edición: 2826 , Miércoles, 16 octubre 2019
18/09/2019
Comprometida elaboración presupuestaria

La deuda pública hipoteca al Gobierno, sin margen para gastar más ni para bajar impuestos

Escenario complejo el que afrontará el próximo Gobierno, en plena fase inicial de desaceleración económica y obligado por las recomendaciones de Bruselas
Juan José González
La nueva situación que compromete la ambiciosa elaboración presupuestaria con la que pretende llegar el partido en el Gobierno a la próxima legislatura, tras las próximas elecciones a celebrar el 10 de noviembre. Las últimas cifras de endeudamiento y déficit público, sumadas a la reducción del crecimiento previsto, vienen a coincidir en el tiempo con la fase regular de elaboración presupuestaria del Estado. En esta ocasión, al nuevo Gobierno le corresponderá confeccionar los nuevos Presupuestos Generales del Estado que sustituirán a los vigentes prorrogados y heredados del anterior Gobierno popular. Acuden los partidos políticos a la campaña electoral, iniciada de facto hace unos meses con propuestas de carácter liberal, espléndidas -recortes de impuestos a discreción- y ambiciosas -en el gasto público-. El partido en el Gobierno no enseña todas sus cartas en el asunto, pero baraja un ajuste fiscal que afectará, selectivamente, a unas rentas más que a otras. Pero unas y otras sólo serán posibles en la medida en la que el nuevo Gobierno esté dispuesto a seguir o a saltarse las recomendaciones de Bruselas que, en esencia son contrarias a la bajada de impuestos y a un aumento de los gastos. A España no le queda margen para un presupuesto expansivo, como parece que recogerán las propuestas electorales.
Desde Bruselas aconsejan elevar la dosis de realismo económico al Gobierno en funciones, quizá conscientes de que será el mismo protagonista en un próximo escenario político, bien al frente de una coalición o en solitario tras las próximas elecciones. El realismo económico recomendado por la Unión Europea sólo se podrá comprobar cuando se despeje la primera variable, la formación del Gobierno. Y la segunda, las recomendaciones, después, cuando presente en el Parlamento su proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

La información previa que han transmitido los partidos políticos a la ciudadanía se divide en dos grupos: una mayoría (aplastante) de promesas de recortes de impuestos y de incrementos del gasto público. La minoría (el partido en el Gobierno) se posiciona en una línea diferente, con probables revisiones y ajustes fiscales que afectarían, selectivamente, a las rentas más elevadas, así como nuevos impuestos a la banca y a las tecnológicas, pero, y coincidiendo con la mayoría de las propuestas liberales, incrementando el gasto público.

Aumentar el gasto público, salvo alguna propuesta creativa al margen de los manuales, sólo es posible si se acude a la deuda, precisamente el lugar menos recomendado por Bruselas para España. Los diferentes Gobiernos españoles encuentran grandes dificultades en su tarea, siempre inacaba e imposible, de reducir el endeudamiento de la economía española, como muestran esos apretados tres puntos que se ha logrado reducirlo en los últimos cuatro años desde aquel récord histórico de las series estadísticas marcado en 2014 con un 100,4% del PIB. 

Para mayor desgracia, el endeudamiento español respecto al PIB ni siquiera logró cumplir con las recomendaciones que desde Bruselas envió la Comisión Europea al Gobierno español pese a que en ese período de tiempo (2014-2018) la economía española superó el 3% de crecimiento, lo cual evidencia una deficiente gestión de las finanzas públicas o, también es posible, una posición de disconformidad frente a las recomendaciones de Bruselas.

Recordar que, de la misma forma que la Comisión recomendaba a los gobernantes españoles reducir el endeudamiento, también aconsejaban, como salida y solución paliativa, aplicar los excesos de recaudación de ese período de bonanza de cuatro años de crecimiento. Y sin embargo, los responsables de las finanzas optaron por seguir aumentando el gasto corriente.

Los Gobiernos (el anterior y el actual en funciones) además de ser herederos de una mayor deuda pública, creciente y al galope desde 2007, han colaborado activamente en el engorde de la misma hasta alcanzar los 1,19 billones de euros (el 98% del PIB actual), confiados, eso sí, en la benevolente política monetaria de unos tipos de interés que permiten financiar y refinanciar deuda con comodidad relativa, hasta el punto de que la ministra Calviño alardea de un ahorro logrado en el capítulo de intereses de unos 5.000 millones de euros, lo que no está nada mal, si bien, no soluciona el problema principal: una deuda pública en el 98,38% del PIB en la primera parte del presente ejercicio (superior al 95,8% estimado por el Gobierno en funciones). No será fácil elaborar un presupuesto coherente, alineado con las recomendaciones de Bruselas y exigido por la realidad, que no es otra diferente a la necesidad de aplicar un tratamiento preventivo, casi de choque, ajustado al escenario de desaceleración actual, lo que condicionará, y mucho, la elaboración de los Presupuestos Generales, un trance en el que el próximo Gobierno que salga el 10 de noviembre deberá gestionar una pesada hipoteca, la deuda pública.

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