edición: 2494 , Viernes, 22 junio 2018
10/05/2010
La medida prevista supondrá en la práctica una ‘devaluación fiscal’

Economía prepara una reducción de tres puntos en la cotización a la Seguridad Social

Zapatero se resiste a rebajar las cotizaciones y a Salgado le atrae la creación de empleo y el crecimiento del PIB
Juan José González

Después de las consultas que presidente de Gobierno y vicepresidenta segunda de Economía intercambiaron en las dos últimas semanas con varios expertos privados (Emilio Ontiveros –AFI- y Rafael Doménech –BBVA-) y dos ex ministros de economía (Carlos Solchaga y Miguel Boyer) parece estar más claro que la reforma laboral, prevista en un principio como un ‘minipaquete’ de medidas centrada sólo en aspectos de la contratación, contará con mayor cantidad de apartados, más contenido económico y un compromiso político muy superior al inicialmente previsto. Economía anunciará, previsiblemente, antes del 15 de junio, las líneas básicas sobre las que se desarrollará la reforma del mercado laboral, con dos grupos de medidas: las inmediatas, que entrarán en vigor el 1 de julio, y otras que se aplicarán posteriormente, tras un desarrollo del calendario que deberán consensuar con las fuerzas sindicales y la patronal.

Sin conocer aún el contenido de esas líneas generales de la reforma, se da por descontado que el Ejecutivo modificará sustancialmente la cuantía, o grados, de las cotizaciones sociales, demanda histórica largamente peleada por las organizaciones empresariales y sociedades a lo largo de los últimos años. Una propuesta que según uno de los expertos privados consultados por el Gobierno no tendrá impacto negativo en el sistema público de pensiones, puesto que los ingresos que se obtengan procedentes de la subida de dos puntos en el IVA, serán transferidos, se asegura desde medios oficiales, a la tesorería de la Seguridad Social. La medida ya fue considerada hace un año por el presidente francés, aunque sin el mismo grado de agobio político que en el caso español.

Así que en los últimos días, entre viaje y viaje a Bruselas, y entre los dos últimos consejos de ministros, Zapatero y Salgado han venido valorando políticamente y con calculadora en mano, cuánto de bajada de cotizaciones y cuánto de reducción de desempleo y cuánto de crecimiento económico. Y las cifras que salen gustan y no gustan; no gustan los 3 puntos de reducción de las cotizaciones sociales porque es demasiado renunciar –o ‘perdonar-’ a las empresas, no gusta que no exista garantía –Zapatero lo necesita ver por escrito- del resultado de ese intercambio o compensación que se produciría con los mayores ingresos por recaudación de dos puntos más de IVA.

En el fondo, la rebaja de las cotizaciones no deja de ser una especia de devaluación fiscal que según apuntan los expertos no disminuye el empleo sino que más bien propicia demanda de trabajo. Ni subida del IVA ni reducción de cotizaciones afectan al ahorro, al menos a medio plazo. Quizás un primer efecto negativo para se deje notar en la subida de los precios y de los salarios, más rápidamente los primeros que los segundos, como viene siendo tradición. En cualquier caso, no es mala solución -ni tampoco original- pero al menos es una buena iniciativa sobre todo para comenzar a reformar estructuras que ya no funcionan.

A simple vista, parece que la medida y su tratamiento sencillo, y que, por tanto, en principio, no se le puede objetar ningún pero en contra, salvo que se llegue a dudar de su eficacia, algo que solamente el tiempo y la realidad, serán capaces de demostrar. Al Ejecutivo la idea de los economistas –privados y públicos- le agrada, y creen en las consecuencias que estos aseguran tendrá la planeada bajada o recorte en los grados de las cotizaciones a la Seguridad Social, sobre el aumento del empleo, el gran desequilibrio político-económico de mayor gravedad para el Gobierno y, por supuesto, para la población más directamente afectada.

Apuntan los expertos que la sustitución de los ingresos de las cotizaciones sociales por el incremento en esos dos puntos del impuesto del valor añadido crearía cerca de 260.000 puestos además de una aportación al PIB de nada menos que medio punto. Desde luego, si de la operación de sustituir bajada de cotizaciones por subida de IVA, se desprenden esos anunciados efectos, es fácil que no haya Ejecutivo en su sano juicio que se niegue a firmarlos, salvo caso de necedad congénita. Y menos en las actuales circunstancias, en las que un Gobierno atrapado por los indicadores considera cada mala noticia como un paso atrás en la confianza de los mercados que se suma, automáticamente, a la prima de riesgo.

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