edición: 2724 , Viernes, 24 mayo 2019
02/09/2015
LA OREJA DE LARRAZ

El Gobierno remodelará el sector del desguace para acabar con la circulación de vehículos dados de baja

Javier Ardalán
La Dirección General de Tráfico denuncia que en muchos casos los vehículos dados de baja siguen circulando, según se observa en sus cámaras, y en determinados siniestros se descubre que documentaciones de vehículos dados de baja se incorporan a vehículos robados.
Para paliar esta situación, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ultima estos días el texto de un Proyecto de Real Decreto sobre los vehículos al final de su vida útil, que cambia la denominación de los centros autorizados de tratamiento (CAT), que pasan a llamarse Centros autorizados de descontaminación de vehículos (CADV).

Con este cambio se busca deslindar y concretar las funciones y particularidades de estos centros que se ocupan específicamente de la descontaminación del vehículo al final de su vida útil (dado que se trata de un residuo peligroso) para posteriormente enviar a otros centros autorizados de tratamiento (denominados así genéricamente) aquellas partes del vehículo que requieran una gestión individualizada según sus características, tal y como precisa el propio real decreto.

Los CADV persiguen el cumplimiento de los objetivos de reutilización y tratamiento. Se pretende evitar la aparición de nuevos gestores que únicamente hacen de intermediarios comprando y vendiendo vehículos siniestrados de accidentes y que no participan en el espíritu de la jerarquía de residuos, en particular aquellos que utilizan las documentaciones de vehículos siniestrados para adaptarlas a vehículos robados y hacen “desaparecer” el resto del vehículo siniestrado.

El Real Decreto será de aplicación expresamente a los vehículos al final de su vida útil (incluidos los componentes o materiales que formen parte de ellos cuando se conviertan en residuos). En consecuencia, se elimina la referencia a las piezas y componentes generadas durante la vida útil de los vehículos en los talleres de reparación, que se regularán por la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y por la normativa específica de flujos específicos tales como residuos de aceites industriales, pilas y acumuladores, neumáticos o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

La exclusión del ámbito de aplicación de las piezas extraídas en los talleres se fundamenta en que estas piezas forman parte del vehículo durante su vida útil pero no forman parte del mismo cuando se convierte en residuo, es decir, al final de la vida útil del vehículo.

Se considera que, dado que la pieza que se sustituye en el taller es equivalente a la pieza que se retira, el vehículo al llegar al final de su vida útil tiene el mismo número de piezas que cuando se puso en el mercado. Esta afirmación implica que no se causa distorsión respecto a las obligaciones de los productores ni a los componentes que forman parte del vehículo al final de su vida útil, que se tienen que gestionar adecuadamente conforme se establece en el Real Decreto.

El objetivo de este Real Decreto, en línea con la normativa comunitaria es la protección de la salud y del medio ambiente en lo que se refiere a la correcta gestión de los vehículos al final de su vida útil, que, por incluir residuos peligrosos, resulta necesario que su tratamiento se realice en instalaciones adecuadas que garanticen la estricta observación de la normativa comunitaria y española.

El articulado trata de dejar claro que la gestión de los aceites, baterías y neumáticos que contengan los vehículos cuando se entregan para su descontaminación, tendrá que cumplir los objetivos de tratamiento que se establece la normativa que regula estos flujos de residuos.

La experiencia de estos últimos años y la relevancia de estos centros en la gestión de este tipo de residuos ha aconsejado aprovechar esta modificación normativa para acometer este cambio, cambio que no deja de ser meramente formal, ya que no afecta a la esencia y funcionamiento de este flujo de residuos que seguirá una senda similar a la que seguía hasta ahora.

Se ha visto que resulta inútil el detalle de la información que se debía proporcionar a los usuarios. Se ha comprobado que determinada información sí que debe darse a los gestores de los vehículos al final de su vida útil pero no resulta adecuado dar esa misma información al público en general para evitar que se canibalicen los vehículos inadecuadamente antes de llegar a un gestor autorizado.

Además, se añade una cautela para evitar la doble financiación. Expresamente se señala que no será de aplicación a la gestión de los vehículos al final de su vida útil, los reales decretos que regulan la responsabilidad ampliada del productor de aceites industriales, neumáticos, aparatos eléctricos y electrónicos, pilas, acumuladores y baterías.

Finalmente, se arbitra la posibilidad de que la autoridad competente inicie procedimiento sancionador, imponga multas o revoque parcialmente la comunicación o autorización. Si el incumplimiento se generaliza se podrá llegar a la revocación de la actividad y a la correspondiente baja en el Registro de producción y gestión de residuos.

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