edición: 2683 , Lunes, 25 marzo 2019
11/05/2017
LA OREJA DE LARRAZ

Economía ampliará las sanciones por utilizar el sistema financiero para el blanqueo de capitales

Javier Ardalán
El Ministerio de Economía ha abierto una consulta pública previa para modificar la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo para adecuarla a los contenidos de la directiva 849/2015.
Esta directivoa del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, es la relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el empleo de este tipo de delitos. Con esta reforma se pretende mejorar el sistema punitivo, así como a articular mecanismos que faciliten la comunicación segura de los incumplimientos de la normativa en la que puedan incurrir sus destinatarios.

Se pretende actualizar el régimen de sanciones a imponer en el supuesto de la comisión de infracciones por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley, compatibilizándolo son los límites máximos previstos en la Directiva.

Asimismo, resulta importante incorporar a nuestro ordenamiento también en este ámbito, como ya ha sucedido en otras áreas, un sistema que favorezca la detección de la comisión de infracciones contra lo dispuesto en la norma, mediante la potenciación de los mecanismos de denuncia, tanto internos de las entidades, como externos, de comunicación a las autoridades de potenciales infracciones.

Se busca modificar el concepto de grupo empresarial, de cara a alinearlo con lo dispuesto en la Directiva 849/2015, así como crear un registro de personas que se dediquen profesionalmente a la prestación de servicios a sociedades y estructuras jurídicas sin personalidad, es también necesario, de cara a garantizar una mejora del control y conocimiento de los prestadores de servicios de este tipo, facilitando su supervisión.

También, se persigue revisar el concepto de país tercero equivalente en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, un concepto que casi desaparece de la nueva normativa europea y deberá ser objeto de una redefinición en la norma española.

Además, se prevé incorporar la obligatoria aplicación de medidas de diligencia reforzada en relación con los países de la lista elaborada por la UE de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la Directiva.

En la misma línea, se pretende aclarar las limitaciones al uso de la información recopilada por los sujetos obligados en la aplicación de las medidas de diligencia debida, de cara a la mejor protección de los datos conservados en cumplimiento de la Ley.

Por otra parte, la futura norma buscará la reforma de los umbrales para la consideración como sujetos obligados de las personas que comercien con bienes en efectivo. Este umbral debe reducirse de los 15.000 actuales a los 10.000, de cara a dar cobertura a los pagos en efectivo realizados por no residentes, cuyo límite máximo actual se sitúa en 15.000 euros.

Esta consulta tiene por objeto recabar las opiniones y propuestas de las personas y entidades que potencialmente se pudieran ver afectadas por la modificación de la normativa citada, bien mediante aportaciones directas o a través de las asociaciones u organizaciones que representen los intereses de todo un colectivo.

La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo regula las obligaciones de los llamados sujetos obligados, esto es, las personas físicas y jurídicas a las que la norma impone determinadas obligaciones de cuidado y control respecto de sus clientes, de cara a prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La vigente Ley incorpora ya la mayor parte de las previsiones normativas contenidas en la Directiva 849/2015, de 20 de mayo.

Sin embargo, se hace necesario llevar a cabo determinadas adaptaciones conceptuales en ciertos artículos, así como revisar el régimen de la potestad sancionadora para alinearlo con las nuevas exigencias y la regulación en materia de procedimiento administrativo que entró en vigor a finales de 2016.

Cierto es que, más allá de los puntos que se van a abordar en esta propuesta, existen otros ámbitos que requerirán una nueva revisión de la norma, pero se trata de cuestiones que en este momento se encuentran de nuevo en discusión en la Unión Europea en el contexto de una modificación parcial de la Directiva 849/2015, por lo que, hasta tanto no se clarifiquen las obligaciones a adoptar en España de manera definitiva, no se llevarán a cabo modificaciones adicionales en esos puntos.

Las revisiones previstas, si bien no van a suponer una modificación fundamental en el régimen de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, entre otras cosas se orientan .

El sistema sancionador se articula como estructura disuasoria del incumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley, y requiere que se garantice una cierta armonización en su ejercicio en toda la Unión Europea.

La necesidad de aprobación de esta norma se deriva del compromiso de desarrollar en España un adecuado marco jurídico que dé plena aplicabilidad a la normativa de la Unión Europea.

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