edición: 2825 , Martes, 15 octubre 2019
13/03/2012
OBSERVATORIO FISCAL

Disolución y liquidación de una sociedad mercantil con devoluciones de IVA pendientes

DATADIAR
Muchas empresas que mantienen saldos de IVA  a su favor, para que les sean devueltos por la Administración tributaria, se plantean dudas, sobre qué ocurre con esos saldos, después de un posible cese en su actividad, o bien, en un proceso de disolución como sociedad mercantil.

El art. 99 Cinco de la  Ley del IVA establece, que cuando la cuantía de las deducciones procedentes supere el importe de las cuotas devengadas en el mismo período de liquidación, el exceso podrá ser compensado en las declaraciones-liquidaciones posteriores, siempre que no hubiesen transcurrido cuatro años contados a partir de la presentación de la declaración-liquidación en que se origine dicho exceso.

No obstante, el sujeto pasivo podrá optar por la devolución del saldo existente a su favor cuando resulte procedente en virtud de lo dispuesto en el Capítulo II de este Título, sin que en tal caso pueda efectuar su compensación en declaraciones-liquidaciones posteriores, cualquiera que sea el período de tiempo transcurrido hasta que dicha devolución se haga efectiva.

Además de lo anterior, el art. 115 de la Ley del IVA señala que, los sujetos pasivos que no hayan podido hacer efectivas las deducciones originadas en un período de liquidación por el procedimiento previsto en el artículo 99 de esta Ley, por exceder la cuantía de las mismas de la de las cuotas devengadas, tendrán derecho a solicitar la devolución del saldo a su favor existente a 31 de diciembre de cada año en la autoliquidación correspondiente al último período de liquidación de dicho año.

Así mismo la Administración, en consulta vinculante de la Dirección General de Tributos, de fecha de uno de octubre de entiende, que cualquier sujeto pasivo puede solicitar la devolución del saldo a su favor existente a 31 de diciembre del año en cuestión en la declaración-liquidación correspondiente al último periodo de liquidación de dicho año, que se presentará entre el 1 y el 30 de enero del año siguiente.

(...)
La condición de empresario o profesional a efectos del IVA, se mantiene hasta que no se produzca el cese efectivo en el ejercicio de la actividad, el cual, no se puede entender producido en tanto el sujeto pasivo, actuando como tal, continúe llevando a cabo la liquidación del patrimonio empresarial o profesional y enajenando los bienes afectos a su actividad.

Las cuotas del IVA soportadas como consecuencia de gastos incurridos con posterioridad al cese en el ejercicio de su actividad económica serán deducibles en la medida en que exista una relación directa e inmediata entre los pagos realizados y dicha actividad, se acredite que no existe intención de actuar de forma fraudulenta o abusiva y se cumplan las demás exigencias previstas en los artículos 92 y siguientes de la Ley 37/1992.

El sujeto pasivo podrá solicitar la devolución del IVA a compensar que resulte procedente de la presentación del correspondiente modelo 303 del cuarto trimestre del año.

El empresario o profesional que cese en su actividad deberá presentar la correspondiente declaración censal de baja, sin perjuicio de que deba presentar las restantes declaraciones y cumplir las obligaciones tributarias que le incumban. En consecuencia, mientras no se produzca la baja del Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, el sujeto pasivo deberá cumplir con las obligaciones tributarias formales previstas en el artículo 164 de la Ley del IVA.

Como vemos, no se pierde automáticamente la condición de sujeto pasivo por el mero cese en la actividad, si como consecuencia del ejercicio de la misma, se incurre posteriormente en gastos directamente relacionados con aquélla, permitiendo la deducción y ulterior devolución de las correspondientes cuotas soportadas, de concurrir los restantes requisitos exigidos legalmente.

Teniendo en cuenta lo expuesto hasta ahora entendemos que al igual que un sujeto pasivo puede deducir y solicitar la devolución del IVA soportado como consecuencia de gastos ocasionados después del cese, más razón para que igualmente pueda solicitar la devolución por el IVA soportado antes del cese, aún cuando ya haya cesado en la actividad. Si bien, es importante recordar que se entiende que un sujeto pasivo no cesa en la actividad mientras siga actuando como tal, continúe llevando a cabo la liquidación del patrimonio empresarial o profesional y enajenando los bienes afectos a su actividad.


Equipo jurídico de Datadiar.com


Consultas Vinculantes

Para tener derecho a la deducción por donativos, en la entidad donataria deben concurrir una serie de circunstancias. D.G.T. C, (11/10/2011).
La asociación consultante ha sido reconocida por la Agencia Estatal de Administración tributaria como entidad o establecimiento de carácter social, a los únicos efectos de lo establecido en el artículo 20 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. Si los donativos que pueda recibir darían derecho a deducir en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y, en su caso, porcentaje de deducción. Por tanto, para tener derecho a la deducción por donativos, en la entidad donataria deben concurrir alguna de las circunstancias siguientes: a) Tratarse de una entidad de las mencionadas en los artículos 2 y 16 y en las disposiciones adicionales quinta, sexta, séptima, octava, novena y décima de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (BOE del día 24). b) Tratarse de una entidad distinta de las mencionadas en el párrafo anterior, que o bien sea una fundación legalmente reconocida que rinda cuentas al órgano del protectorado correspondiente, o bien una asociación declarada de utilidad pública. Dado que la entidad consultante no entra dentro del ámbito de la Ley 49/2002, ni se trata de una fundación legalmente reconocida que rinda cuentas al órgano del protectorado correspondiente ni de una asociación declarada de utilidad pública, los donativos que pueda recibir no darán derecho a la deducción por donativos a quienes los efectúen.

Son incompatibles la deducción por obras de mejora en la vivienda con la deducción por inversión en vivienda habitual. D.G.T. C, (11/10/2011).
La consultante es titular de una cuenta vivienda a la que ha realizado aportaciones los dos últimos años. Recientemente, ha adquirido por sucesión hereditaria la tercera parte de una vivienda en la que tiene intención de establecer su residencia habitual junto con su pareja (sin vínculo matrimonial). Las otras dos terceras partes pertenecen, también por título hereditario, a sus dos hermanas. Su pareja tiene otra cuenta vivienda. En la vivienda van a realizar obras que incluyen el aislamiento exterior, sistema de calefacción y sistema eléctrico. - Posibilidad de aplicar el saldo de la cuenta vivienda a las citadas obras sin perder por ello las deducciones practicadas por aportaciones a la misma. En caso afirmativo, ¿se aplicaría el RD-ley 6/2010 y podría deducir un 10% de las cantidades satisfechas por las obras?. - Posibilidad de aplicar el saldo de la cuenta vivienda a la adquisición de parte de la propiedad de la vivienda que tienen sus dos hermanas sin perder por ello las deducciones practicadas por aportaciones a la cuenta vivienda. ¿Es necesario que la adquisición sea total?. El mantenimiento del derecho a las deducciones practicadas por aportaciones a la cuenta vivienda no dependerá de si adquiere la totalidad o una parte del porcentaje de propiedad que sus hermanas poseen sobre la vivienda, sino que dependerá de si la totalidad del saldo de la cuenta vivienda es destinado, dentro del plazo de los 4 años siguientes a la fecha de su apertura, a los fines legalmente establecidos (primera adquisición o rehabilitación de vivienda habitual).


Tribunales

Tratamiento fiscal de los derechos federativos. Consideración de gasto deducible en el Impuesto sobre Sociedades de las sanciones deportivas y de las cuotas extraordinarias satisfechas a la Liga de fútbol profesional. Tribunal Supremo. Sentencia de 7 de octubre de 2011.
Destacamos tres de los motivos de casación. Respecto al tratamiento fiscal de los derechos federativos, es decir, las cantidades que en tal concepto perciben diversos jugadores del Club recurrente a través de determinadas sociedades gestoras residenciadas en el extranjero y su posible retención, señalar que éstos «derechos federativos» no son otra cosa que la inscripción del jugador, a efectos de la obtención de la correspondiente licencia para que el jugador pueda participar en partidos y competiciones oficiales, a nombre del club con el que mantiene la correspondiente relación laboral, según se desprende de la normativa reguladora, en concreto, de diversas resoluciones del Consejo Superior de Deportes que aprobaron los estatutos de la Real Federación Española de Fútbol, a través de la cual se recoge, igualmente, la normativa establecida por los organismos internacionales F.I.F.A. y U.E.F.A. y el Reglamento General de la misma, cuyo libro XII, regula la materia. De la citada normativa se desprende que los titulares de los derechos federativos son, exclusivamente, los clubes mientras dure la relación laboral con el jugador, que los mismos pueden ceder o transmitir, temporal o definitivamente, dichos derechos a otro club, siempre con consentimiento del jugador, y que, de la cantidad percibida por la cesión o traspaso, el futbolista tendrá derecho a un porcentaje que no podrá ser inferior al 15 por 100, extinguiéndose en el momento de la cesión o traspaso la relación laboral entre el jugador y el club cedente. Los cobros efectuados por los jugadores profesionales, por mediación de terceros residentes en el extranjero, deben ser considerados como rendimientos del trabajo personal, pues tiene su causa y razón de ser, precisamente, en la relación laboral que vincula al futbolista con la entidad pagadora, habida cuenta de la naturaleza de tales derechos federativos, sólo susceptibles de titularidad por los clubes, de suerte que las sumas percibidas, en lo que exceda de los límites a que se contrae el porcentaje que, en caso de traspaso, puede percibir el jugador, no pueden tener otra consideración que la de retribución por razón del trabajo personal. Los pagos a terceros (generalmente, sociedades gestoras domiciliadas en el extranjero) de la remuneración por parte de los clubes de derechos de imagen a los jugadores profesionales de fútbol --y, ocasionalmente, de otros deportes-- al constituir para el perceptor último rendimientos propios del trabajo personal están sometidos a retención, sin que el hecho de que los pagos sean efectuados a terceros desvirtúe esa calificación y la consiguiente obligación de retener e ingresar lo retenido. La regularización de las retenciones se entiende con el pagador al margen de que el perceptor de las rentas correspondientes sobre la que recae la retención sea un tercero en la relación jurídico laboral. En relación con la consideración de gasto deducible de las sanciones impuestas en el ámbito de la disciplina deportiva, cabe señalar que éstas son el resultado del ejercicio de la potestad disciplinaria que las federaciones deportivas ejercen bajo la coordinación y tutela de la Administración Pública en el marco de las normas y potestades que la Ley del Deporte atribuye a los órganos deportivos. Las infracciones a las reglas del juego o competición son sancionadas por las Federaciones deportivas en el ejercicio de las funciones públicas de carácter administrativo que el ordenamiento jurídico les atribuye, actuando, en el ejercicio del poder de «imperium», como agentes colaboradores de la Administración Pública. Por eso, las cuestiones disciplinarias deportivas son decididas por el Comité de Disciplina Deportiva, órgano adscrito orgánicamente al Consejo Superior de Deportes que decide en única instancia en vía administrativa y sus resoluciones agotan la vía administrativa. Es decir, tienen carácter administrativo tanto de los órganos encargados del régimen sancionador como de las infracciones y sanciones impuestas. Por lo tanto, la consideración de la sanción disciplinaria deportiva, conforme a la normativa reguladora de la Ley del Deporte, como sanción administrativa comporta el efecto de negar su deducibilidad fiscal como gasto en el Impuesto sobre Sociedades. Las sanciones disciplinarias de carácter económico que se pueden imponer a los jugadores y técnicos no pueden tener la consideración de deducibles a efectos fiscales en la medida en que responden a una actuación ilícita en el plano deportivo, ya que, en caso contrario, sería tanto como que la Hacienda Pública financiase un porcentaje de la sanción, con lo que ésta no sería efectiva en su totalidad. Por último, en relación con la consideración de gasto deducible de las denominadas «cuotas extraordinarias» que la entidad Club Atlético de Madrid debe satisfacer a la L.N.F.P. como consecuencia del Convenio suscrito entre ambas entidades, señalar que no constituyen la contraprestación por ser miembro de la Liga y, por ende, poder militar en la Primera División del Fútbol Profesional Español, sino que, por el contrario, tienen su origen directo y exclusivo en las deudas que el Club tenía, previa y fundamentalmente, con la Hacienda Pública, de manera que no tienen su origen en una nueva obligación sino que constituyen la liquidación de la referida deuda previa. Por lo tanto, las denominadas cuotas extraordinarias no constituyen más que el pago de una deuda y, como tal, no son un gasto deducible en el Impuesto sobre Sociedades.

La norma fiscal, para asegurar la legalidad de las provisiones, exige acreditar que el valor de mercado de los inmuebles está por debajo del contable. Tribunal Supremo. Sentencia de 10 de octubre de 2011.
El derecho tributario tiene autonomía aplicativa e interpretativa y no tiene que estar directamente vinculado al alcance y al sentido que un determinado acto, contrato o negocio jurídico merezca para cualquier otra disciplina de nuestro ordenamiento jurídico, que pueden obedecer a razones ontológicas y fines diferentes. El Tribunal Supremo ha señalado que se ha de reparar, además, en la diversa finalidad de las normas contables y de las tributarias. No es lo mismo ofrecer una imagen fiel de la situación económica y patrimonial de una empresa que determinar la capacidad económica que debe ser gravada, de aquella que manifiesta la empresa por las rentas obtenidas en un ejercicio económico. En el presente caso, la finalidad perseguida por las tasaciones aportadas a la Dirección General de Seguros tenían como objeto acreditar las provisiones técnicas de la aseguradora, y en definitiva, su solvencia en función del volumen de los riesgos asegurados; para ello bastaba acreditar el valor de reposición o el de mercado. Sin embargo, la norma fiscal, para asegurar la legalidad de las provisiones, exige acreditar que el valor de mercado de los inmuebles está por debajo del contable. Luego era necesario y preciso que la entidad recurrente acreditara el valor de mercado, circunstancia que no se desprendía de manera indubitada de las periciales aportadas y aceptadas por la Dirección General de Seguros. Ni la Administración tributaria estaba vinculada a las decisiones o criterios de la Dirección General de Seguros, ni por lo tanto se vulneró el principio de confianza legítima que denuncia la recurrente.


Tribunales Económico-Administrativos

Plazo para la modificación de la base imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido en caso de concurso de acreedores. TEAC R, (13-12-2011).
La modificación de la base imponible del IVA prevista en el artículo 83.3 de la Ley 37/1992, aplicable en los procedimientos concursales, no podrá realizarse después del plazo previsto en la Ley 22/2003 (ley concursal); plazo para que los acreedores pongan en conocimiento de la administración concursal la existencia de sus créditos. Dicho plazo depende del tipo de procedimiento mediante el que se tramite el concurso, que es, con carácter general, de un mes desde la publicación de la declaración del concurso en el Boletín Oficial del Estado (artículo 21.1.5. de la Ley 22/2003),o reducido a la mitad cuando el concurso se tramite por el procedimiento abreviado, en cuyo caso el plazo se reduce a la mitad (artículo 191.1 de la Ley 22/2003) salvo que el juez acuerde mantener el general.
Es el plazo concreto de cada concurso el que ha de tenerse en cuenta a los efectos de la modificación de la base imponible en los concursos de acreedores, y no el plazo general de un mes.

La finalidad del Recurso Extraordinario para la Unificación de Doctrina es la de fijar una doctrina o criterios uniformes, con carácter vinculante para toda la Administración tributaria. TEAC R, (13-12-2011).
La finalidad del Recurso Extraordinario para la Unificación de Doctrina es la de fijar una doctrina o criterios uniformes, con carácter vinculante para toda la Administración tributaria, tanto órganos de aplicación de los tributos o como aquellos que ejercen la función revisora. Esta consecuencia o efecto del recurso extraordinario para la unificación de doctrina no sólo se ciñe a la situación jurídica particular derivada de la resolución en su día recurrida, sino que se extiende a todas aquellas resoluciones dictadas por los órganos económico-administrativos anteriores al mencionado recurso. En tanto no se dictó la resolución por la Sala para la Unificación de Doctrina, los órganos económico-administrativos quedaban vinculados por la doctrina que había sido fijada por este TEAC en resoluciones de 26 de enero de 2010 (RG 361/2009) y de 29 de junio de 2010 (RG 229/2009). Si las resoluciones dictadas con análogo contenido adquirieron firmeza, no pueden los órganos encargados de la aplicación de los tributos, en base a la resolución dictada por la Sala Especial para la Unificación de Doctrina, proceder a revisar o dictar actos en ejecución de estas resoluciones firmes, sin adoptar previamente procedimiento alguno especial de revisión de los previstos en la propia LGT, pues ello atenta gravemente al principio de seguridad jurídica que supone la firmeza de los actos administrativos.

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