edición: 2351 , Viernes, 24 noviembre 2017
07/05/2009
Aviso de la Fiscalía en medio de la Campaña de Renta

Denunciarse a sí mismo sin pagar lo defraudado no exime de responsabilidad penal por delito fiscal

Javier Ardalán.- En una Circular aclaratoria, remitida por el Fiscal General del Estado a los Fiscales Jefes, el Fiscal General del Estado irrumpe con un mensaje de advertencia en medio de la Campaña de la Renta sobre la necesidad de autoinculparse y pagar el dinero defraudado a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social para quedar libre de responsabilidad penal, una vez cometido el delito.

Considera que resulta gratuito y en alguna medida demagógico el argumento de que la exigencia del ingreso supone la “resurrección” de la prisión por deudas; quizá sea suficiente con recordar que la prisión en ningún caso sería consecuencia del impago de las deudas sino de la comisión efectiva de un delito de defraudación tributaria castigado con pena privativa de libertad, unida a una conducta posterior al delito del defraudador que no reúne los requisitos exigidos por la ley para el levantamiento de la pena.

Por ello, ingresar por propia voluntad la cuota defraudada a Hacienda o a la Seguridad Social por una cantidad superior a los 120.000, lo que se considera en delito fiscal, únicamente sirve como atenuante de disminución o reparación del daño, regulado en el artículo 21.5 del Código Penal, pero no exonera de la responsabilidad penal y por tanto, en caso de llegar a los tribunales no se podrán aplicar las excusas absolutorias previstas en los artículos 305.4 y 307.3, que sí lo hacen.

Tampoco sirve para quedar libre de responsabilidad penal ante el Delito Fiscal o las deudas a la Seguridad Social la simple autoinculpación (que tiene que ser previa al inicio de un procedimiento de inspección o de una querella ante los tribunales promovida por el fiscal o por el abogado del Estado de la Seguridad Social), también puede servir de atenuante por confesión del delito.

La única forma de librarse de los efectos de una denuncia ante los tribunales por delito fiscal o por haber eludido el pago a la Seguridad Social de más de 120.000 euros, es según Conde Pumpido, la autodenuncia ante la Administración Tributaria o la Seguridad Social y la devolución del dinero defraudado (se supone que con los consiguientes recargos e intereses de demora).
En el caso de los ‘medio arrepentidos’, es decir, los que han ingresado parte de la deuda defraudada, la Fiscalía considera servirá de atenuante, pero en una graduación relacionada con la proporción del pago del dinero defraudado que se haya realizado.

Todavía se plantea el Fiscal General una posibilidad más a tener en cuenta que es cuando se trata de delitos contra la Hacienda Pública o contra la Seguridad Social en los que la conducta defraudatoria consista en la solicitud de una devolución indebida, la simple autodenuncia, efectuada con carácter previo a materializarse la devolución, constituye la desaparición de la conducta delictiva, por lo que sí le son aplicables las excusas absolutorias siempre que concurran los demás requisitos previstos en los artículos 305.4 y 307.3 del Código Penal.

Se afirma en la Circular, que en las excusas absolutorias, la conducta posterior a la comisión del delito del imputado debe suponer la actuación contraria del delito consumado, de forma que se neutralice el acto mismo de la defraudación sino también el perjuicio patrimonial causado a la Hacienda Pública o a las arcas de la Seguridad Social.

Por ello, entiende que se hace exigible “una conducta positiva y eficaz del sujeto pasivo” de la obligación contributiva que incluye, la autodenuncia voluntaria y veraz de la deuda, antes de que se inicie la inspección o exista remisión a los tribunales y el ingreso de la deuda derivada de la defraudación, “satisfaciendo ambas exigencias el pleno retorno a la legalidad al que el legislador ha querido anudar la renuncia al ‘ius puniendi’ respecto del delito principal y sus instrumentales”.

La Circular trata de desgranar cual es el significado de la palabra regularizar, que es la única condición que impone el Código Penal para lograr la exención de responsabilidad penal en los casos de delito ya comentados. Ni la normativa penal ni el resto de las normativas del sistema legislativo español lo aclaran por lo que el informe de la Fiscalía inicia su análisis recurriendo a la definición del término realizado por la Real Academia, que se refiere a “legalizar, adecuar a derecho una situación de hecho o irregular”.

Por consiguiente, considera que  su naturaleza y configuración jurídico-penales en tanto que excusas absolutorias y su inclusión dogmática entre las normas relativas al desistimiento y el arrepentimiento activo, están fuertemente vinculadas con la teoría de la reparación.

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