edición: 3075 , Martes, 27 octubre 2020
31/05/2015
Presuntos favores a una empresa

La destitución de un miembro del Gobierno en Valencia reabre el debate sobre la corrupción política

Los internautas ironizan asegurando que sólo sería noticia que “un político no robara en la Comunidad Valenciana”
ICNr
La corrupción como práctica generalizada se ha convertido en una de esas verdades insoslayables que se encuentran ancladas en el ideario de la opinión pública. Mucho tendrían que cambiar las cosas para que la percepción ciudadana de la clase política mejorar a corto o medio plazo, a no ser que se llevara a cabo, como no pocos reclaman, una “limpia de arriba abajo” que trajera sangre nueva a los partidos políticos y que se convirtiera en detonante obligado del cambio que tanto se reclama. Este fin de semana, la destitución del cargo al delegado del Gobierno de Valencia, Serafín Castellano, tras ser detenido por la Policía Nacional en el marco de un caso de presuntos favores a una empresa, en el tiempo en el que el dirigente popular desempeñó el cargo de conceller, centró la atención de la opinión pública y reabrió el eterno debate sobre la corrupción.
Según recogieron los medios de comunicación, la tarde del pasado viernes los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional detuvieron al delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana junto a otras ocho personas en una investigación abierta sobre presuntos favores a una empresa a la que se le adjudicó contratos para la extinción de incendios cuando ocupaba el cargo de conseller de Gobernación. Ese mismo mediodía, Rajoy le destituyó de su cargo.

Se trata de parte del resultado del despliegue de la Udef de una operación en Valencia en la que se están produciendo diferentes registros, entre ellos, en la Consellería de Gobernación. Otro de los detenidos es el alcalde en funciones de Quartell (Valencia), Francisco Huguet (PP), quien ha sido suspendido de militancia del Partido Popular, al igual que otro exconcejal detenido, Emilio Máñez. La investigación de la Fiscalía Anticorrupción se abrió a raíz de una denuncia presentada por un contratista, que afirmaba que Castellano había aceptado regalos (en concreto, un rifle) para favorecer a una compañía en adjudicaciones.

Así, la operación surge de la investigación abierta en el ministerio público el pasado mes de octubre, cuyas diligencias le fueron remitidas de Fiscalía de Madrid tras una denuncia interpuesta por el exgerente de Avialsa -empresa adjudicataria de dichos contratos- en la que alertaba de diferentes irregularidades tanto en la adjudicación como en la gestión de los contratos otorgados por parte de la conselleria dirigida por Castellano -quien también ocupó el cargo de secretario general del PPCV- a esta mercantil entre los años 2008 a 2010.

Tras meses de investigación, Anticorrupción decidió denunciar los hechos en el juzgado al observar que podrían ser constitutivos de delito. En la denuncia se alude a una serie de "modificaciones contractuales" que firmaron Castellano y Huerta por cambio del tipo de aviones, cuando las adjudicaciones de los contratos públicos se hicieron con otro tipo de aparatos que, después, no llegaron a España. Con estas modificaciones -se apunta en la denuncia- se pudo haber incumplido el pliego de licitación, sin que se hubiera hecho ninguna penalización hacia Avialsa.

No es la primera vez que estos contratos con Avialsa salen a la luz, puesto que en agosto de 2013 ya se aludió en los medios de comunicación a estas adjudicaciones, y en ese momento Castellano desmintió "rotundamente" que su conselleria hubiera contratado irregularmente a la empresa Avialsa. "Todas las contrataciones que se realizan se hacen acorde a la ley, con transparencia y sin irregularidades", dijo en ese momento.
El más reciente en el que ha ocurrido una situación de "alarma social" fue el de la suspensión cautelar de militancia del expresidente del PP de la provincia de Valencia, Alfonso Rus, por las grabaciones del 'caso Imelsa'.

CORRUPCIÓN EN VALENCIA

Los internautas criticaron la existencia de un nuevo caso de corrupción y pusieron el foco en cómo la Comunidad Valenciana se ha convertido en el paradigma del problema. El goteo de casos procedentes de esta zona, en relación directa con la presencia del Partido Popular, se convierte constantemente en motivo de vergüenza y de censura por parte de la opinión pública. No consuela que se trate de “más de lo mismo”, ni que un nuevo caso no aporta “nada nuevo”: para muchos, se trata sólo de otro “político trincando”, pero la ausencia de una ‘limpieza’ profunda dentro de la estructura política sigue generando un intenso debate.

El problema, a juicio de la opinión pública, es la máxima “hecha la ley, hecha la trampa”. Se habla de una justicia atada de pies y manos a la aplicación de unas normas excesiva y convenientemente benévolas con la corrupción, con los delitos y faltas cometidos por la clase política y, en general, protectora de las “golferías” que se llevan a cabo en el seno de las distintas administraciones públicas. Es esa inmunidad, ese castigo leve y sólo político –y a veces ni eso- lo que más enerva a los ciudadanos, conscientes de que sólo el endurecimiento de las normas sería realmente útil en la lucha contra lo que consideran “una de las grandes lacras” del país.

El pensamiento ciudadano muestra también un lado muy pesimista al reflejar cómo, bajo su óptica, en España “sólo no roba el que es manco”. Existe el convencimiento de que la pérdida de valores ha alcanzado tales cotas que sólo una estricta normativa puede convertirse en el detonante de un país sin corruptos. De momento, y con respecto a cómo se están haciendo las cosas hasta ahora, la realidad es que “nunca sabremos la verdad del mangoneo que ha habido en esta región”, ni en el resto del país. Por mucho que se tire de la alfombra, se da por hecho que hay demasiado que tapar, fruto tal vez del “caciquismo heredado de la etapa franquista” o, para los más negativos, del propio carácter de los españoles. “Que los metan a todos en la cárcel y liberen a los que demuestren que son inocentes. Así acabarán antes”, ironizó un lector.

Hubo incluso quien habló de la conveniencia o la casualidad de que se produjeran las detenciones cinco días después de las elecciones”. “Tuvo suerte el PP de que no se le detuviera en plenos comicios”, comentó un lector. Otra cosa es cómo influyan estos nuevos casos en los pactos posibles entre fuerzas políticas para dejar al PP fuera de las distintas instituciones. Y es que la corrupción “generalizada” que muchos ciudadanos achacan a la formación puede llegar a justificar alianzas de dudosa lógica siempre que el bien que se proteja sea aún más importante que ciertas discrepancias en el ideario de cada partido.

La conclusión es que, a estas alturas de la democracia, “España ha sido literalmente expoliada durante decenios por los políticos corruptos. Y el PP a la cabeza, puesto que ha quedado demostrado que había tejido entramados de favores, dinero negro, financiación ilegal, adjudicación ilegal de contratos…” Precisamente sobre la formación que dirige Mariano Rajoy se dijo que debería “pasar una temporadita larga en la oposición meditando sobre todo lo que han hecho mal”. Eso sí, “después de haber devuelto hasta el último céntimo”.

Noticias Relacionadas

Director
Juan José González ( director@icnr.es )

Redacción (redaccion@icnr.es)

Intelligence and Capital News Report ®
es una publicación de Capital News Ediciones S.L.
Editor: Alfonso Pajuelo
c/ Real, 3. 40400 El Espinar (Segovia)
Teléfono: 92 118 33 20
© 2020 Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción sin permiso expreso de la empresa editora.

Optimizado para Chrome, Firefox e IE9+

loading
Cargando...