edición: 2939 , Jueves, 2 abril 2020
23/03/2012

Defensa de la Competencia se suma a las críticas por la unificación de los reguladores

Javier Ardalán
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC)  advierte al Gobierno de que la decisión de integrar en un único organismo la defensa de la competencia y distintas funciones de regulación provoca un riesgo de que si no se mantiene de los instrumentos oportunos de defensa y promoción de la competencia, sin un diseño institucional adecuado y sin la necesaria especialización del órgano, se produzca una pérdida de eficacia en la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia.

La Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) y la Comisión Nacional de la Energía (CNE), ya advirtieron esta misma semana en sendos informes, que el nuevo ‘macrorregulador’ no será eficaz en su labor, que perderá independencia y que el Gobierno, a través del Ministerio de Industria, acaparará demasiado poder.

La CNC, además, echa en cara al Gobierno que no haya contado con el asesoramiento de los organismos independientes involucrados en el anteproyecto de ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que unificará las funciones que venían siendo ejercidas por la Comisión Nacional de la Energía (CNE), la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, (CMT) la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), el Comité de Regulación Ferroviaria (CRF), la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria y la Comisión Nacional del Sector Postal (CNSP).

La CNC señala que ni se ha producido un debate abierto con el resto de potenciales interesados o afectados. Todo ello pese a ser un proyecto de reasignación de competencias y de reforma institucional de mayores dimensiones que el anteriormente descrito, de no tener precedentes contrastables en el ámbito internacional y, específicamente, comunitario y de comportar un elevado riesgo de pérdida de eficacia en el desempeño de las importantes funciones que se le encomiendan de no acertar en el diseño institucional.

También critica que el anteproyecto de Ley no venga acompañado, como es habitual, de la correspondiente Memoria del análisis del impacto normativo que permita a esta Comisión conocer cuál es el auténtico fundamento que ha llevado a abordar en el momento presente una modificación institucional de tal calado, su oportunidad, el análisis jurídico de la misma o el impacto económico y presupuestario.

La CNC considera que en lo que se refiere al diseño de la Comisión y su puesta en funcionamiento, además de no encontrarse explicada adecuadamente en su Exposición de Motivos, suscita una serie de cuestiones que no quedan definidas en el APL con la debida claridad, que exigen un mayor desarrollo o concreción o que resulta preciso que se replanteen a la vista de determinadas circunstancias.

Tales cuestiones se pueden agrupar en varios grupos como la necesidad de una estructura institucional adecuada para la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia: separación funcional en la tramitación de procedimientos sancionadores; el mantenimiento de las funciones de promoción de la competencia derivadas de la Ley 15/2007 para coadyuvar a la consecución de una verdadera competencia efectiva en los mercados; el diseño institucional y gobierno de la CNMC; las previsiones relativas a la puesta en funcionamiento; la Integración del personal procedente de los Organismos suprimidos; y el modelo de Financiación.

Finalmente, señala que a pesar de que las competencias que subsisten tras la reforma se asumen por el Organismo de nueva creación, no parece ocurrir lo mismo con el diseño institucional contenido en la Ley de Defensa de la Competencia para su aplicación. Dicha Ley parte de la consideración de que, por el tipo de decisiones que adopta la CNC en relación con las conductas restrictivas de la competencia, es esencial la absoluta separación funcional entre el órgano instructor – la Dirección de Investigación- y el órgano de resolución – el Consejo.

De hecho, esta fue una de las principales preocupaciones del legislador desde el inicio de la reforma del sistema. En efecto, todo el diseño de la Ley de Defensa de la Competencia sigue esta filosofía que se plasma a lo largo de sus 70 artículos tanto en lo que se refiere a aspectos institucionales y de atribución de funciones, como en el diseño del procedimiento.

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