edición: 2826 , Miércoles, 16 octubre 2019
30/12/2009

Desde hoy, los ayuntamientos españoles no pueden imponer en general autorizaciones de apertura

Javier Ardalán
Desde hoy los ayuntamientos españoles no pueden imponer en general autorizaciones de apertura previas al inicio de la actividad, ya que entra en vigor la modificación del Reglamento de servicios de las corporaciones locales, que elimina este requisito y  que impide las actividades personales puedan limitarse a un plazo determinado. Esta normativa, publicada ayer en el BOE es el Real Decreto 2009/2009 modifica el Reglamento de servicios de las corporaciones locales y que data de 1955, introduce la comunicación previa o la declaración responsable como mecanismo ordinario de intervención en el ámbito local, junto a las licencias, que quedarán sujetas, respecto de las actividades de servicios, a los principios incorporados a nuestro ordenamiento jurídico por la Ley 17/2009 (Ley de Servicios o transposición de la Directiva Bolkestein).

Hay que esperar ahora a ver la reacción normativa de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos para no perder ni recaudación ni control, pues de una parte, se seguirán  cobrando las tasas después de realizar la preceptiva inspección, cuando el negocio ya esté en marcha, y los establecimientos públicos situados en lugares públicos, como por ejemplo puede ocurrir con las terrazas de las cafeterías, seguirán sujetas a licencia previa.

Capítulo aparte merece la venta ambulante, cuya regulación está prevista en el desarrollo de la conocida como ‘Ley Ómnibus’ a través de un, por ahora, proyecto de Real Decreto por el que se regula el ejercicio de determinadas modalidades de venta fuera de establecimiento comercial permanente, se ha considerado necesario que, en lo relativo al ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria, dicho régimen de autorización se mantenga con ciertas modificaciones.

El establecimiento del régimen de autorización se justifica en la medida en que este tipo de actividad comercial requiere del uso de suelo público, debiendo ordenarse la utilización del mismo por razones imperiosas de interés general tales como el orden público, la seguridad pública y la salud pública. Así, se considera que la ordenación y racionalización del uso de suelo público no puede dejarse a la operatividad de medidas posteriores por razones de interés general.

Se han de eliminar requisitos discriminatorios (como el de la antigüedad o el empadronamiento en el municipio) para fijar otros proporcionales a la actividad y en los que tenga más peso la transparencia y la libre concurrencia. El proceso de obtención de licencia, en estos casos, se rige por el silencio administrativo positivo.

Como ejemplo, en la Ley de venta ambulante de Andalucía, que si bien elimina la obligatoriedad de que los vendedores tienen hasta ahora de estar inscritos en un registro autonómico -existirá pero con carácter voluntario-, en unos casos, como ocurre en Andalucía se deja en manos de los ayuntamientos la facultad de fijar los criterios exigidos y expedir los permisos con carácter previo, mientras que en Madrid se ha fijado un tope de cinco años.

En las regulaciones autonómicas de comercio callejero se justifica que el número de autorizaciones estará limitado por el suelo público habilitado por los ayuntamientos para la referida actividad y la duración de las mismas no podrá ser por tiempo indefinido
En la Ley de Servicios, se regula que salvo en casos excepcionales y siempre que el régimen de autorización no resulte discriminatorio ni directa ni indirectamente en función de la nacionalidad o de que el establecimiento se encuentre o no en el territorio de la autoridad competente o, por lo que se refiere a sociedades, por razón del lugar de ubicación del domicilio social. No obstante, cuestiones como la apertura de comercios en zonas industriales queda también en manos de los municipios, ya que pueden negar la apertura por criterios territoriales.

También el régimen de autorización deberá estar justificado por una razón imperiosa de interés general, y este régimen debe ser el instrumento más adecuado para garantizar la consecución del objetivo que se persigue porque no existen otras medidas menos restrictivas que permitan obtener el mismo resultado, en particular cuando un control a posteriori se produjese demasiado tarde para ser realmente eficaz.

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Así, establece la norma, que en ningún caso, el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio se sujetarán a un régimen de autorización cuando sea suficiente una comunicación o una declaración responsable del prestador mediante la que se manifieste, en su caso, el cumplimiento de los requisitos exigidos y se facilite la información necesaria a la autoridad competente para el control de la actividad.

Con esta medida, lo que se busca como objetivo es la introducción de nuevas formas de control de la actividad más eficaces, pero menos gravosas para ciudadanos y empresas.

Las limitaciones temporales y territoriales de las comunicaciones, declaraciones responsables o autorizaciones. En general, se concederán por tiempo indefinido y tendrán efecto en todo el territorio español, lo que no afectará a la posibilidad de las autoridades competentes de revocar las autorizaciones o de suspender la actividad cuando dejen de cumplirse las condiciones que dieron lugar a la obtención de la autorización.
 
Con ello se promueve un efecto positivo para la actividad económica, por cuanto las limitaciones a la eficacia territorial de las comunicaciones, declaraciones responsables y autorizaciones, suponen una carga adicional para los prestadores que limita su movilidad geográfica y crecimiento.

La Ley estima que sólo podrá limitarse el número de autorizaciones cuando esté justificado por la escasez de recursos naturales o físicos o por limitaciones de las capacidades técnicas a utilizar en el desarrollo de la actividad. En estos casos habrá que seguir un procedimiento que garantice la imparcialidad y transparencia para el acceso a la venta.

Como ejemplos, en las normativas de Madrid y Andalucía se suprime la segunda licencia que hasta ahora se requería para la apertura de grandes superficies y se elimina la autorización para organizar pequeñas rifas como las de los clubes deportivos o de promoción de los supermercados.

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