edición: 2616 , Viernes, 14 diciembre 2018
20/10/2010
Si la emisión de deuda catalana sale bien
Palacion de la Generalitat de Catalunya

Diez Autonomías necesitan 30.000 millones para 2011

Las Comunidades Autónomas, camino de alimentar su propia burbuja a base de bonos
Juan José González

Las puertas del mercado financiero son numerosas pero ahora están cerradas. Si las empresas privadas vienen encontrando problemas desde hace más de un año, las Administraciones autonómicas y las corporaciones locales ni lo han intentado, pero como cualquier compañía, las instituciones públicas están obligadas a financiarse, de ahí que no extraña al sector financiero la decisión de la Generalitat de Catalunya que ahora, en ese derecho de buscarse la vida, ha pensado en los inversores particulares como fuente de financiación. Y lo que hace unos días fue noticia hoy y mañana es temor. Temor, pánico y miedo el que se siente en Alcalá, en el Ministerio de Economía y Hacienda, y que es compartido por Cibeles, donde un Banco de España beligerante con el Ejecutivo se muestra permisivo con las Autonomías.

Al menos diez Comunidades Autónomas han declarado ya su intención de seguir los pasos iniciados por el Gobierno de la Generalitat de Catalunya. La emisión de deuda, en este caso de bonos por valor de 1.000 millones de euros a un año de plazo y al 4,75%  entre particulares, es una fórmula que ya ha sido contemplada en numerosas ocasiones por la Valenciana, Madrid, Xunta de Galicia y la misma Catalunya. Se trataba de emisiones cortas que no sobrepasaban los 300 millones de euros, y estaban dirigidas a las grandes empresas locales, del ámbito de la comunidad autónoma que los emitía. Al final, el tesorero y la junta de gobierno autonómicos concluían que los altos costes de la emisión y distribución no merecía la pena y todo terminaba en una emisión pública colocada entre un grupo reducido de inversores institucionales.

Pero los tiempos cambian, y de qué manera, y como bien pueden comprobar los tesoreros autonómicos, conseguir dinero para sacar adelante los presupuestos comprometidos se hace una tarea complicada, costosa y arriesgada. En esa búsqueda de alternativas financieras y en el momento más complicado para unas instituciones no acostumbradas del todo a pelear sus spreads en los mercados abiertos ni tampoco en los internacionales, lanzar bonos de la forma en que lo realiza la Generalidad, se presenta como una pirueta de consecuencias incalculables.

Quien ya ha realizado algunos cálculos han sido las cinco cajas de ahorros catalanas que, según la propia Generalitat, ya cuentan con suscribir una parte de la emisión. Cálculos que también ha realizado la calificadora Moody´s, -rebaja el rating a largo plazo de Cataluña a A2, con perspectiva negativa desde A1- y para la que “la creciente vulnerabilidad de la región a los problemas de financiación” es un peligro que planea sobre la proyectada emisión de bonos y que no hará más que aumentar el coste de financiación de la Comunidad. Un capítulo que deberán estudiar a fondo es el relativo a los costes de esta emisión de la Generalitat: si el cupón anual es del 4,75% y el coste por intermediación a las cajas y bancos es de 2,85%, será difícil conseguir un buen margen que compense el 7,60%.

¿Qué tendrá que suceder para que las Comunidades Autónomas más endeudadas no consideren que la vía abierta por la Generalitat es buena para financiarse? ¿Por qué no van a seguir los pasos de los bonos catalanes si funciona la colocación? Lo cierto es que no hay ninguna razón de peso salvo la que apunta a la posibilidad de que el emisor no pueda responder al pago a la fecha de vencimiento –para esto están los informes de las calificadoras y sus respectivos ratings- o que los costes de emisión y distribución disparen la deuda que iba orientada a cerrar más deuda.

Las diez Comunidades que esperan resultados de la emisión suman unos 12.000 millones de euros de deuda viva en el presente ejercicio, una cantidad que no debe asustar mientras no rebase el tope de los 15.000 millones con el que parece contar el ministerio de Economía. Se trata, en todo caso, de bonos colocados en emisiones privadas y públicas entre un reducido grupo de inversores institucionales, en su mayoría pequeños organismos públicos locales y empresas regionales clientes de quien les viene a solicitar la colaboración en sus emisiones.

El problema surge (o puede surgir) sí en el caso de que la colocación de los bonos catalanes sea un éxito, las diez comunidades con necesidades de financiación lanzan sus programas de deuda según recogen los presupuestos respectivos para el próximo ejercicio 2011. La suma agregada de todas ellas muestra unas necesidades de endeudamiento que obligarían a acudir al mercado abierto en busca de 30.000 millones de euros, y esta cantidad ya asusta en Alcalá y en Cibeles. Y aunque a pesar de que no todas comparten los mismos problemas financieros, algunas con más caja que otras y otras con más plazo que algunas, quien más quien menos no dejará pasar la oportunidad de emitir bonos de la Comunidad Autónoma.

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