edición: 2510 , Lunes, 16 julio 2018
23/06/2011
OBSERVATORIO JURIDICO

Delimitación del domicilio en el accidente 'in itinere'

DATADIAR
El accidente 'in itinere' es aquel percance que sufre el trabajador al ir o al volver desde su domicilio al lugar de trabajo. Nuestro derecho lo configura como accidente de trabajo, lo que no deja de tener algunas consecuencias de interés, ya que un porcentaje importante de los siniestros laborales mortales tienen lugar en el trayecto desde/al lugar de trabajo. La noción de accidente 'in itinere' se construye a partir de dos términos (el lugar de trabajo y el domicilio del trabajador) y la conexión entre ellos a través de un trayecto. Pero la realidad muestra las dificultades de aplicar el criterio general recogido en la ley a la multiplicidad de supuestos que aparecen en la práctica. De ahí que los tribunales hayan tenido que ir sentando una serie de criterios.

En primer lugar, debe siempre existir un nexo causal entre el trabajo y accidente. Así, se requiere que la finalidad principal y directa del viaje esté determinada por el trabajo. Además el accidente ha de tener lugar en el trayecto ordinario y normal que el trabajador sigue para su desplazamiento al centro de trabajo, sin que sea interrumpido por un acto voluntario del trabajador (comprar unos zapatos, tomarse unas copas...). Deberá tratarse igualmente de su domicilio o residencia habitual o, al menos, el punto habitual de llegada o partida para el trabajo. El medio de transporte utilizado ha de ser racional y adecuado. También se va a exigir un elemento cronológico en el sentido de que el accidente suceda en el tiempo inmediato o razonablemente próximo a la hora de entrada y salida al trabajo.

En cualquier caso, debemos tener en cuenta que nos encontramos ante un concepto cuya configuración es fundamentalmente jurisprudencial y respecto al que se plantean continuamente nuevas preguntas. Así, recientemente, el Tribunal Supremo, en Sentencia de 14 de febrero de 2011, se ha planteado de nuevo la extensión que debe darse al concepto “domicilio”.

La jurisprudencia tiene establecido al respecto que si el trabajador “está todavía en el domicilio no está en el trayecto protegido y, por lo tanto, no es accidente in itinere”. Surge así la cuestión de “qué” debe entenderse por “domicilio del trabajador”.

En el caso que se planteaba ante el Tribunal Supremo, nos encontrábamos con un trabajador que había sufrido un accidente al dirigirse a su lugar de trabajo, pero antes de salir de la finca donde residía, mientras se dirigía con su motocicleta a incorporarse a la carretera nacional. Por ello el INSS consideró que dicho percance no era laboral al entender que el accidente había tenido lugar en el interior del domicilio del trabajador al producirse “dentro de su propiedad”.

Recurrida tal calificación ante los tribunales, tanto el Juzgado de lo Social como el Tribunal Superior de Justicia van a dar la razón al trabajador al entender que pese a no estar todavía en la vía pública, se había iniciado ya el recorrido que era necesario transitar para ir al trabajo, calificando así el “percance” de laboral. 

Frente a estas decisiones recurrirá la Muta alegando que “el accidente se había producido antes de que el trabajador abandonara su propiedad y, por tanto, sin que pueda afirmarse que transitara por un lugar de libre acceso para cualquier otra persona”.

No obstante, el Tribunal Supremo va a confirmar la decisión de los tribunales inferiores afirmando que el elemento determinante en estos casos no es el título jurídico del lugar en el que se produce el accidente. Lo decisivo, dice la sentencia, es por una lado, la consideración del domicilio como un lugar cerrado en el que el trabajador desarrolla habitualmente las actividades más características de su vida familiar, personal, privada e íntima, es decir, lo que comúnmente denominamos “vivienda”; y, por otro, que el abandono de ese espacio concreto debe ponerse en relación directa con el inicio de otras actividades o circunstancias que ponen de relieve que se ha iniciado el trayecto que conduce en exclusiva al desempeño de la actividad laboral.

Y en el caso en cuestión era evidente que cuando tuvo lugar el accidente, por una parte, el trabajador ya había dejado atrás ese espacio personal y privado que, al margen del título jurídico, constituía su verdadero domicilio y, por otra, había comenzado el trayecto que normalmente le conducía al centro de trabajo, haciendo uso del medio de transporte que habitualmente utilizaba a esa hora para reanudar la prestación de servicios. Por todo ello, concluirá la sentencia, no cabe sino estimar que  estamos ante un “accidente in itinere”.

Equipo jurídico de Datadiar.com

LEGISLACIÓN

Real Decreto 801/2011, de 10 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de regulación de empleo y de actuación administrativa en materia de traslados colectivos. BOE nº 141 de 14 de junio de 2011.
Este real decreto, en línea con lo dispuesto en la Ley 35/2010, de 17 de septiembre y en los términos propios de una norma reglamentaria, persigue cinco objetivos fundamentales: Primero, reforzar la extinción colectiva de contratos de trabajo por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción canalizándola hacia la vía prevista expresamente por la legislación laboral, esto es, el procedimiento de regulación de empleo. Segundo, proporcionar una mayor certeza y certidumbre a los trabajadores, a los empresarios y a las autoridades, administrativas y judiciales que intervienen en las extinciones o suspensiones colectivas de los contratos de trabajo y en las reducciones de jornada, lo que debe contribuir a reforzar la tutela judicial efectiva mediante una regulación detallada de los aspectos procedimentales. Tercero, agilizar la tramitación administrativa del procedimiento de regulación de empleo con el fin de lograr una rápida aplicación de éste, conjugando adecuadamente y de manera equilibrada la flexibilidad y adaptabilidad requeridas por las empresas y la seguridad demandada por los trabajadores. Cuarto, ofrecer un tratamiento más completo del plan de acompañamiento social en los expedientes de regulación de empleo, con la voluntad declarada de poner en valor su importancia en los procesos de reestructuración de empresas como elemento esencial para la mejora de la empleabilidad de los trabajadores afectados y, por extensión, como instrumento que debe contribuir a evitar la expulsión indeseada y prematura de los trabajadores del mercado de trabajo. Y quinto, incorporar la renovada regulación legal de la suspensión colectiva de los contratos de trabajo y de la reducción temporal de jornada a la normativa reglamentaria, teniendo presentes las experiencias de otros países europeos como instrumento alternativo de ajuste temporal del empleo ante coyunturas económicas adversas.

JURISPRUDENCIA

Penal

Delito de alzamiento de bienes. Constitución de sociedad aportando el deudor sus bienes. Elementos del delito de alzamiento de bienes. Tribunal Supremo. Sentencia 17 de marzo de 2011
Constitución de sociedad aportando el deudor sus bienes. Son hechos probados que el acusado era administrador y representante legal de determinada sociedad mercantil, frente a la que la persona luego querellante formuló demanda civil en reclamación de la cantidad de 238.000 euros por trabajos realizados a una construcción promovida por la demandada. Mediante otrosí el actor solicitó la adopción de la medida cautelar consistente en el embargo preventivo de las cantidades de dinero que pudieran corresponder a la demandada por devoluciones en IVA y en el Impuesto de Sociedades. En cuanto a la vivienda familiar sobre la que pesaba una carga hipotecaria inicial, fue luego gravada nuevamente por el acusado en segunda hipoteca con garantía de un préstamo de 150.000 euros, cantidad que el acusado destinó al pago de deudas y descubiertos que éste mantenía con la entidad concedente del préstamo. Paralelamente, el acusado y su esposa constituyeron en escritura pública una sociedad limitada inmobiliaria con capital social ascendente a 600.000 euros, cuyo importe se desembolsó mediante la aportación de dos inmuebles, uno de ellos la referida vivienda familiar y otra la mitad indivisa de otra vivienda adquirida por la sociedad conyugal en régimen de separación de bienes, aunque esta adquisición nunca fue inscrita en el Registro de la Propiedad a nombre de los compradores, figurando como titular la sociedad que la vendió al matrimonio. A la fecha del enjuiciamiento de los hechos, el acreedor no había cobrado cantidad alguna de su crédito reconocido en el procedimiento judicial, pues no constaba que el acusado o la sociedad por él representada fueran titulares de bienes realizables de ningún tipo, y aún su insolvencia había sido declarada en distintos procedimientos laborales y en materia de Seguridad Social. Aduce el recurrente la atipicidad de su conducta en razón, básicamente, de que aún siendo cierto que los dos únicos inmuebles de que disponía el acusado se aportaron a la sociedad de nueva creación, también lo es que se trabó embargo sobre las participaciones sociales que el acusado ostentaba en la sociedad titular de dichos inmuebles.

Mercantil

Cuando debe acudirse a los tribunales para determinar la responsabilidad en el siniestro, surge una causa justificada que justifica la exclusión de la aplicación del art. 20 LCS. Tribunal Supremo. Sentencia 28 de febrero de 2011
El art 20 LCS debe ser interpretado en el sentido que sólo se entiende que queda exonerada la aseguradora cuando  surge una incertidumbre sobre la cobertura del seguro que hace precisa la intervención del órgano jurisdiccional ante la discrepancia existente entre las partes al respecto, en tanto dicha incertidumbre no resulta despejada por la resolución judicial. Esta es la situación que se ha generado en este pleito.  En este caso las  circunstancias existentes implican que haya que entender que se produjo en su momento la incertidumbre a que hace referencia la doctrina de la Sala, por lo que concurre una causa de exoneración. Sin embargo, esta exoneración no puede ser total. Efectivamente, si bien la causa penal fue archivada, la incertidumbre que rodea este caso en lo que se refiere a la determinación de las responsabilidades de la empresa asegurada, hace que deba aplicarse la doctrina contenida en la sentencia de 10 mayo 2006, en cuya virtud los intereses se deben desde el momento en que se archivó la causa penal.

El leasing constituye un negocio jurídico de financiación que se articula mediante dos contratos totalmente: La compraventa al proveedor  y el  arrendamiento financiero o contrato complejo-de cesión de uso con opción de compra. Tribunal Supremo. Sentencia 1 de marzo de 2011
El leasing se define como  aquel contrato por el que «una parte (el arrendador), (a) conforme a las especificaciones de la otra parte (el arrendatario), celebra un contrato (el contrato de suministro) con una tercera parte (el proveedor), en virtud del cual el arrendador adquiere instalaciones, bienes de capital u otros equipos (el equipo) bajo términos aprobados por el arrendatario en lo que concierne a sus intereses, y (b) celebra un contrato (el contrato de arrendamiento) con el arrendatario por el que concede al arrendatario el derecho de usar el equipo mediante el pago de rentas, constituye un negocio jurídico de financiación que se articula mediante dos contratos totalmente distintos aunque conectados: 1) La compraventa al proveedor por la sociedad de leasing de los bienes de carácter duradero previamente seleccionados por el futuro arrendatario; y 2) El arrendamiento financiero o contrato complejo-de cesión de uso con opción de compra- con causa única, por el que la sociedad de leasing cede al arrendatario durante cierto tiempo irrevocable la posesión y disfrute de tales bienes a cambio de una renta periódica cuya cuantía incluye la amortización parcial del objeto, y, además, le concede un derecho de opción de compra por el valor residual prefijado en el contrato.

Civil

Nulidad de la cláusula de contrato de arrendamiento de VPO que establece una renta superior a la máxima establecida por la normativa aplicable a dichas viviendas. Tribunal Supremo. Sentencia 25 de marzo de 2011
El apartado 5.º de la DA 1.ª LAU 1994 relativa al régimen de viviendas de protección oficial, dispone que sin perjuicio de las sanciones administrativas que procedan, serán nulas las cláusulas y estipulaciones que establezcan rentas superiores a las máximas autorizadas en la normativa aplicable para las viviendas de protección oficial. En aplicación de tal precepto el Tribunal Supremo ha declarado lo siguiente: «En la actualidad la Disposición Adicional Primera de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 establece un régimen especial para los arrendamientos de viviendas de protección oficial como una suerte de excepción a los demás contratos sujetos a su regulación, en el que se incluye, entre otras, una regla de duración del régimen legal de estas viviendas y otra de nulidad civil de los contratos que establezcan rentas superiores a las máximas autorizadas en la normativa aplicable. No se puede poner en duda, por tanto, que esa Disposición Adicional es una fuente normativa que va a afectar a cualquier contrato con independencia de la fecha de su calificación, incluso a los anteriores a los que la jurisprudencia daba cobertura. A partir de la entrada en vigor de la Ley no es ni ética ni jurídicamente sostenible admitir que existen dos suertes de contratos de arrendamientos, unos amparados en una jurisprudencia permisiva y otros sujetos a la regla sancionatoria impuesta por la Disposición Adicional Primera de la Ley de 1994, en unos momentos en que esta Sala ha establecido una nueva doctrina que pretende acomodar ambas realidades jurídicas, civil y administrativa, para impedir que se pueda seguir manteniendo la irrelevancia civil de la infracción de normas administrativas, aplicando las pertinentes consecuencias sobre su ineficacia o invalidez. La cláusula es nula y obliga a las partes a acomodar la renta a las previsiones contenidas en la propia Disposición Adicional, con devolución de lo pagado en exceso, salvo para los contratos anteriores a la entrada en vigor de la ley a los que esta nulidad sobrevenida impide reclamar lo pagado con exceso, pero no adaptar la renta pactada a las previsiones establecidas en cada caso hasta ese momento; doctrina que establece esta Sala en virtud del recurso formulado.».

Ante el impago de la parte compradora, el contrato había sido resuelto justamente por la vendedora, sin que se pudiera instar a su cumplimiento. Tribunal Supremo. Sentencia 25 de marzo de 2011
Conforme a la interpretación dada por la Audiencia Provincial el comprador estaba obligado al pago antes de la elevación a público del contrato y que el contrato preveía la posibilidad de consumarse la compraventa sin que se calificara la finca, por lo que la elevación a público ya no dependía de esta recalificación. La pretensión de la parte recurrente de que el pago debía hacerse en el momento de la elevación a público, que a su vez dependía de la recalificación de la finca y de la previa segregación supone una interpretación contraria a la realizada por la Audiencia Provincial y no resulta arbitrario entender que no resulta conforme con los términos del contrato. Si en el contrato se agotaban las posibilidades para el caso de no obtener la recalificación utilizando prórrogas y llegando hasta la última opción que era que el comprador optase, a pesar de ello, por la compraventa, una vez que se ha optado, no es racional deducir que la formalización ante notario vuelva a depender de la recalificación del terrero. Que la elevación a público se haría ante notario una vez efectuado el pago y no simultáneamente es una interpretación razonable, desde el momento en que resulta acorde con los términos literales utilizados en la cláusula A6 del contrato relativo a la escrituración.

Laboral

La falta de entrega de la copia de la carta de despido a los representantes de los trabajadores supone la nulidad del despido. Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Sentencia 7 de marzo de 2011
Considera el Tribunal que la comunicación del despido a los representantes de los trabajadores debió realizarse mediante entrega de copia de la carta de despido y al no haberlo efectuado ha de declararse la nulidad del despido con las consecuencias legales inherentes a tal declaración en virtud de lo establecido en el artículo 53.4 del Estatuto de los Trabajadores y 122.2 de la Ley de Procedimiento Laboral. El incumplimiento del deber de información a los representantes de los trabajadores no afecta a la improcedencia, pues ésta sólo se produce si la causa que justifica el cese no ha sido. Por su parte, la nulidad viene dada, en la regulación de los artículos 53.4 del Estatuto de los Trabajadores y 122.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, por incumplimientos formales, por incumplimientos sustantivos vinculados a la protección de los derechos fundamentales o la conciliación del trabajo con la vida familiar y por la represión del fraude en los límites numéricos del despido objetivo. En la relación de incumplimientos formales del artículo 122.2 de la Ley de Procedimiento Laboral no hay una referencia específica al incumplimiento del preaviso y de la entrega de la copia de éste a los representantes de los trabajadores. Es más, como ya se ha dicho, se establece expresamente que el incumplimiento del preaviso no es determinante de la nulidad. Pero  esto no puede llevar a la conclusión de la sentencia de contraste, para la que, si no hay nulidad por omisión del preaviso, tampoco puede haberla  por omisión de la entrega de la una copia de esta decisión a los representantes de los trabajadores.

Doctrina sobre el uso indebido por parte del trabajador del ordenador facilitado por la empresa y el control por ésta de dicho uso. Despido disciplinario improcedente. Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Sentencia 8 de marzo de 2011
La prueba determinante del despido disciplinario del trabajador ha sido obtenida por la empresa a partir de una auditoría interna en las redes de información con el objetivo de revisar la seguridad del sistema y detectar posibles anomalías en la utilización de los medios informáticos puestos a disposición de los empleados. No consta que, de acuerdo con las exigencias de la buena fe, la empresa hubiera establecido previamente algún tipo de reglas para el uso de dichos medios -con aplicación de prohibiciones absolutas o parciales- ni tampoco que se hubiera informado a los trabajadores de que se iba a proceder al control y de los medios a aplicar en orden a comprobar su correcto uso, así como las medidas a adoptar para garantizar la efectiva laboral del medio informático cuando fuere preciso. Se confirma así la improcedencia del despido. Por otra parte, recuerda el Tribunal que la celebración de un contrato de trabajo no implica, en modo alguno, la privación para una de las partes, el trabajador, de los derechos que la Constitución le reconoce como ciudadano, entre otros el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones.

Administrativo

Sanción por vertidos no autorizados con daños para el dominio público hidráulico. Caducidad del procedimiento sancionador. Estimación. Tribunal Supremo. Sentencia 24 de enero de 2011.
La Sala concluye que el procedimiento sancionador fue incoado el 30 de octubre de 2006; y dado que el cómputo del plazo de caducidad del procedimiento se inicia precisamente en la fecha del acuerdo de incoación (artículo 42.3.a/ de la Ley 30/1992) y termina en la fecha de notificación de la resolución (artículo 42.2 de la misma Ley), sucede que cuando el acuerdo sancionador fue notificado al Ayuntamiento de Guijuelo -4 de febrero de 2008- ya había transcurrido el plazo de caducidad de un año establecido en la disposición adicional sexta del Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

Cuestión de ilegalidad en relación con el artículo 41.2 del Reglamento General de Circulación. Tribunal Supremo. Sentencia 11 de mayo de 2011.
Que debemos desestimar la cuestión de ilegalidad planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 17 de Barcelona, en relación con el artículo 41.2 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, cuya validez declaramos, en los términos fundamentados.

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