edición: 2597 , Viernes, 16 noviembre 2018
26/05/2010

De los recortes a la reforma de las cajas de ahorros

Carlos Schwartz
El Fondo Monetario Internacional (FMI) en el comunicado del 24 de mayo que resume las conclusiones de la misión a España bajo cumplimiento del artículo IV de sus estatutos ha enumerado y propuesto medidas al Gobierno español sobre los asuntos más candentes de la actualidad económica. La lectura elemental es que este comunicado en la semana que estamos viviendo viene a jugar el papel que tuvo la llamada telefónica hecha por el presidente estadounidense Barack Obama a José Luis Rodríguez Zapatero en vísperas de su anuncio de su plan de reducción del gasto público. El FMI entre otras cosas, alienta al Gobierno para que si no hay acuerdo entre los agentes sociales para una reforma laboral proceda por decreto. También alienta a la reforma del sistema de pensiones y no escatima apoyos al plan de reducción del déficit.

Es decir, que el organismo multilateral en el que Estados Unidos tiene la mayor capacidad de voto de entre todos sus miembros ha intervenido para empujar al Gobierno en la “misión histórica” que el ejecutivo español parece dispuesto a encarnar hasta sus últimas consecuencias. So pena de precipitar al país a un estado de difícil gobierno. Porque una cosa es la búsqueda de un nuevo equilibrio fiscal, y pueden quedar sujetos a debate los mecanismos para lograrlo, y otra muy distinta acometer por la vía del decreto una reforma laboral y hasta una reforma del sistema de pensiones aunque no sea más que en la extensión de la edad de jubilación.

En estos últimos ejemplos las decisiones políticas caerían en el territorio de las provocaciones respecto de las direcciones sindicales. Y, si estas en todo caso decidieran mirar para otro lado, sus propias bases las dejarían seguramente en el camino. Por lo tanto, todo parece indicar que el gobierno, convencido de buen o mal grado de que es necesario actuar en el sentido indicado por el FMI, ha decidido ir al enfrentamiento abierto. Habrá que ver cuál es el desenlace de ese pulso. Decir que el gobierno tiene ganada la batalla antes de que se libre parece cuando menos temerario. El horizonte político que estas medidas abrirían es complejo.

Entretanto, el punto 14 y último del comunicado se explaya sobre las cajas de ahorros. Va en el bloque titulado “Bancos: acelerando la consolidación y la reforma” y aunque este título abarca a los puntos 12, 13 y 14 es este último el que verdaderamente llama la atención. El FMI pide abiertamente un cambio de la normativa vigente para las cajas de ahorros para sustraerlas a las vicisitudes de los controles políticos y evitar que las fusiones entre regiones distintas queden sujetas al visto bueno de las correspondientes autoridades regionales. Y por sobre todas las cosas al menos en “las instituciones de dimensiones sistémicas” una reforma que ponga como requisito a las grandes entidades de ahorro emitir acciones y brinde esta posibilidad a las de menores dimensiones. Las prioridades legislativas y políticas que el comunicado fija respecto de este tema son 1) reducir la influencia política sobre las cajas de ahorros 2) ampliar sus posibilidades de obtener capital externo, y 3) ofrecer la oportunidad de transformarlas en empresas por acciones, y desde luego poner esta opción como modelo para las cajas de ahorros de importancia sistémica.

Lo cierto es que las denominadas fusiones virtuales a través de los sistemas institucionales de protección (SIP) de las cajas de ahorros en las que se haya constituido una sociedad holding como tenedora de las participaciones han abierto la vía de aportes externos de capital. Lo cual dicho de otro modo es que personas físicas o jurídicas podrían integrar el capital de estas SIP que adoptan a su turno la forma jurídica de bancos por imposición de la normativa aprobada. De esta suerte queda sancionada la privatización de las cajas de ahorros.

Sin embargo, las entidades resultantes de las fusiones virtuales no son las entidades de ahorro que más interés concitan. Lo que desde luego está en la mira de los grandes bancos es el futuro de entidades como La Caixa y Caja Madrid. Las de dimensión sistémica. La cuota de mercado que entidades de estas dimensiones tienen, su influencia regional y nacional, y su fuerte presencia en la canalización de pagos de las administraciones públicas, y su cantidad de impositores hacen que una medida de la potencial expansión bancaria en España pase necesariamente por el control de las grandes cajas de ahorros.

Las recetas del FMI pretenden de un lado acelerar la concentración bancaria en España, y del otro ampliar el horizonte de expansión de la banca comercial a través de su imbricación dentro del sistema de cajas. Los híbridos que pueden llegar a resultar de un proceso de este tipo generarían una transformación importante en el sistema financiero español, transformación que no tiene porque ser necesariamente buena.

La insistencia en que la reforma del régimen jurídico de las cajas de ahorros, en el sentido de transformarlas en sociedades por acciones, es necesaria para reforzar el capital de las cajas, para que estas puedan atraer recursos externos destinados a engordar sus recursos propios parece excluir de toda consideración otros medios para este mismo fin.

Lo primero que el FMI obvía es que el régimen de fusiones del sector pergeñado por el Banco de España con el objetivo de la concentración del sector no es un mecanismo de saneamiento. Y sin embargo a este proceso de fusiones van entidades con serios problemas de capitalización. Por otro lado, la asistencia financiera que estos procesos pueden recibir de las autoridades monetarias por los acuerdos adoptados por la Unión Europea, es mediante el Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria que implica la devolución de los recursos en cinco años con un interés del 7,5%, lo que es una suerte de flotador de plomo. No es menos cierto que el programa denominado FROB fue negociado en la época en que se afirmaba que el sistema bancario español carecía de problemas.

Frente al FROB y al parche de las fusiones hay quienes han defendido los saneamientos ortodoxos, pero claro esa era una política que no iba bien con el discurso negador del ejecutivo.
 
El FMI dice entre otras cosas que la aportación de recursos externos a las cajas es una forma de preservar los recursos públicos que de lo contrario se verían sometidos a riesgo. Afirmar que la entrada de capital privado es una forma de preservar los recursos públicos de las cajas es una trampa dialéctica. En tanto que la entrada de capital privado se puede hacer con el control de las cajas es en realidad una forma de hacer trabajar al capital público en beneficio del capital privado.

Desde luego este es el interés de la banca comercial española y extranjera en las cajas de ahorros. El hecho de que su desarrollo se ha hecho al margen de la inversión privada implica la posibilidad de comerse un bocado cuya maduración no se ha hecho a expensas de otro grupo empresarial sino de un proceso histórico que determinó la existencia de entidades de crédito sin fines de lucro cuyo beneficio debía destinarse a la obra social de estas entidades.

Va de suyo que el papel de las cajas de ahorro fue desvirtuándose de forma progresiva con la reforma de su régimen jurídico que las politizó en forma significativa al permitir que la representación de las corporaciones locales llegara hasta el 50% de sus consejos rectores. Pero rectificar estos excesos no requiere ceder el mercado de las cajas al capital bancario privado. La solución para las cajas, debería ser fruto de un debate serio y no de componendas entre políticos o entre grupos de interés. Debería en todo caso redundar en beneficio de la sociedad, algo que lamentablemente tampoco ocurre hoy en día.

Lo que el FMI no menciona es la posibilidad de que el estado recapitalice las cajas necesitadas y a cambio de ello se integre a sus órganos rectores con capacidad de veto, las fusione para contribuir a la concentración del sistema financiero y las utilice como un canal de financiación selectivo. ¿Por qué no?

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