edición: 2385 , Martes, 16 enero 2018
26/09/2014
De nuevo, titulizaciones

Economía apadrina subprime de facturas y sentencias judiciales

Bonos para financiar pequeñas empresas que no requieren ni rating ni folleto en la CNMV
Juan José González

Por definición, a una modalidad de crédito en el mercado financiero con un nivel de riesgo de impago superior a la media del resto de los créditos, se le denomina subprime. Y con esta tarjeta de presentación el mercado financiero español se dispone a recibir una novedad. El próximo día seis de octubre estarán listos para su entrada en funcionamiento los fondos privados constituidos al efecto de emitir valores que irán a cotizar a los mercados secundarios. El objetivo de estos nuevos fondos no es otro más que conseguir financiación destinada a las pequeñas empresas. Por tanto, tendrán capacidad legal e instrumental para emitir activos financieros conforme a ley. Es una iniciativa del ministerio de Economía que, en principio, no debería tener problemas. Pero el instrumento utilizado (bonos de titulización) estará respaldado por facturas (que se cobrarán) pagarés (que se pagarán), certificados de obras y sentencias judiciales. Es como para pensarse dos veces invertir en este tipo de bonos, que sin duda traen al recuerdo la modalidad crediticia de subprime hipotecaria, que se situó en el principio de la crisis.

Hasta aquí todo parece normal porque se trata del uso y tráfico mercantil habitual. Sin embargo, detrás de la apariencia, se presenta un nuevo mercado financiero, basado en la emisión de bonos de titulización. El subyacente de este nuevo instrumento financiero, obliga a los empresarios de pequeñas compañías necesitados de financiación crediticia, a reflexionar sobre los bonos de titulización. En primer lugar, cabría hacerles una recomendación genérica para que tengan en cuenta la letra grande y la pequeña que figura en los requisitos para la constitución de estos fondos privados, curiosamente (y peligrosamente) con menores exigencias que a otro tipo de fondos. En concreto, no requieren ningún tipo de rating como tampoco de verificación alguna del folleto de emisión y, por tanto, no estará obligado a someterse a la supervisión de la CNMV.

Y en segundo lugar, animarles a recordar el pasado más reciente, hacer memoria para encontrar los célebres pagarés emitidos por la nueva Rumasa, cuyos inversores siguen (sólo) a la espera de noticias. No es el único caso; sobran ejemplos y precedentes. Pero llama la atención el hecho de que sea el ministerio de Economía el padre, el padrino e impulsor de un instrumento de alto riesgo orientado a financiar a pequeños empresarios, del que no se exige calificación ni análisis independiente y que tan sólo requiere de un informe `light´ de solvencia. Solvencia que deberá ser acreditada por las empresas que aportan las facturas `incobradas´ o impagadas, los pagarés (a su vencimiento) y las sentencias judiciales, de incierta e intemporal tramitación, con recursos por medio, etc. Por tanto, el respaldo del bono, el subyacente del título o activo, queda en el más absoluto campo de la incertidumbre.

Pero sobre todo, trae al recuerdo la práctica de la  titulización de las hipotecas subprime. Una entidad, en este caso, un fondo de titulización, concede un préstamo a una empresa contra las facturas o pagarés de la misma. El préstamo pasa directamente al balance, a beneficios, lo cual le obligará a asumir el riesgo de impago en forma de reservas, y para lo que deberá `aparcar´ una cantidad determinada de capital. La práctica puede (y debe) finalizar así, si bien se corre el riesgo (tentación) de que la primera entidad dé el pase de ese crédito a otra empresa, liberándose del riesgo pero apuntándose comisiones. Esta es la misma rueda que llevó al inicio de la crisis.

En esta ocasión se da por entendido que el ministerio de Economía, movido por su afán de potenciar el mercado alternativo de renta fija (MARF) arriesgue formulas `peligrosas´, pero que al mismo tiempo fije algunos límites básicos y elementales. En primer lugar, el tamaño de las operaciones, las titulizaciones, está limitado y, por tanto, se entiende que será supervisado por algún registro que irá indicando su crecimiento. Y en segundo lugar, los bonos están dirigidos a inversores cualificados, dejando al margen de este producto a los particulares o pequeños ahorradores. Sin embargo, no parece que las experiencias pasadas y recientes hayan servido para hacer extensiva la obligatoriedad de un rating al emisor como tampoco de extremar la exigencia en la verificación del folleto por parte de la CNMV, con lo que hay que sospechar que la titulización de facturas, pagarés y sentencias judiciales sobre impagos y demoras en los pagos, dará más de un titular. No significa que Economía no deba abrir la puerta a una alternativa al crédito bancario como son los fondos de titulización, ni tampoco que deba frenar ante las peticiones de los grandes y medianos bancos porque supone una competencia directa a sus departamentos de factoring. Es necesario más control previo y supervisión posterior por parte de un organismo público.

No deja de llamar la atención el secretismo, discreción y mutismo de algunos de las sociedades que preparadas para lanzar de inmediato estos fondos, luego, habrá que desconfiar de todo aquello que llega envuelto en una nube por falta de transparencia. Tampoco parece la mejor fórmula para que las empresas pequeñas obtengan crédito, aunque si es así, sirve para hacerse una idea de cómo está (sigue) mercado financiero.

Puede ser conveniente que la los efectos de la crisis no resulten demasiado suaves para quienes hayan asumido riesgos excesivos, es decir: que paguen un precio. Pero en este caso, si la fórmula sale mal y acude el Estado (como ya hizo en otras ocasiones) al rescate de titulizaciones subprime, no habrá servido para nada la crisis, sino todo lo contrario, será un mayor estímulo para tomar mayor riesgo. Siempre quedará el Estado, el pagano.

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