edición: 2287 , Miércoles, 23 agosto 2017
18/06/2012

Dos inspectores del Banco de España declaran el miércoles ante el juez por el expediente contra la CAM

El titular del Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid tomará declaración el próximo miércoles a dos jefes del inspección del Banco de España como imputados por un presunto delito de falsificación en documento público por el expediente elaborado contra la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).

Los imputados son el director del Departamento de Inspección I del Banco de España, Pedro González, y el jefe del Grupo I de Inspección de la institución, Ángel Rico. La querella la presentó el pasado mes de marzo el presidente de la comisión de control de CAM, Juan Ramón Avilés.

Avilés acusa a Rico y González como firmantes de un informe enviado la Comisión Ejecutiva del Banco de España de propuesta de incoación de expediente disciplinario contra la cúpula directiva de la CAM, en la que figura el querellante como presidente de la Comisión de Control.

Según recoge la querella, el expediente incluía "afirmaciones frontalmente contrarias a la verdad" relativas a la supuesta ocultación de cobro de dietas en sociedades participadas a los órganos correspondientes.

Además, el presidente de la comisión de control de la CAM acusa a los inspectores de falsedad por atribuirle presuntas operaciones de ocultación de propiedades, mediante la utilización de su hermana "como testaferro de una sociedad en dificultades" que refinanció con la CAM un crédito "en condiciones favorables".

En concreto, según añade, el informe del Banco de España señala que "utilizando las sociedades participadas de la caja se evitó que la asamblea general conociera y aprobara determinados cobros de los miembros de administración y control".
"FALSEAR EL INFORME".

Avilés considera que los imputados "en sus funciones de inspección del Banco de España, tenían constancia de toda la documentación anteriormente aportada, pese a lo que no han tenido reparos en falsear el informe-denuncia con la finalidad de que la Comisión Ejecutiva incoara expediente sancionador".

Por ello, la querella atribuye a Ángel Rico y a Pedro González "manifestaciones de absoluto descaro y desprecio a la verdad" como la "ocultación de remuneraciones a la asamblea general, lo que es evidentemente falso".

Así, considera que ambos "han abusado de su posición privilegiada con la finalidad de que se incoe expediente disciplinario" contra él para "destruir" su "buen nombre, honor y dignidad, mediante la grosera consignación de falsedades e incluso sus familiares más directos".

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