edición: 2616 , Viernes, 14 diciembre 2018
30/10/2018
banca 

Del Valle recurre el fallo del juez que denegó la documentación de Popular en manos de Santander

ICNR
El juez Ramos rechazó la solicitud del grupo de ex accionistas mexicanos y de grandes fondos de inversión.
El grupo de inversores mexicanos liderado por Antonio del Valle, autodenominado MIG, compuesto por más de 40 particulares y 10 sociedades y fondos de inversión con unos 470 millones de euros perdidos tras la resolución y posterior venta de Banco Popular en junio de 2017, ha presentado un recurso de apelación contra el fallo del Tribunal de Nueva York en la solicitud de 'discovery'.

Hace poco más de una semana, el juez Edwardo Ramos, del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, denegó la solicitud de MIG, junto a los fondos Pimco y Anchorage Capital, a Banco Santander de revelar la documentación de que pudiera disponer sobre el proceso de resolución de Banco Popular.

Concretamente, Del Valle ha presentado una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de EEUU del Segundo Circuito. "Creemos firmemente que la petición de exhibición presentada por el grupo de inversores mexicanos cumple con cada uno de los requisitos de la ley y que los hechos relevantes y los precedentes apoyan la exhibición de pruebas", ha indicado el socio del despacho de Kirkland & Ellis, Javier Rubinstein, que representa al MIG.

Los afectados iniciaron el pasado mes marzo este procedimiento legal en Estados Unidos al considerar que la Justicia estadounidense es "más garantista" que la española en este tipo de procesos.

No obstante, el Tribunal finalmente rechazó la petición en los casos de Banco Santander SA, Santander Holding USA y Santander Bank NA. Sólo estimó la petición respecto a Santander Investment Services (SIS), una filial dedicada a la actividad de bróker dealer, que carece de
documentación sobre este caso.

Según ha explicado Rubinstein, resulta "injustificable" que Banco Santander, como comprador y ahora único propietario de Banco Popular, con una participación activa y central en el proceso de resolución, se oponga a la transparencia.

El grupo de inversores mexicanos también mantiene abiertos otros frentes legales, como las dos solicitudes de arbitraje internacional contra España, al considerar que el proceso de resolución del banco incumplió las garantías y protecciones establecidas en el Tratado Bilateral de Inversión España-México (2006).

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