incluso en sus propios feudos del cable, y ser más competitivas a la hora de ofrecer combinaciones de telefonía móvil y fija e internet a altas velocidades y precios atractivos en  un mercado telefónico cada vez más convergente en servicios y tecnologías. Al fin y al cabo, la banda de 2,6 Gigahercios, aunque ofrece mucha capacidad y es ideal para zonas muy pobladas de las ciudades (en un mercado maduro), obliga a un despliegue muy denso y muy caro y aún queda fuera de la configuración actual de la mayoría de los smartphones.

Euskaltel, R y Telecable han conjugado las fuerzas y las geografías hasta convertir a las tres operadoras de cable de alcance regional en las líderes en Galicia, País Vasco y Asturias. Se saltan las líneas de sus feudos geográficos y aprovechan el despegue del adsl indirecto, pero en el peor año de evolución de los ingresos del sector global de las telecomunicaciones desde su liberalización, Galicia, Asturias y País Vasco quieren nuevas bazas para sus ‘campeones regionales’. Por eso Euskaltel, R y Telecable se miraban en el espejo del adsl británico -el primero en la diferencia territorial- y han tratado durante meses de resucitar la fragmentación regional del espectro de la telefonía. Pero Industria, desde que el 15 de junio abrió formalmente el proceso de consulta para el reparto de nuevas frecuencias móviles, se ha aferrado al criterio de reequilibrar las redes de los cuatro operadores móviles con red propia actuales. Además, el ministro Sebastián se resiste aún las licencias regionales en otras bandas, alega obstáculos jurídicos para dejarles llave al concurso de la banda de 900 Mhz -la más cara y la más reñida entre Movistar, Vodafone Orange y Yoigo-, busca poner pronto sobre la mesa el concurso de las frecuencias de 2,6 Ghz. Ya el Ministerio les adelantó en su día el aviso para navegantes: tenía informes jurídicos que apuntaban a que habría problemas en “quitarles porciones de frecuencia 900 adjudicadas ya a los operadores actuales”.

Las cableras buscan sitio en la amplitud del espectro -310 Mhz- a la variedad de frecuencias disponibles y a las numerosas fases progresivas -desde el primer semestre de 2011 hasta 2014-. Sobre todo, buscan aupar su desafío en los criterios de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), que advierte -aunque sin carácter vinculante- que no debe suponerse en las bases de la subasta o el concurso de espacio radioeléctrico que los operadores establecidos (Movistar, Vodafone, Orange y Yoigo) tengan ya garantizado el principio de acceso a las frecuencias, además de abogar porque se dé prioridad a los operadores que en estos momentos no disponen de frecuencias. Suman fuerzas con Ono por primera vez para hacer del ‘todos a una’ la ganzúa ante los recelos de la Setsi.  Tienen mucho que decir en el servicio universal de banda ancha, ahora que Industria busca priorizar el modelo de concurso a cambio de inversiones. Cuentan con el respaldo expreso de la CNC y la complicidad silente de la CMT, no veía mal la posibilidad de licencias regionales de móvil, menos aún si las cuatro cableras optan a una sola voz a la licitación. Paradojas de la política autonómica, la operadora que preside el ex lehendakari peneuvista José Antonio Ardanza, puede terminar convertida en el ‘padrino’ que hermane a los intereses industriales de CVC y Caixanova tras R, Cajastur tras Telecable y BBK y Kutxa tras la operadora vasca y en la ‘llave’ para el derecho a concurso de la alianza de las tres cableras autonómicas más Ono por otras frecuencias más allá de las de 2,6Ghz.

LA TASA PARA RTVE, SIN  ESPERAS NI REBAJAS 

De la Vega le dejaba claro desde finales de agosto al ministro de Industria, a su nuevo secretario de Estado de Telecomunicaciones -y de paso a Reinaldo Rodríguez- que será la ‘bolsa’ o la ‘vida’ de RTVE. Presidencia no está para más ‘diplomacia tecnológica’: justo un año después de entrar en vigor el adiós  a la financiación por vía publicitaria para Televisión Española, Fernández De la Vega no atiende a la CNC, ni a la CMT, ni esperará a la resolución de Bruselas con las telecos. Hay urgencia de dinero fresco, ahora que el presidente de RTVE, Alberto Oliart, ultima con el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, los próximos presupuestos de la corporación pública:  la Ley de Financiación de RTVE limita un techo de crecimiento de un 1% anual en el trienio 2012-2014. No les sale una ecuación que ha presupuestado 1.200 millones de euros este ejercicio y tiene menos de 600 garantizados. Con la batuta personal de la vicepresidenta, se han acelerado las facturas a las telecos y las tv privadas para intentar salvar de la asfixia a RTVE, ahora que ya ha tenido que recurrir a una línea de crédito de 300 millones de euros para hacer frente a los pagos más inmediatos. La nueva consigna de Moncloa, tras la publicación en el BOE del Reglamento de Financiación del ente en agosto, pasa por cobrar primero las tasas a las operadoras de telefonía, a las televisiones privadas y los canales de pago, de las que TVE busca recibir casi un tercio de los 1.200 millones que prevé el presupuesto anual de RTVE para sostenerse; luego vendrán los dictámenes, Bruselas ha dado la luz verde sobre los 580 millones a cargo de los PGE, pero debe pronunciarse en otoño sobre el 0,9% de los ingresos de las telecos, que Kroes mantiene en cuarentena desde marzo.

Oliart, para disgusto de las principales operadoras de telefonía, no esperará con los brazos cruzados: mientras las ‘teles’ se rascan ya de sus bolsillos unos 70 millones de euros, las operadoras de telefonía se preparan para realizar antes de octubre la primera cuota, correspondiente al último cuatrimestre de 2009 y a los pagos pendientes de 2010.
En conjunto, aparte de los 580 millones correspondientes a la subvención del Estado, RTVE esperaba obtener este año 320 millones de la tasa radioeléctrica (que irá en un 80% a sus arcas, con un máximo de 330 millones de euros), al menos 160 de los operadores de telecomunicaciones y 100 de las televisiones privadas. Ninguno de ellos son ya seguros.

Por una parte, como adelantaba El País, Hacienda busca rebajar hasta un 7% la subvención pública.; por otra, parte, los ingresos de la tasa radioeléctrica son más bajos de lo esperado y RTVE recibirá por ella en torno a 250 millones, 70 menos de los previstos. Y la tasa que tendrán que pagar las cadenas privadas para financiar a RTVE no se aplicará sobre los ingresos que perciban por negocios distintos del de la televisión. Así, la cantidad obtenida por otras vías, como el cine o el 'merchandising', no computará a la hora de financiar a la televisión pública. Por eso Moncloa intenta ya blindar los casi 400 millones de las tasas de RTVE en sus tres vertientes, cobrar con carácter de urgencia las que deben abonar las televisiones privadas y las operadoras de telecomunicaciones. El Real Decreto como adelantaba desde el 26 de julio Expansión, apuesta -mediante una disposición transitoria a medida- por intentar asegurarse que se cobrará la tasa “a los grupos de empresas” afectados, sin que haya margen para la segregación de actividades audiovisuales de las compañías para eludir el pago. Más aún: el Reglamento ha escogido un modelo de autoliquidación, que asegura el cobro en efectivo de las tasas, que no pueden avalarse hasta la resolución de las impugnaciones que tienen previsto presentar a la tasa, sino que deben pagar en efectivo y reclamar luego, si llega el caso, la devolución de las cantidades. Y para agilizar al máximo el cobro, se añade una disposición según la cual Industria aprobará por Orden Ministerial los modelos de ingresos previstos a partir de su entrada en vigor.

Las telecos confían en que Bruselas tumbe la tasa del 0,9%. Telefónica, Vodafone, Orange y Ono, agrupadas en Redtel, mantendrán sus recursos en Bruselas y recurrirán el reglamento ante los tribunales españoles al considerar la tasa “injusta” e “ilegal”. Lo recuerda ya Redtel: la tasa del 0,9% no es finalista, tal y como exige la ley, y concretamente el paquete de telecomunicaciones aprobado por la Unión Europea en 2003: no está asociada a los servicios que prestan. Una postura que sintoniza en realidad con el informe no vinculante de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) del 16 de junio, que considera que el sistema impositivo asociado al modelo de financiación de RTVE (el famoso 0,9%) podría crear "asimetrías" en los distintos mercados afectados y es "un importante elemento de distorsión a la competencia". Las empresas calculan que, con la Ley sobre la financiación de RTVE, las compañías audiovisuales (entre tv y telecos) financiarían casi un 60% del ente público, -entre 190 y 230 millones de ellos las operadoras- aunque Redtel recuerda que todos los ingresos audiovisuales de los operadores de telecomunicaciones no llegan a los 500 millones de euros.

Por eso, el Gobierno ha intentado neutralizar con el Reglamento recién publicado en el BOE la posibilidad de que las operadoras congelen sus aportaciones mientras duran los contenciosos legales y dejen a mano de RTVE sólo avales. Moncloa quiere tener que cargar un tercio más de los gastos anuales del ente público, al menos mientras tanto, a cargo de los Presupuestos del Estado, si las operadoras se resisten a desembolsar de inmediato sus  millones de euros. No podría hacerlo. Aún resuenan en su memoria los ecos de las demás guerras de las tasas con las operadoras de telefonía: por ejemplo, su batalla legal con la tasa municipal del 1,5% por el espectro radioeléctrico: les había permitido, en tanto llegaban las sentencias judiciales no pagar durante tres años, sólo consignar esos ingresos en los juzgados a través de avales bancarios. Como adelantaba El Economista desde julio de 2009, se planteaban dejar también fuera de la mano de RTVE, en la nevera de los recursos ante los tribunales nacionales y europeos no sólo las tasas del primer trimestre, sino todas las sucesivas. Ésa es la opción que el Reglamento busca neutralizar:

La decisión de la SETSI en junio de matizar finalmente la obligación de las televisiones con la financiación de RTVE -sólo pagarán sobre la facturación bruta derivada de su actividad como operadoras- acentúa la batalla de las operadoras de telefonía por el 0,9% de su facturación que deben aportar. Fueron las valoraciones del regulador las que echaron atrás algunas de las líneas rojas de los primeros borradores de la Ley de Financiación de RTVE: vicepresidencia había sugerido pasar por adelantado la ‘gorra’ a las telecos, obligarlas cada mes de julio a pagar a modo de entrega a cuenta el 40% del canon por la financiación del ente público, buscaba que la liquidación de la tasa la pudiera efectuar la propia CMT y pretendía dejar en manos del regulador incluso la opción del corte administrativo del servicio en caso de impago.

La CMT no esperará a octubre de brazos cruzados. Ha vuelto a recordarle a Moncloa que no encaja en su mapa regulatorio la tasa a las operadoras para financiar RTVE y propone -a través de su consejero Ángel García Castillejo, que sean los ciudadanos los que “asuman el pago del canon para el mantenimiento de la TV pública”, un modelo que ya propuso en su momento el consejo independiente, el comité de sabios que constituyó el Gobierno para estudiar el futuro de RTVE aunque sólo el ejemplo británico es un éxito. Los televidentes tienen que pagar por poder recibir la señal de la televisión pública. Según datos de 2009, las cantidades eran de 142,50 libras esterlinas para un aparato en color y de 48 para uno en blanco y negro.

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