edición: 2828 , Viernes, 18 octubre 2019
23/04/2013
Banco de España, también falla en reclamaciones

Desahucios y preferentes fuerzan la creación de un organismo independiente

Los tribunales, obligados a poner orden en el caos de las crisis hipotecaria y financiera
Juan José González

Fraude en la colocación de preferentes, escrituras de hipotecas con una clara inclinación a producir el desconcierto del cliente, desahucios… Sensación de que el consumidor, de hipotecas o productos bancarios, como las célebres preferentes, no encuentran todo el amparo debido de las normas que establece la legislación española. Así que, aprovechando que el Gobierno anda de reformas estructurales y legislativas, quizás debería conceder un tiempo a pensar en cómo rellenar ese hueco, al parecer, no muy bien cubierto de los derechos de los consumidores, de los clientes bancarios, los titulares de preferentes de, por ejemplo Bankia, estos días en la calle y tocando la realidad de perder parte o buena parte del ahorro invertido. Se trataría de un nuevo organismo que atendiera de forma eficaz, las reclamaciones de particulares en materia financiera, con las funciones que tiene atribuidas en la actualidad y a ese mismo efecto el Banco de España, pero de las que hace caso omiso. Y es que, al parecer, el asunto de un nuevo instituto público fue tratado hace varios meses en la mesa del ministro de Economía, pero sin mucho éxito: se decidió aplazarlo porque el `escándalo´ de desahucios y preferentes estaba al caer.

La idea en cuestión contaba con ese primer inconveniente como era la inoportunidad política. Pero contaba también con otra barrera más, como era la de ser una materia –reclamaciones- que tradicionalmente se venía resolviendo –a su manera- en el banco central, dado su carácter independiente; por un lado de los clientes a quienes, en teoría debería proteger, y por otro de los bancos, los supervisados. Pues bien, parece que las prácticas más recientes de unos –créditos hipotecarios y/o sus cláusulas y los contratos de preferentes- no avalan la eficacia del Banco de España en su labor de vigilancia y protección de los intereses de los consumidores o clientes bancarios.

La eficacia de la oficina de reclamaciones del Banco central español queda en evidencia ante la incapacidad de evitar el caos formado por las últimas reclamaciones hipotecarias y preferentes. Los tribunales, la policía judicial y las fuerzas del orden, incluidas asociaciones defensoras de los derechos de los inversores y desahuciados han salido en defensa de los clientes de hipotecas y preferentes. Desde varios departamentos ministeriales, así como desde otras instancias de la administración de Justicia existe la certeza de que la función independiente del Banco de España en la protección y cuidado de los derechos de los consumidores, ha fracasado, dando lugar a numerosos incidentes de orden público y episodios de reacción social.

Pero, además, hay que destacar que ese carácter independiente, quizás demasiado independiente, parece haberse posicionado en la mayoría de los casos, en favor de la entidad financiera y en contra del cliente, lo que da lugar a pensar que no sea el Banco de España, de quien depende la oficina de reclamaciones, tan independiente como se presume, sino tan dependiente del sector bancario, como parecen querer interpretar las sentencias en materia de desahucios y preferentes que se están conociendo en las últimas semanas.

Quizás no sea suficiente con que el Gobierno obligue a la revisión de la normativa de las cláusulas abusivas para llegar a corregir errores históricos como con la célebre `cláusula suelo´, con vía libre para que la entidad aplicara subidas en el interés, como bloqueada las posibles rebajas ante una situación de mercado a la baja. Surgen a propósito de esta materia hipotecaria el asunto de que sea la entidad financiera la que establece (e impone) la notaría donde debe firmarse el contrato en escritura pública, donde tradicionalmente debería ser el notario el informador y asesor de los firmantes, acaba siendo únicamente, el informador o asesor de parte, de parte del banco, no del cliente que acude en busca de una hipoteca.

Habría que pensar en que si las notarias se hubieran aplicado con celo en su función de informadores y asesores de los firmantes, seguramente no se habrían producido la mitad de los desahucios, como tampoco si la intervención del apoderado bancario se hubiera producido según las normas, el número de clientes defraudados por las preferentes habría sido ridículo. Unos y otros serían objeto de defensa y protección en una oficina de reclamaciones verdaderamente independiente a diferencia de la actual del Banco de España.

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